Se alquila

UNA VEZ APROBADO EL PROYECTO DE LEY QUE REDUCE LAS COMISIONES Y REFUERZA LA TRANSPARENCIA DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS, PARECE QUE EL MERCADO BANCARIO VA A PRESTAR MAYOR ATENCIÓN A LA HORA DE ACREDITAR SU DINERO. EN ESTE CONTEXTO, EL ALQUILER SE POSTULA COMO UNA ALTERNATIVA ATRACTIVA PARA EL INQUILINO.

Ya hablamos hace unos meses sobre el mercado inmobiliario y su tendencia y es ahora cuando el Gobierno da un paso adelante en la búsqueda de soluciones al problema de las hipotecas en España. Se trata de un problema complejo en el que intervienen muchos agentes y hay muchas partes implicadas. No es mi intención buscar un responsable o culpable en el fracaso de algunos acuerdos hipotecarios que han terminado perjudicando a clientes y/o entidades.

Históricamente en España la vivienda se consideraba un activo refugio, es por ello por lo que los españoles seguíamos fácilmente la tendencia a hipotecarnos, aunque supusiera una obligación mensual con el banco, nos reportaba cobijo “asegurado” y era una inversión que parecía interesante frente a otras menos conocidas. Con la renta fija en valores muy bajos, los depósitos bancarios próximos al 0% de interés y una renta variable difícil de precisar, la vivienda recobra protagonismo.

Por el contrario, es bastante reciente la crisis inmobiliaria y la explosión de la burbuja, por ello, no resulta un terreno recomendable para quien no puede hacer frente, con alta seguridad, a los pagos de la hipoteca. El Gobierno, en una búsqueda por reforzar la transparencia y reducir los gastos asociados a la modificación de los contratos hipotecarios, aprueba un Proyecto de Ley por el cual, entre otras cosas, se plantean:

  • Se abaratan las comisiones de amortización anticipada de los préstamos a tipo variable, hasta anularse a partir de cinco años.
  • Las comisiones por conversión de tipo variable a fijo se suprimen a partir del tercer año y se rebajan los gastos de notaría y registro.
  • El hipotecado recibirá asesoramiento gratuito del notario sobre el contenido del contrato durante los siete días previos a la firma.
  • Se amplía a nueve impagos o al 2 por 100 del capital el requisito para que la entidad financiera pueda iniciar la ejecución del préstamo.

Este paso, en contraste con la normativa todavía vigente, podría dificultar el acceso al crédito por parte de algunos clientes a los que sus entidades bancarias no quieran prestar dinero. Este Proyecto de Ley surge de una directiva europea aprobada en 2014 que pretende combatir una posible nueva burbuja inmobiliaria ante la apertura del grifo del crédito suscitada en cuanto comenzó la recuperación económica.

A todo esto hay que añadir que, siendo España un país a la cola de las estadísticas europeas en alquiler de vivienda, con un 22,2% de la población frente a un 30,7% de la media europea; y una continua subida de los precios del alquiler (un 13,5% en los últimos dos años). La modalidad del alquiler recibe además el apoyo por parte del Ministerio de Fomento tras la creación del nuevo grupo de trabajo que elaborará información y estadísticas oficiales sobre los arrendamientos.

Parece evidente que el mercado inmobiliario sigue mejorando y que cada vez se hace más viable la posibilidad de alquilar frente a la tradición española.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

No se paga más por ser catalán

DESPUÉS DE LA AMENAZA SECESIONISTA POR PARTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL GOBIERNO CENTRAL DEBE ENFRENTAR POSIBLES CONSECUENCIAS EN ÉSTA Y OTRAS COMUNIDADES. CEDER ANTE EXIGENCIAS NO FUNDAMENTADAS NO PARECE LA RESPUESTA QUE DEBA TOMAR EL EJECUTIVO.

Estoy absolutamente de acuerdo en la “plurinacionalidad” que caracteriza a España, las diferencias que existen entre comunidades, provincias y comunidades vecinales. Considero que es parte de la riqueza que tenemos y que es un error buscar nuevas diferencias con el único fin de dividirnos. Defiendo la conservación de esas diferencias en cultura, historia y lengua, así como en muchas otras áreas, pero distinguiendo el respeto y la protección frente a la intolerancia y la imposición.

Tal como sucede en otros ministerios, soy partidario de que desde Fomento se trasladen competencias a las autonomías, nadie mejor que los dirigentes que viven en un área determinada a la hora de comprender las necesidades requeridas. Sin embargo, hay competencias que desde mi punto de vista son únicas y exclusivas del Gobierno Central. Por ejemplo, que este obligue a defender el catalán, el euskera y las demás lenguas cooficiales, así como otras no oficiales como el asturiano o el aragonés, al mismo tiempo que protege el castellano como lengua principal.

Las comunidades autónomas de España, dentro del ordenamiento jurídico estatal, están dotadas de cierta autonomía legislativa con representantes propios, y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Últimamente se habla mucho de la posibilidad de establecer una España federal. La realidad es que lo podemos llamar como queramos ya que, el hecho de ser un estado federado no implica tener una mayor descentralización de las competencias, y si es así, que alguien me explique el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que creo que ayudaría es tener un Senado que fuera efectivamente una cámara de representación territorial, algo que, desde mi punto de vista, no tenemos ahora mismo.

Las competencias más importantes que comparten nuestras comunidades se refieren a educación, sanidad, cultura y lengua, ordenación del territorio y urbanismo. Es cierto que algunas comunidades, como el País Vasco y Navarra, disponen de un poder y una autonomía fiscal más extensivos que el resto. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Cataluña coincide con las otras 14 al compartir la gestión de impuestos con el Gobierno Central, recogiendo por ejemplo sus propios impuestos de patrimonio y sucesiones, una parte del IRPF y un 50% del IVA y otros impuestos como el especial sobre el alcohol.

En un país en el que está más que asumido el hecho de que una persona con mayores ingresos pague, no sólo más impuestos si no un mayor porcentaje de IRPF, no entiendo como el principal argumento para independizarse es la oposición frente al principio de solidaridad entre comunidades. No me cansaré de repetirlo, no pagan más por ser catalanes, si no por tener mayores ingresos. Si tan convencidos están de semejante injusticia, que exijan al Govern una bajada de los impuestos sobre los que sí tienen autoridad.

Por otro lado, y para aprovechar la fecha de publicación de este artículo (siendo yo “no partidario” de acudir al artículo 155 para disolver el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña), viendo los últimos movimientos, prefiero que sea Rajoy quien suspenda la autonomía de Cataluña antes de que lo haga Puigdemont.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

Visca Catalunya

BUSCAR LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE QUE UNA PARTE DE LOS ESPAÑOLES NO SE CONSIDEREN ESPAÑOLES TAMBIÉN ES OBLIGACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL. EXPLICAR LOS MOTIVOS DE UNA RUPTURA FORZADA POR UNA PARTE DE LA POBLACIÓN TAMBIÉN ES OBLIGATORIO PARA CON EL RESTO DE ESPAÑOLES.

No es fácil plantear las posibles consecuencias tanto para el resto de España como para Cataluña si se produjera finalmente la independencia, sin embargo, es obligatorio esforzarse en encontrar lo que es bueno para el conjunto de los ciudadanos y trabajar por ello.

Estoy absolutamente a favor de una consulta catalana sobre qué es lo que mueve a aquellos que se sienten una nación diferente y a aquellos que se consideran españoles. De esta forma, podríamos encontrar aquellas realidades que nos unen y nos separan. Sería simplemente un ¿Sí/No? ¿Por qué? / Per què? Sin embargo, tenemos miedo a las preguntas y pavor a las respuestas. No imagino al señor Mariano Rajoy prestando atención a aquello que nos separa. Ni mucho menos al Presidente de la Generalidad de Cataluña, don Carles Puigdemont, repasando los motivos que nos unen.

Argumentos históricos, culturales, lingüísticos, económicos o sentimentales serían algunos de los más utilizados. Pensar que Cataluña se debe independizar porque tiene un origen que no es común al resto de España, llevaría a separar a su vez Cataluña en pequeñas naciones ya que, según que fecha elija cada uno, cada pueblo tendría motivos para crear un nuevo país. Y, cuando pase el tiempo que “alguien” estime necesario, si España y Cataluña llevan el “suficiente” tiempo unidos, ¿se terminará el argumento histórico? ¿Quién decide ese tiempo? ¿Por qué no cuando estaban los fenicios y existía ya el término i-spn-ya? ¿Con los visigodos o la España árabe dónde estaba Cataluña? Si por otro lado el argumento es cultural, no se puede debatir contra quien no quiere entender que, respetando y salvaguardando culturas propias y ajenas, el enriquecimiento social es superior.

Si la lengua es un motivo de peso, espero que no importen los acentos…nos encontraríamos con numerosos países ingestionables dentro de España. Peor aún, si por el contrario sucede que el uso de una lengua delimita fronteras, en unos años habrá tres países en el mundo: España, Inglaterra y China, Dios quiera que por ese orden. Económicamente no soy un experto en la balanza de pagos ni en el resultado del principio de solidaridad entre comunidades, pero estoy seguro de que en nuestra historia común ha habido decisiones que han impulsado el crecimiento económico de la comunidad catalana. Desde el punto de vista del Ministerio de Fomento, las inversiones en infraestructuras clave como el aeropuerto de El Prat, el puerto de Barcelona, el Corredor del Mediterráneo, las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad entre Madrid-Barcelona o Barcelona-París con transporte de pasajeros y mercancías, no podrían ser respaldadas con la misma fuerza desde un Gobierno Autonómico sin subir los impuestos o reduciendo en otras partidas. No creo que los catalanes paguen más por ser catalanes si no porque son más ricos (aunque no esté de acuerdo en la distribución de impuestos de nuestro país, no es el tema que nos ocupa).

Contra argumentos sentimentales no encuentro replica posible, simplemente trabajar para, si en algún momento lo fueron, recuperar a esa parte de los españoles que también es imprescindible.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

Menos impuestos, menos leyes, más control y más libertad

EL SECTOR DE LOS TAXISTAS SE VE AMENAZADO POR LOS DISRUPTIVOS NEGOCIOS COMO UBER Y CABIFY. COMO YA SUCEDIERA EN CONOCIDOS CASOS COMO NAPSTER O BLABLACAR, EL NUEVO ENFRENTAMIENTO OBLIGA A LAS AUTORIDADES A TOMAR PARTIDA EN ESTE DILEMA.

Por poner en contexto el enfrentamiento se remonta a la llegada de Uber y Cabify a España. En aquel momento, el Ministerio de Fomento aseguró que el modelo de negocio que Uber había implantado en otros países no iba a ser legalizado en España. El motivo principal era que se consideraba competencia desleal ya que los costes (por licencias y seguros principalmente) eran notablemente superiores en el sector tradicional.

Uber intentó su defensa basándose en que ofrecían una solución tecnológica y no un servicio de transporte, sin embargo, se vio obligada a parar su actividad después de que fuera ordenado el cierre de su página web y se anunciaran multas por incumplimiento de la ley.

El siguiente paso fue crear y regular el número de licencias de VTC (Vehículos Turismo con Conductor) que serían exigidas a los conductores de empresas como Uber y Cabify, situando el ratio en 30 licencias de taxi por cada 1 VTC. Según los propios datos del Ministerio, este ratio se ha superado hasta llegar al 1:12 (5.400 VTC por las 67.000 de taxis). Otra de las exigencias de los taxistas es exigir mayor control a los conductores de los VTC a la hora de recoger clientes en las calles ya que, según está regulado, solamente pueden realizar los servicios que han sido previamente contratados a través de la plataforma y siempre a una distancia superior a 100 metros de las llamadas “zonas de influencia” según la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Frente a esto Uber se defiende alegando que, en el caso de ser cometida esa infracción, sería responsabilidad del propio conductor y no de la empresa. Cabe recordar que estos problemas existían antes que las propias plataformas y ya hubo casos de intromisión de “taxistas pirata” en zonas concurridas como el aeropuerto de Madrid o Barcelona.

Después de la última reunión que Iñigo de la Serna ha mantenido con las CCAA y algunos ayuntamientos, el Ministro se ha reafirmado en su posición de hacer cumplir la ley y buscar una solución al problema del ratio taxis-VTC, centrando los esfuerzos en evitar el monopolio y especulación de las licencias concedidas. Unauto VTC (portavoz de Uber y Cabify) defiende que si quieren competir en las mismas condiciones deberían exigir a los taxistas que las licencias fueran personales e intransferibles para evitar que un “licenciado” pueda subarrendar la licencia y obtenga ganancias sin trabajar. Además, Eduardo Martín, presidente de Unauto, reclama que se excluya al taxi del sistema de módulos que “permite que un taxista no pague ni 1.000 euros al año en impuestos mientras que una VTC con una actividad similar paga 9.000 euros.

Leyendo recientemente sobre este tema, encontré algunos artículos serios y no tan serios sobre la cuestión. Uno de los segundos proponía defender una huelga de carteros debido al incipiente uso de otros canales de comunicación como el e-mail o WhatsApp. De nuevo, un amplio sector de nuestro país, apoyado por algunos partidos políticos, quiere luchar a favor de la igualdad de condiciones, condiciones a la baja. Si yo tengo estos problemas, lo justo es que el de al lado también; si no los tiene, los creamos.

En mi opinión esta situación es consecuencia de unas barreras de entrada tan grandes que ha impedido el acceso a nuevos competidores. El haber limitado competencia ha permitido que no hayan necesitado implementar la innovación tecnológica que ahora traen los nuevos proyectos.

Si bien no quiero alentar a los españoles a incumplir la ley, sí me gustaría proponer un cambio en la regulación. Una vez más, buscando liberalizar ambos sectores: reducir el coste de las licencias por ambas partes, que sean personales e intransferibles y fijar un seguro mínimo que debe contratar el conductor, siendo el cliente conocedor del mismo.

En un futuro no muy lejano parece que vamos a enfrentar nuevos ejemplos como los supermercados sin cajeros, las sucursales bancarias que desaparecerán, etc. Entre todos debemos trabajar para crear más y mejores puestos de trabajo en los cuales esos profesionales aporten a la cadena de valor. Siempre, desde mi punto de vista, en un contexto en el que el Ministerio legisle y el mercado decida.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

Cómo liberalizar un sector

UNA VEZ MÁS, ANTE LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL MANDATO DESDE BRUSELAS, EL GOBIERNO SE ENFRENTA AL MONOPOLIO DE LA ESTIBA DE LA ÚNICA FORMA EN LA QUE PARECE HABER ENCONTRADO SOLUCIÓN, EL REAL DECRETO LEY.

Tiempo después, sigo sin comprender por qué el Partido Popular no atajó el problema del monopolio hace unos años cuando contaba con mayoría absoluta. Lo que está ocurriendo ahora en el Congreso me hace pensar que ningún partido político habría sido capaz de enfrentar este problema de no ser por la obligación impuesta por nuestros “superiores”, lo cual deja claro que solamente actuamos cuando nos dan donde duele, en el dinero.

Existen muchas incógnitas alrededor de la negociación, poca información sobre el contenido real de las reuniones y sobre posibles acuerdos; más allá de los rechazos públicos por ambas partes, no podremos saber cómo se está desarrollando la solución.

Según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) y en boca de su coordinador general, Antolín Goya, se pretende “liberalizar el sector y despedir a los estibadores portuarios con fondos públicos para colocar a otros en unas condiciones mucho menos atractivas para los trabajadores y mucho más rentables para las empresas, que lo único que pretenden es obtener mayor amplitud de beneficios”. Al preguntarle sobre si la sentencia es clara, Goya acusa al Gobierno de realizar un Expediente de Regulación de Empleo encubierto financiado por la Administración. Con este segundo decreto solamente se acercan posturas en el aspecto de la formación de los trabajadores, pero no están satisfechos ya que no se garantiza el empleo de los actuales trabajadores. Seguramente yo no entienda por completo lo que significa “liberalizar un sector”, pero abogar por la continuidad de los trabajadores con las condiciones monopolísticas anteriores es, desde mi punto de vista, oponerse radicalmente a las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE. Todavía no he conocido sector liberal en el cual el puesto de trabajo esté garantizado gubernamentalmente (y más con las condiciones laborales del sector de la estiba).

No me canso de leer noticias, pero no encuentro propuestas por parte del Coordinador, simplemente rechazos a cada uno de los decretos (a pesar de que se le haya planteado la opción de reconvertir el sector con ayudas públicas que ascenderían a 120 millones de euros). Si tu causa fuera justa nos harías ver a los demás que se está cometiendo una injusticia, pero sigo sin verla, me tendré que conformar con otra huelga.

Mientras tanto, más allá de buscar soluciones al conflicto, depositarán sus esfuerzos en pedir al resto de partidos políticos que rechacen el decreto redactado desde el Ministerio. “Nuestra prioridad no es la huelga, es la negociación”. Haciendo un acto de fe, me he sumergido en la RAE quién, en una de sus acepciones, nos enseña que negociar implica “tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro”; señor Antolín, si su prioridad es realmente esa, procure realmente un mejor logro.

No sé si este nuevo decreto será bien recibido en el Congreso, lo que estoy seguro es que los partidos políticos de la oposición no traerán mejores soluciones o propuestas ya que el voto negativo no exige justificación.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

¿Qué les falta?

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ALCANZAR UN ACUERDO, EL GOBIERNO SE HA VISTO OBLIGADO A SACAR ADELANTE AL REAL DECRETO QUE TERMINARÍA CON EL HERMÉTICO MONOPOLIO DEL SECTOR DE LA ESTIBA. EL CONGRESO ECHA ABAJO LA PROPUESTA CON 175 VOTOS EN CONTRA, 142 A FAVOR Y 33 ABSTENCIONES

Una vez más, en un acto en favor de España y en busca de la igualdad de todos los ciudadanos, PSOE y Ciudadanos se han interpuesto ante la posibilidad de acabar con el monopolio de la estiba. Recogiendo el lema de campaña de nuestro maravilloso expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, “Merecemos una España mejor” (y seguramente la merecíamos, aunque probablemente después de su paso, añorásemos la anterior) el PSOE nos ha vuelto a defender. También supongo que Ciudadanos estará de acuerdo en modificar las cosas antiguas, “la política heredada del franquismo”, (tiempo pasado del cual procede el monopolio de la estiba) y bajo el lema “Tiempo de Acuerdo, Tiempo de Cambio” han decidido rechazar la propuesta.

Incluso, un partido tan abierto, transparente, democrático y que no impone el voto a sus congresistas, ha reconocido un error. Iñigo Errejón, según ha confesado él mismo y la portavoz parlamentaria del partido, Irene Montero, ha abogado por la abstención cuando el partido había decidido el “No”.  Se explicaba así: “Llevamos todos los días dando la tabarra con el voto en contra e, incluso, pasando lista para que no faltara nadie que claro que me he equivocado”, tomándose con humor su error en la red social preferida del partido morado.

Le daré un voto de confianza al ex número dos de Podemos y confiaré en que él sí se ha leído la propuesta del Partido Popular, siendo su error enfrentarse a Pablo Iglesias y no el haberse decantado por la abstención. Si fuera así, Iñigo habría leído los motivos del Decreto: tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se condena al Reino de España por el régimen legal en que se desenvuelve el servicio portuario al imponer que las empresas deban participar en el capital de una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) y contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente.

Las fórmulas propuestas recogen que las propias empresas estibadoras contraten libremente a sus trabajadores (como el resto de empresas españolas) y la posibilidad de crear una reserva de trabajadores gestionada por empresas privadas que funcionen como agencias de empleo.

Además, se propone un periodo transitorio durante los próximos tres años, para que se permita un cambio ordenado, facilitando que los trabajadores de las SAGEP conserven sus derechos laborales preexistentes. Con este fin, se asegura el pleno respaldo financiero de la Administración. También, para que puedan subsistir las SAGEP, se establece la obligación de que las empresas requieran a los trabajadores de SAGEP en un porcentaje decreciente con el transcurso del tiempo, empezando en un 75%. Terminado ese período transitorio, las SAGEP podrán continuar con su actividad en el régimen de libre competencia (¡Qué injusticia, por eso respaldamos la huelga!).

Como ha señalado el propio Ministro de Fomento, si los partidos hubieran tenido propuestas claras de mejora, habrían tenido suficiente con exigir la tramitación del mismo como proyecto de ley (ya que contaban con la mayoría suficiente), introduciendo en el texto las enmiendas que hubieran considerado oportunas. Albert Rivera se ha defendido alegando que su decisión no se debe a discrepancias con el texto si no al momento escogido. No será porque en vistas de la votación del resto, ha preferido no ponerse del lado del PP. Total, da igual, la multa la pagamos todos ¿no?

¿Se habrá votado en contra del decreto o en contra del PP? ¿Quién defendía el “enchufismo”, los privilegios de unos pocos y los resquicios de la España Franquista? Le recomendaría a Rajoy que, por el bien de todos, como el Congreso vuelve a no coincidir en un punto aparentemente sencillo, el próximo 3 de mayo disuelva las Cortes y convoque elecciones, a ver si los españoles nos ponemos de acuerdo.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM