Pagando independentismos

Debemos tener cuidado a la hora de valorar ciertas estrategias políticas, especialmente si implican la separación de nuestro país. El Gobierno Central debe estudiar las causas por las que una parte considerable de la población desea la independencia, pero no puede plegarse ante exigencias infundadas.

Los proyectos de creación de las centrales nucleares en el País Vasco se apoyaban en la necesidad de combatir crisis energéticas como la del petróleo y la dependencia energética española, especialmente acentuada en esta comunidad debido a su alto porcentaje de industrialización y su baja generación a través de otras fuentes.

En un principio, la izquierda nacionalista pensó que podría suponer la independencia energética de la región (suministraba hasta un 70% de los requerimientos energéticos del País Vasco), sin embargo la presión popular y los movimientos ecologistas impulsaron el cierre de otros proyectos en la zona vasco-navarra (Ea en Guipúzcoa y Tudela en Navarra)

ETA, como siempre a través de la sangre, pretendió hacer suya la reivindicación popular, sin embargo, tal y como sucediera después con el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, la población se manifestó en contra de los brutales asesinatos llevados a cabo para presionar la demolición de la central nuclear (José María Ryan, Ángel Pascual Múgica, Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños). En total se registraron 246 ataques procedentes de la organización terrorista contra Lemóniz y otras instalaciones de Iberduero.

Representativo fue el momento en el cual, tras un ataque de un comando etarra al puesto de la Guardia Civil que vigilaba las obras, uno de los terroristas murió durante el tiroteo y la izquierda abertzale lo apodó “el primer mártir de Lemóniz”. No sé si el proyecto tenía o no que salir adelante, en cualquier caso, los mártires fueron otros.

Es cierto que se consiguió la paralización del proyecto (hay quien dice que por los asesinatos de ETA y otros por la movilización popular y la ecologista), sin embargo, en mi opinión se trató de otro movimiento equivocado por parte de la banda terrorista.

Si tu objetivo último es la independencia del País Vasco, deja que, lo que tú consideras España, te construya las infraestructuras necesarias para poder subsistir sin depender energéticamente de ellos (nosotros). Del mismo modo, si quieres anexionar Navarra a tu nuevo país, no me opondría a la construcción de la autovía Leizarán (entre Pamplona y San Sebastián) o a las vías ferroviarias de alta velocidad también pagadas con el dinero de España (para nosotros “el resto de España”).

Salvando las distancias con el independentismo promulgado por ETA, el movimiento nacionalista catalán se apoya en algunos argumentos. No quiero rebatir todos ellos porque no estoy preparado al no conocer el tema en profundidad, sin embargo, la publicidad “España nos roba” me parece engañosa.

Con las infraestructuras que ofrecen comunidades como Madrid o Cataluña es normal que concentren mayor número de habitantes y de empresas. Sin embargo, los servicios contratados en Cuenca en una compañía telefónica que genera puestos de trabajo en Madrid, por supuesto crearán mayor riqueza en la comunidad madrileña, pero no hay que olvidar que el dinero procede de un conquense. Lo que también  hacemos, de nuevo el resto de España, es pagar el rescate financiero de Cataluña a través del Tesoro Español, pagar embajadas catalanas, pagar la asamblea parlamentaria más cara del país, etc.

Estoy absolutamente a favor de que el Gobierno central se siente con todas las comunidades autónomas para comprobar en qué se puede mejorar, buscando un reparto más justo y equilibrado. Estoy completamente en contra de que, sus respetables aspiraciones políticas se encuentren al margen de la ley y, al menos en parte, apoyadas en manipulaciones para engañar a la ciudadanía.

Aprendan del error de los terroristas y aprovechen mientras puedan. Si sale adelante el proceso independentista, el “chollo” terminará cuando empiece su andadura.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

Un techo de gasto con distintas alturas

TODO INDICA QUE ESTA LEGISLATURA NECESITARÁ VARIOS MILAGROS PARA SALIR ADELANTE, AUNQUE POR EL BIEN DEL PAÍS, LA CLASE POLÍTICA DEBERÁ VELAR POR EL INTERÉS REAL DE TODOS

Es bien sabido por la ciudadanía que en las fechas veraniegas muchos de los grandes estrenos de cine esperados para el año salen a la luz y esperan a los millones de espectadores en las salas. Bien, pues recién inaugurado julio llega a nuestras mejores pantallas “¡No a la subida del techo de gasto!”. Se trata de la última parte de la famosa saga No es no en la que recordarán títulos como “¡No a los recortes!”, “¡El déficit público se dispara!” y “¡El tribunal de Estrasburgo ha hablado!”.

Tras googlear “techo de gasto” he tenido que irme hasta el segundo link para encontrar una noticia de Expansión donde expone, valga la redundancia, en qué consiste dicha subida y cuál sería su efecto. Si bien el diario puede estar satisfecho con la actuación del Gobierno de los últimos años, no me imagino un peloteo institucional que perjudique la objetividad de la información, y dicha objetividad destaca que esta subida servirá para sufragar gastos autonómicos tanto de sanidad como de educación. Sin coincidir con dicha subida –sabéis de sobra que a mí me gusta que las hipotéticas subidas o bajadas de gasto las decidan las personas con su propia economía– me parece de una irresponsabilidad de importantes magnitudes la postura de la oposición de la medida. Es imposible hacer nada bien y para una oposición estupenda no hay nada bueno por llevar a cabo. El rechazo continuo con un argumentario tan básico como que “penaliza gravemente” a las comunidades autónomas en la distribución del déficit que el Gobierno les ha asignado demuestra que la contrariedad es más partidista que otra cosa. Por el lado de Podemos acuden al clásico “no atiende los principales retos económicos y sociales de nuestra economía”, algo inverosimil cuando las cifras que se revelan sobre empleo (principal reto económico y social en España) siguen batiendo records. Me pregunto si están haciendo lo mejor para España y para los españoles y si en vez de negarse en rotundo a cualquier medida del Ejecutivo no deberían estar lanzando alguna que otra propuesta, tal y como ha hecho Ciudadanos (una muy sana, por cierto).

Y llegados a este punto toca aportar. No concibo una subida de gasto en ninguna situación ordinaria. Un escenario de guerra podría exigirlo, pero si no fuera el caso, contadas situaciones exigirían mayor gasto. Sin embargo, creo que por el propio interés egoísta España debe cumplir con todas sus obligaciones internacionales. No llegar al nivel de déficit pactado con Europa en este caso o no cumplir con los compromisos con la OTAN en otro, puede traer graves consecuencias en nuestro futuro, tanto de credibilidad como de seguridad. España debe ser un país serio, como también lo debe ser su gente. Y aunque de cara a la opinión pública el saldo de deudas no sea visible, el cumplimiento está ahí, y nos garantiza un estado de bienestar que en última instancia nos sitúa en la posición número 27 dentro del Índice de Desarrollo Humano, según datos del 2016. No soy partidario de subir el techo de gasto, pero mucho menos de escaquearnos de nuestras obligaciones.

Con todo ello si el Ala Oeste de la Moncloa estuviera en el Gobierno, desde mi posición saldría como propuesta un ajuste que pasara por la redistribución de los fondos. ¿Qué ocurre? Que al final los márgenes son prácticamente nulos, y regatear a los números es muy difícil. Ya lo he comentado anteriormente: el político, en mayor o menor medida, es continuamente un interlocutor, y aguantar todas las fuerzas requiere una destreza sobrehumana.

El Congreso de los Diputados ha sido testigo de algunos de los mayores milagros de la historia de España, desde la disolución de las cortes franquistas hasta la última aprobación de los presupuestos generales. Todo indica que esta legislatura necesitará varios de ellos para salir adelante, aunque por el bien del país, la clase política deberá velar por el interés real de todos.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM

El Arruí y demás especies desprotegidas

EL ECOLOGISMO RADICAL PRETENDE QUE EN UN MUNDO YA TOMADO POR EL HOMBRE, ÉSTE SEA AUTOR Y BRAZO EJECUTOR DEL INMINENTE EXTERMINIO DE UNA ESPECIE SIN NECESIDAD DE ELLO

Adentrándome en un tema de actualidad y de bastante controversia, me aventuro a expresar mi opinión sobre la reciente ley aprobada en el Supremo en referencia a las especies invasoras. Del mismo modo que la cultura española se ha forjado mediante el choque de diferentes civilizaciones, que le han otorgado una identidad basada en la riqueza de la diversidad, no es diferente en lo que a la naturaleza se refiere. Nuestro país era (por que por lo visto va a dejar de serlo) uno de los lugares donde más biodiversidad se podía encontrar en el mundo. Podría enumerar una infinita lista de especies, tanto flora como fauna, importadas desde tiempos inmemoriales, que han compuesto a lo largo de los años un mosaico único en su complejidad. No obstante, se ha creado una Ley por personas que desconocen la materia que ataca directamente a una ley no escrita que hacía tan especial a los campos de nuestra nación. Estas personas que se creen en posesión única de la verdad, no solo desconocen el valor destructivo de lo que han hecho, si no que nunca conocerán las consecuencias de sus actos.

El Real Decreto al que hago referencia, atenta de forma directa contra la vida de especies ya asentadas (y en equilibrio con las especies autóctonas). Partimos de la base de que se considera “especie invasora” a aquella que desplaza a una especie autóctona, y una “especie exótica” se considera a aquella que no es natural de un lugar. A partir de aquí, podríamos considerar que un inmenso abanico de especies exóticas, dejan de serlo en algún momento de su historia si alcanzan un equilibrio con el medio que habitan. El problema reside en que una especie no tiene por qué ser invasora, aunque sea exótica. Voy a intentar ilustrar este trabalenguas mediante un ejemplo real, que concierne a esta ley: el caso del arruí en Sierra Espuña.

El arruí, también conocido como muflón del Atlas norteafricano, es un ungulado pastador que se introdujo en las sierras de Murcia hace más de 50 años. Esta especie no solo ha sido una fuente de ingresos constantes para la zona (por su atractivo como especie cinegética), si no que además reporta un enorme interés científico así como una labor de control sobre la flora, tanto en su crecimiento como su fertilización. Aprovecho para citar al catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Don Alfonso San Miguel, autor del libro Arruí, oportunidades y amenazas, que dice: “El Arruí es una especie muy beneficiosa para el hábitat de Sierra Espuña. Si desapareciera, el futuro de la sierra sería el de un abandono peligroso por que facilitaría los incendios que provocarían daños irreparables en algunas especies arbustivas”. A pesar de ello, esta ley declara la erradicación de la especie, como medida desesperada tras el fracaso de una gestión mala o inexistente, de una población que carece de depredadores naturales. Esta especie (como la gran mayoría) controlada de forma lógica y equilibrada, no reúne uno solo de los requisitos para ser considerada “especie invasora”. Quiero decir, el ciervo rojo si carece de ningún control poblacional, puede llegar a ser extremadamente dañino para la flora de cualquier paraje, pero al estar regulada mediante la caza, son más los beneficios que reporta que los daños que ocasiona.

La naturaleza a lo largo de la historia ha demostrado ser de por sí destructiva. Los animales se han extinguido sin intervención de la mano del hombre durante siglos, y ha sido la toma de conciencia de los mismos lo que ha evitado la catástrofe natural de muchas especies. En conclusión, el ecologismo radical pretende que en un mundo ya tomado por el hombre (y que aboga por la erradicación de la actividad cinegética), éste sea el autor y brazo ejecutor del inminente exterminio de una especie sin necesidad de ello. Están cavando una tumba para la biodiversidad que tantísimos años y esfuerzos ha costado a España como nación y defensora de la naturaleza en su idiosincrasia. Por tanto, no me queda más remedio que condenar y calificar como atentado ecológico, el decreto aprobado por el Tribunal Supremo por el que se va a erradicar una especie ya emblemática en Sierra Espuña.

Termino citando al portavoz de Ecologistas en Acción Rubén Vives, que dice “ya no hay excusas y el arruí tiene que ser exterminado”. Esta es la doble moral y verdadera cara de los que se autoproclaman defensores del medio ambiente.

Leopoldo Rodriguez-Jurado

El guardián

EL COMPLIANCE, AÚN ALGO DESCONOCIDO, COMIENZA A CONVERTIRSE EN UNA LLAVE MAESTRA TANTO PARA LAS COMPAÑÍAS COMO PARA LA SOCIEDAD

“El empleo de moda entre los abogados”. Con estas palabras se refería un artículo de prensa a la novedosa figura del ‘compliance officer’. Como ocurre en contables ocasiones, este concepto que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento en la última reforma del Código Penal está presente desde hace años en países como Reino Unido e Italia.

Se trata de una figura que surge principalmente para evitar la comisión de delitos dentro de las empresas ya que todas, pequeñas, medianas o grandes, están obligadas a contar con un compliance officer o, en su caso, a subcontratar este servicio. Se hace especialmente necesario en un momento en el que las empresas, como personas jurídicas, ya pueden ser condenadas por la comisión de determinados delitos. Un buen programa de compliance puede convertirse en la llave para que una compañía pueda atenuar su pena e incluso evitarla.

Sin embargo, el compliance no se reduce a la mera evitación de delitos. El compliance va mucho más allá. Hoy me gustaría que enfocáramos esta figura desde otro punto de vista: el compromiso de la empresa con sus trabajadores y el compromiso de la empresa con la sociedad.

En un mundo cada vez más globalizado donde las culturas, formas de trabajo y legislaciones interactúan de manera constante, el ‘compliance officer’ hace posible el crecimiento y la internacionalización. Sólo a través de una persona que se ocupe de compatibilizar las exigencias legales que hay en cada país podremos lograr que una empresa esté asentada en España, en China o en Japón, sin tener ningún tipo de consecuencia legal adversa. Todos sabemos cómo la imagen de una compañía y, por ende, su buena marcha, se puede ver empañada por infringir la ley o no cumplir con los estándares que se consideran adecuados en cada lugar; tan sólo tenemos que recordar cómo hace dos años saltaban las alarmas por una noticia que hablaba de una supuesta explotación por parte de empresas como Inditex o Primark, aunque finalmente demostraron combatir enérgicamente dichas prácticas.

Por otra parte, el mercado laboral, sometido a deberes legales muy exigentes, tiene una enorme complejidad como consecuencia de la variedad en los contratos, situaciones laborales y derechos y obligaciones. Es aquí donde se hace cada vez más necesaria una figura como el compliance, que permita hacer crecer a la empresa a la vez que ésta cumple con todos los requisitos que se le exigen.

A veces podemos tener la sensación de que este esfuerzo por cumplir estrictamente con la ley pudiera ir en contra de los intereses de la compañía. Nada más lejos de la realidad. Como siempre, es necesario buscar un equilibrio de manera que a la vez que se cumpla con la ley no se termine asfixiando a la organización. En este sentido, muchas empresas han acogido el compliance como parte de su propia cultura, como su manera de hacer las cosas; lo consideran bueno, coherente y compatible con sus intereses. Les permite velar por principios tan básicos como la igualdad de oportunidades o luchar contra situaciones deplorables como la discriminación por razón de sexo, raza y creencias o el acoso.

Por todo esto, vemos cómo el compliance no se limita simplemente a evitar una condena; el compliance pretende concienciar, construir, innovar, respetar. Es algo que incumbe a todos, a cada miembro de la compañía, a la propia dirección. Se constituye en una forma idónea para contribuir no sólo al bienestar de la empresa y de sus integrantes sino también al de toda la sociedad.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

Día Mundial de los Refugiados: El milagro de los 16.000

EN ESTA CRISIS NO DEBERÍAN EXISTIR IDEOLOGÍAS NI PARTIDOS, SINO UNA SOCIEDAD Y UN GOBIERNO COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS. EL PROBLEMA ES REAL. ES URGENTE. Y, ES INEVITABLE.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el número de personas que han llegado a nuestras costas y atravesado nuestras vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha incrementado en un 75% respecto al mismo período del año pasado. Las cifras son tan preocupantes como que este mes de junio ya llegaban a las costas andaluzas unas 1.300 personas y el número de muertos continúa incrementándose en la ruta del Mediterráneo Occidental. Esto lo permite un país democrático que en su Constitución dedica, nada más y nada menos, que su Título II con 45 artículos al reconocimiento de derechos y libertades, algo de lo que estar orgullosos si la comparamos con la Ley Suprema de la mayoría de democracias de nuestro continente.

El pasado día 20 de junio de 2017, fue el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo convendría realizar una reflexión sobre una crisis que pese a concernir a toda Europa, sufre un inmovilismo bochornoso, enfermizo y crónico de los gobiernos occidentales, incluido el español, que tantos derechos reconoce y predica. De hecho, cabe resaltar que Oxfam ha expresado sus intenciones de demandar a nuestro Gobierno ante la Comisión Europea por su supuesto incumplimiento del Acuerdo con la UE celebrado en septiembre de 2015, por el que España se comprometía a acoger a 17.337 personas, de las que, hasta el momento, sólo ha dado asilo a 1.304, cifra que no llega a representar el 8% de la cuota. Pero, ¿puede España hacer frente a su acogimiento, mantenimiento e integración y todo lo que ello significa y requiere?

Antes de nada, ¿qué es el derecho de asilo? Y, ¿cuál es la definición de refugiado? Se define el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, y desarrollado mediante Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria,  como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley y con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Este derecho se concede a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, “a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” o al apátrida.

Además, si no se reúnen los requisitos para obtener el asilo o la condición de Refugiado, se reconoce también el derecho a la protección subsidiaria en ciertos casos. Estos derechos deberían garantizar la no devolución ni expulsión. Preguntemos en la valla de Melilla si esto realmente se cumple o no. La realidad es que ni se están reconociendo estos derechos, ni si reconocidos, se están protegiendo a todos los refugiados que los disfrutan. ¿Negligencia? ¿Escasez de medios? ¿Pasotismo? ¿Miedo al terrorismo? ¿Egoísmo? ¿Divergencia política?

Dicen algunos que se requieren leyes. Pero, leyes hay. Otro debate sería si son suficientes, eficaces o simplemente si se están realmente implementando. De nada sirve que 17.000 refugiados lleguen a España si no existen infraestructuras para instalarlos, medios para mantenerlos y una conciencia social para integrarlos, todo ello evitando la formación de guetos que propicien la división, la radicalización, la pobreza y la inseguridad dentro de nuestras fronteras. Como relató ayer en su discurso el Alto Comisionado para el Día Mundial del Refugiado:

“La inclusión requiere que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y comunidades a los refugiados. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, que reúna a estudiantes, empresarios, atletas, activistas, líderes religiosos, políticos y artistas, para compartir las responsabilidades”

Desde 2015 han pasado dos años durante los cuales podríamos haber desarrollado políticas sociales en esta dirección. Se requiere sin duda alguna una sensibilización de la sociedad con el fin de evitar el racismo y la xenofobia hacia los extranjeros que están dominando el mundo occidental. El terrorismo, por otro lado, alimenta el rechazo de las masas hacia los nuevos huéspedes. Por ello, debemos dejar de enfocar nuestras energías únicamente en mociones de censura absurdas y en desafíos independentistas y, uniendo fuerzas políticas dispares, dirigirlas también en llevar a cabo acciones solidarias conjuntas de la mano de Europa. De hecho, Bruselas ya plantea para los próximos presupuestos europeos la entrega de fondos en base a criterios relacionados con la respuesta de los Estados a la presión migratoria, ya que debido al Brexit, se buscan nuevas formas de financiación de la UE y de reparto de sus fondos. Veamos si el dinero inspira más a los gobiernos.

En esta crisis no deberían existir ideologías ni partidos, sino una sociedad y un gobierno comprometidos con los Derechos Humanos. El problema es real. Es urgente. Y, es inevitable. Toda Europa está y seguirá sumergida en esta crisis humanitaria. Seguir dándole la espalda no será sostenible por mucho tiempo. Se requiere una respuesta YA acompañada de una mejora en la aplicación del derecho de asilo, puesto que España no sólo dispone de escasos tres meses para cumplir el Acuerdo sino que el ritmo que llevamos, los defectos y lagunas de nuestro sistema jurídico y la falta de políticas de asimilación de la sociedad, se necesita de un milagro para que los 16.000 refugiados sean acogidos e integrados en nuestro país. Y, dentro de poco probablemente las cifras lleguen a los 160.000.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

El mejor gol de Cristiano Ronaldo

PUEDE DUDARSE DEL GRADO DE CULPABILIDAD EN BASE A SI CRISTIANO RONALDO SABÍA BIEN LO QUE ESTABA FIRMANDO, PERO EL PORTUGUÉS, A DIFERENCIA DE MESSI, NO TIENE UN PADRE DISPUESTO A ASUMIR TODA LA CULPA E IR A LA CÁRCEL POR ÉL

Es noticia estos días la denuncia de la Fiscalía contra el portugués Cristiano Ronaldo por evasión de impuestos. Al parecer, mediante la cesión de sus derechos de imagen a empresas extranjeras (explicado aquí), el futbolista no tributaba ante la Hacienda española por este concepto. La cantidad que se estiman defraudadas por el jugador del Real Madrid es de 14,7 millones de euros y se enfrenta a una multa por el doble de ese valor, además de una condena de cárcel de entre 7 y 20 años.

Hasta aquí, todo normal. Cristiano Ronaldo no es el primer futbolista que se encuentra con problemas ante Hacienda, aunque si el que se ha encontrado con problemas más graves. En su cara a cara particular con Lionel Messi, habría defraudado unas cantidades muy superiores a las del argentino, que ya fue condenado a 21 meses de cárcel. De confirmarse los hechos, a Cristiano Ronaldo le debería caer en buena lógica una pena superior, lo que implicaría pena de prisión casi obligada.

Cristiano Ronaldo es un gran goleador, y uno de los grandes de la historia del fútbol, pero su mejor gol no le ha dado ningún título a su equipo ni le ha dado un Balón de Oro para su colección. El mejor gol de Cristiano Ronaldo es tener convencido a todo un país de que no hay manera de que vaya a la cárcel, pese a haber cometido un fraude fiscal masivo. Hasta tal punto esto es así, que los titulares de los periódicos especulan con su marcha, no con su encarcelamiento.

España es un país tan completamente dominado por el fútbol que la posible condena de Cristiano es casi una cuestión política, mereciendo hasta declaraciones de ministros. Aficionados del Real Madrid que critican los 400.000 euros defraudados de Monedero defenderán la inocencia del luso, y los que clamaban contra el palco del Bernabéu por las causas abiertas del Barcelona no verán una mano negra desde el palco del Camp Nou. La cuestión no es si se ha cometido un fraude fiscal, y con ello un perjuicio a todos los contribuyentes, la cuestión es que le conviene más a mi equipo de cara a la próxima temporada.

Esta actitud puede ser entendible en los aficionados. Después de todo, la vida del español medio se ve más afectada por los goles de Ronaldo (sea para celebrarlos o lamentarlos) de lo que se vería afectada por su condena. Donde no es permisible es en las autoridades. El señor Tebas, presidente de la Liga, ha salido defendiendo la inocencia del portugués, como en su día defendió la de Messi, lo que supone una falta de respeto a la Fiscalía. Cuando alguien está denunciado por fraude fiscal, inocente no es. Puede dudarse del grado de culpabilidad en base a si Cristiano Ronaldo sabía bien lo que estaba firmando (aunque quien cede sus derechos a una empresa de las Islas Vírgenes difícilmente puede alegar ignorancia), pero el portugués, a diferencia de Messi, no tiene un padre dispuesto a asumir toda la culpa e ir a la cárcel por él. Con la admirable labor que se ha realizado en la Liga reduciendo las deudas de los clubes con Hacienda, deberían vigilarse más este tipo de declaraciones.

Gonzalo Aguilar