¿Qué dice el Acuerdo sobre las medidas en aplicación del 155?

DE LO ÚNICO QUE NO CABE DUDA ES QUE EL PROCESO SECESIONISTA ESTÁ EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, DEL ESTADO DE DERECHO Y, EN DEFINITIVA, DE LA UNIDAD DE ESPAÑA

El artículo 155 de la Constitución Española fue activado el pasado sábado 21 de octubre de 2017 por primera vez en la historia de nuestro país. Esto sucedió en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros tras efectuarse por parte del Gobierno de la Nación dos requerimientos previos. Ya existen numerosos artículos en todos los periódicos sobre el significado de este artículo. Por ello, quiero hacer mención al Acuerdo aprobado por el Gobierno de las medidas pactadas junto con los partidos de PSOE y Ciudadanos.

En primer lugar, el Senado debe aprobarlo por mayoría absoluta de acuerdo con el artículo 155 CE y el 189 del Reglamento del Senado. La reunión extraordinaria tendrá lugar el próximo viernes 27 de octubre. En ese caso, el período de aplicación de las medidas contenidas en el Acuerdo comprenderá desde su publicación en el BOE hasta la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat. Para ello se deberán convocar elecciones al Parlamento de Cataluña. Otra opción sería que el Gobierno anticipase el cese del Acuerdo comunicándolo al Senado.

Los objetivos de este Acuerdo se encuentran descritos en el apartado “D”. Éstos se pueden resumir en: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria; asegurar la neutralidad institucional y velar por el interés general de todos los catalanes, independientemente de los diferentes posicionamientos políticos; garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales y velar por la recuperación económica; y, por último, preservar los derechos de los catalanes.

La medida principal que se podría tomar conforme al Acuerdo es el cese del Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Todas sus funciones pasarían a los órganos o autoridades que designe el Gobierno. Estos órganos asumirían asimismo las competencias que se consideren necesarias de la Administración de la Generalitat, incluso en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El Gobierno de la Nación asumirá la competencia del Parlamento de Cataluña para decretar la disolución anticipada del Parlamento o el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones, para lo que tendrá un plazo de seis meses.

Derivadas de las anteriores, conviene destacar otras medidas. Primera, el control de los Mossos d’Esquadra y su sustitución por las FFCCSE si fuese necesario bajo responsabilidad disciplinaria, patrimonial, contable e incluso penal por incumplimiento de órdenes. Segunda, el Gobierno ejercerá el control de las telecomunicaciones. En definitiva, de los medios de comunicación social. Tercera, la limitación de los poderes del Parlamento de Cataluña. Por ejemplo, la imposibilidad a partir de su aprobación de proponer candidato a la Presidencia y de celebrar debate y votación de investidura. Y, por otro lado, el control exhaustivo de sus acciones, pues deberá remitir al Gobierno las propuestas de ley, de reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento del Parlamento, y enmiendas o disposiciones normativas sin fuerza de ley. Todas ellas requerirán su conformidad en el plazo de 30 días. Cuarta, el control y limitación de actuaciones de la Administración pública de Cataluña en su generalidad. Quinta, la protección de los funcionarios y empleados públicos al incumplir una orden por estar ésta en contra del proceso secesionista.

Cabe la posibilidad de que la Generalitat ignore estas medidas y no procediese a su aplicación. Como sabemos, ya lo hizo con las sentencias del TC así que no debemos descartar esta opción. Según el Acuerdo, la no aplicación de estas medidas se entenderá como el “incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto”. Por lo tanto, si efectivamente el Gobierno catalán se opone, será el Gobierno quien ejercerá la potestad disciplinaria. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal, que se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El Acuerdo no describe realmente la situación que podemos vivir en las próximas semanas. Todo depende del Senado, que con la mayoría del PP aprobará el Acuerdo. Sin embargo, en cuanto entre en vigor, el Parlament no podrá proponer candidato y sus actuaciones serán muy limitadas. Por lo que quedarían dos opciones: o el Sr. Puigdemont convoca elecciones antes del viernes, o el Gobierno toma el control. La primera opción sería sabia pero a estas alturas del proceso de secesión no parece ser lo que el Presidente de la Generalitat tenga planeado. Seguramente los independentistas no se sometan al control del Gobierno tan fácilmente. La solución a corto plazo parece ser el Acuerdo. Aunque no se haya determinado cuáles de todas la medidas se aplicarán ni cuándo. Además, mientras que políticamente estamos en una situación nublosa e incierta, las empresas se movilizan y aumenta la tensión.

Para concluir, animo a todos los españoles, juristas o no, a leer el documento del Acuerdo de tan sólo 19 páginas. Asimismo, animo a escuchar el discurso de nuestro monarca Felipe VI en la gala de los premios Príncipe de Asturias. Considero que es nuestra responsabilidad informarnos de primera mano, y sin los tintes ideológicos que puedan aparecen en los medios de comunicación. De lo único que no cabe duda es que el proceso secesionista está en contra de los principios democráticos, de la convivencia pacífica, del Estado de Derecho y, en definitiva, de la unidad de España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte II)

Retomando las palabras de la primera parte de mi artículo, yo pregunto: ¿Qué actos ilegales se han llevado a cabo y cuales han sido sus consecuencias? En primer lugar,  el pasado 6 septiembre se aprobó con 72 votos a favor, 11 abstenciones y la “huida” por indignación de los partidos PP, Cs y PSC, la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya presentada por las fuerzas políticas independentistas Junts pel Sí y la CUP en el Parlament el 4 de julio del 2017. La provocación y la burla no dejan indiferente a nadie con el uso de un procedimiento exprés que forzó el artículo 81.3 del Parlament con el objetivo de eliminar los trámites parlamentarios habituales. De esta manera, no sólo se podían presentar enmiendas durante unas escasas tres horas sino que no hubo posibilidad de recurso contra el Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalidad de la misma. La minuciosidad con que se llevó a cabo tiene sus razones: si se presenta un recurso se paraliza el proceso y, en ese caso, no se podría haber celebrado el 1-O. Lo ilegal cuanto más rápido mejor, a ver si se despistan los demás.

En segundo lugar, y también deprisa y corriendo antes de que al TC le diese tiempo de suspender la ley, se firmó el decreto de convocatoria del referéndum por el President junto a los trece consellers. Al día siguiente, nada más y nada menos, y pese a que el TC había suspendido la tramitación de la norma, se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, una ley que incluye decisiones sin compromiso del Estado español como “la doble nacionalidad española- catalana” para los empadronados antes de diciembre de 2016 después de la secesión. Ante ello, el Gobierno interpuso cinco recursos ante el TC, quién suspendió la ley de transitoriedad el día 12 de septiembre. El TC se reunió ese mismo día de urgencia para la suspensión de los primeros dos pasos.

¿Es cierto que está permitido por el Derecho Internacional? Empezando por la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 4.2, garantiza la integridad de los territorios de los Estado Miembro. A nivel de las instituciones, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión muestran ningún apoyo. Primero, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, recalcó que “Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE”. Segundo,  el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reitera la importancia del respeto a la ley y los tribunales nacionales en sus declaraciones: “ En Europa impera la fuerza de la ley, no la ley del más fuerte”. Además, recuerda que Cataluña debería someterse a un proceso de adhesión post-secesión que implicaría una votación unánime de los Estados miembros (artículo 49 TUE). Su ingreso en la UE no sucedería nunca pues el Estado Español votaría en contra.

Fuera de la UE, el Presidente de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) o Comisión europea para la Democracia por el Derecho, Gianni Buquicchio, ya respondió ala carta del Sr. Puigdemont el día 2 de junio que la comisión apoyaría el referéndum en el caso en que éste fuese acordado con el Gobierno español y si es conforme a la constitución nacional y a las leyes. Ni lo uno, ni lo otro. Además, y como explica el Abogado Francisco Rosa, el Derecho Internacional no ampara la autodeterminación más que para las colonias o en casos de violaciones de los derechos humanos. Una vez más, Cataluña no cumpliría estos requisitos. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat no cuenta ni con apoyos ni con instrumentos legales para permanecer en Europa ni para justificarse en el Derecho Internacional.

¿Qué instrumentos ha utilizado el Estado español para evitar este atentado contra la democracia? Las respuestas al desafío son principalmente por parte del poder judicial con persecuciones penales por parte de la Fiscalía, detenciones (como las de catorce organizadores), el cierre de la página web 1-O (aunque reabierta por Puigdemont el mismo día 13 septiembre), la investigación por uso fraudulento de los datos personales de los catalanes, la llamada a comparecer de alcaldes para declarar por el 1-O, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament presidida por Forcadell, por los que permitió la tramitación y aprobación exprés de las leyes nombradas anteriormente, la asunción por parte del Ministro de Hacienda y Función Pública de las cuentas de la Generalitat y, la más clara, la declaración del estado de excepción y, con ello, la suspensión de facto de la autonomía. La reacción de Puigdemont ha sido manipuladora, pues con este acto obtiene sus argumentos para acusar de totalitario al Gobierno español.

¿Qué es el estado de excepción? Antes de nada, el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados. Es el Gobierno quién debe declararlo, previa autorización del Congreso de los Diputados y por un máximo de treinta días.

¿Qué protocolo deben seguir los funcionarios catalanes en caso de recibir órdenes relacionadas con la convocatoria del referéndum? Poco después de las declaraciones del 27 de junio, multitud de funcionarios solicitaron al CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) instrucciones sobre como actuar ante estos casos para eludir responsabilidades. El CSIF indicó que deben pedir por escrito cualquier orden para advertir a la Administración de sus dudas sobre la legalidad. Si la legalidad es manifiesta, el protocolo recuerda el derecho y el deber de no acatar la orden y aconseja denunciarla ante la Policía, Fiscalía o órganos judiciales.

Con esta visión esquemática y general del referéndum, puede quedarnos claro la barbarie que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y con sinceridad me pregunto si el clan independentista, minoritario y radical, realmente se cree todas las mentiras con las que embauca a una población catalana que con esperanza cree en el cumplimiento de un ideal nubloso y contrario a todo lo que se puede denominar democracia. Sólo espero que la división de los españoles no sea una consecuencia demasiado indigesta que se añada en permanencia a los problemas que tenemos en España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte I)

 

¿PUEDE EL PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONVOCAR UN REFERÉNDUM? SÍ, PODRÁ CONVOCAR UN REFERENDO PERO ÚNICAMENTE RELACIONADO CON LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Rebobinemos en el tiempo hasta el pasado 27 de junio, día en el que el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta para la convocatoria de un referéndum unilateral acompañado por el Vicepresidente Oriol Junqueras y la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, a quién irónicamente el pasado día 20 el mismo TC ha denunciado ante la Fiscalía junto con la Mesa del Parlament por tramitar leyes de ruptura, aunque de esto hablaremos más adelante. Ya desde entonces se percibía la extrema cautela con la que el Govern está llevando a cabo el proceso secesionista en contra de la integridad y unidad del Reino de España. Se empezó evitando la firma de acuerdos formales que pudieran llevarle frente a la justicia y se continúa con procedimientos exprés de tramitación de leyes e incumplimiento de sentencias del TC (STC 259/2015 del 2 de diciembre) y con declaraciones amenazantes contra el Gobierno de Mariano Rajoy sobre sus supuestas respuestas totalitarias y sobre la congregación de ciudadanos en contra del Estado. Para entender la ilegalidad del referéndum obtengamos una visión general de la situación empezando desde el principio.

¿Puede el Presidente de una Comunidad Autónoma convocar un referéndum? Sí, podrá convocar un referendo pero únicamente relacionado con los Estatutos de Autonomía. El referéndum del 1-O tiene como pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”. Esta pregunta no sólo no trata sobre asuntos del Estatuto catalán sino que es una clara propuesta de secesión que afecta a la soberanía nacional. Al analizar la pregunta vemos dos partes que delatan su ilegalidad. En primer lugar, “Estado independiente” frente al artículo 2 CE que establece la unidad indisoluble de la Nación española. En segundo lugar, “República” frente al artículo 1.3 CE que define la forma política del Estado como Monarquía parlamentaria. Esto implicaría la renuncia de Felipe VI a sus funciones sobre el territorio y el rey ha dejado claro que “la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra”. Puesto que la respuesta a la pregunta pone en riesgo el cumplimiento de la Constitución española de 1978, el tipo de referéndum que se podría llevar a cabo es un referéndum constitucional, con la consecuente reforma constitucional establecida en los artículos 167 y 168 CE.

¿Quién podría convocar un referéndum de estas características? Según el artículo 149.1.32 el Estado posee competencia exclusiva para la convocatoria de consultas a la ciudadanía por vía de referéndum. ¿Cuál es el mecanismo para ello? El artículo 92 CE responde a esta pregunta plasmando que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, únicamente se permite este mecanismo “para decisiones políticas de especial trascendencia”,- este requisito se cumple,- “de todos los ciudadanos”, – que no se cumple,- y mediante un procedimiento regulado por una Ley Orgánica. Dicho esto, y como muchos españoles nos preguntamos, ¿cómo un gobierno de una comunidad Autónoma puede pretender tomar una decisión que afecta a todos y cada uno de los españoles? ¿Acaso no es contrario a la democracia que uno pocos, poquísimos, decidan el futuro de toda una Nación? Creo que al resto de España nos queda claro esto, salvo a ciertos manifestantes en las calles de Madrid que apoyan la autodeterminación. Hasta aquí hemos llegado…

Entonces, ¿Por qué el Sr. Puigdemont no disuelve el Parlament y convoca elecciones? Rafael Hernando, Albert Rivera y muchos otros le han planteado esta pregunta al Presidente de la Generalitat ya desde junio. Pero de esto hablaremos mañana en la segunda parte de mi artículo…

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

La declaración de Rajoy: ¿propaganda política de la oposición?

LA CORRUPCIÓN HA HECHO Y HACE MUCHO MAL A NUESTRO PAÍS. SIN EMBARGO, MUCHAS FUERZAS POLÍTICAS LA UTILIZAN COMO ESPADA DE DAMOCLES EN SU PROPIO BENEFICIO, EN VEZ DE LUCHAR Y TRABAJAR POR HACER FUNCIONAR LA DEMOCRACIA Y VELAR POR LOS INTERESES DE NUESTRA ESPAÑA Y NUESTROS ESPAÑOLES.

El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha declarado en juicio el pasado 27 de julio en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel. Este hecho sin precedentes en nuestro país ha sido utilizado, como muchos sugieren, como estrategia política de una oposición que tiene como único objetivo quitarle el mando a un presidente elegido democráticamente, en unas elecciones justas y libres y echarle del gobierno a cualquier precio.

En un país como el nuestro, donde en la televisión lo que más audiencia tiene son los programas del corazón y otros como “Adán y Eva” o “Mujeres y hombres y viceversa” y se utilizan como herramienta para la campaña política de algunos partidos, se pretende expandir el espectáculo a nuestro Congreso y a nuestros Juzgados. El claro ejemplo es la moción de censura del pasado mes de junio y, ahora, el llamamiento a testificar por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) a nuestro presidente Mariano Rajoy. La cuestión se presenta en la intención de la oposición en hacer justicia o, por el contrario, manchar y acabar con la reputación y la confianza de una sociedad hacia su presidente, que en nuestro caso ha sido llamado como testigo,- que no investigado o imputado.

La tergiversación que se puede llegar ha observar de los acontecimientos es realmente sorprendente, y, por qué no, vergonzante. Y, por ello se pretende mantener en la sombra. Todo ello se demuestra no sólo con la acusación popular, compuesta por abogados de la oposición, que dinero para esto sí que tienen, sino por el tipo de preguntas que los mismos han dirigido al presidente. Tanto afán de acusarle directamente en vez de tratarle como testigo que el juez, Ángel Hurtado, ha sido criticado por sus numerosos vetos a preguntas y respuestas de ambas partes.

Sin embargo, la justicia española no es la primera en involucrar a un gobernante político en un procedimiento judicial. En otros países europeos, presidentes y primeros ministros también se han personado como parte en un juicio, y no han sido precisamente llamados a testificar, como Mariano Rajoy. Como expone rtve, en Francia varios presidentes han pasado por manos de la justicia, desde Jacques Chirac hasta Nicolas Sarkozy, pero éstos sí fueron investigados y condenados. También en Francia, al igual que Rajoy encontramos testigos con los primeros ministros Lionel Jospin y Dominique Villepin. En Alemania, el presidente Wulff y el canciller Kohl también se vieron salpicados por casos de corrupción. En Italia, el claro ejemplo es Berlusconi. También David Cameron y Donald Tusk han comparecido ante tribunales. Incluso al otro lado del charco, Donald Trump tuvo que realizar una declaración jurada, aunque no es el único conflicto legal que éste mantiene abierto.

Lo que realmente deberíamos apreciar es que el hecho de que un gobernante tome parte en un procedimiento judicial forma parte de la democracia y, si no sucediese así, entonces es cuando deberíamos preocuparnos. Es una de las ventajas de un sistema político democrático: poder materializar la accountability a través del sistema judicial y de los órganos judiciales.

Dicen que la justicia es un show político en nuestro país pero, ¿quién es el mayor protagonista de ese show? Como recalcaba la diputada Ana Oramas en el debate de moción de censura, algunos partidos políticos españoles se han propuesto convertir las instituciones públicas en un verdadero espectáculo teatral que pagamos a un precio muy alto todos los españoles, y con ello trasladar el ejercicio de la democracia a los platós de televisión. Parece ser que también quieren hacer lo mismo con la justicia, burlando a la democracia y destruyéndola desde lo más profundo: sus instituciones.

La corrupción ha hecho y hace mucho mal a nuestro país. Sin embargo, muchas fuerzas políticas la utilizan como espada de Damocles en su propio beneficio, en vez de luchar y trabajar por hacer funcionar la democracia y velar por los intereses de nuestra España y nuestros españoles. Confío en que no se caiga en la trampa y no se utilicen nuestros Juzgados como herramienta de propaganda política. Y, por último, recordemos que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha personado como testigo, no como acusado, y el principio de presunción de inocencia de nuestro sistema judicial debería ser aplicado a todos y cada uno de los ciudadanos por igual.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Fuente de la imagen Eldiario.es

Día Mundial de los Refugiados: El milagro de los 16.000

EN ESTA CRISIS NO DEBERÍAN EXISTIR IDEOLOGÍAS NI PARTIDOS, SINO UNA SOCIEDAD Y UN GOBIERNO COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS. EL PROBLEMA ES REAL. ES URGENTE. Y, ES INEVITABLE.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el número de personas que han llegado a nuestras costas y atravesado nuestras vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha incrementado en un 75% respecto al mismo período del año pasado. Las cifras son tan preocupantes como que este mes de junio ya llegaban a las costas andaluzas unas 1.300 personas y el número de muertos continúa incrementándose en la ruta del Mediterráneo Occidental. Esto lo permite un país democrático que en su Constitución dedica, nada más y nada menos, que su Título II con 45 artículos al reconocimiento de derechos y libertades, algo de lo que estar orgullosos si la comparamos con la Ley Suprema de la mayoría de democracias de nuestro continente.

El pasado día 20 de junio de 2017, fue el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo convendría realizar una reflexión sobre una crisis que pese a concernir a toda Europa, sufre un inmovilismo bochornoso, enfermizo y crónico de los gobiernos occidentales, incluido el español, que tantos derechos reconoce y predica. De hecho, cabe resaltar que Oxfam ha expresado sus intenciones de demandar a nuestro Gobierno ante la Comisión Europea por su supuesto incumplimiento del Acuerdo con la UE celebrado en septiembre de 2015, por el que España se comprometía a acoger a 17.337 personas, de las que, hasta el momento, sólo ha dado asilo a 1.304, cifra que no llega a representar el 8% de la cuota. Pero, ¿puede España hacer frente a su acogimiento, mantenimiento e integración y todo lo que ello significa y requiere?

Antes de nada, ¿qué es el derecho de asilo? Y, ¿cuál es la definición de refugiado? Se define el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, y desarrollado mediante Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria,  como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley y con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Este derecho se concede a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, “a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” o al apátrida.

Además, si no se reúnen los requisitos para obtener el asilo o la condición de Refugiado, se reconoce también el derecho a la protección subsidiaria en ciertos casos. Estos derechos deberían garantizar la no devolución ni expulsión. Preguntemos en la valla de Melilla si esto realmente se cumple o no. La realidad es que ni se están reconociendo estos derechos, ni si reconocidos, se están protegiendo a todos los refugiados que los disfrutan. ¿Negligencia? ¿Escasez de medios? ¿Pasotismo? ¿Miedo al terrorismo? ¿Egoísmo? ¿Divergencia política?

Dicen algunos que se requieren leyes. Pero, leyes hay. Otro debate sería si son suficientes, eficaces o simplemente si se están realmente implementando. De nada sirve que 17.000 refugiados lleguen a España si no existen infraestructuras para instalarlos, medios para mantenerlos y una conciencia social para integrarlos, todo ello evitando la formación de guetos que propicien la división, la radicalización, la pobreza y la inseguridad dentro de nuestras fronteras. Como relató ayer en su discurso el Alto Comisionado para el Día Mundial del Refugiado:

“La inclusión requiere que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y comunidades a los refugiados. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, que reúna a estudiantes, empresarios, atletas, activistas, líderes religiosos, políticos y artistas, para compartir las responsabilidades”

Desde 2015 han pasado dos años durante los cuales podríamos haber desarrollado políticas sociales en esta dirección. Se requiere sin duda alguna una sensibilización de la sociedad con el fin de evitar el racismo y la xenofobia hacia los extranjeros que están dominando el mundo occidental. El terrorismo, por otro lado, alimenta el rechazo de las masas hacia los nuevos huéspedes. Por ello, debemos dejar de enfocar nuestras energías únicamente en mociones de censura absurdas y en desafíos independentistas y, uniendo fuerzas políticas dispares, dirigirlas también en llevar a cabo acciones solidarias conjuntas de la mano de Europa. De hecho, Bruselas ya plantea para los próximos presupuestos europeos la entrega de fondos en base a criterios relacionados con la respuesta de los Estados a la presión migratoria, ya que debido al Brexit, se buscan nuevas formas de financiación de la UE y de reparto de sus fondos. Veamos si el dinero inspira más a los gobiernos.

En esta crisis no deberían existir ideologías ni partidos, sino una sociedad y un gobierno comprometidos con los Derechos Humanos. El problema es real. Es urgente. Y, es inevitable. Toda Europa está y seguirá sumergida en esta crisis humanitaria. Seguir dándole la espalda no será sostenible por mucho tiempo. Se requiere una respuesta YA acompañada de una mejora en la aplicación del derecho de asilo, puesto que España no sólo dispone de escasos tres meses para cumplir el Acuerdo sino que el ritmo que llevamos, los defectos y lagunas de nuestro sistema jurídico y la falta de políticas de asimilación de la sociedad, se necesita de un milagro para que los 16.000 refugiados sean acogidos e integrados en nuestro país. Y, dentro de poco probablemente las cifras lleguen a los 160.000.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Del decoro o la importancia de respetar las leyes no escritas

Tan solo pedimos que se guarden las formas en el lugar donde está representada la soberanía nacional
A raíz de los últimos debates acontecidos en el hemiciclo -¿deberíamos decir “hemicirco”?- me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de las formas, también -y especialmente- en la vida política. Últimamente hemos asistido al espectáculo de ver la Cámara Baja de las Cortes Generales convertida en una venta de carretera. El Congreso de los Diputados, ese sitio donde las personas que allí se sientan se hacen llamar “señorías”, se ha convertido en un lugar zafio y chabacano. Nada de lo que extrañarse, por otra parte, si nos atenemos a los últimos índices de audiencia de ciertos programas de televisión.
“Bueno -me dirán algunos- y a ti, ¿qué te importa cómo vaya vestida la gente?” Son esos mismos que desconocen o quieren desconocer el tratamiento de usted, que tanto bien hace a la sociedad. Esta forma de dirigirse a las personas, además de mostrar respeto a los mayores y a las personas distinguidas, sitúa en el mismo plano de igualdad en la dignidad a las personas que no son familia o no tienen una amistad íntima, cualquiera que sea su posición social. No se me ocurre mejor igualdad que esta. Además no cuesta dinero, algo que siempre se agradece. “Sistema feudal”, lo llama alguno. Lo que hay que oír.
Pero volvamos a la pregunta. Las formas importan, y mucho. No es lo mismo asistir a un entierro que ir a jugar un partido de tenis. No es lo mismo ir a la playa que ir a un restaurante en la ciudad. Y no es lo mismo estar de botellón que ir a trabajar al Congreso de los Diputados. La Cámara en sí exige un decoro. Nunca hizo falta recordar esto: sus señorías lo guardaban. Por desgracia, en los tiempos posmodernos que corren, se ha extendido la falacia de que todo es opinable. Nada más lejos de la realidad. Como solía decir un gran Abogado del Estado, “no se puede someter a votación la posibilidad de derribar la Giralda”.
No es lo mismo un peinado con rastas que un peinado sin rastas. No es lo mismo una chaqueta que una camiseta. No son lo mismo unos zapatos que unas zapatillas. Y así sucesivamente. Por supuesto, tampoco es lo mismo interrumpir una intervención parlamentaria con gritos, berridos o aspavientos que escuchar respetuosamente y en silencio a quien esté haciendo uso de la palabra. En cuanto a las ovaciones, mejor sería reservarlas para aquellas ocasiones que realmente lo merecieran.
“¿Y quién dicta lo que es aceptable y lo que no, dentro de una Cámara parlamentaria?’’ En el limitado campo de la vestimenta, se puede reconocer sin problema que las convenciones sociales desempeñan un papel muy relevante. Lo que hace trescientos años era un traje de gala, hoy es un disfraz. Y lo que para muchos sigue siendo la norma de vestir imprescindible en un ambiente profesional serio, dentro de equis años puede que no lo sea.
De acuerdo, pero vivimos en el presente, aquí y ahora, y no debemos caer en el error de desechar las convenciones como si fueran algo malo; como si fueran tan solo reliquias del pasado a las que solo carcas y reaccionarios se niegan a renunciar. Las convenciones facilitan la vida en sociedad, la hacen más agradable. Pensemos por ejemplo en esa manía que tiene la gente de comer con cubiertos pudiendo utilizar las manos, o en esos jóvenes maleducadosque tienen por costumbre levantarse en el autobús o en el metro para ceder su asiento a mujeres embarazadas o personas mayores.
“¿Y a dónde quiere llegar el Gobierno? ¿Es que va a prohibir entrar con chándal y rastas al hemiciclo?” Piensa el ladrón que todos son de su condición, dice el refranero popular. No hay que pensar en términos de Reales Decretos y Ordenanzas, sino confiar en la sociedad civil. No hay que confundir las nociones (distintas) de Estado y Sociedad. El primero debe estar al servicio de la segunda. Aqui el orden de los factores sí altera el producto.
 
No será el caso de este Gobierno. No pretendemos invadir la vida de nadie. Tampoco la de sus señorías. El Reglamento del Congreso no será modificado para prescribir cómo se debe acudir al Parlamento. Tan solo pedimos que se respeten esas leyes no escritas que, entre otras cosas, aconsejan lucir un aspecto decente (según las convenciones imperantes en 2016, claro) cuando se entra en el lugar donde está representada la soberanía nacional. Los españoles se lo merecen.
 
Amadeo Lora