Economía a la Deriva

EL PROCÉS FRACASA ANTE EL ABANDONO MASIVO DE LAS EMPRESAS

Tras un par de meses de alta tensión en España por la ofensiva independentista del Govern catalán, el proyecto rupturista parece haber quedado herido de muerte. El golpe definitivo no se lo han dado ni las grietas internas del bloque separatista ni el anuncio de la aplicación del artículo 155. El problema principal del independentismo ha sido que las empresas no confían en el futuro de un hipotético estado catalán, ni éste ha obtenido verdadero reconocimiento internacional.

¿Por qué se van las empresas de Cataluña? Aunque los motivos están relacionados con la independencia, las causas son muy variadas. Por citar algunas, existe inseguridad jurídica por la posibilidad de dos administraciones tributarias, la realidad de quedar fuera del mercado interno de la UE es muy preocupante y la situación económica de una Cataluña independiente sería, cuanto menos, precaria. En resumen, las empresas se mueven por sus intereses, y a día de hoy quedarse en Cataluña es arriesgarse a quemar dinero.

Una hipotética declaración de independencia sería discutida por España, que jamás la reconocería. Por tanto, a la hora de pagar el impuesto de sociedades (o cualquier otro impuesto) ambas Administraciones pretenderían la recaudación del territorio, originando graves problemas. ¿Se imaginan ser una empresa y no saber a quién tienen que pagar impuestos? El pago en sí mismo implicaría la elección de un bando, y pagar a ambas o a ninguna no es una opción. La Administración repudiada respondería con multas y sanciones, y aunque se escogiese el bando ganador, causaría muchos perjuicios internos en el camino. Ante esta situación de inseguridad, lo más cómodo es moverse fuera de Cataluña y evitar el problema.

Yendo un paso más allá, supongamos que Cataluña se constituyese en un Estado independiente. En este caso, como se ha repetido hasta la saciedad pese a las mentiras independentistasel nuevo Estado no formaría parte de la Unión Europea. Normalmente nos fijamos en la libre circulación de personas porque es lo que más nos afecta en el día a día, pero para las empresas son más clave la libre circulación de capitales y mercancías, ahora anuladas. Una Cataluña independiente reduciría sus exportaciones, porque las tasas y aduanas encarecerían el precio de sus productos en el exterior. Supongamos un ejemplo: una tasa del 10% en precios de alimentos tendría dos efectos negativos para una empresa de alimentación. El primero es que al ser un 10% más caro es probable que las ventas caigan, al haber gente que ya no pueda permitirse esos precios. El segundo, al no haber cambiado los precios de la competencia, la gente comprará otros productos. Si una pizza de Casa Tarradellas es notablemente más cara que una de La Cocinera la gente comprará la de La Cocinera aun pudiendo permitirse ambas, ya que son productos sensibles al precio por su poca diferenciación. Una vez más, esto se evita moviendo la empresa fuera de Cataluña, permaneciendo a salvo de tasas y aduanas.

Por último, siguiendo con el ejemplo de una Cataluña independiente, un escenario probable sería que el hipotético Govern estuviese constituido por un tripartito de ERC, la CUP y En Comú Podem. Ante la perspectiva de una Administración compuesta por partidos de extrema izquierda, anticapitalistas, que creen en saltarse la ley cuando les conviene y que la expropiación es democracia, es entendible que las empresas quieran huir a toda velocidad.

Es impactante como ha ido cambiando el discurso nacionalista estos años, especialmente en el último mes. De los creadores de “los bancos se van a pelear por estar en Cataluña”, vino el “no va a haber una fuga de empresas en Cataluña”, y al “no hay motivos de alarma”, pero pronto se pasó a echar culpas, a asegurar que se iban de manera temporal sabiendo que es mentira y a otras declaraciones que parecen sacadas de El Mundo Today pero que son desgraciadamente ciertas.

Al final todo este desarrollo de los acontecimientos es bastante triste. La libertad de movimientos de las empresas es positiva, pero cuando el traslado no se corresponde a la mejora de las condiciones en la nueva sede sino a al empeoramiento de las condiciones en la antigua, todos salen perdiendo.

Gonzalo Aguilar
Ministro de Economía, Industria y Competitividad de AOM

A toda costa

LAS CONSECUENCIAS DE LA DUI SOBRE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DE CATALUÑA NO SE HACEN ESPERAR: LA ‘FUGA’ DE EMPRESAS ES CADA VEZ MÁS CONSIDERABLE

Cuando uno se va fuera un tiempo, tiene la oportunidad de encontrarse con personas nuevas con las que compartir opiniones, ideas y posturas que hacen dar una vuelta a lo que en principio creemos tener bien asentado. Y si bien mi opción por una España unida no ha cambiado en estos meses, quizás haya de precisar algunas ideas.

Aunque me gustaría hablar del enorme valor que esta Comunidad Autónoma crea para toda España en muchos aspectos, mi cartera me obliga a centrarme en uno de ellos: el empleo. Cataluña es una enorme fuente de prosperidad y riqueza. Y como tal, sin duda, hay que cuidarla. Aunque eso sí, los términos habrá que fijarlos con atención, con respeto a leyes y principios que hayan sido acordados por todos los ciudadanos y desde la necesaria legalidad constitucional.

Esta Comunidad ha sido una de las líderes de la recuperación económica en nuestro país.  El número de empresas, y con ello el empleo, han crecido a una velocidad mayor que en muchas otras Comunidades Autónomas. Las características de sus contratos laborales, la mayoría indefinidos (cerca de un 80%), garantizan una estabilidad envidiable para los trabajadores. Sus salarios tienden a ser algo mayores que los de la media. Por todo esto, podemos afirmar con rotundidad que tener a Cataluña con nosotros es positivo y deseable. Que podemos aprender de ella a la vez que el resto de España le aporta a ella también.

Sin embargo, esta estabilidad de la que tan orgullosos podemos sentirnos tanto catalanes como no catalanes está ahora en juego. En un intento de demostrar una (fingida) coherencia, las autoridades catalanas han querido hacer a toda costa lo que no era posible, engañando así a sus ciudadanos con una supuesta independencia que deja a Cataluña al borde del abismo. Así, las temidas ‘fugas’ de empresas ya están teniendo lugar, habiendo comenzado incluso antes de que el presidente de la Generalitat hiciera esa curiosa, cuanto menos, declaración de ‘independencia’.

El número de empresas que, hasta el día 18 de octubre, habían trasladado su sede social de Cataluña ascendía a 800. Y no sólo eso, sino que la Agencia Tributaria está registrando numerosas peticiones de cambios en los domicilios fiscales, con las consiguientes desventajas sobre la recaudación de impuestos y el ocupación de los ciudadanos. De esta manera, el empleo sin ninguna duda va a verse muy afectado y, por ende, el sistema de pensiones, que de por sí se encuentra en una situación de importantes dificultades.

Lo que era motivo de orgullo hasta hace unos meses está entrando en zona de turbulencias. ¿Es posible que parte de la fuerza de Cataluña sea precisamente estar dentro de este país? ¿Es posible que todas esas ventajas, que son incuestionables, se deban en parte a su pertenencia a un estado como España, dentro de una comunidad como la Unión Europea? ¿Es posible que los datos no lleguen a ser tan favorables estando solos? Personalmente, mi respuesta a todas estas preguntas es SÍ.

Por eso, me gustaría apelar a la responsabilidad de todos, cada uno desde su ámbito y sus posibilidades, para no causar más fractura y división. Para que, desde la legalidad constitucional, tendamos lazos y evitemos que esto llegue a convertirse en una guerra civil pero sin lucha, donde unos odian a otros. Lo que más me preocupa y apena, sin duda, es la fractura social: familias divididas, grupos de amigos rotos, pueblos y zonas de España enfrentados encarnizadamente por algo que rebasa la mera discusión política.

Volvamos a la cordura, al orden y la legalidad y trabajemos para lograr una convivencia pacífica de todos los españoles.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

 

¿Qué dice el Acuerdo sobre las medidas en aplicación del 155?

DE LO ÚNICO QUE NO CABE DUDA ES QUE EL PROCESO SECESIONISTA ESTÁ EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, DEL ESTADO DE DERECHO Y, EN DEFINITIVA, DE LA UNIDAD DE ESPAÑA

El artículo 155 de la Constitución Española fue activado el pasado sábado 21 de octubre de 2017 por primera vez en la historia de nuestro país. Esto sucedió en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros tras efectuarse por parte del Gobierno de la Nación dos requerimientos previos. Ya existen numerosos artículos en todos los periódicos sobre el significado de este artículo. Por ello, quiero hacer mención al Acuerdo aprobado por el Gobierno de las medidas pactadas junto con los partidos de PSOE y Ciudadanos.

En primer lugar, el Senado debe aprobarlo por mayoría absoluta de acuerdo con el artículo 155 CE y el 189 del Reglamento del Senado. La reunión extraordinaria tendrá lugar el próximo viernes 27 de octubre. En ese caso, el período de aplicación de las medidas contenidas en el Acuerdo comprenderá desde su publicación en el BOE hasta la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat. Para ello se deberán convocar elecciones al Parlamento de Cataluña. Otra opción sería que el Gobierno anticipase el cese del Acuerdo comunicándolo al Senado.

Los objetivos de este Acuerdo se encuentran descritos en el apartado “D”. Éstos se pueden resumir en: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria; asegurar la neutralidad institucional y velar por el interés general de todos los catalanes, independientemente de los diferentes posicionamientos políticos; garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales y velar por la recuperación económica; y, por último, preservar los derechos de los catalanes.

La medida principal que se podría tomar conforme al Acuerdo es el cese del Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Todas sus funciones pasarían a los órganos o autoridades que designe el Gobierno. Estos órganos asumirían asimismo las competencias que se consideren necesarias de la Administración de la Generalitat, incluso en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El Gobierno de la Nación asumirá la competencia del Parlamento de Cataluña para decretar la disolución anticipada del Parlamento o el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones, para lo que tendrá un plazo de seis meses.

Derivadas de las anteriores, conviene destacar otras medidas. Primera, el control de los Mossos d’Esquadra y su sustitución por las FFCCSE si fuese necesario bajo responsabilidad disciplinaria, patrimonial, contable e incluso penal por incumplimiento de órdenes. Segunda, el Gobierno ejercerá el control de las telecomunicaciones. En definitiva, de los medios de comunicación social. Tercera, la limitación de los poderes del Parlamento de Cataluña. Por ejemplo, la imposibilidad a partir de su aprobación de proponer candidato a la Presidencia y de celebrar debate y votación de investidura. Y, por otro lado, el control exhaustivo de sus acciones, pues deberá remitir al Gobierno las propuestas de ley, de reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento del Parlamento, y enmiendas o disposiciones normativas sin fuerza de ley. Todas ellas requerirán su conformidad en el plazo de 30 días. Cuarta, el control y limitación de actuaciones de la Administración pública de Cataluña en su generalidad. Quinta, la protección de los funcionarios y empleados públicos al incumplir una orden por estar ésta en contra del proceso secesionista.

Cabe la posibilidad de que la Generalitat ignore estas medidas y no procediese a su aplicación. Como sabemos, ya lo hizo con las sentencias del TC así que no debemos descartar esta opción. Según el Acuerdo, la no aplicación de estas medidas se entenderá como el “incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto”. Por lo tanto, si efectivamente el Gobierno catalán se opone, será el Gobierno quien ejercerá la potestad disciplinaria. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal, que se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El Acuerdo no describe realmente la situación que podemos vivir en las próximas semanas. Todo depende del Senado, que con la mayoría del PP aprobará el Acuerdo. Sin embargo, en cuanto entre en vigor, el Parlament no podrá proponer candidato y sus actuaciones serán muy limitadas. Por lo que quedarían dos opciones: o el Sr. Puigdemont convoca elecciones antes del viernes, o el Gobierno toma el control. La primera opción sería sabia pero a estas alturas del proceso de secesión no parece ser lo que el Presidente de la Generalitat tenga planeado. Seguramente los independentistas no se sometan al control del Gobierno tan fácilmente. La solución a corto plazo parece ser el Acuerdo. Aunque no se haya determinado cuáles de todas la medidas se aplicarán ni cuándo. Además, mientras que políticamente estamos en una situación nublosa e incierta, las empresas se movilizan y aumenta la tensión.

Para concluir, animo a todos los españoles, juristas o no, a leer el documento del Acuerdo de tan sólo 19 páginas. Asimismo, animo a escuchar el discurso de nuestro monarca Felipe VI en la gala de los premios Príncipe de Asturias. Considero que es nuestra responsabilidad informarnos de primera mano, y sin los tintes ideológicos que puedan aparecen en los medios de comunicación. De lo único que no cabe duda es que el proceso secesionista está en contra de los principios democráticos, de la convivencia pacífica, del Estado de Derecho y, en definitiva, de la unidad de España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

No se paga más por ser catalán

DESPUÉS DE LA AMENAZA SECESIONISTA POR PARTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL GOBIERNO CENTRAL DEBE ENFRENTAR POSIBLES CONSECUENCIAS EN ÉSTA Y OTRAS COMUNIDADES. CEDER ANTE EXIGENCIAS NO FUNDAMENTADAS NO PARECE LA RESPUESTA QUE DEBA TOMAR EL EJECUTIVO.

Estoy absolutamente de acuerdo en la “plurinacionalidad” que caracteriza a España, las diferencias que existen entre comunidades, provincias y comunidades vecinales. Considero que es parte de la riqueza que tenemos y que es un error buscar nuevas diferencias con el único fin de dividirnos. Defiendo la conservación de esas diferencias en cultura, historia y lengua, así como en muchas otras áreas, pero distinguiendo el respeto y la protección frente a la intolerancia y la imposición.

Tal como sucede en otros ministerios, soy partidario de que desde Fomento se trasladen competencias a las autonomías, nadie mejor que los dirigentes que viven en un área determinada a la hora de comprender las necesidades requeridas. Sin embargo, hay competencias que desde mi punto de vista son únicas y exclusivas del Gobierno Central. Por ejemplo, que este obligue a defender el catalán, el euskera y las demás lenguas cooficiales, así como otras no oficiales como el asturiano o el aragonés, al mismo tiempo que protege el castellano como lengua principal.

Las comunidades autónomas de España, dentro del ordenamiento jurídico estatal, están dotadas de cierta autonomía legislativa con representantes propios, y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Últimamente se habla mucho de la posibilidad de establecer una España federal. La realidad es que lo podemos llamar como queramos ya que, el hecho de ser un estado federado no implica tener una mayor descentralización de las competencias, y si es así, que alguien me explique el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que creo que ayudaría es tener un Senado que fuera efectivamente una cámara de representación territorial, algo que, desde mi punto de vista, no tenemos ahora mismo.

Las competencias más importantes que comparten nuestras comunidades se refieren a educación, sanidad, cultura y lengua, ordenación del territorio y urbanismo. Es cierto que algunas comunidades, como el País Vasco y Navarra, disponen de un poder y una autonomía fiscal más extensivos que el resto. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Cataluña coincide con las otras 14 al compartir la gestión de impuestos con el Gobierno Central, recogiendo por ejemplo sus propios impuestos de patrimonio y sucesiones, una parte del IRPF y un 50% del IVA y otros impuestos como el especial sobre el alcohol.

En un país en el que está más que asumido el hecho de que una persona con mayores ingresos pague, no sólo más impuestos si no un mayor porcentaje de IRPF, no entiendo como el principal argumento para independizarse es la oposición frente al principio de solidaridad entre comunidades. No me cansaré de repetirlo, no pagan más por ser catalanes, si no por tener mayores ingresos. Si tan convencidos están de semejante injusticia, que exijan al Govern una bajada de los impuestos sobre los que sí tienen autoridad.

Por otro lado, y para aprovechar la fecha de publicación de este artículo (siendo yo “no partidario” de acudir al artículo 155 para disolver el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña), viendo los últimos movimientos, prefiero que sea Rajoy quien suspenda la autonomía de Cataluña antes de que lo haga Puigdemont.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

155 y el ejército, por favor.

“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” (Artículo 8 de la Constitución)

 “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.” (Artículo 155 de la Constitución)

El pasado 2 de octubre, Puigdemont tuvo la osadía de pedirle a Zoido que retirase “las fuerzas de ocupación” de Cataluña. Y el término elegido no es aleatorio. A falta de argumentos que sustenten una postura ideológica, la salida más fácil es siempre el apoyo de aquellos a los que es más fácil manipular. Y aquellos a los que es más fácil manipular requieren grandes dosis de propaganda; necesitan sentirse apoyados por un grupo que les  justifique cualquier acción. Mal de muchos consuelo de tontos. Pleno siglo veintiuno, y siguen dejándose llevar por los instintos más básicos del hombre. “Ellos, los malos malísimos”, “nosotros, los buenos buenísimos”. Ellos españoles, nosotros catalanes. 50 provincias y 2 ciudades autónomas antidemocráticas por no permitir un referéndum, pero dirigentes de 4 provincias españolas víctimas de un sistema opresor, que además, les ha financiado la tontería. Si es que tontos unos, tontos los otros.

El señor Puigdemont parece tener en sus manos la máxima y más perfecta expresión de democracia.  Tan democrático es el President, que permite que haya más votos a su favor que electores en el censo. A Rousseau a se le deben saltar las lágrimas de la emoción. Parece que nadie tiene ni idea de Democracia. Pero no solo en España, ¿eh?. En Europa se han olvidado de todo de un plumazo. Ya os digo, Rousseau debe estar emocionado. Y a nuestros socios europeos se les debería caer la cara de vergüenza al criticar la “represión policial” española. Bien que les gusta cuando se reprimen a los que se manifiestan en contra del G20, pero claro, eso sí es en defensa de la democracia.

Pero entonces, ¿qué pasa cuando la mayoría silenciosa empieza a hacer ruido?, ¿qué opción le queda al gobierno para evitar este acto ilegal que afecta a todos por igual? Una sola ley quebrantada y la seguridad de los ciudadanos se pone en jaque. Si el gobierno se mantiene pasivo ante tal hecho, ¿quién me asegura a mí que cuando algunos de mis derechos sean violados, o incluso cuando yo viole alguna ley, mi actuación tendrá la correspondiente consecuencia?

El separatismo catalán pone en jaque a todos los españoles, nuestra reputación internacional y al propio gobierno (si no lo estaba ya). Ante situaciones desesperadas, medidas con cabeza y con la ley en la mano. Por eso es el momento de aplicar el artículo 155. De hecho, es que no se me ocurre mejor momento. Está claro que la parálisis de Rajoy se debe en parte a la naturaleza política del problema, pero cuando dos no quieren hablar, no hay lugar para el diálogo, solo para la ley.  Por eso mismo es el momento de la intervención militar en Cataluña y de que se convoquen nuevas elecciones con la previa clausura de las instituciones regionales.

Bandera blanca siempre a los que nos atacan, porque los sectores más discriminados son los únicos que gozan del derecho a discriminar. Escraches y ataques continuos a guardias civiles y policía, pero los españoles no pueden sentirse discriminados y atacados. Eso es un derecho exclusivo de los que padecen el tan contagioso “victimismo” del que parecen estar impregnados todos los independentistas. Parece ser que en mundo de lo políticamente correcto, el despliegue militar es un signo antidemocrático. Espero que alguien me pueda explicar por qué.  Los españoles están pidiendo a gritos que se defienda su Nación. Que es Una. Y la función del ejército es defender la integridad nacional y a los españoles. Que somos todos.

El problema es el “buenísimo” o el “tontísimo” del gobierno español,  porque ya no sé cómo llamarlo. El referéndum no nos ha pillado por sorpresa, el atentado de Barcelona quizás un poco más, pero la respuesta que se dio  fue premeditada. No a la alerta 5. No al despliegue militar en Cataluña. No solo era necesario para la seguridad ciudadana después de la continua amenaza terrorista, sino que habiendo sido un poco, solo un poco inteligentes, nos habríamos adelantado y habríamos evitado parte del problema que tenemos hoy. Es hora de que el gobierno se tome en serio a España, y es hora de que todos los españoles, no solo los catalanes, se sientan defendidos.

¡Visca Espanya y Viva Cataluña!

Miki Barañano
Ministra de Defensa de AOM

Fuente imagen: ABC

Molt bé. ¿Y ahora qué?

EXISTEN MUCHAS FORMAS DE SER Y SENTIRSE ESPAÑOL
Y TODAS ELLAS PUEDEN SER COMPATIBLES

Hablaba ayer con mi padre y comentábamos la posibilidad de celebrar en España un referéndum pactado. Creíamos que de ser posible tendría que contar con la participación de todo el país. El gobierno central cedería en cuanto a la celebración de dicha votación y los independentistas tendrían que ceder por dejar votar a todos los españoles sobre qué debería ser España. Coincidíamos ambos en que esto último no sería aceptado, descartando así cualquier intención de diálogo por parte de los secesionistas. Y aunque fuera una anécdota, aquella broma que se le gastó a Rajoy por la radio sirvió para demostrar que el presidente del gobierno estaba dispuesto a hablar con Puigdemont. Y también estaba dispuesto a escuchar con la invitación al Congreso que se hizo al President (que también rechazó). El papel del Ejecutivo en la anterior legislatura puede ser cuestionado pero no la falta de diálogo, y es que los nacionalistas siempre han condicionado todo a la celebración de un referéndum único en Cataluña o la amenaza de la independencia.

Dicho esto toca mirar al día después.

¿Qué opciones están sobre la mesa? Sean cuales sean deberán contar con una legitimidad total y no se me ocurre ninguna otra fórmula que una convocatoria de elecciones generales. Solo con la renovación de la confianza por parte de la ciudadanía se contaría con el apoyo necesario para poder avanzar. Y a pesar de que los últimos comicios generales están muy frescos y que costó una barbaridad formar gobierno, el destino de España necesita de nuevo que sus ciudadanos vuelvan a configurar un nuevo gobierno. Y a partir de aquí que hablen las campañas electorales y que los partidos lancen apuestas, pero ya pueden ir dando por descontado que ninguna propuesta contará con el nivel de aceptación con el que contó la Constitución de 1978, el mayor punto de encuentro de la población española en todos sus siglos de vida.

¿Una nueva Carta Magna? ¿Renovar la actual? Puede que se estén pensando en alternativas inimaginables para cualquier politólogo, sin embargo la convivencia pacífica a la que se deberá aspirar tendrá que ser duradera. Y va a ser extremadamente difícil.

Mi apuesta pasaría por una clara redistribución de las competencias. Creo que de todas las legitimidades la más evidente pasa por la autogestión de los recursos económicos, pero con un precio. Incluso siendo el país más descentralizado de la OCDE, la financiación autonómica aún tiene recorrido y una gestión de las propias finanzas incentivaría una eficiencia por parte de las comunidades. Las competencias que el Gobierno central debería recuperar serían la Sanidad, la Educación, la Cultura y la Defensa, como también la representación exterior de España y la Justicia nacional. Éste podría ser un marco que sirviera como punto de partida, simplificando muchísimo un proceso largo y complejo. A todo ello debería acompañar una gran campaña de propaganda de inclusión y no de exclusión. Más allá de comités ‘Marca España’ la involucración de todos con todos debe ser total, mostrando al conjunto de la población que existen muchas formas de ser y sentirse español y todas ellas pueden ser compatibles.

Tiempos difíciles para el futuro de España. Hace casi 40 años estuvimos muy a la altura y ahora necesitamos estarlo de nuevo.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM