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No se paga más por ser catalán

DESPUÉS DE LA AMENAZA SECESIONISTA POR PARTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL GOBIERNO CENTRAL DEBE ENFRENTAR POSIBLES CONSECUENCIAS EN ÉSTA Y OTRAS COMUNIDADES. CEDER ANTE EXIGENCIAS NO FUNDAMENTADAS NO PARECE LA RESPUESTA QUE DEBA TOMAR EL EJECUTIVO.

Estoy absolutamente de acuerdo en la “plurinacionalidad” que caracteriza a España, las diferencias que existen entre comunidades, provincias y comunidades vecinales. Considero que es parte de la riqueza que tenemos y que es un error buscar nuevas diferencias con el único fin de dividirnos. Defiendo la conservación de esas diferencias en cultura, historia y lengua, así como en muchas otras áreas, pero distinguiendo el respeto y la protección frente a la intolerancia y la imposición.

Tal como sucede en otros ministerios, soy partidario de que desde Fomento se trasladen competencias a las autonomías, nadie mejor que los dirigentes que viven en un área determinada a la hora de comprender las necesidades requeridas. Sin embargo, hay competencias que desde mi punto de vista son únicas y exclusivas del Gobierno Central. Por ejemplo, que este obligue a defender el catalán, el euskera y las demás lenguas cooficiales, así como otras no oficiales como el asturiano o el aragonés, al mismo tiempo que protege el castellano como lengua principal.

Las comunidades autónomas de España, dentro del ordenamiento jurídico estatal, están dotadas de cierta autonomía legislativa con representantes propios, y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Últimamente se habla mucho de la posibilidad de establecer una España federal. La realidad es que lo podemos llamar como queramos ya que, el hecho de ser un estado federado no implica tener una mayor descentralización de las competencias, y si es así, que alguien me explique el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que creo que ayudaría es tener un Senado que fuera efectivamente una cámara de representación territorial, algo que, desde mi punto de vista, no tenemos ahora mismo.

Las competencias más importantes que comparten nuestras comunidades se refieren a educación, sanidad, cultura y lengua, ordenación del territorio y urbanismo. Es cierto que algunas comunidades, como el País Vasco y Navarra, disponen de un poder y una autonomía fiscal más extensivos que el resto. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Cataluña coincide con las otras 14 al compartir la gestión de impuestos con el Gobierno Central, recogiendo por ejemplo sus propios impuestos de patrimonio y sucesiones, una parte del IRPF y un 50% del IVA y otros impuestos como el especial sobre el alcohol.

En un país en el que está más que asumido el hecho de que una persona con mayores ingresos pague, no sólo más impuestos si no un mayor porcentaje de IRPF, no entiendo como el principal argumento para independizarse es la oposición frente al principio de solidaridad entre comunidades. No me cansaré de repetirlo, no pagan más por ser catalanes, si no por tener mayores ingresos. Si tan convencidos están de semejante injusticia, que exijan al Govern una bajada de los impuestos sobre los que sí tienen autoridad.

Por otro lado, y para aprovechar la fecha de publicación de este artículo (siendo yo “no partidario” de acudir al artículo 155 para disolver el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña), viendo los últimos movimientos, prefiero que sea Rajoy quien suspenda la autonomía de Cataluña antes de que lo haga Puigdemont.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

155 y el ejército, por favor.

“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” (Artículo 8 de la Constitución)

 “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.” (Artículo 155 de la Constitución)

El pasado 2 de octubre, Puigdemont tuvo la osadía de pedirle a Zoido que retirase “las fuerzas de ocupación” de Cataluña. Y el término elegido no es aleatorio. A falta de argumentos que sustenten una postura ideológica, la salida más fácil es siempre el apoyo de aquellos a los que es más fácil manipular. Y aquellos a los que es más fácil manipular requieren grandes dosis de propaganda; necesitan sentirse apoyados por un grupo que les  justifique cualquier acción. Mal de muchos consuelo de tontos. Pleno siglo veintiuno, y siguen dejándose llevar por los instintos más básicos del hombre. “Ellos, los malos malísimos”, “nosotros, los buenos buenísimos”. Ellos españoles, nosotros catalanes. 50 provincias y 2 ciudades autónomas antidemocráticas por no permitir un referéndum, pero dirigentes de 4 provincias españolas víctimas de un sistema opresor, que además, les ha financiado la tontería. Si es que tontos unos, tontos los otros.

El señor Puigdemont parece tener en sus manos la máxima y más perfecta expresión de democracia.  Tan democrático es el President, que permite que haya más votos a su favor que electores en el censo. A Rousseau a se le deben saltar las lágrimas de la emoción. Parece que nadie tiene ni idea de Democracia. Pero no solo en España, ¿eh?. En Europa se han olvidado de todo de un plumazo. Ya os digo, Rousseau debe estar emocionado. Y a nuestros socios europeos se les debería caer la cara de vergüenza al criticar la “represión policial” española. Bien que les gusta cuando se reprimen a los que se manifiestan en contra del G20, pero claro, eso sí es en defensa de la democracia.

Pero entonces, ¿qué pasa cuando la mayoría silenciosa empieza a hacer ruido?, ¿qué opción le queda al gobierno para evitar este acto ilegal que afecta a todos por igual? Una sola ley quebrantada y la seguridad de los ciudadanos se pone en jaque. Si el gobierno se mantiene pasivo ante tal hecho, ¿quién me asegura a mí que cuando algunos de mis derechos sean violados, o incluso cuando yo viole alguna ley, mi actuación tendrá la correspondiente consecuencia?

El separatismo catalán pone en jaque a todos los españoles, nuestra reputación internacional y al propio gobierno (si no lo estaba ya). Ante situaciones desesperadas, medidas con cabeza y con la ley en la mano. Por eso es el momento de aplicar el artículo 155. De hecho, es que no se me ocurre mejor momento. Está claro que la parálisis de Rajoy se debe en parte a la naturaleza política del problema, pero cuando dos no quieren hablar, no hay lugar para el diálogo, solo para la ley.  Por eso mismo es el momento de la intervención militar en Cataluña y de que se convoquen nuevas elecciones con la previa clausura de las instituciones regionales.

Bandera blanca siempre a los que nos atacan, porque los sectores más discriminados son los únicos que gozan del derecho a discriminar. Escraches y ataques continuos a guardias civiles y policía, pero los españoles no pueden sentirse discriminados y atacados. Eso es un derecho exclusivo de los que padecen el tan contagioso “victimismo” del que parecen estar impregnados todos los independentistas. Parece ser que en mundo de lo políticamente correcto, el despliegue militar es un signo antidemocrático. Espero que alguien me pueda explicar por qué.  Los españoles están pidiendo a gritos que se defienda su Nación. Que es Una. Y la función del ejército es defender la integridad nacional y a los españoles. Que somos todos.

El problema es el “buenísimo” o el “tontísimo” del gobierno español,  porque ya no sé cómo llamarlo. El referéndum no nos ha pillado por sorpresa, el atentado de Barcelona quizás un poco más, pero la respuesta que se dio  fue premeditada. No a la alerta 5. No al despliegue militar en Cataluña. No solo era necesario para la seguridad ciudadana después de la continua amenaza terrorista, sino que habiendo sido un poco, solo un poco inteligentes, nos habríamos adelantado y habríamos evitado parte del problema que tenemos hoy. Es hora de que el gobierno se tome en serio a España, y es hora de que todos los españoles, no solo los catalanes, se sientan defendidos.

¡Visca Espanya y Viva Cataluña!

Miki Barañano
Ministra de Defensa de AOM

Fuente imagen: ABC

Molt bé. ¿Y ahora qué?

EXISTEN MUCHAS FORMAS DE SER Y SENTIRSE ESPAÑOL
Y TODAS ELLAS PUEDEN SER COMPATIBLES

Hablaba ayer con mi padre y comentábamos la posibilidad de celebrar en España un referéndum pactado. Creíamos que de ser posible tendría que contar con la participación de todo el país. El gobierno central cedería en cuanto a la celebración de dicha votación y los independentistas tendrían que ceder por dejar votar a todos los españoles sobre qué debería ser España. Coincidíamos ambos en que esto último no sería aceptado, descartando así cualquier intención de diálogo por parte de los secesionistas. Y aunque fuera una anécdota, aquella broma que se le gastó a Rajoy por la radio sirvió para demostrar que el presidente del gobierno estaba dispuesto a hablar con Puigdemont. Y también estaba dispuesto a escuchar con la invitación al Congreso que se hizo al President (que también rechazó). El papel del Ejecutivo en la anterior legislatura puede ser cuestionado pero no la falta de diálogo, y es que los nacionalistas siempre han condicionado todo a la celebración de un referéndum único en Cataluña o la amenaza de la independencia.

Dicho esto toca mirar al día después.

¿Qué opciones están sobre la mesa? Sean cuales sean deberán contar con una legitimidad total y no se me ocurre ninguna otra fórmula que una convocatoria de elecciones generales. Solo con la renovación de la confianza por parte de la ciudadanía se contaría con el apoyo necesario para poder avanzar. Y a pesar de que los últimos comicios generales están muy frescos y que costó una barbaridad formar gobierno, el destino de España necesita de nuevo que sus ciudadanos vuelvan a configurar un nuevo gobierno. Y a partir de aquí que hablen las campañas electorales y que los partidos lancen apuestas, pero ya pueden ir dando por descontado que ninguna propuesta contará con el nivel de aceptación con el que contó la Constitución de 1978, el mayor punto de encuentro de la población española en todos sus siglos de vida.

¿Una nueva Carta Magna? ¿Renovar la actual? Puede que se estén pensando en alternativas inimaginables para cualquier politólogo, sin embargo la convivencia pacífica a la que se deberá aspirar tendrá que ser duradera. Y va a ser extremadamente difícil.

Mi apuesta pasaría por una clara redistribución de las competencias. Creo que de todas las legitimidades la más evidente pasa por la autogestión de los recursos económicos, pero con un precio. Incluso siendo el país más descentralizado de la OCDE, la financiación autonómica aún tiene recorrido y una gestión de las propias finanzas incentivaría una eficiencia por parte de las comunidades. Las competencias que el Gobierno central debería recuperar serían la Sanidad, la Educación, la Cultura y la Defensa, como también la representación exterior de España y la Justicia nacional. Éste podría ser un marco que sirviera como punto de partida, simplificando muchísimo un proceso largo y complejo. A todo ello debería acompañar una gran campaña de propaganda de inclusión y no de exclusión. Más allá de comités ‘Marca España’ la involucración de todos con todos debe ser total, mostrando al conjunto de la población que existen muchas formas de ser y sentirse español y todas ellas pueden ser compatibles.

Tiempos difíciles para el futuro de España. Hace casi 40 años estuvimos muy a la altura y ahora necesitamos estarlo de nuevo.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM

¿Espanya ens roba?

EL PRINCIPIO QUE SIGUE LA SOLIDARIDAD INTERTERRITORIAL ES EL MISMO PRINCIPIO QUE RIGE LA PROGRESIVIDAD DE LOS IMPUESTOS

Uno de los múltiples argumentos que los independentistas de Cataluña utilizan como justificación para su referéndum ilegal es que España les roba: esto es, Cataluña contribuye con parte de sus impuestos a la financiación y el desarrollo de otras Comunidades Autónomas que no tienen su nivel de riqueza. Los independentistas hablan de expolio, y aunque las cifras no llegan ni de lejos a las que ellos argumentan, es cierto que Cataluña da más dinero del que recibe. Los partidarios de la independencia creen que si todo el dinero de Cataluña se destinase a Cataluña, en lugar de otras regiones, Cataluña sería más fuerte y próspera.

Quiero comentar dos cosas a este respecto. El primero es el hecho de que tres de los cuatro partidos que apoyan el referéndum en mayor o menor medida (Esquerra Republicana, la CUP y Podemos) no deberían, por coherencia, utilizar este argumento ni dejar que se repitiese mucho. Estos partidos apoyan subidas de impuestos a las rentas altas en aras de un aumento de la calidad de los servicios sociales y de la redistribución de la renta. A pesar de que alguna vez han comentado su desacuerdo con el lema, los cabecillas del movimiento nacionalista siempre lo han tocado muy de pasada, asegurándose que no se les vincula con él pero dejando que el argumento se use para reclutar nuevos seguidores a su causa.

¿Y por qué no deberían usar este lema? Porque el principio que sigue la solidaridad interterritorial es el mismo principio que rige la progresividad de los impuestos. Las personas que gozan de unas rentas más altas contribuyen más a las arcas del Estado que las que tienen rentas bajas, pero sin embargo tienen acceso a los mismos servicios sociales, y en ocasiones disfrutan de menos beneficios. Es decir, parte de su renta se dedica a la financiación y el desarrollo de la gente con rentas menos altas. Los mismos que exigen que Cataluña se autofinancie sin solidaridad pondrían el grito en el cielo si Cristiano Ronaldo o Messi exigiesen que en caso de necesitar un trasplante se les pusiese al frente de la lista porque pagan más impuestos que los demás.

El segundo punto que quiero comentar a este respecto es que, como comentaba Juan Ramón Rallo recientemente, la existencia del sistema de solidaridad interterritorial desincentiva a las Comunidades Autónomas a dinamizar su economía. Si Andalucía tuviese que funcionar únicamente en base a lo que recaudase desde 2020, por poner un ejemplo, y no se pudiese mantener el aparato autonómico actual, ya veríamos como se preocupa de fomentar el empleo privado y la dinamización de la economía, en vez de tener un porcentaje de empleados públicos 10 puntos superior al de la media europea, y con una jornada de 35 horas semanales, notablemente más corta que la de la mayor parte de los españoles.

El sistema de solidaridad interterritorial aunque bienintencionado, genera problemas, porque al final se tiene la sensación de que otras comunidades se aprovechan del trabajo de los territorios líderes en PIB. No comparto muchas cosas con los nacionalistas, pero reconozco que en este punto tienen razón, el Estado nos roba.

Gonzalo Aguilar
Ministro de Economía, Industria y Competitividad de AOM

La unión hace la fuerza

ANTE EL CONSTANTE RUIDO DEL SENTIMIENTO NACIONALISTA, CABE PARARSE A REFLEXIONAR ACERCA DE LAS REPERCUSIONES DE UNA RUPTURA DE CATALUÑA CON EL RESTO DE ESPAÑA EN LO QUE ACTUALMENTE ES LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE LOS CIUDADANOS: EL PARO.

Aunque muchas veces se intente tapar con distintas estratagemas lo que a los ciudadanos verdaderamente más les preocupa, las estadísticas y la propia calle hablan por sí solas. El barómetro del CIS de julio de 2017 recogía las principales preocupaciones de los españoles: el paro y los problemas de índole económico.

¿Hemos pensado realmente en las consecuencias que la supuesta independencia de Cataluña tendría? ¿Lo han podido valorar bien los catalanes? Y sobre todo, ¿les han dicho la verdad? ¿Qué pasaría con el empleo, que a tantos y tantos preocupa, si esta ruptura finalmente se produjera?

Pues bien, una de las primerísimas consecuencias de una situación de este calibre es la enorme inseguridad que provocaría. Y las empresas, más aún sus trabajadores, no son amigos de esta inseguridad. Grandes compañías asentadas en Cataluña maquinan ya sobre cómo proceder en el caso de que la declaración de independencia se produzca: dónde se asentarían, qué harían con sus trabajadores, qué relación tendrían con Cataluña… Toda estas preguntas aún están sin responder pero lo que sí sabemos es que muy posiblemente esa “huida” tendría lugar. Y qué decir de las ventajas de ser parte de un estado que pertenece a una comunidad como la Unión Europea: ¿la libre circulación?, ¿los menores impuestos y aduanas?, ¿la moneda? Son circunstancias muy atractivas (e incluso necesarias) para las empresas y, como siempre, al hablar de empresa hablamos de empleo. ¿Qué pasaría con los miles y miles de trabajadores que están empleados en compañías que se verían obligadas a huir?

Por otro lado, estas últimas semanas hemos oído hablar acerca de la caja única y de las pensiones en Cataluña. Lo que más me impresiona es la manipulación existente por parte del Gobierno catalán. No concibo por qué han de engañar y manipular datos acerca de algo que, según defienden ellos, es tan beneficioso. Y, sobre todo, que los catalanes y el resto de españoles deben conocer la verdad. El déficit de Cataluña en pensiones asciende a 4.700 millones de euros (cifra muy superior a la que recogía el informe del Govern). Cataluña es una comunidad que, como tantas en Occidente, tiene una tendencia demográfica muy concreta y peligrosa: el envejecimiento de la sociedad es cada vez mayor y esta situación se mantendrá durante muchos años. El informe presentado por la Generalitat recoge una confusa mezcla de conceptos, imprecisos e inadecuados, con datos calculados de manera incorrecta y con la ausencia de una previsión específica a largo plazo para paliar un déficit de tal calibre y para garantizar un futuro de las pensiones catalanas que cada vez serán más numerosas y con muy pocos trabajadores sustentándolas, en proporción. La caja única no perjudica a Cataluña y beneficia al resto de las dieciséis Comunidades Autónomas. No. Lo que hace es garantizar las prestaciones a todos y cada uno de los españoles, catalanes incluidos. Pensiones que, hoy por hoy, Cataluña de manera independiente no tendría posibilidad de mantener y que, dada la falta de previsión sobre cómo hacerlo en un futuro, tampoco están aseguradas.

Y ya para finalizar, si unimos cada una de estas cosas, nos encontraremos ante una situación compleja: una población cada vez más envejecida, un mayor número de pensiones al que hacer frente, empresas huyendo de Cataluña y menos trabajadores empleados con los que sustentar dicho sistema de pensiones, una reducción del comercio con el resto de España y de países miembros de la UE (y, por tanto, menos empleo).

La historia ha demostrado que la unión hace la fuerza y que cooperar y trabajar juntos siempre es beneficioso. Estamos en un mundo donde los territorios tratan de unirse para ser más fuertes juntos y no al revés. Tratemos de llegar a un punto común marcado por la legalidad, el respeto a los derechos de todos y, sobre todo, por la democracia. Sin duda el empleo de los catalanes estará mejor siendo parte de España y España estará mejor con Cataluña siendo parte de ella.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte II)

Retomando las palabras de la primera parte de mi artículo, yo pregunto: ¿Qué actos ilegales se han llevado a cabo y cuales han sido sus consecuencias? En primer lugar,  el pasado 6 septiembre se aprobó con 72 votos a favor, 11 abstenciones y la “huida” por indignación de los partidos PP, Cs y PSC, la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya presentada por las fuerzas políticas independentistas Junts pel Sí y la CUP en el Parlament el 4 de julio del 2017. La provocación y la burla no dejan indiferente a nadie con el uso de un procedimiento exprés que forzó el artículo 81.3 del Parlament con el objetivo de eliminar los trámites parlamentarios habituales. De esta manera, no sólo se podían presentar enmiendas durante unas escasas tres horas sino que no hubo posibilidad de recurso contra el Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalidad de la misma. La minuciosidad con que se llevó a cabo tiene sus razones: si se presenta un recurso se paraliza el proceso y, en ese caso, no se podría haber celebrado el 1-O. Lo ilegal cuanto más rápido mejor, a ver si se despistan los demás.

En segundo lugar, y también deprisa y corriendo antes de que al TC le diese tiempo de suspender la ley, se firmó el decreto de convocatoria del referéndum por el President junto a los trece consellers. Al día siguiente, nada más y nada menos, y pese a que el TC había suspendido la tramitación de la norma, se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, una ley que incluye decisiones sin compromiso del Estado español como “la doble nacionalidad española- catalana” para los empadronados antes de diciembre de 2016 después de la secesión. Ante ello, el Gobierno interpuso cinco recursos ante el TC, quién suspendió la ley de transitoriedad el día 12 de septiembre. El TC se reunió ese mismo día de urgencia para la suspensión de los primeros dos pasos.

¿Es cierto que está permitido por el Derecho Internacional? Empezando por la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 4.2, garantiza la integridad de los territorios de los Estado Miembro. A nivel de las instituciones, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión muestran ningún apoyo. Primero, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, recalcó que “Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE”. Segundo,  el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reitera la importancia del respeto a la ley y los tribunales nacionales en sus declaraciones: “ En Europa impera la fuerza de la ley, no la ley del más fuerte”. Además, recuerda que Cataluña debería someterse a un proceso de adhesión post-secesión que implicaría una votación unánime de los Estados miembros (artículo 49 TUE). Su ingreso en la UE no sucedería nunca pues el Estado Español votaría en contra.

Fuera de la UE, el Presidente de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) o Comisión europea para la Democracia por el Derecho, Gianni Buquicchio, ya respondió ala carta del Sr. Puigdemont el día 2 de junio que la comisión apoyaría el referéndum en el caso en que éste fuese acordado con el Gobierno español y si es conforme a la constitución nacional y a las leyes. Ni lo uno, ni lo otro. Además, y como explica el Abogado Francisco Rosa, el Derecho Internacional no ampara la autodeterminación más que para las colonias o en casos de violaciones de los derechos humanos. Una vez más, Cataluña no cumpliría estos requisitos. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat no cuenta ni con apoyos ni con instrumentos legales para permanecer en Europa ni para justificarse en el Derecho Internacional.

¿Qué instrumentos ha utilizado el Estado español para evitar este atentado contra la democracia? Las respuestas al desafío son principalmente por parte del poder judicial con persecuciones penales por parte de la Fiscalía, detenciones (como las de catorce organizadores), el cierre de la página web 1-O (aunque reabierta por Puigdemont el mismo día 13 septiembre), la investigación por uso fraudulento de los datos personales de los catalanes, la llamada a comparecer de alcaldes para declarar por el 1-O, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament presidida por Forcadell, por los que permitió la tramitación y aprobación exprés de las leyes nombradas anteriormente, la asunción por parte del Ministro de Hacienda y Función Pública de las cuentas de la Generalitat y, la más clara, la declaración del estado de excepción y, con ello, la suspensión de facto de la autonomía. La reacción de Puigdemont ha sido manipuladora, pues con este acto obtiene sus argumentos para acusar de totalitario al Gobierno español.

¿Qué es el estado de excepción? Antes de nada, el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados. Es el Gobierno quién debe declararlo, previa autorización del Congreso de los Diputados y por un máximo de treinta días.

¿Qué protocolo deben seguir los funcionarios catalanes en caso de recibir órdenes relacionadas con la convocatoria del referéndum? Poco después de las declaraciones del 27 de junio, multitud de funcionarios solicitaron al CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) instrucciones sobre como actuar ante estos casos para eludir responsabilidades. El CSIF indicó que deben pedir por escrito cualquier orden para advertir a la Administración de sus dudas sobre la legalidad. Si la legalidad es manifiesta, el protocolo recuerda el derecho y el deber de no acatar la orden y aconseja denunciarla ante la Policía, Fiscalía o órganos judiciales.

Con esta visión esquemática y general del referéndum, puede quedarnos claro la barbarie que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y con sinceridad me pregunto si el clan independentista, minoritario y radical, realmente se cree todas las mentiras con las que embauca a una población catalana que con esperanza cree en el cumplimiento de un ideal nubloso y contrario a todo lo que se puede denominar democracia. Sólo espero que la división de los españoles no sea una consecuencia demasiado indigesta que se añada en permanencia a los problemas que tenemos en España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM