El mejor gol de Cristiano Ronaldo

PUEDE DUDARSE DEL GRADO DE CULPABILIDAD EN BASE A SI CRISTIANO RONALDO SABÍA BIEN LO QUE ESTABA FIRMANDO, PERO EL PORTUGUÉS, A DIFERENCIA DE MESSI, NO TIENE UN PADRE DISPUESTO A ASUMIR TODA LA CULPA E IR A LA CÁRCEL POR ÉL

Es noticia estos días la denuncia de la Fiscalía contra el portugués Cristiano Ronaldo por evasión de impuestos. Al parecer, mediante la cesión de sus derechos de imagen a empresas extranjeras (explicado aquí), el futbolista no tributaba ante la Hacienda española por este concepto. La cantidad que se estiman defraudadas por el jugador del Real Madrid es de 14,7 millones de euros y se enfrenta a una multa por el doble de ese valor, además de una condena de cárcel de entre 7 y 20 años.

Hasta aquí, todo normal. Cristiano Ronaldo no es el primer futbolista que se encuentra con problemas ante Hacienda, aunque si el que se ha encontrado con problemas más graves. En su cara a cara particular con Lionel Messi, habría defraudado unas cantidades muy superiores a las del argentino, que ya fue condenado a 21 meses de cárcel. De confirmarse los hechos, a Cristiano Ronaldo le debería caer en buena lógica una pena superior, lo que implicaría pena de prisión casi obligada.

Cristiano Ronaldo es un gran goleador, y uno de los grandes de la historia del fútbol, pero su mejor gol no le ha dado ningún título a su equipo ni le ha dado un Balón de Oro para su colección. El mejor gol de Cristiano Ronaldo es tener convencido a todo un país de que no hay manera de que vaya a la cárcel, pese a haber cometido un fraude fiscal masivo. Hasta tal punto esto es así, que los titulares de los periódicos especulan con su marcha, no con su encarcelamiento.

España es un país tan completamente dominado por el fútbol que la posible condena de Cristiano es casi una cuestión política, mereciendo hasta declaraciones de ministros. Aficionados del Real Madrid que critican los 400.000 euros defraudados de Monedero defenderán la inocencia del luso, y los que clamaban contra el palco del Bernabéu por las causas abiertas del Barcelona no verán una mano negra desde el palco del Camp Nou. La cuestión no es si se ha cometido un fraude fiscal, y con ello un perjuicio a todos los contribuyentes, la cuestión es que le conviene más a mi equipo de cara a la próxima temporada.

Esta actitud puede ser entendible en los aficionados. Después de todo, la vida del español medio se ve más afectada por los goles de Ronaldo (sea para celebrarlos o lamentarlos) de lo que se vería afectada por su condena. Donde no es permisible es en las autoridades. El señor Tebas, presidente de la Liga, ha salido defendiendo la inocencia del portugués, como en su día defendió la de Messi, lo que supone una falta de respeto a la Fiscalía. Cuando alguien está denunciado por fraude fiscal, inocente no es. Puede dudarse del grado de culpabilidad en base a si Cristiano Ronaldo sabía bien lo que estaba firmando (aunque quien cede sus derechos a una empresa de las Islas Vírgenes difícilmente puede alegar ignorancia), pero el portugués, a diferencia de Messi, no tiene un padre dispuesto a asumir toda la culpa e ir a la cárcel por él. Con la admirable labor que se ha realizado en la Liga reduciendo las deudas de los clubes con Hacienda, deberían vigilarse más este tipo de declaraciones.

Gonzalo Aguilar

Made in China

SI DE VERDAD SE QUIERE MEJORAR LA ECONOMÍA NACIONAL Y HACER MÁS COMPETITIVA LA INDUSTRIA PROPIA, SE TIENE QUE BUSCAR QUE LAS EMPRESAS SE QUEDEN PORQUE SEA MÁS VENTAJOSO QUE MARCHARSE, NO PORQUE LA OTRA ALTERNATIVA SEA ARTIFICIALMENTE PEOR

Donald Trump y Marine Le Pen, con sus diferencias, tenían un punto común en sus programas. Ambos defendían el mantenimiento de las fábricas en sus respectivos países frente a la deslocalización al extranjero. Aunque Le Pen llegó a la ronda final, no le sirvió para alcanzar el Elíseo, pero Donald Trump se convirtió en el presidente de los Estados Unidos con este punto como uno de sus mensajes clave.

Ahora bien, ¿qué es la deslocalización, y por qué puede movilizar tanto a un país? La deslocalización consiste en trasladar la producción de la empresa al extranjero. Puede darse por muchos motivos: alto coste salarial del país o menores regulaciones laborales por ejemplo, pero el motivo de fondo es que la empresa reducirá sus costes al trasladar la producción. Una de las consecuencias directas de la deslocalización es que los obreros de la fábrica perderán su empleo, y por ello son un objetivo predilecto de los políticos más populistas.

El objetivo de toda empresa es ganar dinero. Esto es cierto tanto para las pequeñas tiendas familiares como para grandes conglomerados multinacionales. Sin embargo, una empresa familiar, al estar en unas pocas manos, puede decidir renunciar a parte de los beneficios a cambio de proporcionar beneficios sociales, como una mayor retribución a los empleados o menores precios. Una gran empresa tiene miles de accionistas, cada uno con su propia idea de negocio, y su único común denominador es la voluntad de ganar dinero con su inversión.

Un buen CEO es el que proporciona el mayor valor posible a los accionistas. Puede emprender acciones de RSC o mejorar las condiciones de los empleados, pero todo tiene que ser con el mismo fin de aumentar el beneficio de la compañía. Un CEO que renuncie a beneficios pero mejore la sociedad a cambio, será muy loable como persona, pero un irresponsable como gestor, porque ni es su dinero, ni es su empresa, ni es la misión para la que se le ha contratado. Para mejorar la sociedad sin preocuparse por el lucro propio ya existe un tipo de sociedad, y las empresas no deberían jugar a ser ONGs si no es esa su denominación social.

Habiendo establecido que las empresas están para ganar dinero y que la deslocalización ahorra costes, mejorando el beneficio, ¿es posible retener a las fábricas en los países desarrollados? Creo que es posible, pero no sin un sacrificio por parte de alguna de las partes.

La manera más sencilla es imponer sanciones en forma de tasas a la importación. Este método no reduce costes, sino que aumenta el coste de producir en el extranjero por encima de lo que costaría producir en el país. Si la empresa no puede mejorar su resultado deslocalizando fábricas, trasladará el coste a los clientes, aumentando el precio. Si esto no es posible y los márgenes son estrechos, quebrará.

Otra manera es la creación de una conciencia social que empuje a boicotear a las empresas que no produzcan el país, o comprar sólo productos fabricados en suelo nacional. Lo que busca provocar este método es que la reducción de ingresos como consecuencia de la deslocalización acabe provocando pérdidas mayores que el mantener la fábrica en el país.

En ambos casos, lo que se busca no es mejorar las condiciones de la empresa o incentivar a que se quede, sino hacer que la otra alternativa sea mucho peor, y desincentivar la marcha. Es la estrategia del miedo y del palo, no de la zanahoria.

Si de verdad se quiere mejorar la economía nacional y hacer más competitiva la industria propia, se tiene que buscar que las empresas se queden porque sea más ventajoso que marcharse, no porque la otra alternativa sea artificialmente peor. Recompensar al que se quede, no castigar al que se marche.

Aunque el método exacto puede adoptar medidas muy diversas, una manera muy sencilla de recompensar es mediante una rebaja en los impuestos. Otorgar deducciones por empleo nacional, o incluso una tasa impositiva menor para las empresas cuya cadena de valor sea íntegramente española funcionaría mucho mejor como incentivo para la empresa que cualquier boicot o huelga.

El sacrificio, así, lo realizaría el Estado, reduciendo su recaudación. A cambio, mantendría empleos y el nivel de precios, mejoraría la economía, y haría viables empresas que en la situación anterior no lo eran. Si a cambio el precio es reducir el aparato estatal, y dejar más dinero en manos de los ciudadanos, es un intercambio ventajoso.

Gonzalo Aguilar

Tear down the wall

LAS TASAS Y BARRERAS NOS PERJUDICAN A TODOS

En una de las noticias más comentadas del último año, el presidente Trump proponía la construcción de un muro en la frontera que comparte Estados Unidos con México, pagado por este último país. Ante la evidente dificultad de que México consienta en pagar la construcción de un muro entre ambos países, Trump barajaba varias opciones, entre ellas la creación de una tasa especial a la entrada de productos mexicanos.

Si no pasamos de un análisis simple, no parece tan mala idea. Si México introduce productos en Estados Unidos, tasar con un porcentaje del precio al exportador implicará una mayor recaudación de impuestos a costa de un país extranjero. Esa recaudación extra se podría dedicar a la construcción del muro, y los ciudadanos estadounidenses no tendrían que pagar las obras.

La realidad es bien distinta. Como cualquier autónomo podrá decir, muchas veces los márgenes de beneficio de las empresas son muy estrechos (y eso cuando hay beneficios). Una subida del coste a la hora de poner a la venta un producto podría acabar con los beneficios, por lo que en muchas ocasiones el exportador tendrá que subir el precio. Y si el ciudadano estadounidense está pagando más dinero por el mismo producto, y el exportador está ganando una cantidad similar¿quién está pagando el muro al final?

El problema del proteccionismo es que es un regalo envenenado. A todos nos suena muy bien: estimular la producción nacional, comprar productos españoles, fomentar la industria propia… Hay gobiernos que intentan seducir al pueblo con promesas de poner tasas a las importaciones extranjeras, de impedir la deslocalización de fábricas, de acabar con tratados de libre comercio que perjudican el mercado nacional. El ejemplo más extremo de estos casos son los países comunistas, como Corea del Norte, donde prácticamente no hay comercio exterior. Lo que tienen en común todas las medidas proteccionistas es que favorecen al productor nacional a cambio de perjudicar al consumidor. Y por muchos productores que haya, consumidores suele haber más.

Pongamos un ejemplo, un productor de acero para vigas. Un productor nacional vende vigas por un precio de 10.000, y un productor americano las vende por 9.500. Si son de la misma calidad las empresas constructoras encargarán las vigas al productor extranjero, al ser la alternativa más barata. Si se pone una tasa de importación del 10%, subiendo el precio de la viga extranjera a 10.450€, los constructores contratarán al productor nacional, porque pasa a ser la opción menos costosa.

¿Quién ha ganado en este caso? El productor nacional sigue siendo más ineficiente que el extranjero, sigue sin ofrecer una mayor calidad, pero gana volumen de negocio. Es más ineficiente, pero se le recompensa. Sin embargo, las empresas constructoras están pagando más dinero por el mismo bien. Como en el ejemplo que abre este artículo, es posible que ese sobreprecio se acabe traspasando al cliente final (un edificio necesita de varias vigas, por lo que al final el sobreprecio es bastante superior a 450). En este caso, veríamos como, por una medida impulsada para proteger a la industria nacional, todos los compradores del mercado inmobiliario acabarían subvencionando la ineficiencia del productor nacional.

El proteccionismo es un arma de doble filo. Sus defensores argumentan que al permitir crecer al productor nacional, se le da la opción de crecer, ser más competitivo y poder llegar a crear una industria propia que no necesite de barreras para ser sostenible. En un entorno nacionalista podría ser un argumento defendible, pero la realidad es que no se está perjudicando únicamente al productor extranjero, se perjudica también a todos los consumidores nacionales que tienen que pagar más por los mismos bienes. Al no tener incentivos para mejorar la calidad o reducir el precio, el productor nacional seguirá siendo más ineficiente que el extranjero. Los únicos que ganan son el gobierno, al recaudar una tasa extra que antes no obtenía, y el productor nacional, al que subvencionan su ineficiencia.

Gonzalo Aguilar

España penaliza el ahorro

EL CAMINO HACÍA LA RIQUEZA DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DE DOS PALABRAS: TRABAJO Y AHORRO

Comentaba recientemente el expresidente José María Aznar que creía necesaria una reforma completa del sistema fiscal español. La principal petición que hacía, dentro de una completa remodelización de la fiscalidad española, era la de bajar el IRPF y subir el IVA. No teniendo nada que objetar a la primera parte de su mensaje, me llamó la atención que Aznar pidiese la subida del IVA, pero bien pensado, si se adoptasen estas medidas obtendríamos un sistema fiscal más justo y libre.

El IVA es un impuesto que grava el consumo. La mayor parte de las transacciones que podemos realizar en nuestro día a día están gravadas por el IVA: desde la compra del pan por la mañana a la comida en un restaurante, desde la compra de una camiseta en Zara a una revista. Sabiendo que el IVA se paga en base a los bienes adquiridos, está claro que pagará más IVA quien consuma bienes o servicios por un valor mayor. Paga más IVA el que compra 10 entradas de cine que el que compra una, al igual que paga más el que compra un ordenador de última generación frente al que compra un portátil antiguo por liquidación de existencias.

El IRPF, por el contrario, grava la renta. Este impuesto también es progresivo, al gravar más al que más ingresa. Además, el IRPF es progresivo de dos maneras: al estar basado en porcentajes, paga más IRPF quien más ingresos declare, y este efecto se amplifica por la existencia de tramos (a partir de determinadas cifras, para todas las cantidades superiores se aplica un porcentaje más alto). Para entenderlo mejor, el sueldo medio español en 2016 fue de 26.259 euros. Este sueldo tendría una retención del 19% por los primeros 12.450 euros, una retención del 24% por la cantidad entre 12.450 euros y 20.200 euros, y una retención del 30% por la cantidad entre 20.200 euros y 26.259 euros. Estas cifras son aproximadas, dado que existen numerosas excepciones y contratos que alteran los tipos, pero este es el funcionamiento básico del impuesto.

Como se puede ver, el IRPF no depende del gasto que realice el ciudadano. Por el mero hecho de ganar dinero, el Estado recibe el impuesto. Si el ciudadano no decide consumir nada y ahorrar todo lo que pueda, seguirá pagando la misma cifra de IRPF, salvo que varíen sus ingresos. Aquí no hay discrecionalidad, no hay ninguna libertad a la hora de decidir qué cifra queremos pagar. El IVA, sin embargo, afecta sólo a aquellas personas que deciden consumir. El que no quiera consumir, porque su preferencia sea el ahorro, paga efectivamente menos impuestos que el que se gasta todo su sueldo la semana que cobra.

El IVA es un impuesto neutral para las preferencias de ahorro y consumo. Afecta a todos por igual con independencia de sus ingresos, y por eso puede verse con recelo desde algunos sectores, pero la realidad es que es tan progresivo como el IRPF, porque los mayores consumidores pagan más IVA, y los mayores consumidores suelen coincidir con los que más ingresan. Es cierto que Amancio Ortega paga el mismo IVA por una barra de pan que cualquier otro español, pero posiblemente los gustos y consumos del empresario gallego sean bastante más caros que los que se puedan permitir personas en otra situación económica.

La realidad es que un sistema fiscal basado en los ingresos o propiedades, frente a uno basado en el gasto, lo que hace es penalizar el ahorro, porque obliga a tener un gasto fijo que quizá no sea deseado por el ciudadano. Total, el que se quiera gastar todo el sueldo cada mes se lo va a gastar igual, pero el que prefiriese ahorrar la mayor parte del mismo verá como su capacidad de ahorro se reduce cuanto mayor sea el gasto fijo (las retenciones del IRPF).

Volviendo al origen de este artículo, la idea del expresidente Aznar apoya la libertad económica del ciudadano. No poseo las herramientas para hacer los cálculos que determinen que porcentajes hay que variar de los dos impuestos para que la recaudación se mantenga constante, pero suponiendo que se ajustase para que la cifra recaudada por el Estado fuese la misma, sería una distribución de la carga impositiva más justa, no pagarían ahorradores por consumidores.

Gonzalo Aguilar

La muerte tenía un precio

“EN ESTE MUNDO NO HAY NADA SEGURO, SALVO LA MUERTE Y LOS IMPUESTOS”, BENJAMIN FRANKLIN

Durante el mes pasado hemos asistido a una polémica política a cuenta de los impuestos que se pagan en cada CCAA. En la reciente Conferencia de Presidentes Autonómicas ha surgido una queja desde las filas del Partido Socialista: Susana Díaz, junto con otros barones del PSOE, ha pedido la armonización del Impuesto de Sucesiones en las distintas CCAA. Piden igualdad ante la ventaja impositiva con que cuenta Madrid, acusando a la capital de dumping y competencia desleal. La polémica viene a cuenta de la diferencia entre comunidades autónomas, ya que algunas, como Andalucía, defienden la existencia del impuesto, mientras que otras, como Madrid, prácticamente lo han eliminado.

¿Cómo funciona este impuesto? El Impuesto de Sucesiones grava las transmisiones de patrimonios en caso de herencia. Es decir, para poder acceder a un patrimonio del cual se nos haya declarado herederos, hay que abonar una parte del valor neto de dicho patrimonio a la Administración Pública. En el caso de herencias en metálico, es incómodo y molesto tener que pagar una parte de lo heredado, pero no pasa de ahí. En el caso de una herencia que se limita a un inmueble, puede provocar que el heredero renuncie a la herencia por no poder pagar el impuesto. En otros casos, los padres herederos renuncian a la herencia en favor de sus hijos, para evitar un segundo pago del impuesto cuando sean estos los herederos.

Lo que la señora Díaz pretende exigiendo una armonización fiscal, bajo la excusa de la igualdad, es justificar sus propias ineficiencias. Si la comunidad que preside lidera la clasificación de pobreza en España, y su partido ha estado gobernando esa comunidad desde que la memoria alcanza, quizá el problema está en casa, y no en la malvada política fiscal madrileña. Ahogar a los andaluces con impuestos y pretender ocultarlo aumentando los impuestos de los demás muestra un gran cinismo. No deja de ser curioso que pidan que ser iguales a Madrid cuando las CCAA de régimen común tienen las mismas posibilidades a la hora de fijar su régimen fiscal. Andalucía tiene la libertad de poner sus impuestos al nivel de Madrid, y con el clima, la increíble oferta cultural y la industria turística que existe, tiene las bases para ser un motor económico del país. California, con un clima similar al de Andalucía, es el motor de la innovación en EEUU. Con las ventajas fiscales apropiadas, Málaga, Almería o Cádiz podrían ser el Silicon Valley de España. Sin embargo, el PSOE andaluz prefiere ver enemigos en las comunidades que tratan mejor a sus ciudadanos, en vez de buscar mejorar la vida de los andaluces.

Madrid es la capital, pero ese no es el motivo de su bonanza económica. El centro financiero de EEUU es Nueva York, y el de innovación, California. Washington puede ser la capital, pero eso sólo le da estatus político, no económico. La capital de España es una ciudad cara, superpoblada, contaminada, helada en invierno e infernal en verano, desconectada de las rutas comerciales marítimas y no goza de una posición privilegiada respecto a Europa como Bruselas o Barcelona, así que algo debe tener para ser un motor económico. Es simple, Madrid atrae empresas porque su fiscalidad es atractiva. El crecimiento económico viene dado por las empresas, y si se quiere crecer y aumentar la prosperidad, se les ha de proveer con un marco legal y fiscal atractivo que les haga sentirse cómodas.

Lo que la presidenta autonómica debería hacer, en vez de quejarse de los bajos impuestos de los madrileños, es pensar cómo puede conseguir que las empresas fijen su sede en Andalucía. Claro que para ello tiene que competir con el resto de CCAA. Cuando una empresa tiene su sede en una ciudad, elige la que le será más beneficiosa, pero esta libre competencia no parece gustarle al PSOE. Uno piensa por qué no proponen la armonización a la baja, pero claro, a lo mejor eso supone que tienen que bajar partidas para “cursos de formación” o el PER. Y es que algunos andaluces, particularmente si votan al PSOE, son más iguales que otros.

Gonzalo Aguilar
Ministro de Hacienda y Función Pública de AOM

¿Despejar la X de la Iglesia?

SOBRE LA CASILLA DE LA IGLESIA EN EL IRPF Y SU EXTENSIÓN A OTRAS CONFESIONES
 
La casilla de la Iglesia. Una vez al año, cuando se acerca la declaración de la renta, nos vemos inundados de información y opiniones al respecto. Por un lado, anuncios televisivos pidiendo que marquemos la x, recordando la labor social de la Iglesia; por otro, artículos y campañas clamando contra la financiación de la religión por parte de un estado supuestamente aconfesional.
 
¿De dónde viene este debate? ¿Por qué la Iglesia tiene este privilegio? A muchos les sorprenderá saber que esta asignación tributaria no es una concesión del legislador, sino que se trata de un tratado internacional entre dos estados. Como resultado de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, el Estado español pone a disposición del contribuyente la posibilidad de apoyar con sus impuestos al sostenimiento de la Iglesia Católica. El funcionamiento es simple: en la declaración de la renta se posibilita marcar una casilla con una x para que el 0,7% de nuestro IRPF vaya a las arcas de la Iglesia. La declaración de la renta sólo admite otra posibilidad, dedicar el 0’7% a fines sociales. Estas dos casillas son compatibles entre sí, de tal manera que se puede marcar una, ninguna, o ambas, en cuyo caso dedicaremos el 1,4% de nuestros impuestos a estos fines.
 
La Iglesia Católica es la única confesión que goza de este privilegio, pero no la única que lo desea. Otras confesiones, como la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Federe), ya han solicitado disponer de una casilla propia, aunque el Ministerio de Hacienda ha denegado dicha posibilidad, basándose en la falta de un acuerdo que lo posibilite. No se deniega la casilla por razón de la religión, sino porque no hay una base legislativa que lo permita. No hay que olvidar que la asignación tributaria a la Iglesia Católica es un acuerdo internacional con otro estado soberano, el Vaticano. Aparte de permitir la existencia de la asignación, el Acuerdo también proporciona cierto blindaje a la Iglesia, ya que romper un Acuerdo Internacional no es tan sencillo como revocar un decreto, y puede dañar la credibilidad del país en el escenario internacional.
 
No hay que olvidar que la asignación tributaria a la Iglesia Católica
es un acuerdo internacional con otro estado soberano, el Vaticano
El Ministerio de Justicia ha propuesto ampliar la casilla a las confesiones de notorio arraigo en España (un estatus jurídico que se puede solicitar, paso necesario y previo a la posible firma de acuerdos). No puedo estar más de acuerdo con esta decisión. Siempre que se respeten los trámites legales necesarios, lo que hace la casilla es dar más libertad al contribuyente. Nadie obliga a marcar la casilla y contribuir a la financiación de una confesión religiosa. El que no esté de acuerdo con financiar a la Iglesia lo tiene fácil, basta con no marcar la x. Ni un céntimo de su dinero se dedicará a financiar a la Iglesia. Los críticos de la medida se retratan en su anticlericalismo al reclamar la eliminación de la casilla (no les vale con no dar, exigen que nadie pueda tener la posibilidad de hacerlo), en vez de reclamar su extensión a otros conceptos (por ejemplo, la posibilidad de que ese 0,7% vaya a labores humanitarias en zonas de guerra, I+D+i, cooperación internacional, atención a refugiados, o la financiación de escuelas en países del tercer mundo, por citar unos cuantos que se me ocurren).
 
Es muy raro encontrar una persona que esté satisfecha con los impuestos que paga (y las que lo están, rara vez están satisfechas con los impuestos que pagan los demás), pero personalmente estaría más contento si tuviese alguna libertad en cuanto a los conceptos a los que va dirigido mi dinero. Igual que a otras personas no les gusta la posibilidad de financiar a la Iglesia, a mí no me gusta laobligación de financiar el iPad con el Candy Crush de los diputados, las obras de titiriteros enalteciendo al terrorismo, cabalgatas (ya sean de reyes o del orgullo gay), cursos de masturbación,  subvenciones a sectores ineficientes o la televisión pública (cuya labor ya cumple sobradamente la televisión privada). Para todos estos conceptos no existe una x, y los estamos financiando todos los españoles lo queramos o no.
 
Preferiría que este dinero se emplease en otras labores, como una mayor asignación a sueldos de profesores y médicos, fomento del arte, restauración de los monumentos públicos, subvenciones a la compra de vehículos eléctricos o, simplemente, recortes de impuestos y que cada ciudadano se gaste su dinero como le dé la gana. Lamentablemente, no tengo una x que marcar que me permita esta libertad.
 
Gonzalo Aguilar