Blog

El rapto de Europa

TOCA AVERIGUAR CUÁL DEBE SER ESE EQUILIBRIO
DE INTERVENCIÓN DE LAS ESFERAS EUROPEAS
EN NUESTROS PAÍSES Y NUESTRAS VIDAS

Acabamos ya un 2017 que entre otras muchas cosas ha sido el sexagésimo aniversario de los Tratados de Roma que dieron lugar, tiempo después, a la Unión Europea. Aquel proyecto puesto en marcha por Alemania, Francia, Italia y Benelux forma hoy uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la humanidad. Los 28-1 países que lo llevan a cabo entienden el mundo en una dirección clara de cooperación, humanismo y derechos. Sin embargo creo que se ha producido un gran robo: el rapto de la idea por esencia que debe ser Europa.

Hoy quiero hablar de la Unión Europea y de lo que debe significar para todos nosotros. Respeto las opiniones que consideran que el proyecto está en declive o aquellos que aman al continente incluso suplantando la identidad del propio país. Sin embargo, aborrezco ambos discursos porque reflejan claramente una ignorancia absoluta de nuestra historia de fronteras para adentro y para afuera. Ni salirse del proyecto es la solución, ni apostar siempre por la vía “europeísta” acaba con los problemas. Europa tiene que posicionarse como un elemento supranacional que vele por los intereses de sus ciudadanos, pero sin aspirar a cambiar los marcos culturales de los países. Y lo digo tanto para aquellos que piensan en referéndums y para los cuatro pelados que hay por ahí que han colgado la bandera azul con estrellas. Si no te han convencido más de 6 siglos la historia de España, no te va a seducir así de repente los casi 32 años que lleva nuestro país como miembro.

Este detalle es importante porque verdaderamente se produce un rapto de Europa cuando en la opinión pública internacional se escuchan mensajes tan contradictorios. Cerrarse puertas y no mostrar disponibilidad –es decir, racismo irracional– al resto de países puede ser tremendamente perjudicial. Presumir por otro lado de Unión cuando ni si quiera sabes cómo se llama el italiano que preside el Parlamento Europeo refleja incoherencia.

De este modo toca dar paso a averiguar cuál debe ser ese equilibrio de intervención (siempre mínima, por supuesto) de las esferas europeas en nuestros países y nuestras vidas. Desarrollar una defensa, un sistema judicial o una economía común debe buscar siempre el beneficio del europeo y no rellenar una carencia de discurso político. Cada uno de los distintos ministros de AOM podría facilitar una visión de su materia mucho más precisa que la mía, sin embargo, a grandes rasgos creo que la UE no puede ser ni el chivo expiatorio que tanto nos gusta en España ni el papá Estado que no queremos que sea el sistema español. Ayer mismo acudí al IV Foro que organizan El Confidencial y Pimco en el que algunas de las voces que acudieron, en concreto Dan Brown y Luis de Guindos, coincidieron en que un problema debe haber en la Unión cuando la gran mayoría de estados reclaman mayor autogobierno. Por cierto, de manera acertada desde mi punto de vista, ni el invitado británico ni los protagonistas españoles contemplaron la idea de una cultura europea común tan potente como la de cualquier de sus países miembros.

La idea de Europa deberá seguir creciendo, no hay duda, pero siempre aspirando a un equilibrio institucional y cultural.

Dicho esto, aprovecho para cerrar mi artículo con unas líneas en relación al futuro de este proyecto, de El Ala Oeste de la Moncloa. Después de dos años y casi 200 artículos tocará poner fin a esta aventura el próximo 31 de diciembre. Tendremos este último mes la oportunidad de aportar una última opinión, propuesta o comentario a la realidad española en todos sus ámbitos. Esperamos que podáis disfrutar un mes más de AOM y de las palabras de sus miembros.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM

¿El injusto Cupo Vasco?

EL MODELO FISCAL VASCO NO DEBERÍA ELIMINARSE, DEBERÍA APLICARSE EN TODA ESPAÑA

Esta semana el Congreso de los Diputados ha aprobado un nuevo cupo vasco que regule las relaciones fiscales entre Euskadi y el resto de España. En resumen, a cambio de las competencias no transferidas a la CCAA, las tres provincias vascas pagan a la Administración Central una cantidad acordada de antemano con el Estado sobre el total de los impuestos que han recaudado en su territorio. Esto marca una diferencia con el resto del país, donde la recaudación va al Estado, que es quién procede a repartirlo entre las CCAA de acuerdo con varios factores.

Hipotéticamente el cupo podría ser positivo o negativo para el País Vasco. Un año de buena recaudación le supondría obtener muchos más ingresos que la cuota que debe pagar, mientras que un mal año le dejará con deudas frente al Estado. En la práctica no es así, ya que la cuota se calcula sobre el tamaño económico que tenían las provincias vascas en 1982. Desde entonces Euskadi se ha desarrollado económicamente a un nivel superior a la media del resto del país, por lo que la cantidad que le toca pagar correspondería a una comunidad autónoma menos potente, lo que suele originar críticas por parte de los detractores del cupo, ya que argumentan que no respeta la solidaridad interterritorial que aparece en la Constitución.

¿Hasta que punto es injusto este sistema? La realidad es que es una competencia desleal con el resto de España, ya que Euskadi juega con unas reglas mucho más ventajosas. Sin embargo, el sistema, bien utilizado, puede tener mucho más sentido que el actual modelo fiscal autonómico. Establecer un cupo para cada Comunidad Autónoma cada cinco, diez o quince años en base a su nivel económico respecto al resto del país y pedirle que aporte en consecuencia, quedándose las cantidades que superen dichos importes puede estimular de verdad la economía. Si los gobiernos autonómicos tuviesen que preocuparse de generar empleo y estimular la economía veríamos esfuerzos reales por mejorar económicamente y atraer inversiones, y no la parsimonia y mantenimiento de las clientelas que se manejan en algunas Comunidades. Lo mejor de este sistema es que saldría ganando el ciudadano, porque si una Comunidad, agobiada por su bajo desarrollo económico, decidiese subir los impuestos, causaría un éxodo de inversiones al volverse menos atractiva que las Comunidades circuncidantes (por no hablar de que el partido gobernante posiblemente perdiese las elecciones), obligando de este modo a que el desarrollo económico estuviese basado en un crecimiento del poder económico y no en el aumento de la presión fiscal.

Es cierto que este modelo pondría en competencia a unas CCAA frente a otras, pero visto que el modelo actual no funciona, y crea desigualdades y tensiones, quizá convendría probar con una alternativa que obligue a un esfuerzo real. En cualquier caso, el plazo de revisión del peso de cada CCAA evita que una CCAA quede hipotecada para siempre, porque si se hunde económicamente, en no más de cinco años verá reducida la cantidad que tiene que aportar.

Una de las críticas que siempre se le hace al sector público es que derrocha el dinero al no sentirlo como propio. La amenaza de una menor financiación si las cosas no se hacen bien puede ser el estímulo necesario para que las acciones económicas redunden en el beneficio de todos los ciudadanos y no sólo en el de los miembros del partido en el poder.

Gonzalo Aguilar
Ministro de Economía, Industria y Competitividad de AOM

Un viejo conocido

HOY EN DÍA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE PENSIONES ESPAÑOL ESTÁ EN PELIGRO. TAMBIÉN  LO ESTÁ LA NATALIDAD EN NUESTRO PAÍS. ¿PODRÁN AYUDARSE LA UNA A LA OTRA?

Paseando por las calles de la ciudad belga de Gante podemos encontrarnos con una plaza en la que hay una farola un tanto especial. ¿En serio? ¿Una farola? Pues sí. Esta farola únicamente se enciende cuando nace un niño en la ciudad. Por desgracia, en estos meses viviendo aquí todavía no he tenido la suerte de verla encendida.

Todo ello me ha hecho caer en la cuenta del escaso número de niños que deben nacer en Gante cada día. Y, sobre todo, de que esta tendencia no se reduce sólo a esta pequeña villa, sino que es un serio problema que afronta nuestro país y que pone en riesgo no sólo el crecimiento económico sino el propio futuro de España.

Es evidente que todos los problemas de la economía española no se van a solucionar con una tasa de natalidad más elevada. La situación laboral en España tiene muchos frentes abiertos: la temporalidad del empleo, los bajos salarios, la gran tasa de paro (especialmente en los jóvenes, aunque cada vez mayor en personas a partir de los cincuenta años), la sostenibilidad del modelo de pensiones… Es en este último punto en el que me gustaría centrarme hoy.

El ratio cotizante/pensionista es el indicador que muestra cómo se encuentra precisamente esa sostenibilidad de la que oímos hablar tan a menudo. Los que hoy trabajan son los que hoy mantienen el sistema. El problema no es que los que tienen trabajo deban hacer frente a demasiadas pensiones porque, a causa del paro, haya pocos cotizantes. Esto es un problema, sí; pero, en realidad, es algo temporal que acabará por mejorar.

El verdadero problema es que, desde el punto de vista demográfico, la tendencia va efectivamente a peor y no parece haber un horizonte real de posible mejoría. Ya hay pocas personas activas, pero cada vez serán menos (y no precisamente por el paro). Y esto, unido a la gran esperanza de vida que hay en nuestro país (que, por cierto, es motivo de orgullo estar a la cabeza, después de Japón, otro año más), nos lleva a una situación un tanto delicada.

Parece algo muy básico, que todos sabemos desde hace tiempo. Pero, a pesar de ser un viejo conocido, no se están poniendo medios para impulsar esta tasa de natalidad que lentamente va decreciendo. El apoyo a la natalidad no es una solución completa, pero sí es un buen comienzo.

En un interesante artículo leí que ser el segundo país con la población más longeva del mundo no era “ninguna catástrofe”. El autor remarcaba que este factor, mientras la economía funcionara correctamente, no sería nunca problemático.

Defendía así que las dificultades demográficas en España no constituían un contrariedad de tal calibre: ni la baja tasa de natalidad ni el alto índice de envejecimiento. ¿Por qué? Porque mientras la economía funcionara bien, no habría problemas con el número de trabajadores. Y la posible carencia que hubiera podría verse paliada por la “importación” de mano de obra, que se vería atraída por las posibilidades económicas de este país, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

No rechazo este pensamiento. Pero sí pienso que lo que podamos ir haciendo nosotros desde aquí no debe dejar de hacerse. Que podemos empezar a poner medios propios para ir ganando terreno y seguridad.

Tarde o temprano la economía mejorará; pero en algún momento también empeorará, en menor o mayor medida. Los niños, en cambio, nunca van a ser algo negativo para la sociedad. Todo lo contrario: son el futuro y están llenos de potencialidad.

Desde un punto de vista muy utilitario, la economía y el empleo indudablemente se beneficiarían de ello. Y, ¿qué decir de lo que pueden aportar en un hogar, por ejemplo? Imaginemos precisamente a esa gran cantidad de abuelos españoles cuya alegría, en muchos casos, son sus nietos. Uno de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo es la soledad, que sufren especialmente los más mayores.

Apostar por la familia siempre será bueno: para todos, para la economía y para las pensiones. Comencemos y continuemos adoptando medidas que incentiven verdaderamente la natalidad y que faciliten la conciliación y la igualdad de oportunidades; aumentemos las ayudas a las familias, especialmente a las numerosas; facilitemos los trámites a la hora de adoptar; mejoremos la educación… Hay un amplio abanico de posibilidades desde las que actuar; no esperemos más tiempo.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

Ciberseguridad: ¿Estamos protegidos?

NO SE TRATA DE QUE VIVAMOS OBSESIONADOS CON QUE NOS OBSERVAN O CON QUE NOS ATACAN, PERO LA INFLUENCIA QUE EJERCEN LOS CIBERATAQUES EN EL PENSAMIENTO SOCIAL Y EN LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS PUEDE AFECTAR EL FUTURO DE NUESTRO PAÍS

Todos tenemos alguna red social. Todos pasamos mucho tiempo en Internet. Que si mirando Google o simplemente escuchando música en Youtube. Estamos constantemente conectados a la web e incluso, sin darnos cuenta, podemos tener el localizador encendido del móvil todo el día tras realizar una búsqueda en Maps. De esta manera, cualquiera puede ver lo que hacemos, con quién, cuándo y dónde. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se ha incorporado a nuestra vida cotidiana, queramos o no, y ha generado en todos nosotros una dependencia irremediable.

El ciberespacio es de fácil accesibilidad y no tiene fronteras para su acceso ni para sus peligros. Todos conocemos el ciberataque a Telefónica del pasado 12 de mayo. Pero, en esta generación tecnológica y globalizada, ¿podemos decir que estamos seguros?, ¿de qué corremos peligro? y, ¿cómo nos protege el Estado español ante las amenazas que plantean las nuevas tecnologías?

Primero de todo, debemos saber que los ciberataques pueden ser de muchas modalidades. Algunas de ellas son el ciberterrorismo, el ciberdelito/cibercrimen, el ciberespionaje o el hacktivismo y pueden proceder tanto de grupos terroristas, redes de crimen organizado, empresas, Estados o individuos aislados. De ahí su difícil prevención y detección.

Existen numerosos textos legislativos en España que hablan de la Seguridad Nacional y más concretamente de ciberseguridad. Muchas de las normas consolidadas en este campo están compiladas en el Código de Derecho de la Ciberseguridad. Asimismo, contamos con el Instituto de Ciberseguridad de España, también conocido como INCIBE y su principal centro, el CERTSI. El Plan Nacional de Ciberseguridad (PNCS), aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), constituye el primer nivel en la planificación de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional que, siguiendo las directrices generales de la misma, identifica de manera más exhaustiva los riesgos y amenazas. Tenemos el Informe Anual de Seguridad Nacional. Y, más concretamente, el ordenamiento jurídico español ha tenido en cuenta la aparición de una nueva generación de delitos con la aparición de internet. Los conocidos como “ciberdelitos”, que están tipificados como delito de daños en el Código Penal en su artículo 264.

La ausencia de una legislación armonizada en materia de ciberseguridad hace que el defensor (el Gobierno y las leyes) esté siempre por detrás del delincuente. Como dato esperanzador, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, ha reiterado que el Gobierno promoverá y apoyará el desarrollo de una política de ciberseguridad coordinada en la Unión Europea y en las organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa. También se incluyó como objetivo en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013 elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional, la cooperación de organismos, en especial entre el CERT de la Administración Pública del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (MCCD) y el CERT de Seguridad e Industria. Ahora sólo se requiere pasar de una mera teoría a una práctica más profunda.

Es evidente la necesidad de una cooperación a nivel europeo más eficaz. Lo vemos claramente, por ejemplo, con Rusia y su afán de influenciar por toda Europa en el voto popular con información falsa filtrada a través de las redes sociales. Como segundo dato esperanzador, el inicio de un trabajo conjunto por parte de la Unión Europea ya cuenta con la Directiva 2016/1148 de Parlamento Europeo y el Consejo, del 6 de junio de 2016, más conocida como Directiva sobre Ciberseguridad, Directiva NIS o SRI. Con esta directiva se pretenden definir las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes.

Por otro lado, existen instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, adoptado en Budapest el 23 de noviembre de 2001. Además, España también ha participado en Cyber Europe 2014, Organizado por la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) donde  participaron más de 29 países europeos.

No se trata de que vivamos obsesionados con que nos observan o con que nos atacan, pero la influencia que ejercen los ciberataques en el pensamiento social y en la opinión de los ciudadanos puede afectar el futuro de nuestro país. Esto lo deberíamos tener en cuenta asegurándonos de que la información que recibimos sea veraz. Y con mayor razón la que adquirimos a través de internet y las redes sociales en particular. Por ello, ahora es más importante que nunca que no sólo nuestros jóvenes sino todos los españoles, desarrollemos un pensamiento crítico y maduro con el que podamos tomar decisiones razonadas y sobretodo responsables.

Lejos de ser especialista en ciberseguridad, confío en todos los profesionales españoles que están especializados en este campo y que cada día, y sin que nos demos cuenta, trabajan para ser nuestro escudo. Tanto es así, y ya finalizando este artículo, he leído en el periódico La Vanguardia que, el miércoles 21 de noviembre de 2017 la Embajada de España en Bélgica organiza una jornada  de ciberseguridad en la que participan expertos de ambos países. Confío en que podemos defendernos y en que se incremente la protección por parte del Gobierno a la Administración Pública y a los ciudadanos y empresas privadas.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Se alquila

UNA VEZ APROBADO EL PROYECTO DE LEY QUE REDUCE LAS COMISIONES Y REFUERZA LA TRANSPARENCIA DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS, PARECE QUE EL MERCADO BANCARIO VA A PRESTAR MAYOR ATENCIÓN A LA HORA DE ACREDITAR SU DINERO. EN ESTE CONTEXTO, EL ALQUILER SE POSTULA COMO UNA ALTERNATIVA ATRACTIVA PARA EL INQUILINO.

Ya hablamos hace unos meses sobre el mercado inmobiliario y su tendencia y es ahora cuando el Gobierno da un paso adelante en la búsqueda de soluciones al problema de las hipotecas en España. Se trata de un problema complejo en el que intervienen muchos agentes y hay muchas partes implicadas. No es mi intención buscar un responsable o culpable en el fracaso de algunos acuerdos hipotecarios que han terminado perjudicando a clientes y/o entidades.

Históricamente en España la vivienda se consideraba un activo refugio, es por ello por lo que los españoles seguíamos fácilmente la tendencia a hipotecarnos, aunque supusiera una obligación mensual con el banco, nos reportaba cobijo “asegurado” y era una inversión que parecía interesante frente a otras menos conocidas. Con la renta fija en valores muy bajos, los depósitos bancarios próximos al 0% de interés y una renta variable difícil de precisar, la vivienda recobra protagonismo.

Por el contrario, es bastante reciente la crisis inmobiliaria y la explosión de la burbuja, por ello, no resulta un terreno recomendable para quien no puede hacer frente, con alta seguridad, a los pagos de la hipoteca. El Gobierno, en una búsqueda por reforzar la transparencia y reducir los gastos asociados a la modificación de los contratos hipotecarios, aprueba un Proyecto de Ley por el cual, entre otras cosas, se plantean:

  • Se abaratan las comisiones de amortización anticipada de los préstamos a tipo variable, hasta anularse a partir de cinco años.
  • Las comisiones por conversión de tipo variable a fijo se suprimen a partir del tercer año y se rebajan los gastos de notaría y registro.
  • El hipotecado recibirá asesoramiento gratuito del notario sobre el contenido del contrato durante los siete días previos a la firma.
  • Se amplía a nueve impagos o al 2 por 100 del capital el requisito para que la entidad financiera pueda iniciar la ejecución del préstamo.

Este paso, en contraste con la normativa todavía vigente, podría dificultar el acceso al crédito por parte de algunos clientes a los que sus entidades bancarias no quieran prestar dinero. Este Proyecto de Ley surge de una directiva europea aprobada en 2014 que pretende combatir una posible nueva burbuja inmobiliaria ante la apertura del grifo del crédito suscitada en cuanto comenzó la recuperación económica.

A todo esto hay que añadir que, siendo España un país a la cola de las estadísticas europeas en alquiler de vivienda, con un 22,2% de la población frente a un 30,7% de la media europea; y una continua subida de los precios del alquiler (un 13,5% en los últimos dos años). La modalidad del alquiler recibe además el apoyo por parte del Ministerio de Fomento tras la creación del nuevo grupo de trabajo que elaborará información y estadísticas oficiales sobre los arrendamientos.

Parece evidente que el mercado inmobiliario sigue mejorando y que cada vez se hace más viable la posibilidad de alquilar frente a la tradición española.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

La clave: que somos militares

DESDE EL MINISTERIO DE DEFENSA QUEREMOS RECORDAR QUE A PESAR DEL CIRCO QUE SE ESTÁ VIVIENDO AHORA MISMO, CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO SIGUE DESEMPEÑANDO SU LABOR PARA QUE ESPAÑA NO SE DEJE ARRASTRAR POR EL DESCONTROL INDEPENDENTISTA. SI EL GOBIERNO MANTIENE SUS FUNCIONES, MUCHO MÁS LO HACE EL EJÉRCITO, QUE EN LA SOMBRA, COMO CASI SIEMPRE Y SIN APENAS RECONOCIMIENTO, VELA POR LA SEGURIDAD PARA QUE NOSOTROS PODAMOS PREOCUPARNOS POR EL TEMA CATALÁN, O POR EL QUE QUERAMOS.

Si bien es cierto que el tema catalán ha de llenar todas las portadas, ya que no es poca la magnitud del asunto, no debemos por eso dejar de lado ni obviar noticias de igual, o incluso de mayor relevancia que la cafetería donde se vio por última vez al President en el exilio. Quizás sean un poco menos polémicas, pero desde luego, no menos importantes.

El pasado mes, y no es nada nuevo, hemos vivido una serie de incendios que han asolado gran parte de nuestro territorio. En la vigente Estrategia de Seguridad Nacional se describen los 12 riesgos y amenazas que ponen en peligro el bienestar de la sociedad. Entre ellos podemos encontrar asuntos que han dado más que hablar como terrorismo, migraciones irregulares o vulnerabilidad del espacio marítimo, pero también encontramos una sección entera dedicada a emergencias y catástrofes naturales. Para ello, y para una actuación más eficaz con cuerpos civiles, el Ministerio de Defensa creó la UME (Unidad Militar de Emergencia) que dentro del seno de las Fuerzas Armadas se presenta como una herramienta del Estado.

Los hechos los avalan, y sus actuaciones no dejan de darles credibilidad, y es que el ejército genera una confianza que no genera ningún otro cuerpo. La voluntad de servir está imprenta en su ADN. Alcañiz, Teniente General de la UME, lo explicaba en su última entrevista: “La clave es que somos militares, somos soldados. Eso, la gente lo tiene que saber interpretar. La preparación que tiene un soldado, la voluntad de servicio, la disponibilidad permanente durante los 365 días del año… son cosas que nos dan un plus.”

El ejército español es una forma totalizante de vida. De entrega y servicio. “Somos militares” dicen orgullosos los miembros de la UME. Su lema, Para Servir es el motor de las fuerzas armadas, y esta voluntad es la que les hace afirmar que el día que no sean soldados, no serán nada. Por eso, España tiene la suerte de contar con un cuerpo de seguridad que es a la vez un cuerpo diplomático. Pocos funcionarios públicos dan una mejor imagen en el exterior que la que da el ejército en cada una de sus misiones:

La presencia militar en el exterior es parte de nuestra Marca España, y es que desde la primera misión de paz en la que participó España hace 28 años en Angola, los militares desplegados a día de hoy alcanzan casi los 3500 efectivos en más de 20 misiones simultáneas. Las guerras han cambiado, y la misión del ejército hace mucho que dejó de ser la conquista por la grandeza, y empezó a ser la grandeza por el servicio. El famoso discurso del ex ministro Morenés de “enseñar a pescar” es un reflejo de esto.

Hoy, mientras nosotros seguimos con el monotema catalán, nuestros militares están en el Líbano, en Irak o en Afganistán, adiestrando a los ejércitos nacionales para vencer la amenaza terrorista. Están en el cuerno de África luchando contra los piratas somalíes y adiestrando a los recién nacidos ejércitos africanos; están trabajando para la OTAN para controlar a Rusia o para ayudar a Turquía contra Siria; están en una misión conjunta de marinas en Australia; siguen verificando el proceso de paz de Colombia; presencia en Ecuador… Y por supuestísimo, con presencia permanente en Europa: España está a la cabeza de una Defensa Común Europea y nuestro ejército formará parte de La Fuerza de Respuesta Rápida de la UE.  Ya formamos parte de la “Misión Sophia”,  que lucha contra las mafias de inmigración o con ayuda a países aliados cuando se necesite, como hace unos meses en los incendios de Portugal.

Y es que, si tenemos la suerte de debatir día y noche sobre los catalanes es gracias a nuestro ejército, que lleva de manera tan discreta su labor, que hacen que nos olvidemos de otras realidades, todavía más graves. Y es que si nosotros hablamos de lo que hablamos, es porque ellos luchan por lo que luchan.

Miki Barañano
Ministra de Defensa de AOM