Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte I)

 

¿PUEDE EL PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONVOCAR UN REFERÉNDUM? SÍ, PODRÁ CONVOCAR UN REFERENDO PERO ÚNICAMENTE RELACIONADO CON LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Rebobinemos en el tiempo hasta el pasado 27 de junio, día en el que el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta para la convocatoria de un referéndum unilateral acompañado por el Vicepresidente Oriol Junqueras y la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, a quién irónicamente el pasado día 20 el mismo TC ha denunciado ante la Fiscalía junto con la Mesa del Parlament por tramitar leyes de ruptura, aunque de esto hablaremos más adelante. Ya desde entonces se percibía la extrema cautela con la que el Govern está llevando a cabo el proceso secesionista en contra de la integridad y unidad del Reino de España. Se empezó evitando la firma de acuerdos formales que pudieran llevarle frente a la justicia y se continúa con procedimientos exprés de tramitación de leyes e incumplimiento de sentencias del TC (STC 259/2015 del 2 de diciembre) y con declaraciones amenazantes contra el Gobierno de Mariano Rajoy sobre sus supuestas respuestas totalitarias y sobre la congregación de ciudadanos en contra del Estado. Para entender la ilegalidad del referéndum obtengamos una visión general de la situación empezando desde el principio.

¿Puede el Presidente de una Comunidad Autónoma convocar un referéndum? Sí, podrá convocar un referendo pero únicamente relacionado con los Estatutos de Autonomía. El referéndum del 1-O tiene como pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”. Esta pregunta no sólo no trata sobre asuntos del Estatuto catalán sino que es una clara propuesta de secesión que afecta a la soberanía nacional. Al analizar la pregunta vemos dos partes que delatan su ilegalidad. En primer lugar, “Estado independiente” frente al artículo 2 CE que establece la unidad indisoluble de la Nación española. En segundo lugar, “República” frente al artículo 1.3 CE que define la forma política del Estado como Monarquía parlamentaria. Esto implicaría la renuncia de Felipe VI a sus funciones sobre el territorio y el rey ha dejado claro que “la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra”. Puesto que la respuesta a la pregunta pone en riesgo el cumplimiento de la Constitución española de 1978, el tipo de referéndum que se podría llevar a cabo es un referéndum constitucional, con la consecuente reforma constitucional establecida en los artículos 167 y 168 CE.

¿Quién podría convocar un referéndum de estas características? Según el artículo 149.1.32 el Estado posee competencia exclusiva para la convocatoria de consultas a la ciudadanía por vía de referéndum. ¿Cuál es el mecanismo para ello? El artículo 92 CE responde a esta pregunta plasmando que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, únicamente se permite este mecanismo “para decisiones políticas de especial trascendencia”,- este requisito se cumple,- “de todos los ciudadanos”, – que no se cumple,- y mediante un procedimiento regulado por una Ley Orgánica. Dicho esto, y como muchos españoles nos preguntamos, ¿cómo un gobierno de una comunidad Autónoma puede pretender tomar una decisión que afecta a todos y cada uno de los españoles? ¿Acaso no es contrario a la democracia que uno pocos, poquísimos, decidan el futuro de toda una Nación? Creo que al resto de España nos queda claro esto, salvo a ciertos manifestantes en las calles de Madrid que apoyan la autodeterminación. Hasta aquí hemos llegado…

Entonces, ¿Por qué el Sr. Puigdemont no disuelve el Parlament y convoca elecciones? Rafael Hernando, Albert Rivera y muchos otros le han planteado esta pregunta al Presidente de la Generalitat ya desde junio. Pero de esto hablaremos mañana en la segunda parte de mi artículo…

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

La declaración de Rajoy: ¿propaganda política de la oposición?

LA CORRUPCIÓN HA HECHO Y HACE MUCHO MAL A NUESTRO PAÍS. SIN EMBARGO, MUCHAS FUERZAS POLÍTICAS LA UTILIZAN COMO ESPADA DE DAMOCLES EN SU PROPIO BENEFICIO, EN VEZ DE LUCHAR Y TRABAJAR POR HACER FUNCIONAR LA DEMOCRACIA Y VELAR POR LOS INTERESES DE NUESTRA ESPAÑA Y NUESTROS ESPAÑOLES.

El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha declarado en juicio el pasado 27 de julio en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel. Este hecho sin precedentes en nuestro país ha sido utilizado, como muchos sugieren, como estrategia política de una oposición que tiene como único objetivo quitarle el mando a un presidente elegido democráticamente, en unas elecciones justas y libres y echarle del gobierno a cualquier precio.

En un país como el nuestro, donde en la televisión lo que más audiencia tiene son los programas del corazón y otros como “Adán y Eva” o “Mujeres y hombres y viceversa” y se utilizan como herramienta para la campaña política de algunos partidos, se pretende expandir el espectáculo a nuestro Congreso y a nuestros Juzgados. El claro ejemplo es la moción de censura del pasado mes de junio y, ahora, el llamamiento a testificar por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) a nuestro presidente Mariano Rajoy. La cuestión se presenta en la intención de la oposición en hacer justicia o, por el contrario, manchar y acabar con la reputación y la confianza de una sociedad hacia su presidente, que en nuestro caso ha sido llamado como testigo,- que no investigado o imputado.

La tergiversación que se puede llegar ha observar de los acontecimientos es realmente sorprendente, y, por qué no, vergonzante. Y, por ello se pretende mantener en la sombra. Todo ello se demuestra no sólo con la acusación popular, compuesta por abogados de la oposición, que dinero para esto sí que tienen, sino por el tipo de preguntas que los mismos han dirigido al presidente. Tanto afán de acusarle directamente en vez de tratarle como testigo que el juez, Ángel Hurtado, ha sido criticado por sus numerosos vetos a preguntas y respuestas de ambas partes.

Sin embargo, la justicia española no es la primera en involucrar a un gobernante político en un procedimiento judicial. En otros países europeos, presidentes y primeros ministros también se han personado como parte en un juicio, y no han sido precisamente llamados a testificar, como Mariano Rajoy. Como expone rtve, en Francia varios presidentes han pasado por manos de la justicia, desde Jacques Chirac hasta Nicolas Sarkozy, pero éstos sí fueron investigados y condenados. También en Francia, al igual que Rajoy encontramos testigos con los primeros ministros Lionel Jospin y Dominique Villepin. En Alemania, el presidente Wulff y el canciller Kohl también se vieron salpicados por casos de corrupción. En Italia, el claro ejemplo es Berlusconi. También David Cameron y Donald Tusk han comparecido ante tribunales. Incluso al otro lado del charco, Donald Trump tuvo que realizar una declaración jurada, aunque no es el único conflicto legal que éste mantiene abierto.

Lo que realmente deberíamos apreciar es que el hecho de que un gobernante tome parte en un procedimiento judicial forma parte de la democracia y, si no sucediese así, entonces es cuando deberíamos preocuparnos. Es una de las ventajas de un sistema político democrático: poder materializar la accountability a través del sistema judicial y de los órganos judiciales.

Dicen que la justicia es un show político en nuestro país pero, ¿quién es el mayor protagonista de ese show? Como recalcaba la diputada Ana Oramas en el debate de moción de censura, algunos partidos políticos españoles se han propuesto convertir las instituciones públicas en un verdadero espectáculo teatral que pagamos a un precio muy alto todos los españoles, y con ello trasladar el ejercicio de la democracia a los platós de televisión. Parece ser que también quieren hacer lo mismo con la justicia, burlando a la democracia y destruyéndola desde lo más profundo: sus instituciones.

La corrupción ha hecho y hace mucho mal a nuestro país. Sin embargo, muchas fuerzas políticas la utilizan como espada de Damocles en su propio beneficio, en vez de luchar y trabajar por hacer funcionar la democracia y velar por los intereses de nuestra España y nuestros españoles. Confío en que no se caiga en la trampa y no se utilicen nuestros Juzgados como herramienta de propaganda política. Y, por último, recordemos que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha personado como testigo, no como acusado, y el principio de presunción de inocencia de nuestro sistema judicial debería ser aplicado a todos y cada uno de los ciudadanos por igual.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Fuente de la imagen Eldiario.es

Día Mundial de los Refugiados: El milagro de los 16.000

EN ESTA CRISIS NO DEBERÍAN EXISTIR IDEOLOGÍAS NI PARTIDOS, SINO UNA SOCIEDAD Y UN GOBIERNO COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS. EL PROBLEMA ES REAL. ES URGENTE. Y, ES INEVITABLE.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el número de personas que han llegado a nuestras costas y atravesado nuestras vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha incrementado en un 75% respecto al mismo período del año pasado. Las cifras son tan preocupantes como que este mes de junio ya llegaban a las costas andaluzas unas 1.300 personas y el número de muertos continúa incrementándose en la ruta del Mediterráneo Occidental. Esto lo permite un país democrático que en su Constitución dedica, nada más y nada menos, que su Título II con 45 artículos al reconocimiento de derechos y libertades, algo de lo que estar orgullosos si la comparamos con la Ley Suprema de la mayoría de democracias de nuestro continente.

El pasado día 20 de junio de 2017, fue el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo convendría realizar una reflexión sobre una crisis que pese a concernir a toda Europa, sufre un inmovilismo bochornoso, enfermizo y crónico de los gobiernos occidentales, incluido el español, que tantos derechos reconoce y predica. De hecho, cabe resaltar que Oxfam ha expresado sus intenciones de demandar a nuestro Gobierno ante la Comisión Europea por su supuesto incumplimiento del Acuerdo con la UE celebrado en septiembre de 2015, por el que España se comprometía a acoger a 17.337 personas, de las que, hasta el momento, sólo ha dado asilo a 1.304, cifra que no llega a representar el 8% de la cuota. Pero, ¿puede España hacer frente a su acogimiento, mantenimiento e integración y todo lo que ello significa y requiere?

Antes de nada, ¿qué es el derecho de asilo? Y, ¿cuál es la definición de refugiado? Se define el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, y desarrollado mediante Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria,  como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley y con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Este derecho se concede a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, “a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” o al apátrida.

Además, si no se reúnen los requisitos para obtener el asilo o la condición de Refugiado, se reconoce también el derecho a la protección subsidiaria en ciertos casos. Estos derechos deberían garantizar la no devolución ni expulsión. Preguntemos en la valla de Melilla si esto realmente se cumple o no. La realidad es que ni se están reconociendo estos derechos, ni si reconocidos, se están protegiendo a todos los refugiados que los disfrutan. ¿Negligencia? ¿Escasez de medios? ¿Pasotismo? ¿Miedo al terrorismo? ¿Egoísmo? ¿Divergencia política?

Dicen algunos que se requieren leyes. Pero, leyes hay. Otro debate sería si son suficientes, eficaces o simplemente si se están realmente implementando. De nada sirve que 17.000 refugiados lleguen a España si no existen infraestructuras para instalarlos, medios para mantenerlos y una conciencia social para integrarlos, todo ello evitando la formación de guetos que propicien la división, la radicalización, la pobreza y la inseguridad dentro de nuestras fronteras. Como relató ayer en su discurso el Alto Comisionado para el Día Mundial del Refugiado:

“La inclusión requiere que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y comunidades a los refugiados. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, que reúna a estudiantes, empresarios, atletas, activistas, líderes religiosos, políticos y artistas, para compartir las responsabilidades”

Desde 2015 han pasado dos años durante los cuales podríamos haber desarrollado políticas sociales en esta dirección. Se requiere sin duda alguna una sensibilización de la sociedad con el fin de evitar el racismo y la xenofobia hacia los extranjeros que están dominando el mundo occidental. El terrorismo, por otro lado, alimenta el rechazo de las masas hacia los nuevos huéspedes. Por ello, debemos dejar de enfocar nuestras energías únicamente en mociones de censura absurdas y en desafíos independentistas y, uniendo fuerzas políticas dispares, dirigirlas también en llevar a cabo acciones solidarias conjuntas de la mano de Europa. De hecho, Bruselas ya plantea para los próximos presupuestos europeos la entrega de fondos en base a criterios relacionados con la respuesta de los Estados a la presión migratoria, ya que debido al Brexit, se buscan nuevas formas de financiación de la UE y de reparto de sus fondos. Veamos si el dinero inspira más a los gobiernos.

En esta crisis no deberían existir ideologías ni partidos, sino una sociedad y un gobierno comprometidos con los Derechos Humanos. El problema es real. Es urgente. Y, es inevitable. Toda Europa está y seguirá sumergida en esta crisis humanitaria. Seguir dándole la espalda no será sostenible por mucho tiempo. Se requiere una respuesta YA acompañada de una mejora en la aplicación del derecho de asilo, puesto que España no sólo dispone de escasos tres meses para cumplir el Acuerdo sino que el ritmo que llevamos, los defectos y lagunas de nuestro sistema jurídico y la falta de políticas de asimilación de la sociedad, se necesita de un milagro para que los 16.000 refugiados sean acogidos e integrados en nuestro país. Y, dentro de poco probablemente las cifras lleguen a los 160.000.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Del decoro o la importancia de respetar las leyes no escritas

Tan solo pedimos que se guarden las formas en el lugar donde está representada la soberanía nacional
A raíz de los últimos debates acontecidos en el hemiciclo -¿deberíamos decir “hemicirco”?- me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de las formas, también -y especialmente- en la vida política. Últimamente hemos asistido al espectáculo de ver la Cámara Baja de las Cortes Generales convertida en una venta de carretera. El Congreso de los Diputados, ese sitio donde las personas que allí se sientan se hacen llamar “señorías”, se ha convertido en un lugar zafio y chabacano. Nada de lo que extrañarse, por otra parte, si nos atenemos a los últimos índices de audiencia de ciertos programas de televisión.
“Bueno -me dirán algunos- y a ti, ¿qué te importa cómo vaya vestida la gente?” Son esos mismos que desconocen o quieren desconocer el tratamiento de usted, que tanto bien hace a la sociedad. Esta forma de dirigirse a las personas, además de mostrar respeto a los mayores y a las personas distinguidas, sitúa en el mismo plano de igualdad en la dignidad a las personas que no son familia o no tienen una amistad íntima, cualquiera que sea su posición social. No se me ocurre mejor igualdad que esta. Además no cuesta dinero, algo que siempre se agradece. “Sistema feudal”, lo llama alguno. Lo que hay que oír.
Pero volvamos a la pregunta. Las formas importan, y mucho. No es lo mismo asistir a un entierro que ir a jugar un partido de tenis. No es lo mismo ir a la playa que ir a un restaurante en la ciudad. Y no es lo mismo estar de botellón que ir a trabajar al Congreso de los Diputados. La Cámara en sí exige un decoro. Nunca hizo falta recordar esto: sus señorías lo guardaban. Por desgracia, en los tiempos posmodernos que corren, se ha extendido la falacia de que todo es opinable. Nada más lejos de la realidad. Como solía decir un gran Abogado del Estado, “no se puede someter a votación la posibilidad de derribar la Giralda”.
No es lo mismo un peinado con rastas que un peinado sin rastas. No es lo mismo una chaqueta que una camiseta. No son lo mismo unos zapatos que unas zapatillas. Y así sucesivamente. Por supuesto, tampoco es lo mismo interrumpir una intervención parlamentaria con gritos, berridos o aspavientos que escuchar respetuosamente y en silencio a quien esté haciendo uso de la palabra. En cuanto a las ovaciones, mejor sería reservarlas para aquellas ocasiones que realmente lo merecieran.
“¿Y quién dicta lo que es aceptable y lo que no, dentro de una Cámara parlamentaria?’’ En el limitado campo de la vestimenta, se puede reconocer sin problema que las convenciones sociales desempeñan un papel muy relevante. Lo que hace trescientos años era un traje de gala, hoy es un disfraz. Y lo que para muchos sigue siendo la norma de vestir imprescindible en un ambiente profesional serio, dentro de equis años puede que no lo sea.
De acuerdo, pero vivimos en el presente, aquí y ahora, y no debemos caer en el error de desechar las convenciones como si fueran algo malo; como si fueran tan solo reliquias del pasado a las que solo carcas y reaccionarios se niegan a renunciar. Las convenciones facilitan la vida en sociedad, la hacen más agradable. Pensemos por ejemplo en esa manía que tiene la gente de comer con cubiertos pudiendo utilizar las manos, o en esos jóvenes maleducadosque tienen por costumbre levantarse en el autobús o en el metro para ceder su asiento a mujeres embarazadas o personas mayores.
“¿Y a dónde quiere llegar el Gobierno? ¿Es que va a prohibir entrar con chándal y rastas al hemiciclo?” Piensa el ladrón que todos son de su condición, dice el refranero popular. No hay que pensar en términos de Reales Decretos y Ordenanzas, sino confiar en la sociedad civil. No hay que confundir las nociones (distintas) de Estado y Sociedad. El primero debe estar al servicio de la segunda. Aqui el orden de los factores sí altera el producto.
 
No será el caso de este Gobierno. No pretendemos invadir la vida de nadie. Tampoco la de sus señorías. El Reglamento del Congreso no será modificado para prescribir cómo se debe acudir al Parlamento. Tan solo pedimos que se respeten esas leyes no escritas que, entre otras cosas, aconsejan lucir un aspecto decente (según las convenciones imperantes en 2016, claro) cuando se entra en el lugar donde está representada la soberanía nacional. Los españoles se lo merecen.
 
Amadeo Lora

Técnica legislativa: Recuperando el sentido común

HAY QUE HACER UN ESFUERZO PARA EVITAR EL DESCENSO EN LA CALIDAD DE LAS LEYES Y SU UTILIZACIÓN COMO INSTRUMENTOS DE INGENIERÍA SOCIAL
La técnica legislativa de los últimos tiempos deja bastante que desear. La sociedad española es víctima de textos que en ocasiones son excesivamente extensos, farragosos, reiterativos y poco claros; redacciones que se modifican antes de entrar en vigor; apartados añadidos para ser de nuevo suprimidos tiempo después. ¿Tiene esto algún sentido?
 
Esta situación debería provocar sonrojo en un país en el que, como se pudo comprobar en el siglo XX, el Estado de Derecho precedió al Estado democrático. Son muchas las leyes que, por su calidad técnica y por ser suficientemente garantistas para el ciudadano, superaron holgadamente el listón puesto por la Constitución de 1978 y permanecieron vigentes tiempo después.
 
Me estoy refiriendo a normas como la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 o la Ley sobre Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 1957, sin olvidarme de la Ley deExpropiación Forzosa de 1954, que sigue vigente en 2016 en una materia tan delicada como es la privación de la propiedad privada.
 
La Ley de suspensión de pagos de 1922 estuvo vigente hasta2004. La vigente Ley22/2003, Concursal, ha sido modificada hasta en veintinueve ocasiones. Los hechos hablan por sí solos. Desde el Ministerio de Justicia no queremos pecar de simplistas, somos conscientes del aumento de la complejidad de los negocios y del aumento del tráfico mercantil. Pero el ciudadano se merece un marco jurídico claro, especialmente cuando llegan momentos difíciles, como en el caso de un concurso de acreedores. Trabajaremos para ello con todo nuestro esfuerzo.
 
Para concluir, me gustaría hacer un apunte sobre la naturaleza la ley. Señalaba Tomás de Aquino que la Ley es la “ordenación de la razón, dirigida al bien común y promulgada solemnemente por aquél que tiene el cuidado de la comunidad.” Las leyes deben ser justas, sencillas, breves en la medida de lo posible y asépticas. Esta última idea es fundamental, y es uno de los puntos débiles de nuestros textos legislativos contemporáneos.
 
No se debe permitir que la Ley se convierta en un instrumento de ingeniería social para avanzar agendas partidistas. Se trata simplemente de buscar el bien común, no de contentar a lobistas y amigos. El Estado debe ser un mero árbitro que establezca las reglas de juego y se encargue de su estricto cumplimiento. Las grandilocuentes declaraciones de principios filosóficos, políticos, económicos, sociales y de comportamiento pertenecen a las estanterías de las librerías, no a los textos que salen del Parlamento.

La Ley Orgánica2/2006, de Educación, modificada con polémica por la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (la famosa “LOMCE”), es un buen ejemplo de este problema. Esta Ley Orgánica 2/2006 contiene en su artículo 1declaraciones tan rimbombantes como que el sistema educativo español se inspira en principios como “La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vidao El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos”.
 
Son frases muy bonitas, pero vacías de contenido: el aprendizaje será permanente en la medida en que así lo desee la persona que aprende; y sí, estoy de acuerdo en que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, pero no porque lo diga una ley. Finalmente, nótese la mención expresa a “las madres” en el precepto legal, como si alguna madre con un mínimo de cultura se sintiese excluida de la responsabilidad educativa al leer “los padres”: todo un triunfo de la agenda feminista-progresista. El virus de la ideología de género avanza silencioso pero con paso decidido, y se hace necesario detener este avance antes de que sea demasiado tarde: con la naturaleza humana no se debe jugar.
 
Muchas de estas declaraciones de principios contienen ideas que pueden hacer avanzar a una sociedad en la buena dirección, de eso no hay duda. Sin embargo, la mejor manera de conseguir ese avance es simplificar el marco legal en el que se mueven las personas, respetando el principio de subsidiariedad, y hacer leyes de calidad que permitan la realización efectiva de los principios enunciados. Nos pondremos manos a la obra.
 
Amadeo Lora

¿En qué consiste la libertad religiosa?

LA CONSTITUCIÓN RECONOCE LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL, Y COMO TAL DEBE SER PROTEGIDO POR LOS PODERES PÚBLICOS. CON TODAS SUS CONSECUENCIAS
La Constitución española garantiza en su artículo 16.1la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.”
En desarrollo de esta previsión constitucional, elevada a la categoría de derecho fundamental, se promulgó la Ley Orgá-nica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. Asimismo, y en consonancia con su carácter aconfesionalreconocido en el artículo 16.3 de la Constitución, el Estado tiene suscritos Acuerdos jurídicos con las distintas confesiones religiosas.
Me gustaría recordar aquí brevemente al difunto Antonin Scalia(1936 – 2016), el carismático Magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos nombrado por Ronald Reagan hace ahora tres décadas. Scalia era un gigante jurídico, máximo exponente de la escuela de interpretación “originalista” y textualista de la Constitución: la Constitución dice lo que dicen sus palabras, y esas palabras deben interpretarse en el sentido que tenían cuando se redactó originalmente.
Pues bien, ¿en qué consiste la libertad religiosa proclamada por la Constitución? En una época en que están tan de moda entre la neoprogresía biempensante a izquierda y derecha los derechos humanos –todos menos el derecho a que no te maten, prius lógico sin el cual no existirían los demás derechos- haríamos bien en no tratar de democratizarlo todo, vaciando de contenido una libertad tan importante como la religiosa. Al cabo, la tiranía ejercida por la mayoría no deja de ser precisamente eso: tiranía.
Es fácil concluir que una persona que entra profiriendo vulgaridades en una capilla está faltando al respeto a todas las personas que allí se congregan. De hecho, puede llegar a constituir uno de los delitos contra los sentimientos religiosos contemplados en el Código Penal. No lo es tanto, sin embargo, definir los contornos de la libertad religiosa en la misma frontera de la vida pública y la privada.

El sentido común brilla por su ausencia cuando se trata de decidir sobre cuestiones tan cotidianas como una pro-cesión religiosa, una ceremonia en la que participen los poderes públicos, o la forma de hacer negocios del dueño de una pequeña tienda. Pero en todos esos casos, la libertad religiosa y de conciencia también debe estar presente en la ecuación.
No se debe admitir en un Estado de Derecho que quien ejerce su derecho a no tener ninguna creencia, pretenda imponer su postura sobre los que ejercen su derecho a sí tener creencias: sería la antítesis de la libertad religiosa.
No se debe admitir que el derecho a creer consista única y exclusivamente en un derecho individual privado de toda proyección pública, cuando es precisamente en comunidad y a través de su ejercicio cuando adquiere su sentido pleno.
Y, finalmente, no se debe admitir que un servidor público haga un uso torticero de su derecho a la libertad religiosa argumentando violaciones de conciencia donde no las hay ni puede haberlas. El sentido común es suficiente para entender que la presencia de un monumento religioso en una plaza pública, o la obligación de un funcionario de desempeñar su labor profesional durante el transcurso de una procesión, no son contrarios a la libertad religiosa y de conciencia.
Los mencionados ejemplos son tan solo manifestaciones populares del sentimiento religioso que en absoluto violan la conciencia del que no las comparte. Del mismo modo, la mera tolerancia o incluso la protección de esas expresiones populares por los poderes públicos, de ningún modo constituyen una vulneración del carácter aconfesional del Estado: son tan solo el corolario lógico del reconocimiento efectivo del derecho fundamental que nos ocupa. Pueden quedarse ustedes tranquilos.
 
Amadeo Lora