Día Mundial de los Refugiados: El milagro de los 16.000

EN ESTA CRISIS NO DEBERÍAN EXISTIR IDEOLOGÍAS NI PARTIDOS, SINO UNA SOCIEDAD Y UN GOBIERNO COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS. EL PROBLEMA ES REAL. ES URGENTE. Y, ES INEVITABLE.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el número de personas que han llegado a nuestras costas y atravesado nuestras vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha incrementado en un 75% respecto al mismo período del año pasado. Las cifras son tan preocupantes como que este mes de junio ya llegaban a las costas andaluzas unas 1.300 personas y el número de muertos continúa incrementándose en la ruta del Mediterráneo Occidental. Esto lo permite un país democrático que en su Constitución dedica, nada más y nada menos, que su Título II con 45 artículos al reconocimiento de derechos y libertades, algo de lo que estar orgullosos si la comparamos con la Ley Suprema de la mayoría de democracias de nuestro continente.

El pasado día 20 de junio de 2017, fue el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo convendría realizar una reflexión sobre una crisis que pese a concernir a toda Europa, sufre un inmovilismo bochornoso, enfermizo y crónico de los gobiernos occidentales, incluido el español, que tantos derechos reconoce y predica. De hecho, cabe resaltar que Oxfam ha expresado sus intenciones de demandar a nuestro Gobierno ante la Comisión Europea por su supuesto incumplimiento del Acuerdo con la UE celebrado en septiembre de 2015, por el que España se comprometía a acoger a 17.337 personas, de las que, hasta el momento, sólo ha dado asilo a 1.304, cifra que no llega a representar el 8% de la cuota. Pero, ¿puede España hacer frente a su acogimiento, mantenimiento e integración y todo lo que ello significa y requiere?

Antes de nada, ¿qué es el derecho de asilo? Y, ¿cuál es la definición de refugiado? Se define el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, y desarrollado mediante Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria,  como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley y con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Este derecho se concede a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, “a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” o al apátrida.

Además, si no se reúnen los requisitos para obtener el asilo o la condición de Refugiado, se reconoce también el derecho a la protección subsidiaria en ciertos casos. Estos derechos deberían garantizar la no devolución ni expulsión. Preguntemos en la valla de Melilla si esto realmente se cumple o no. La realidad es que ni se están reconociendo estos derechos, ni si reconocidos, se están protegiendo a todos los refugiados que los disfrutan. ¿Negligencia? ¿Escasez de medios? ¿Pasotismo? ¿Miedo al terrorismo? ¿Egoísmo? ¿Divergencia política?

Dicen algunos que se requieren leyes. Pero, leyes hay. Otro debate sería si son suficientes, eficaces o simplemente si se están realmente implementando. De nada sirve que 17.000 refugiados lleguen a España si no existen infraestructuras para instalarlos, medios para mantenerlos y una conciencia social para integrarlos, todo ello evitando la formación de guetos que propicien la división, la radicalización, la pobreza y la inseguridad dentro de nuestras fronteras. Como relató ayer en su discurso el Alto Comisionado para el Día Mundial del Refugiado:

“La inclusión requiere que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y comunidades a los refugiados. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, que reúna a estudiantes, empresarios, atletas, activistas, líderes religiosos, políticos y artistas, para compartir las responsabilidades”

Desde 2015 han pasado dos años durante los cuales podríamos haber desarrollado políticas sociales en esta dirección. Se requiere sin duda alguna una sensibilización de la sociedad con el fin de evitar el racismo y la xenofobia hacia los extranjeros que están dominando el mundo occidental. El terrorismo, por otro lado, alimenta el rechazo de las masas hacia los nuevos huéspedes. Por ello, debemos dejar de enfocar nuestras energías únicamente en mociones de censura absurdas y en desafíos independentistas y, uniendo fuerzas políticas dispares, dirigirlas también en llevar a cabo acciones solidarias conjuntas de la mano de Europa. De hecho, Bruselas ya plantea para los próximos presupuestos europeos la entrega de fondos en base a criterios relacionados con la respuesta de los Estados a la presión migratoria, ya que debido al Brexit, se buscan nuevas formas de financiación de la UE y de reparto de sus fondos. Veamos si el dinero inspira más a los gobiernos.

En esta crisis no deberían existir ideologías ni partidos, sino una sociedad y un gobierno comprometidos con los Derechos Humanos. El problema es real. Es urgente. Y, es inevitable. Toda Europa está y seguirá sumergida en esta crisis humanitaria. Seguir dándole la espalda no será sostenible por mucho tiempo. Se requiere una respuesta YA acompañada de una mejora en la aplicación del derecho de asilo, puesto que España no sólo dispone de escasos tres meses para cumplir el Acuerdo sino que el ritmo que llevamos, los defectos y lagunas de nuestro sistema jurídico y la falta de políticas de asimilación de la sociedad, se necesita de un milagro para que los 16.000 refugiados sean acogidos e integrados en nuestro país. Y, dentro de poco probablemente las cifras lleguen a los 160.000.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Del decoro o la importancia de respetar las leyes no escritas

Tan solo pedimos que se guarden las formas en el lugar donde está representada la soberanía nacional
A raíz de los últimos debates acontecidos en el hemiciclo -¿deberíamos decir “hemicirco”?- me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de las formas, también -y especialmente- en la vida política. Últimamente hemos asistido al espectáculo de ver la Cámara Baja de las Cortes Generales convertida en una venta de carretera. El Congreso de los Diputados, ese sitio donde las personas que allí se sientan se hacen llamar “señorías”, se ha convertido en un lugar zafio y chabacano. Nada de lo que extrañarse, por otra parte, si nos atenemos a los últimos índices de audiencia de ciertos programas de televisión.
“Bueno -me dirán algunos- y a ti, ¿qué te importa cómo vaya vestida la gente?” Son esos mismos que desconocen o quieren desconocer el tratamiento de usted, que tanto bien hace a la sociedad. Esta forma de dirigirse a las personas, además de mostrar respeto a los mayores y a las personas distinguidas, sitúa en el mismo plano de igualdad en la dignidad a las personas que no son familia o no tienen una amistad íntima, cualquiera que sea su posición social. No se me ocurre mejor igualdad que esta. Además no cuesta dinero, algo que siempre se agradece. “Sistema feudal”, lo llama alguno. Lo que hay que oír.
Pero volvamos a la pregunta. Las formas importan, y mucho. No es lo mismo asistir a un entierro que ir a jugar un partido de tenis. No es lo mismo ir a la playa que ir a un restaurante en la ciudad. Y no es lo mismo estar de botellón que ir a trabajar al Congreso de los Diputados. La Cámara en sí exige un decoro. Nunca hizo falta recordar esto: sus señorías lo guardaban. Por desgracia, en los tiempos posmodernos que corren, se ha extendido la falacia de que todo es opinable. Nada más lejos de la realidad. Como solía decir un gran Abogado del Estado, “no se puede someter a votación la posibilidad de derribar la Giralda”.
No es lo mismo un peinado con rastas que un peinado sin rastas. No es lo mismo una chaqueta que una camiseta. No son lo mismo unos zapatos que unas zapatillas. Y así sucesivamente. Por supuesto, tampoco es lo mismo interrumpir una intervención parlamentaria con gritos, berridos o aspavientos que escuchar respetuosamente y en silencio a quien esté haciendo uso de la palabra. En cuanto a las ovaciones, mejor sería reservarlas para aquellas ocasiones que realmente lo merecieran.
“¿Y quién dicta lo que es aceptable y lo que no, dentro de una Cámara parlamentaria?’’ En el limitado campo de la vestimenta, se puede reconocer sin problema que las convenciones sociales desempeñan un papel muy relevante. Lo que hace trescientos años era un traje de gala, hoy es un disfraz. Y lo que para muchos sigue siendo la norma de vestir imprescindible en un ambiente profesional serio, dentro de equis años puede que no lo sea.
De acuerdo, pero vivimos en el presente, aquí y ahora, y no debemos caer en el error de desechar las convenciones como si fueran algo malo; como si fueran tan solo reliquias del pasado a las que solo carcas y reaccionarios se niegan a renunciar. Las convenciones facilitan la vida en sociedad, la hacen más agradable. Pensemos por ejemplo en esa manía que tiene la gente de comer con cubiertos pudiendo utilizar las manos, o en esos jóvenes maleducadosque tienen por costumbre levantarse en el autobús o en el metro para ceder su asiento a mujeres embarazadas o personas mayores.
“¿Y a dónde quiere llegar el Gobierno? ¿Es que va a prohibir entrar con chándal y rastas al hemiciclo?” Piensa el ladrón que todos son de su condición, dice el refranero popular. No hay que pensar en términos de Reales Decretos y Ordenanzas, sino confiar en la sociedad civil. No hay que confundir las nociones (distintas) de Estado y Sociedad. El primero debe estar al servicio de la segunda. Aqui el orden de los factores sí altera el producto.
 
No será el caso de este Gobierno. No pretendemos invadir la vida de nadie. Tampoco la de sus señorías. El Reglamento del Congreso no será modificado para prescribir cómo se debe acudir al Parlamento. Tan solo pedimos que se respeten esas leyes no escritas que, entre otras cosas, aconsejan lucir un aspecto decente (según las convenciones imperantes en 2016, claro) cuando se entra en el lugar donde está representada la soberanía nacional. Los españoles se lo merecen.
 
Amadeo Lora

Técnica legislativa: Recuperando el sentido común

HAY QUE HACER UN ESFUERZO PARA EVITAR EL DESCENSO EN LA CALIDAD DE LAS LEYES Y SU UTILIZACIÓN COMO INSTRUMENTOS DE INGENIERÍA SOCIAL
La técnica legislativa de los últimos tiempos deja bastante que desear. La sociedad española es víctima de textos que en ocasiones son excesivamente extensos, farragosos, reiterativos y poco claros; redacciones que se modifican antes de entrar en vigor; apartados añadidos para ser de nuevo suprimidos tiempo después. ¿Tiene esto algún sentido?
 
Esta situación debería provocar sonrojo en un país en el que, como se pudo comprobar en el siglo XX, el Estado de Derecho precedió al Estado democrático. Son muchas las leyes que, por su calidad técnica y por ser suficientemente garantistas para el ciudadano, superaron holgadamente el listón puesto por la Constitución de 1978 y permanecieron vigentes tiempo después.
 
Me estoy refiriendo a normas como la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 o la Ley sobre Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, sin olvidarme de la Ley deExpropiación Forzosa de 1954, que sigue vigente en 2016 en una materia tan delicada como es la privación de la propiedad privada.
 
La Ley de suspensión de pagos de 1922 estuvo vigente hasta2004. La vigente Ley22/2003, Concursal, ha sido modificada hasta en veintinueve ocasiones. Los hechos hablan por sí solos. Desde el Ministerio de Justicia no queremos pecar de simplistas, somos conscientes del aumento de la complejidad de los negocios y del aumento del tráfico mercantil. Pero el ciudadano se merece un marco jurídico claro, especialmente cuando llegan momentos difíciles, como en el caso de un concurso de acreedores. Trabajaremos para ello con todo nuestro esfuerzo.
 
Para concluir, me gustaría hacer un apunte sobre la naturaleza la ley. Señalaba Tomás de Aquino que la Ley es la “ordenación de la razón, dirigida al bien común y promulgada solemnemente por aquél que tiene el cuidado de la comunidad.” Las leyes deben ser justas, sencillas, breves en la medida de lo posible y asépticas. Esta última idea es fundamental, y es uno de los puntos débiles de nuestros textos legislativos contemporáneos.
 
No se debe permitir que la Ley se convierta en un instrumento de ingeniería social para avanzar agendas partidistas. Se trata simplemente de buscar el bien común, no de contentar a lobistas y amigos. El Estado debe ser un mero árbitro que establezca las reglas de juego y se encargue de su estricto cumplimiento. Las grandilocuentes declaraciones de principios filosóficos, políticos, económicos, sociales y de comportamiento pertenecen a las estanterías de las librerías, no a los textos que salen del Parlamento.

La Ley Orgánica2/2006, de Educación, modificada con polémica por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (la famosa “LOMCE”), es un buen ejemplo de este problema. Esta Ley Orgánica 2/2006 contiene en su artículo 1declaraciones tan rimbombantes como que el sistema educativo español se inspira en principios como “La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vidao El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”.
 
Son frases muy bonitas, pero vacías de contenido: el aprendizaje será permanente en la medida en que así lo desee la persona que aprende; y sí, estoy de acuerdo en que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, pero no porque lo diga una ley. Finalmente, nótese la mención expresa a “las madres” en el precepto legal, como si alguna madre con un mínimo de cultura se sintiese excluida de la responsabilidad educativa al leer “los padres”: todo un triunfo de la agenda feminista-progresista. El virus de la ideología de género avanza silencioso pero con paso decidido, y se hace necesario detener este avance antes de que sea demasiado tarde: con la naturaleza humana no se debe jugar.
 
Muchas de estas declaraciones de principios contienen ideas que pueden hacer avanzar a una sociedad en la buena dirección, de eso no hay duda. Sin embargo, la mejor manera de conseguir ese avance es simplificar el marco legal en el que se mueven las personas, respetando el principio de subsidiariedad, y hacer leyes de calidad que permitan la realización efectiva de los principios enunciados. Nos pondremos manos a la obra.
 
Amadeo Lora

¿En qué consiste la libertad religiosa?

LA CONSTITUCIÓN RECONOCE LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL, Y COMO TAL DEBE SER PROTEGIDO POR LOS PODERES PÚBLICOS. CON TODAS SUS CONSECUENCIAS
La Constitución española garantiza en su artículo 16.1la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.”
En desarrollo de esta previsión constitucional, elevada a la categoría de derecho fundamental, se promulgó la Ley Orgá-nica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. Asimismo, y en consonancia con su carácter aconfesionalreconocido en el artículo 16.3 de la Constitución, el Estado tiene suscritos Acuerdos jurídicos con las distintas confesiones religiosas.
Me gustaría recordar aquí brevemente al difunto Antonin Scalia(1936 – 2016), el carismático Magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos nombrado por Ronald Reagan hace ahora tres décadas. Scalia era un gigante jurídico, máximo exponente de la escuela de interpretación “originalista” y textualista de la Constitución: la Constitución dice lo que dicen sus palabras, y esas palabras deben interpretarse en el sentido que tenían cuando se redactó originalmente.
Pues bien, ¿en qué consiste la libertad religiosa proclamada por la Constitución? En una época en que están tan de moda entre la neoprogresía biempensante a izquierda y derecha los derechos humanos –todos menos el derecho a que no te maten, prius lógico sin el cual no existirían los demás derechos- haríamos bien en no tratar de democratizarlo todo, vaciando de contenido una libertad tan importante como la religiosa. Al cabo, la tiranía ejercida por la mayoría no deja de ser precisamente eso: tiranía.
Es fácil concluir que una persona que entra profiriendo vulgaridades en una capilla está faltando al respeto a todas las personas que allí se congregan. De hecho, puede llegar a constituir uno de los delitos contra los sentimientos religiosos contemplados en el Código Penal. No lo es tanto, sin embargo, definir los contornos de la libertad religiosa en la misma frontera de la vida pública y la privada.

El sentido común brilla por su ausencia cuando se trata de decidir sobre cuestiones tan cotidianas como una pro-cesión religiosa, una ceremonia en la que participen los poderes públicos, o la forma de hacer negocios del dueño de una pequeña tienda. Pero en todos esos casos, la libertad religiosa y de conciencia también debe estar presente en la ecuación.
No se debe admitir en un Estado de Derecho que quien ejerce su derecho a no tener ninguna creencia, pretenda imponer su postura sobre los que ejercen su derecho a sí tener creencias: sería la antítesis de la libertad religiosa.
No se debe admitir que el derecho a creer consista única y exclusivamente en un derecho individual privado de toda proyección pública, cuando es precisamente en comunidad y a través de su ejercicio cuando adquiere su sentido pleno.
Y, finalmente, no se debe admitir que un servidor público haga un uso torticero de su derecho a la libertad religiosa argumentando violaciones de conciencia donde no las hay ni puede haberlas. El sentido común es suficiente para entender que la presencia de un monumento religioso en una plaza pública, o la obligación de un funcionario de desempeñar su labor profesional durante el transcurso de una procesión, no son contrarios a la libertad religiosa y de conciencia.
Los mencionados ejemplos son tan solo manifestaciones populares del sentimiento religioso que en absoluto violan la conciencia del que no las comparte. Del mismo modo, la mera tolerancia o incluso la protección de esas expresiones populares por los poderes públicos, de ningún modo constituyen una vulneración del carácter aconfesional del Estado: son tan solo el corolario lógico del reconocimiento efectivo del derecho fundamental que nos ocupa. Pueden quedarse ustedes tranquilos.
 
Amadeo Lora

Hiperinflación legislativa: El Estado de Derecho en crisis

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HEMOS ASISTIDO EN ESPAÑA
A UNA CONSTANTE Y PROGRESIVA DEGRADACIÓN DEL
ESTADO DE DERECHO. ESTE PROCESO DEBE PARAR
Aunque muchas veces nos empeñamos en demostrar lo contrario, España es una nación moderna que está en el corazón espiritual de Europa, tal y como trata de explicar el historiador Suárez en su obra “La Europa de las cinco naciones”. Por desgracia, estamos asistiendo a una muerte lenta y dolorosa de su sociedad civil.
Este proceso no lo abandera ni el movimiento secesionista catalán, ni los grupos proetarras presentes en las instituciones, ni el populismo facilón de más derechos y menos obligaciones. Tampoco es una responsabilidad que se pueda atribuir exclusivamente a políticos que consideran que “la tierra pertenece alviento”  o que creen en “acontecimientosplanetarios”.
Ni siquiera podemos optar por cargar únicamente y de forma interesada contra nuestros predecesores en la responsabilidad de Gobierno, quienes, como malos estudiantes que se empachan a estudiar la noche de antes de un examen, no supieron (o no quisieron) enfrentarse al déficit de otra manera que tomando el peor de los atajos: asfixiar fiscalmente a los trabajadores.
No: el problema nos afecta a todos, y todos hemos contribuido a crearlo. No obstante, esta enfermedad que padecemos en la España del siglo XXI tiene cura, y el objetivo primordial de nuestro departamento ministerial es claro: acabar con la hiperinflación legislativa y restaurar el Estado de Derecho.
Y es que la “diarrea legiferante” que padecemos, por tomar prestada la terminología empleada por el padrino de mi promoción en la Facultad, acarrea principalmente dos graves consecuencias: descenso de la calidad de los textos legales y falta de seguridad jurídica. Me gustaría hacer hincapié en este último problema.
La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. En España, además de ser un valor garantizado expresamente en el artículo9.3  de nuestra Carta Magna, se trata de un valor que impregna –o debería impregnar- todo el Ordenamiento.
Sin seguridad jurídica, la iniciativa personal y las inversiones económicas y financieras se paralizan. Las personas quedan atenazadas por la incertidumbre, por el miedo a lo que pueda pasar, y la parálisis se vuelve crónica: la sociedad cae enferma.
 
Sin seguridad jurídica, el ciudadano se convierte en un mero sujeto paciente al albur de los poderes públicos, que privan así a la persona del control de su destino: de sus expectativas, de su capacidad de acción, y, en definitiva, de su confianza en las Autoridades.
Hemos asistido en los últimos tiempos al ascenso de políticos que dicen defender a “los de abajo” frente a “los de arriba”. Creo que no es difícil adivinar quiénes son los de abajo en las relaciones Estado legislador–ciudadano legislado.
Hace no mucho, mantuve con un consultor estratégico una conversación reveladora a este respecto. Antes de comenzar un proyecto, quería asegurarse de que no va a caer en alguna trampa de la maraña fiscal y regulatoria que envuelve al sector de las inversiones, y me dijo: “por desgracia, la ignorancia de la leyes no excluye de su cumplimiento”.
Efectivamente, nuestro Ordenamiento jurídico recoge el aforismo clásico “ignorantia iuris non excusat” en el artículo 6.1  del Código Civil. Lo grave de este asunto no es la regla en sí, de lógica impecable, sino lo difícil que se ha convertido salir de esa ignorancia.
La bola se ha hecho demasiado grande: ¿Qué normativa es aplicable? ¿Cuándo entra en vigor esta disposición? ¿Cuándo queda efectivamente derogada una ley? ¿Se puede entender tácitamente derogada esta otra?  Son preguntas que se han convertido en el día a día de algunos profesionales del Derecho, y que no ayudan a que la sociedad avance hacia una mayor competitividad en un mundo global.
La forma de mejorar la situación no es aprobar más leyes, sino mejores leyes. Los españoles no se merecen un Gobierno cortoplacista centrado en poner parches normativos fácilmente explicables en un plató de televisión. Ha llegado la hora de la verdad: devolvamos la Ley al puesto de honor que le corresponde en la sociedad antes de que el Estado de Derecho se convierta en una reliquia del pasado.
 
Amadeo Lora

Toros sí: una defensa jurídica de la Tauromaquia

ADEMÁS DE CULTURA Y TRADICIÓN, LA TAUROMAQUIA
TIENE CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E IMPLICACIONES
JURÍDICAS IMPORTANTES, QUE CONVIENE NO OLVIDAR
 
Una vez más, y en consonancia con algunas corrientes sociales existentes en nuestro país en los últimos años, se ha vuelto a levantar una densa polvareda en torno a la cuestión de la tauromaquia. En esta ocasión, Valencia se convirtió el epicentro de la polémica.
 
El pasado fin de semana una veintena de activistas antitaurinos, semidesnudos y cubiertos de trazos de pintura roja, se manifestaron frente al Ayuntamiento de Valencia bajo el lema “Per Unas fallas sense sang” (“por unas fallas sin sangre”) y llamaron a “dar voz a los animales” y a unirse a su silencio. Asimismo, unas diez mil personas, según la Delegación del Gobierno, recorrieron las calles de la capital del Turia en defensa de los festejostaurinos.
 
Además de cultura y tradición arraigada en España, la tauromaquia tiene consecuencias económicas e implicaciones jurídicas importantes, que conviene no olvidar. Por ello, dejo a poetas y artistas, a maestros y aficionados, que se enganchen en apasionantes conversaciones sobre el drama y la tragedia, sobre si la lucha del hombre contra la bestia sin más armas que un una muleta y una espada se puede considerar arte o no. Por mi parte, me veo en el deber de hacer una serie de consideraciones jurídicas para aportar algo de claridad a un debate en el que se han retorcido tanto algunos conceptos que han acabado por perder su significado.
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En su concepción clásica, la Justicia es dar a cada uno lo suyo. Lo que a cada uno corresponde varía en función del sujeto de que se trate. Así, para determinar los derechos de un determinado ser, es preciso establecer, con carácter previo, qué seres pueden ser sujetos de derechos. Y la respuesta no es ni puede ser otra que las personas. En efecto, sólo las personas tienen derechos. Como señala el profesor Álvaro D’Ors,
 
El hombre es un ser vivo animado, no por un principio vital que, como el de los animales, se extingue con el cuerpo, sino por un alma espiritual que le permite reflexionar racionalmente sobre sí misma y las cosas, de lo cual están privados los otros seres vivos
 
Pues bien, esta idea, sencilla en su formulación, trae problemas en la práctica. Si los animales no tienen derechos, ¿se puede hacer con ellos lo que se quiera sin violar principios de justicia? No es mi propósito ahondar aquí en esta cuestión filosófica, pero me parece importante recordar a la ciudadanía en la época actual que los animales están al servicio de las personas, y no al revés. Ello legitima servirse de ellos para distintas finalidades: la comida, el transporte, la compañía… y sí, también el espectáculo.
 
En este contexto, se justifica que el pueblo español reivindique su derecho a seguir disfrutando de las corridas de toros. A pesar de las desafortunadas prohibiciones de la fiesta nacional que tuvieron lugar en Barcelona y San Sebastián, no debe olvidarse que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural español de pleno derecho en virtud de lo dispuesto en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre. Y como tal patrimonio, debe ser protegido, por fuerte que pueda llegar a ser la presión mediática o social. Así, dispone el artículo 13 de la referida Ley que
 
En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.
 
Las corridas de toros son un espectáculo único en el mundo, del que la muerte de los morlacos es parte fundamental. Es comprensible que no guste a todos, pero aquellos a los que, con razón, les pueda desagradar, no deben caer en la tentación de enarbolar la bandera de los falsos derechos de los animales. Sencillamente, pueden no ir a las corridas, algo a lo que sí tienen derecho. De igual modo, aquellos amantes de la fiesta que lo deseen, tienen derecho a seguir disfrutándola. Al final, como en tantas otras ocasiones, la solución se encuentra en respetar la libertad.
 
Amadeo Lora