¿Espanya ens roba?

EL PRINCIPIO QUE SIGUE LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL ES EL MISMO PRINCIPIO QUE RIGE LA PROGRESIVIDAD DE LOS IMPUESTOS

Uno de los múltiples argumentos que los independentistas de Cataluña utilizan como justificación para su referéndum ilegal es que España les roba: esto es, Cataluña contribuye con parte de sus impuestos a la financiación y el desarrollo de otras Comunidades Autónomas que no tienen su nivel de riqueza. Los independentistas hablan de expolio, y aunque las cifras no llegan ni de lejos a las que ellos argumentan, es cierto que Cataluña da más dinero del que recibe. Los partidarios de la independencia creen que si todo el dinero de Cataluña se destinase a Cataluña, en lugar de otras regiones, Cataluña sería más fuerte y próspera.

Quiero comentar dos cosas a este respecto. El primero es el hecho de que tres de los cuatro partidos que apoyan el referéndum en mayor o menor medida (Esquerra Republicana, la CUP y Podemos) no deberían, por coherencia, utilizar este argumento ni dejar que se repitiese mucho. Estos partidos apoyan subidas de impuestos a las rentas altas en aras de un aumento de la calidad de los servicios sociales y de la redistribución de la renta. A pesar de que alguna vez han comentado su desacuerdo con el lema, los cabecillas del movimiento nacionalista siempre lo han tocado muy de pasada, asegurándose que no se les vincula con él pero dejando que el argumento se use para reclutar nuevos seguidores a su causa.

¿Y por qué no deberían usar este lema? Porque el principio que sigue la solidaridad interterritorial es el mismo principio que rige la progresividad de los impuestos. Las personas que gozan de unas rentas más altas contribuyen más a las arcas del Estado que las que tienen rentas bajas, pero sin embargo tienen acceso a los mismos servicios sociales, y en ocasiones disfrutan de menos beneficios. Es decir, parte de su renta se dedica a la financiación y el desarrollo de la gente con rentas menos altas. Los mismos que exigen que Cataluña se autofinancie sin solidaridad pondrían el grito en el cielo si Cristiano Ronaldo o Messi exigiesen que en caso de necesitar un trasplante se les pusiese al frente de la lista porque pagan más impuestos que los demás.

El segundo punto que quiero comentar a este respecto es que, como comentaba Juan Ramón Rallo recientemente, la existencia del sistema de solidaridad interterritorial desincentiva a las Comunidades Autónomas a dinamizar su economía. Si Andalucía tuviese que funcionar únicamente en base a lo que recaudase desde 2020, por poner un ejemplo, y no se pudiese mantener el aparato autonómico actual, ya veríamos como se preocupa de fomentar el empleo privado y la dinamización de la economía, en vez de tener un porcentaje de empleados públicos 10 puntos superior al de la media europea, y con una jornada de 35 horas semanales, notablemente más corta que la de la mayor parte de los españoles.

El sistema de solidaridad interterritorial aunque bienintencionado, genera problemas, porque al final se tiene la sensación de que otras comunidades se aprovechan del trabajo de los territorios líderes en PIB. No comparto muchas cosas con los nacionalistas, pero reconozco que en este punto tienen razón, el Estado nos roba.

Gonzalo Aguilar
Ministro de Economía, Industria y Competitividad de AOM

La unión hace la fuerza

ANTE EL CONSTANTE RUIDO DEL SENTIMIENTO NACIONALISTA, CABE PARARSE A REFLEXIONAR ACERCA DE LAS REPERCUSIONES DE UNA RUPTURA DE CATALUÑA CON EL RESTO DE ESPAÑA EN LO QUE ACTUALMENTE ES LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE LOS CIUDADANOS: EL PARO.

Aunque muchas veces se intente tapar con distintas estratagemas lo que a los ciudadanos verdaderamente más les preocupa, las estadísticas y la propia calle hablan por sí solas. El barómetro del CIS de julio de 2017 recogía las principales preocupaciones de los españoles: el paro y los problemas de índole económico.

¿Hemos pensado realmente en las consecuencias que la supuesta independencia de Cataluña tendría? ¿Lo han podido valorar bien los catalanes? Y sobre todo, ¿les han dicho la verdad? ¿Qué pasaría con el empleo, que a tantos y tantos preocupa, si esta ruptura finalmente se produjera?

Pues bien, una de las primerísimas consecuencias de una situación de este calibre es la enorme inseguridad que provocaría. Y las empresas, más aún sus trabajadores, no son amigos de esta inseguridad. Grandes compañías asentadas en Cataluña maquinan ya sobre cómo proceder en el caso de que la declaración de independencia se produzca: dónde se asentarían, qué harían con sus trabajadores, qué relación tendrían con Cataluña… Toda estas preguntas aún están sin responder pero lo que sí sabemos es que muy posiblemente esa “huida” tendría lugar. Y qué decir de las ventajas de ser parte de un estado que pertenece a una comunidad como la Unión Europea: ¿la libre circulación?, ¿los menores impuestos y aduanas?, ¿la moneda? Son circunstancias muy atractivas (e incluso necesarias) para las empresas y, como siempre, al hablar de empresa hablamos de empleo. ¿Qué pasaría con los miles y miles de trabajadores que están empleados en compañías que se verían obligadas a huir?

Por otro lado, estas últimas semanas hemos oído hablar acerca de la caja única y de las pensiones en Cataluña. Lo que más me impresiona es la manipulación existente por parte del Gobierno catalán. No concibo por qué han de engañar y manipular datos acerca de algo que, según defienden ellos, es tan beneficioso. Y, sobre todo, que los catalanes y el resto de españoles deben conocer la verdad. El déficit de Cataluña en pensiones asciende a 4.700 millones de euros (cifra muy superior a la que recogía el informe del Govern). Cataluña es una comunidad que, como tantas en Occidente, tiene una tendencia demográfica muy concreta y peligrosa: el envejecimiento de la sociedad es cada vez mayor y esta situación se mantendrá durante muchos años. El informe presentado por la Generalitat recoge una confusa mezcla de conceptos, imprecisos e inadecuados, con datos calculados de manera incorrecta y con la ausencia de una previsión específica a largo plazo para paliar un déficit de tal calibre y para garantizar un futuro de las pensiones catalanas que cada vez serán más numerosas y con muy pocos trabajadores sustentándolas, en proporción. La caja única no perjudica a Cataluña y beneficia al resto de las dieciséis Comunidades Autónomas. No. Lo que hace es garantizar las prestaciones a todos y cada uno de los españoles, catalanes incluidos. Pensiones que, hoy por hoy, Cataluña de manera independiente no tendría posibilidad de mantener y que, dada la falta de previsión sobre cómo hacerlo en un futuro, tampoco están aseguradas.

Y ya para finalizar, si unimos cada una de estas cosas, nos encontraremos ante una situación compleja: una población cada vez más envejecida, un mayor número de pensiones al que hacer frente, empresas huyendo de Cataluña y menos trabajadores empleados con los que sustentar dicho sistema de pensiones, una reducción del comercio con el resto de España y de países miembros de la UE (y, por tanto, menos empleo).

La historia ha demostrado que la unión hace la fuerza y que cooperar y trabajar juntos siempre es beneficioso. Estamos en un mundo donde los territorios tratan de unirse para ser más fuertes juntos y no al revés. Tratemos de llegar a un punto común marcado por la legalidad, el respeto a los derechos de todos y, sobre todo, por la democracia. Sin duda el empleo de los catalanes estará mejor siendo parte de España y España estará mejor con Cataluña siendo parte de ella.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte II)

Retomando las palabras de la primera parte de mi artículo, yo pregunto: ¿Qué actos ilegales se han llevado a cabo y cuales han sido sus consecuencias? En primer lugar,  el pasado 6 septiembre se aprobó con 72 votos a favor, 11 abstenciones y la “huida” por indignación de los partidos PP, Cs y PSC, la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya presentada por las fuerzas políticas independentistas Junts pel Sí y la CUP en el Parlament el 4 de julio del 2017. La provocación y la burla no dejan indiferente a nadie con el uso de un procedimiento exprés que forzó el artículo 81.3 del Parlament con el objetivo de eliminar los trámites parlamentarios habituales. De esta manera, no sólo se podían presentar enmiendas durante unas escasas tres horas sino que no hubo posibilidad de recurso contra el Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalidad de la misma. La minuciosidad con que se llevó a cabo tiene sus razones: si se presenta un recurso se paraliza el proceso y, en ese caso, no se podría haber celebrado el 1-O. Lo ilegal cuanto más rápido mejor, a ver si se despistan los demás.

En segundo lugar, y también deprisa y corriendo antes de que al TC le diese tiempo de suspender la ley, se firmó el decreto de convocatoria del referéndum por el President junto a los trece consellers. Al día siguiente, nada más y nada menos, y pese a que el TC había suspendido la tramitación de la norma, se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, una ley que incluye decisiones sin compromiso del Estado español como “la doble nacionalidad española- catalana” para los empadronados antes de diciembre de 2016 después de la secesión. Ante ello, el Gobierno interpuso cinco recursos ante el TC, quién suspendió la ley de transitoriedad el día 12 de septiembre. El TC se reunió ese mismo día de urgencia para la suspensión de los primeros dos pasos.

¿Es cierto que está permitido por el Derecho Internacional? Empezando por la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 4.2, garantiza la integridad de los territorios de los Estado Miembro. A nivel de las instituciones, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión muestran ningún apoyo. Primero, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, recalcó que “Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE”. Segundo,  el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reitera la importancia del respeto a la ley y los tribunales nacionales en sus declaraciones: “ En Europa impera la fuerza de la ley, no la ley del más fuerte”. Además, recuerda que Cataluña debería someterse a un proceso de adhesión post-secesión que implicaría una votación unánime de los Estados miembros (artículo 49 TUE). Su ingreso en la UE no sucedería nunca pues el Estado Español votaría en contra.

Fuera de la UE, el Presidente de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) o Comisión europea para la Democracia por el Derecho, Gianni Buquicchio, ya respondió ala carta del Sr. Puigdemont el día 2 de junio que la comisión apoyaría el referéndum en el caso en que éste fuese acordado con el Gobierno español y si es conforme a la constitución nacional y a las leyes. Ni lo uno, ni lo otro. Además, y como explica el Abogado Francisco Rosa, el Derecho Internacional no ampara la autodeterminación más que para las colonias o en casos de violaciones de los derechos humanos. Una vez más, Cataluña no cumpliría estos requisitos. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat no cuenta ni con apoyos ni con instrumentos legales para permanecer en Europa ni para justificarse en el Derecho Internacional.

¿Qué instrumentos ha utilizado el Estado español para evitar este atentado contra la democracia? Las respuestas al desafío son principalmente por parte del poder judicial con persecuciones penales por parte de la Fiscalía, detenciones (como las de catorce organizadores), el cierre de la página web 1-O (aunque reabierta por Puigdemont el mismo día 13 septiembre), la investigación por uso fraudulento de los datos personales de los catalanes, la llamada a comparecer de alcaldes para declarar por el 1-O, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament presidida por Forcadell, por los que permitió la tramitación y aprobación exprés de las leyes nombradas anteriormente, la asunción por parte del Ministro de Hacienda y Función Pública de las cuentas de la Generalitat y, la más clara, la declaración del estado de excepción y, con ello, la suspensión de facto de la autonomía. La reacción de Puigdemont ha sido manipuladora, pues con este acto obtiene sus argumentos para acusar de totalitario al Gobierno español.

¿Qué es el estado de excepción? Antes de nada, el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados. Es el Gobierno quién debe declararlo, previa autorización del Congreso de los Diputados y por un máximo de treinta días.

¿Qué protocolo deben seguir los funcionarios catalanes en caso de recibir órdenes relacionadas con la convocatoria del referéndum? Poco después de las declaraciones del 27 de junio, multitud de funcionarios solicitaron al CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) instrucciones sobre como actuar ante estos casos para eludir responsabilidades. El CSIF indicó que deben pedir por escrito cualquier orden para advertir a la Administración de sus dudas sobre la legalidad. Si la legalidad es manifiesta, el protocolo recuerda el derecho y el deber de no acatar la orden y aconseja denunciarla ante la Policía, Fiscalía o órganos judiciales.

Con esta visión esquemática y general del referéndum, puede quedarnos claro la barbarie que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y con sinceridad me pregunto si el clan independentista, minoritario y radical, realmente se cree todas las mentiras con las que embauca a una población catalana que con esperanza cree en el cumplimiento de un ideal nubloso y contrario a todo lo que se puede denominar democracia. Sólo espero que la división de los españoles no sea una consecuencia demasiado indigesta que se añada en permanencia a los problemas que tenemos en España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte I)

 

¿PUEDE EL PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONVOCAR UN REFERÉNDUM? SÍ, PODRÁ CONVOCAR UN REFERENDO PERO ÚNICAMENTE RELACIONADO CON LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Rebobinemos en el tiempo hasta el pasado 27 de junio, día en el que el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta para la convocatoria de un referéndum unilateral acompañado por el Vicepresidente Oriol Junqueras y la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, a quién irónicamente el pasado día 20 el mismo TC ha denunciado ante la Fiscalía junto con la Mesa del Parlament por tramitar leyes de ruptura, aunque de esto hablaremos más adelante. Ya desde entonces se percibía la extrema cautela con la que el Govern está llevando a cabo el proceso secesionista en contra de la integridad y unidad del Reino de España. Se empezó evitando la firma de acuerdos formales que pudieran llevarle frente a la justicia y se continúa con procedimientos exprés de tramitación de leyes e incumplimiento de sentencias del TC (STC 259/2015 del 2 de diciembre) y con declaraciones amenazantes contra el Gobierno de Mariano Rajoy sobre sus supuestas respuestas totalitarias y sobre la congregación de ciudadanos en contra del Estado. Para entender la ilegalidad del referéndum obtengamos una visión general de la situación empezando desde el principio.

¿Puede el Presidente de una Comunidad Autónoma convocar un referéndum? Sí, podrá convocar un referendo pero únicamente relacionado con los Estatutos de Autonomía. El referéndum del 1-O tiene como pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”. Esta pregunta no sólo no trata sobre asuntos del Estatuto catalán sino que es una clara propuesta de secesión que afecta a la soberanía nacional. Al analizar la pregunta vemos dos partes que delatan su ilegalidad. En primer lugar, “Estado independiente” frente al artículo 2 CE que establece la unidad indisoluble de la Nación española. En segundo lugar, “República” frente al artículo 1.3 CE que define la forma política del Estado como Monarquía parlamentaria. Esto implicaría la renuncia de Felipe VI a sus funciones sobre el territorio y el rey ha dejado claro que “la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra”. Puesto que la respuesta a la pregunta pone en riesgo el cumplimiento de la Constitución española de 1978, el tipo de referéndum que se podría llevar a cabo es un referéndum constitucional, con la consecuente reforma constitucional establecida en los artículos 167 y 168 CE.

¿Quién podría convocar un referéndum de estas características? Según el artículo 149.1.32 el Estado posee competencia exclusiva para la convocatoria de consultas a la ciudadanía por vía de referéndum. ¿Cuál es el mecanismo para ello? El artículo 92 CE responde a esta pregunta plasmando que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, únicamente se permite este mecanismo “para decisiones políticas de especial trascendencia”,- este requisito se cumple,- “de todos los ciudadanos”, – que no se cumple,- y mediante un procedimiento regulado por una Ley Orgánica. Dicho esto, y como muchos españoles nos preguntamos, ¿cómo un gobierno de una comunidad Autónoma puede pretender tomar una decisión que afecta a todos y cada uno de los españoles? ¿Acaso no es contrario a la democracia que uno pocos, poquísimos, decidan el futuro de toda una Nación? Creo que al resto de España nos queda claro esto, salvo a ciertos manifestantes en las calles de Madrid que apoyan la autodeterminación. Hasta aquí hemos llegado…

Entonces, ¿Por qué el Sr. Puigdemont no disuelve el Parlament y convoca elecciones? Rafael Hernando, Albert Rivera y muchos otros le han planteado esta pregunta al Presidente de la Generalitat ya desde junio. Pero de esto hablaremos mañana en la segunda parte de mi artículo…

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Visca Catalunya

BUSCAR LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE QUE UNA PARTE DE LOS ESPAÑOLES NO SE CONSIDEREN ESPAÑOLES TAMBIÉN ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL. EXPLICAR LOS MOTIVOS DE UNA RUPTURA FORZADA POR UNA PARTE DE LA POBLACIÓN TAMBIÉN ES OBLIGATORIO PARA CON EL RESTO DE ESPAÑOLES.

No es fácil plantear las posibles consecuencias tanto para el resto de España como para Cataluña si se produjera finalmente la independencia, sin embargo, es obligatorio esforzarse en encontrar lo que es bueno para el conjunto de los ciudadanos y trabajar por ello.

Estoy absolutamente a favor de una consulta catalana sobre qué es lo que mueve a aquellos que se sienten una nación diferente y a aquellos que se consideran españoles. De esta forma, podríamos encontrar aquellas realidades que nos unen y nos separan. Sería simplemente un ¿Sí/No? ¿Por qué? / Per què? Sin embargo, tenemos miedo a las preguntas y pavor a las respuestas. No imagino al señor Mariano Rajoy prestando atención a aquello que nos separa. Ni mucho menos al Presidente de la Generalidad de Cataluña, don Carles Puigdemont, repasando los motivos que nos unen.

Argumentos históricos, culturales, lingüísticos, económicos o sentimentales serían algunos de los más utilizados. Pensar que Cataluña se debe independizar porque tiene un origen que no es común al resto de España, llevaría a separar a su vez Cataluña en pequeñas naciones ya que, según que fecha elija cada uno, cada pueblo tendría motivos para crear un nuevo país. Y, cuando pase el tiempo que “alguien” estime necesario, si España y Cataluña llevan el “suficiente” tiempo unidos, ¿se terminará el argumento histórico? ¿Quién decide ese tiempo? ¿Por qué no cuando estaban los fenicios y existía ya el término i-spn-ya? ¿Con los visigodos o la España árabe dónde estaba Cataluña? Si por otro lado el argumento es cultural, no se puede debatir contra quien no quiere entender que, respetando y salvaguardando culturas propias y ajenas, el enriquecimiento social es superior.

Si la lengua es un motivo de peso, espero que no importen los acentos…nos encontraríamos con numerosos países ingestionables dentro de España. Peor aún, si por el contrario sucede que el uso de una lengua delimita fronteras, en unos años habrá tres países en el mundo: España, Inglaterra y China, Dios quiera que por ese orden. Económicamente no soy un experto en la balanza de pagos ni en el resultado del principio de solidaridad entre comunidades, pero estoy seguro de que en nuestra historia común ha habido decisiones que han impulsado el crecimiento económico de la comunidad catalana. Desde el punto de vista del Ministerio de Fomento, las inversiones en infraestructuras clave como el aeropuerto de El Prat, el puerto de Barcelona, el Corredor del Mediterráneo, las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad entre Madrid-Barcelona o Barcelona-París con transporte de pasajeros y mercancías, no podrían ser respaldadas con la misma fuerza desde un Gobierno Autonómico sin subir los impuestos o reduciendo en otras partidas. No creo que los catalanes paguen más por ser catalanes si no porque son más ricos (aunque no esté de acuerdo en la distribución de impuestos de nuestro país, no es el tema que nos ocupa).

Contra argumentos sentimentales no encuentro replica posible, simplemente trabajar para, si en algún momento lo fueron, recuperar a esa parte de los españoles que también es imprescindible.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

La utopía catalana

EN EL UTÓPICO PAÍS CATALÁN, UNA VEZ QUE TODOS CONTENTOS HAN DEPOSITADO SU VOTO EN LAS TAN DEMOCRÁTICAS URNAS, LA VIDA VUELVE A LA NORMALIDAD EN CUESTIÓN DE DÍAS. DE REPENTE, UN MÁGICO, POTENTE Y SOBRE TODO ORGANIZADO EJÉRCITO INUNDA LA CAPITAL BARCELONESA. CUENTA CON ARMAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, FORMACIÓN DE ALTA CALIDAD,  APOYO INTERNACIONAL CONSTANTE… Y SOBRE TODO,  FINANCIACIÓN ILIMITADA. HOMBRES DE POCA FE: BIENVENIDOS A LA UTOPÍA CATALANA.

El señor Puigdemont afirmó hace poco que el ejército era indispensable en una Cataluña independiente. ¿Os lo imagináis? Espero que sí, porque es lo más cerca que vamos a estar de ver un ejército catalán. Hablar es muy fácil, pero los números son otra cosa, y aunque a nuestro querido President de la Generalit le cueste, sus números no dan. Pongámonos que ganan. Su principal preocupación será la estabilización política (que no es poco), regular o al menos intentar su economía, conseguir que las empresas no se trasladen unos cuantos kilómetros al oeste por eso de huir de la inestabilidad. Les tacharán de locos, ya veréis. Luego se preocuparán, digo yo, por la educación. Ya luego la sanidad. El sistema fiscal. El sistema jurídico. Red de transportes. Relaciones exteriores… y una larga lista de obligaciones la cual los independentistas parecen obviar. Muy mal acostumbrados están a tener todo hecho, y pagado.

Pero pongámonos que sí, juguemos a su juego y soñemos con la utopía catalana. ¿Qué pasará con el ejército? En un primer lugar, hasta que la situación se estabilice, Cataluña no contaría con ejército, y un estado independiente  que permanece un solo día sin ejército se vuelve dependiente de los intereses extranjeros. Con lo que le gusta a Carles ir a su bola, vaya por Dios.

Cataluña, para más inri, no es un territorio que pase desapercibido, de hecho, ha sido el primer flanco de la barbarie islámica en la península. Una independencia que no esté respaldada por un ya formado y eficaz ejército sería una irresponsabilidad. Pero suelen primar los intereses políticos a la seguridad ciudadana. Y no parece quitarles el sueño. Indudable la eficacia de los Mossos d´Esquadra en Cataluña y de su gran labor, pero en estos tiempos que corren cualquier ayuda es poca. Aún seguimos agradeciendo su labor al exlegionario en los pasados ataques terroristas. La separación entre ambas fuerzas de seguridad es necesaria. No sé si hasta que formen su ejército los Mossos vestirán de verde durante el día y de azul por la noche. Tampoco veo más opciones si afirman que el ejército es indispensable. No sé de qué ejército hablan.

Sigamos imaginando. Hace tiempo que dejamos de ir por libres en el mundo. Nuestras relaciones exteriores vienen marcadas en parte por la UE y nuestras decisiones militares por la OTAN. Parece que todos  faltaron a clase cuando explicaron que para ser miembro de alguna de las dos, se necesita la aceptación de todos los miembros. España inclusive. Que calladito tienen algunas cosas, ¿verdad?. Ah, tampoco será miembro de la ONU, FMI, G20… yo lo dejo caer.

Pero sigamos, que está siendo muy entretenido. El ejército catalán es tan bueno que no necesita aliados internacionales. Venga, lo compramos. Pero, ¿dónde van a comprar las armas? Porque también resulta que el día que faltaron a clase nos contaron como por la normativa de la OTAN no podrán comprar armas ni a EE.UU ni a otros aliados. Eso sí, podrían comprárselo a China. Espero que Venezuela, Cuba o Corea les hagan buenas recomendaciones. También son clientes asiduos.

Pongámonos que pueden con todo. Que crean su ejército, que forman parte de nuevo de todas las organizaciones, que consiguen comprar armas, que consiguen financiar las mismas….A largo plazo, claro. Pero en el corto plazo, ¿quién pretenden que les proteja?, ¿Como van a promocionar el turismo, por ejemplo, si no son capaces de garantizar unos mínimos de seguridad?

Al final, desde el ministerio de Defensa vemos inviable la idea de un ejército catalán. Si un Estado fracasa en su labor de defender a sus ciudadanos, ha fracasado como Estado. El señor Puigdemont quiere pasar a la historia. El Estado Catalán le da más igual, porque si le importara, jamás cometería la irresponsabilidad de convocar tan siquiera un referéndum sin unas fuerzas armadas eficaces y consolidadas que le respalden.

Miki Barañano
Ministra de Defensa de AOM