La organización ministerial (II)

HAY QUE TENER CUIDADO CON EL AUMENTO DE LA PLANTILLA FUNCIONARAL EN LAS

ÉPOCAS DE CRECIMIENTO, PORQUE EN LAS RECESIONES LAS OPORTUNIDADES DE
DISMINUCIÓN DE LA MISMA SON REDUCIDAS

Con el desbloqueo a la investidura de Mariano Rajoy gracias a la abstención del Partido Socialista, España vuelve a tener algo más que un presidente interino. Con la XII legislatura vienen cambios en los nombres propios del Gobierno y en su organización, varios ministros han dejado su puesto, y algunas áreas han cambiado de Ministerio. Una de estas restructuraciones afecta al Ministerio que me incumbe, renombrado como Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Qué supone este cambio? En la práctica, implica que la relación con las Comunidades Autónomas ha pasado a manos del Ministerio de la Presidencia. Aclarados los cambios que ha experimentado este Ministerio, puedo seguir con el tema que quería tratar.


El mes pasado comenté los detalles de la organización ministerial, describiendo los puestos más comunes de cada Ministerio y sus tareas principales. Comentaba que un aumento de la masa funcionarial podía generar problemas de gasto para el Gobierno. El miedo subyacente que tenía al escribir esas palabras era que el Gobierno entrante se decidiese por una estructura ministerial similar a las de José Luis Rodríguez Zapatero. Un aumento de Ministerios, si se pretende mantener la calidad en los actuales, pasa forzosamente por un aumento de la masa funcionarial, y con el país en recuperación no es el momento de asumir más compromisos de gasto.

Que nadie se tome esto como un ataque a los funcionarios. En nuestro sistema de gobierno los funcionarios son totalmente necesarios. La sociedad española no puede funcionar sin policías, jueces, profesores, barrenderos, médicos y muchos otros. Hay una gran cantidad de profesiones dedicadas al servicio público que contribuyen al bienestar del país. El problema es que la bolsa de la que sale el sueldo de los funcionarios es el Estado. En cualquier empresa privada las contrataciones tienden a suplir las necesidades de la empresa. Una época de bonanza y expansión provocará que la empresa contrate más empleados, pero años malos pueden conllevar despidos. Es decir, cuando la empresa tiene problemas estructurales ajusta su plantilla, y cuando tiene necesidades la aumenta, consiguiendo la supervivencia o el crecimiento. En el Estado español despedir a un funcionario es una tarea realmente difícil, que requiere de unas causas objetivas bastante más graves de lo que supondría el despido en cualquier empresa privada. En la práctica, esto significa que hay que tener cuidado con el aumento de la plantilla funcionarial en las épocas de crecimiento, porque en las recesiones las oportunidades de disminución de la misma son reducidas. Las pocas herramientas de ajuste de las que se dispone son el cese de ofrecimiento de plazas, la congelación de salarios, y el simple paso del tiempo que lleve a la jubilación de los funcionarios.



¿Cuál podría ser una solución? Un sistema mixto de empleo público, mediante el cual la mayor parte de los empleados públicos tuviesen un contrato laboral estándar sujeto a las mismas condiciones que los empleados de una empresa privada cualquiera, y por el que sólo una pequeña parte, quizá los cargos más técnicos, tuviesen la categoría de funcionario. Esto desprotegería a los funcionarios, dotándoles de menor seguridad en su trabajo, pero proporcionaría un enorme alivio al Estado. No hay que olvidar que los funcionarios están al servicio del Estado, no al revés, y no hay un motivo claro por el que necesiten una protección mayor que la que ya ofrece la legislación laboral, más allá de que todo el mundo prefiere no poder ser despedido.

¿Cómo podría implantarse este sistema? Hay una cosa clara, que es que los funcionarios que ya tienen esa categoría no pueden ser desposeídos de su categoría y protección. Por tanto, la única manera de implantarlo consistiría en aplicar los cambios en las sucesivas convocatorias de plazas. La transición duraría cerca de 40 años, hasta la jubilación de los últimos funcionarios del régimen actual, pero esta manera salvaguardaría los privilegios de los funcionarios actuales a la vez que le daría un balón de oxígeno al Gobierno en épocas de crisis.

Gonzalo Aguilar

La Organización Ministerial (I)

SE HAN VISTO CASOS DE MINISTROS CON UNA FALTA DE PREPARACIÓN EVIDENTE,
PUES SU ÚNICO MÉRITO CONSISTÍA EN HABERSE AFILIADO AL PARTIDO DE JÓVENES

Una de las maneras mas comunes de organizar el gobierno de un país consiste en que el Jefe de Estado esté apoyado por una serie de colaboradores, encargado cada uno del manejo de un área funcional del Gobierno. En España, estas áreas son conocidas como Ministerios, y sus titulares son los Ministros. El número de Ministerios y los asuntos que tratarán son una decisión política del Presidente del Gobierno, que decidirá según quiera enfatizar unos u otros aspectos de su legislatura. Actualmente existen 13 Ministerios, pero han existido más en legislaturas pasadas (como los 17 de la IX legislatura).
Ahora bien, ¿cómo se organiza un Ministerio? El Ministro tiene por debajo de si una serie de órganos que le ayudarán a cumplir su gestión. Aunque los Ministerios pueden tener entes adscritos que dependan de ellos, me voy a centrar en la organización personal del mismo. La organización más normal es que existan varias Secretarias de Estado, coincidentes con las áreas temáticas del Ministerio. Así, en Hacienda y AAPP existen la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de AAPP, y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. A cargo de estas Secretarías están los Secretarios de Estado. Al mismo nivel de un Secretario de Estado se encuentra el Subsecretario, encargado de la Subsecretaría. La Subsecretaría se encarga de los servicios generales del Ministerio, como apoyo técnico, asesoramiento y otros.
Por debajo del Secretario de Estado se encuentran los Directores Generales, a cargo de una Dirección General, áreas que concretan aspectos de la Secretaría de Estado. Pueden tener por debajo Subdirecciones Generales. Por último, del Subsecretario puede depender un Secretario General Técnico. Por debajo de estos órganos existen otros menores, hasta completar la jerarquía con los funcionarios de menor nivel.

Aumentar la masa funcionarial en épocas de bonanza puede convertirse en un problema en épocas de crisis
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¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos cargos? Existen dos categorías, los nombramientos políticos y los profesionalizados. El nombramiento de un Ministro o un Secretario de Estado es un acto discrecional, y se suele atender principalmente a motivos políticos. Estos puestos son los encargados de llevar a realización las ideas del Gobierno, y por ello se buscan personas afines, que no han de ser necesariamente expertos de gestión en los campos de su ministerio. Por ello, hemos visto casos de ministros con una falta de preparación evidente, pues su único mérito consistía en haberse afiliado al partido de jóvenes.
El resto de cargos (Subsecretario, Director General, Director General Técnico, Subdirector General y los que existan por debajo en la jerarquía) exigen un requisito de profesionalización. Se requiere cierto grado de profesionalización además de una carrera funcionarial, salvo el caso de los Directores Generales, que pueden provenir de la empresa privada.

Como podemos ver, un Ministerio es un ente tremendamente complejo. Encargarse de un área de administración de un país tan grande y complejo como España no es una tarea fácil. Requiere elaborar planes de actuación, coordinarse con las 17 CCAA y los demás Ministerios, obtener la financiación necesaria, y ejecutarlos. Por ello se necesita una gran cantidad de personal para conseguir efectividad en su trabajo. Sin embargo, una organización demasiado grande puede suponer una carga muy pesada para el Estado, puesto que la mayor parte de los empleados del Ministerio son funcionarios. Debido a la dificultad de despedir a un funcionario, aumentar la masa funcionarial en épocas de bonanza puede convertirse en un problema en épocas de crisis. Este tema será el objeto del que hablaré el próximo mes.
Gonzalo Aguilar

El forofismo en los asuntos públicos

EL FRAUDE FISCAL ES UN PROBLEMA GRAVE QUE AFECTA A
TODOS LOS QUE PAGAN IMPUESTOS, Y POR TANTO DEBERÍA
TRATARSE CON OBJETIVIDAD Y RIGOR, NO CON FOROFISMO

Rojos o fachas. Católicos o anticlericales. Centralismo o autonomías. Taurinos o antitaurinos. Tortilla hecha o poco hecha. Incluso en las cuestiones más triviales resulta sencillo dividir a España en dos bandos irreconciliables. Una de esas rencillas, puede que la más famosa, y desde luego la más internacional, es la rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Esta rivalidad, que tiene una profunda base política de fondo, a veces sobrepasa los límites de la lógica, y afecta a la percepción de noticias con importancia real. Basta con ver el diferente tratamiento del caso Messi según el medio leído. Messi ha sido condenado en primera instancia por un delito de evasión fiscal, lo que le ha conllevado una fuerte multa y 21 meses de prisión, que difícilmente serán pedidos por el juez, al no haber antecedentes o riesgo de fuga. Pues bien, para un bando era culpable antes de empezar el juicio. Se puede ver una tendencia en noticias de este mismo mes, en las que parece que los jugadores de cierto club tienen una mayor proclividad a cometer fraude fiscal, pero esa misma recopilación ignora casos como los de Iker Casillas, famoso por jugar en el equipo favorito de la redacción. El caso Mascherano no ha sido tan famoso como el caso de Messi, pero siendo similar al de Xabi Alonso, ha tenido una difusión mucho mayor.

Y si todo lo demás falla, Messi siempre puede echarle la culpa al sistema. Fuente: Wallpaercrave.com
Para el otro bando, Messi ha sido prácticamente un inocente engañado por la oscura ingeniería fiscal de sus abogados. Su club, el Barcelona, incluso lanzó una campaña en una red social con el hasta #todossomosmessi. Es entendible que se quiera defender al empleado estrella, imagen del club, y actual balón de oro, pero uno no puede ignorar que el Real Madrid no ha tenido campañas de #todossomosbenzema. Es especialmente sangrante que el Barcelona defienda a un condenado por evasión fiscal cuando el club respalda la política separatista de “España ens roba”. Parece que está bien evadir impuestos si eres futbolista, pero está mal redistribuirlos si va para regiones menos desarrolladas.

Hay que saber separar las cosas. No hay que alegrarse si a Messi le absuelven, ni entristecerse si no tiene pena de cárcel. El fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, dijo Valdano, y como algo trivial, no deberíamos juzgar los casos criminales bajo las gafas del forofismo particular. Importa bastante más el hecho de que la Hacienda Pública no sea estafada que el que Messi pueda meter un gol o dejar de jugar durante un año. El juez no es un árbitro de un partido, y la condena o absolución no es un título más para las vitrinas del club. La evasión fiscal está por encima de eso, ya que se trata de un delito que por su naturaleza afecta a todos los contribuyentes. Cuando un futbolista evade impuesto -cuando cualquier persona evade impuestos-, los perjudicados somos todos los habitantes del país. El caso Messi todavía no ha sido resuelto, ya que está en curso la apelación, pero los medios deberían informar de los contecimientos, y no incluir sus preferencias o fobias particulares en la valoración y difusión de los hechos. Messi puede ser culpable o puede ser absuelto, pero eso dependerá de la opinión del juez y de las pruebas que pueda aportar Leo a favor de su inocencia.

Y si todo lo demás falla, Messi siempre puede echarle la culpa al sistema.

A vueltas con el IVA

ES HORA DE BAJAR EL IVA E INCENTIVAR EL CONSUMO.
SOBRECARGARLO DE COSTES ES MATAR LA RECUPERACIÓN
El IVA es el principal impuesto indirecto en España. Los impuestos indirectos gravan la demostración de riqueza. Esto quiere decir que, en este impuesto, el Estado no recauda en base a los ingresos (como el IRPF o el IS) o en base al patrimonio, sino que el hecho imponible ocurreal adquirir algún bien o servicio, al consumir. Los que deben soportar el impuesto son los consumidores finales, aunque las encargadas de su liquidación serán las empresas que ejercen de intermediarias en el proceso.

El IVA tiene tres tipos: el tipo normal, el reducido, y el superreducido. Los dos últimos sólo se pueden aplicar a determinados bienes y prestaciones de servicios, pero el Gobierno tiene una potestad amplia a la hora de fijar la cuota de cada tipo. La Unión Europea pone unos mínimos del 15% para el tipo normal y del 5% para el tipo reducido, siendo el tipo superreducido una especialidad de España.

El tipo general del IVA ha subido de manera constante desde su introducción en España en 1986. Comenzando en un 12%, en 2010 se produjo la primera subida en 14 años, pasando al 18%. En 2012 este porcentaje volvió a aumentar hasta el 21%. Es decir, en un espacio de poco más de dos años se aumentó el IVA en un 5% en su tipo general y un 2% en su tipo reducido (hasta el 10%). Estas subidas fueron causadas por la caída de la recaudación consecuencia de la crisis económica.
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Recaudación del IVA según la base de datos del Ministerio

¿Cómo afectaron estas subidas a la recaudación del impuesto? En 2010, ante una subida del 2% del tipo general, aumentó en 16.000 millones, pero en 2012 ante una subida mayor (3%) apenas aumentó en 1.500 millones. La subida entre 2011 y 2012 ya había sido de 1.100 millones, por lo que apenas tuvo efecto más allá del crecimiento interanual. Con la recuperación del PIB la recaudación ha aumentado, pero ya nos situamos en niveles de recaudación superiores a los anteriores a la crisis, y a pesar de ello los tipos no se han reducido. El PIB de 2015 está en un nivel similar al de 2007, y sin embargo la recaudación del IVA ha crecido en casi 4.500 millones de euros.
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Sobrecargar de costes el consumo es matar la recuperación
¿Qué efecto tiene mantener tipos altos del IVA? El IVA encarece los precios del consumo. Un bien o servicio sujeto al régimen general ve aumentado su precio en un 21%. Esto tiene tres posibles consecuencias: que los ciudadanos paguen más por consumir (disminuyendo su renta disponible para otros bienes o servicios), que las empresas abaraten sus productos para mantener el precio final para el consumidor (disminuyendo su margen de beneficios y empeorando el resultado de la compañía), o una combinación de ambas, en que la empresa no traslade toda la carga del IVA a los ciudadanos, sólo una parte ella.
Una bajada del IVA al 18% (nivel que ya proporcionaba una amplia recaudación en consonancia con el PIB español) podría producir un efecto muy positivo sobre el consumo, especialmente en un momento de incertidumbre con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es injustificable mantener una presión fiscal elevada cuando el país está en plena recuperación. En estos momentos lo que el Gobierno debe hacer es relajar la presión fiscal y fomentar la creación de riqueza, y para ello debe fomentar el consumo. El incumplimiento del déficit no puede servir de excusa para no rebajar el tipo, cuando el efecto de la subida al 21% apenas ha supuesto un aumento de la recaudación.
La recuperación de un país comienza por las empresas privadas, y para que estas funcionen es necesario que se consuman sus bienes y servicios. Sobrecargar de costes el consumo es matar la recuperación, y por ello el Gobierno debe tener especial sensibilidad en este tema, fomentando el intercambio de bienes y servicios sin poner trabas al consumo.

Gonzalo Aguilar

Europa, las sirenas y el déficit

EN MITAD DE LA RECUPERACIÓN, ES VITAL MANTENER LAS POLÍTICAS
QUE NOS HAN LLEVADO A ELLA, Y NO COMPROMETER EL FUTURO
ECONÓMICO DEL PAÍS POR LOS CANTOS DE SIRENA DEL POPULISMO
Ha salido a la luz recientemente una carta dirigida al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker escrita por el presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy. En esta carta, el señor Rajoy se justifica por el incumplimiento del objetivo de déficit y promete nuevos recortes para alcanzarlo si sale elegido en un nuevo Gobierno.
Sin entrar en que un presidente en funciones no debe prometer nada a Europa basándose en la posibilidad de ser elegido, lo cierto es que el objetivo de déficit no se ha cumplido y hay que tomar medidas. Desde el Ministerio de Hacienda, nos parecen curiosas las medidas propuestas tanto por el PSOE como por Unidos Podemos. Estos partidos se quejan de que los recortes suponen un freno a la economía del país y al estado del bienestar, y proponen planes de incremento de la presión fiscalaumento del gasto público y de renegociación de los plazos del déficit. Está muy bien proponer estas medidas, con el ejemplo reciente de Tsipras en Grecia, quizá deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y no caer en el populismo.
España ya está en el camino de la recuperación. Fuente Vozpópuli.com
En cuanto a los efectos en la economía, subir los impuestos de sociedades y patrimonio, como proponen, desde luego que no va a ayudar al crecimiento, y como mucho va a ser un parche para las arcas del Estado a cambio de crecimiento futuro. Se olvidan los señores Sánchez e Iglesias que para que el déficit se mantenga controlado es necesario no sólo controlar el gasto sino mantener los ingresos. Una subida del impuesto de sociedades podría provocar la salida de muchas empresas del país, que ya ven con recelo la situación política actual. Una subida de los impuestos difícilmente va a ayudar al crecimiento económico. El segundo punto, el ataque al estado del bienestar, se basa en una visión cortoplacista. El requisito para que haya estado del bienestar es que el Estado pueda pagar sus gastos. Cuanto mayor sea el déficit, mayor será la prima que le exigirán a España en los mercados para financiarse. Reducir el déficit puede servir también para que el gasto del futuro sea en escuelas y hospitales y no en intereses a terceros. Por último, la renegociación de los plazos no es un opción excesivamente viable, visto que la Unión Europea no quiere renegociar, y para ello habrá que enfrentarse a sus deseos. El ejemplo de Grecia, con su enfrentamiento con la UE, muestra que por ese camino hay bastantes más problemas que ventajas. Evitar la multa y mostrar a los posi-bles inversores que somos un país que cumple con sus obligaciones ayudarían muchísimo a la recuperación económica.
¿Cuál debe ser la acción del Ministerio? Realizar recortes, pero recortes inteligentes. Se gastan auténticas barbaridades en proyectos que suenan como poco, sospechosos como bien apuntaba hace poco el señor Anson. Cuando se habla de recortes, la gente piensa en salud y educación, pero recortes también son eliminar las dietas excesivas de muchos cargos públicos, eliminar programas que son un pozo de nepotismo, privatizar compañías y eliminar gastos superfluos.
España ya está en el camino de la recuperación. Se crea empleo, sube el PIB, y la situación económica general está mejorando. Ha sido necesario realizar duros recortes, pero gracias a ellos estamos en situación de crear empleo y mejorar el nivel de vida del país. La mejor muestra de compromiso que podrían realizar los distintos partidos políticos, como propone el expresidente Aznar, sería realizar un gran pacto que blindase la ruta económica del paísAcordar los recortes que sean necesarios en las áreas que sean superfluas, no aumentar la presión fiscal en mitad de la recuperación, y mantener el gasto público controlado, con el objetivo de cumplir con las obligaciones con la UE.

Gonzalo Aguilar

El déficit y la financiación del Estado

EL DÉFICIT MAL UTILIZADO, PUEDE HUNDIR LA ECONOMÍA
ESTATAL, DESTRUIR EL BIENESTAR DEL PAÍS, Y ACABAR CON LA
CONFIANZA EXTRANJERA EN LAS INVERSIONES NACIONALES
Es noticia estos días en España el déficit. El Gobierno ha incumplido el déficit acordado con Bruselas por casi un punto, teniendo un déficit del 5%, lo que supondrá un ajuste fiscal considerable, posiblemente llevando a nuevos recortes.

Lo primero que viene a la mente es qué significa el déficit y en qué afecta al país. El déficit no es ni más ni menos que el exceso de gasto que el Gobierno realiza sobre los ingresos que adquiere. Cualquier persona que se dedicase a gastar por encima de sus ingresos de manera continuada acabaría en la ruina, pero los gobiernos mundiales se permiten hacerlo con regularidad. ¿Por qué se permite y por qué rara vez ajustan los ingresos con los gastos?

Hay un principio económico que dice que vale más el dinero que se tiene hoy que el dinero que se tiene mañana. Existen múltiples factores que ayudan a esta percepción, como la inflación (por lo que para comprar algo mañana necesitaré más dinero que hoy), la incertidumbre (existen muchos factores de distinta probabilidad que podrían causar que no recibiese nunca el dinero mañana) y la preferencia por lo inmediato (preferimos tener algo desde hoy que tenerlo desde mañana).

Este principio, en el que se basa el negocio bancario, hace que para prestar hoy 100, mañana querré recibir una cantidad superior a esos 100. En el caso del déficit, esta diferencia entre gastos e ingresos se financia mediante endeudamiento, por lo que el Gobierno se compromete a devolver una cantidad mayor que la que ha pedido, obtenida mediante la aplicación de un interés. Los Gobiernos prestan a tipos de interés muy bajos (Alemania ha llegado a pagar tipos de interés negativos) por lo que en muchos casos, tiene más valor el dinero que reciben que el que pagarán finalmente (es decir, 100 € a fecha de hoy tendrán un valor mayor que los 100+x€ que podría devolver el Gobierno al vencimiento de la deuda). Un particular no siempre cuenta con esa opción de intereses bajos, por lo que el apalancamiento bancario tiene que medirse mucho más.
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Determinados partidos creen que el déficit puede ser una barra libre de gasto

Esta capacidad de endeudamiento estatal, sin embargo, tiene varios límites. El primero es la confianza en la continuidad del Estado. Los prestamistas están dispuestos a dejarle dinero al Estado a intereses bajos, porque están seguros de que en el futuro el Estado va a continuar existiendo y siendo solvente. Por ello, en los peores momentos de la crisis la prima de riesgo española crecía, porque los inversores veían más y más probable que España acabase en bancarrota y no pudiese devolverles su dinero. El segundo es la cuota sobre el total del gasto estatal. Los préstamos hay que devolverlos, por lo que no se puede pedir tanto que en un año el repago de los préstamos amenace con recortar servicios públicos. Un dato a tener en cuenta es que el déficit se mide mejor como porcentaje que como total. Por la mencionada inflación anterior, es lógico que las cifras se disparen y cada vez sean mayores. Esto no es problemático, siempre y cuando este aumento sea proporcional a la economía del país.


El déficit bien manejado puede ser una útil herramienta de financiación. A diferencia de las empresas, que antes o después necesitan ingresos para sobrevivir, el Estado puede permitirse un resultado negativo a perpetuidad (siempre y cuando suponga un interés menor que la riqueza que el Estado puede crear con ese dinero extra). El problema surge cuando determinados partidos no entienden cómo funciona esta herramienta y creen que el déficit puede ser una barra libre de gasto. Esto lleva a (1) déficits desmedidos que no se corresponden con la capacidad económica del país; a (2) que en el futuro haya que recortar pensiones, subsidios, becas y servicios porque haya que pagar a los inversores; a (3) que los países se conviertan en la Grecia acosada por la Troika, que quiere recuperar el dinero que anteriormente prestó. Querer gastar más para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos puede tener un efecto trágicamente contrario si no se basa este gasto en un crecimiento real.

En conclusión, el déficit es una buena idea que se aprovecha de las particularidades del ente estatal, por el bajo riesgo que lleva asociado y su enorme capacidad económica respecto a empresas y particulares. Mal utilizado, puede hundir la economía estatal, destruir el bienestar del país, y acabar con la confianza extranjera en las inversiones nacionales.


Gonzalo Aguilar