Hiperinflación legislativa: El Estado de Derecho en crisis

EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HEMOS ASISTIDO EN ESPAÑA
A UNA CONSTANTE Y PROGRESIVA DEGRADACIÓN DEL
ESTADO DE DERECHO. ESTE PROCESO DEBE PARAR
Aunque muchas veces nos empeñamos en demostrar lo contrario, España es una nación moderna que está en el corazón espiritual de Europa, tal y como trata de explicar el historiador Suárez en su obra “La Europa de las cinco naciones”. Por desgracia, estamos asistiendo a una muerte lenta y dolorosa de su sociedad civil.
Este proceso no lo abandera ni el movimiento secesionista catalán, ni los grupos proetarras presentes en las instituciones, ni el populismo facilón de más derechos y menos obligaciones. Tampoco es una responsabilidad que se pueda atribuir exclusivamente a políticos que consideran que “la tierra pertenece alviento”  o que creen en “acontecimientosplanetarios”.
Ni siquiera podemos optar por cargar únicamente y de forma interesada contra nuestros predecesores en la responsabilidad de Gobierno, quienes, como malos estudiantes que se empachan a estudiar la noche de antes de un examen, no supieron (o no quisieron) enfrentarse al déficit de otra manera que tomando el peor de los atajos: asfixiar fiscalmente a los trabajadores.
No: el problema nos afecta a todos, y todos hemos contribuido a crearlo. No obstante, esta enfermedad que padecemos en la España del siglo XXI tiene cura, y el objetivo primordial de nuestro departamento ministerial es claro: acabar con la hiperinflación legislativa y restaurar el Estado de Derecho.
Y es que la “diarrea legiferante” que padecemos, por tomar prestada la terminología empleada por el padrino de mi promoción en la Facultad, acarrea principalmente dos graves consecuencias: descenso de la calidad de los textos legales y falta de seguridad jurídica. Me gustaría hacer hincapié en este último problema.
La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. En España, además de ser un valor garantizado expresamente en el artículo9.3  de nuestra Carta Magna, se trata de un valor que impregna –o debería impregnar- todo el Ordenamiento.
Sin seguridad jurídica, la iniciativa personal y las inversiones económicas y financieras se paralizan. Las personas quedan atenazadas por la incertidumbre, por el miedo a lo que pueda pasar, y la parálisis se vuelve crónica: la sociedad cae enferma.
 
Sin seguridad jurídica, el ciudadano se convierte en un mero sujeto paciente al albur de los poderes públicos, que privan así a la persona del control de su destino: de sus expectativas, de su capacidad de acción, y, en definitiva, de su confianza en las Autoridades.
Hemos asistido en los últimos tiempos al ascenso de políticos que dicen defender a “los de abajo” frente a “los de arriba”. Creo que no es difícil adivinar quiénes son los de abajo en las relaciones Estado legislador–ciudadano legislado.
Hace no mucho, mantuve con un consultor estratégico una conversación reveladora a este respecto. Antes de comenzar un proyecto, quería asegurarse de que no va a caer en alguna trampa de la maraña fiscal y regulatoria que envuelve al sector de las inversiones, y me dijo: “por desgracia, la ignorancia de la leyes no excluye de su cumplimiento”.
Efectivamente, nuestro Ordenamiento jurídico recoge el aforismo clásico “ignorantia iuris non excusat” en el artículo 6.1  del Código Civil. Lo grave de este asunto no es la regla en sí, de lógica impecable, sino lo difícil que se ha convertido salir de esa ignorancia.
La bola se ha hecho demasiado grande: ¿Qué normativa es aplicable? ¿Cuándo entra en vigor esta disposición? ¿Cuándo queda efectivamente derogada una ley? ¿Se puede entender tácitamente derogada esta otra?  Son preguntas que se han convertido en el día a día de algunos profesionales del Derecho, y que no ayudan a que la sociedad avance hacia una mayor competitividad en un mundo global.
La forma de mejorar la situación no es aprobar más leyes, sino mejores leyes. Los españoles no se merecen un Gobierno cortoplacista centrado en poner parches normativos fácilmente explicables en un plató de televisión. Ha llegado la hora de la verdad: devolvamos la Ley al puesto de honor que le corresponde en la sociedad antes de que el Estado de Derecho se convierta en una reliquia del pasado.
 
Amadeo Lora

Toros sí: una defensa jurídica de la Tauromaquia

ADEMÁS DE CULTURA Y TRADICIÓN, LA TAUROMAQUIA
TIENE CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E IMPLICACIONES
JURÍDICAS IMPORTANTES, QUE CONVIENE NO OLVIDAR
 
Una vez más, y en consonancia con algunas corrientes sociales existentes en nuestro país en los últimos años, se ha vuelto a levantar una densa polvareda en torno a la cuestión de la tauromaquia. En esta ocasión, Valencia se convirtió el epicentro de la polémica.
 
El pasado fin de semana una veintena de activistas antitaurinos, semidesnudos y cubiertos de trazos de pintura roja, se manifestaron frente al Ayuntamiento de Valencia bajo el lema “Per Unas fallas sense sang” (“por unas fallas sin sangre”) y llamaron a “dar voz a los animales” y a unirse a su silencio. Asimismo, unas diez mil personas, según la Delegación del Gobierno, recorrieron las calles de la capital del Turia en defensa de los festejostaurinos.
 
Además de cultura y tradición arraigada en España, la tauromaquia tiene consecuencias económicas e implicaciones jurídicas importantes, que conviene no olvidar. Por ello, dejo a poetas y artistas, a maestros y aficionados, que se enganchen en apasionantes conversaciones sobre el drama y la tragedia, sobre si la lucha del hombre contra la bestia sin más armas que un una muleta y una espada se puede considerar arte o no. Por mi parte, me veo en el deber de hacer una serie de consideraciones jurídicas para aportar algo de claridad a un debate en el que se han retorcido tanto algunos conceptos que han acabado por perder su significado.
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En su concepción clásica, la Justicia es dar a cada uno lo suyo. Lo que a cada uno corresponde varía en función del sujeto de que se trate. Así, para determinar los derechos de un determinado ser, es preciso establecer, con carácter previo, qué seres pueden ser sujetos de derechos. Y la respuesta no es ni puede ser otra que las personas. En efecto, sólo las personas tienen derechos. Como señala el profesor Álvaro D’Ors,
 
El hombre es un ser vivo animado, no por un principio vital que, como el de los animales, se extingue con el cuerpo, sino por un alma espiritual que le permite reflexionar racionalmente sobre sí misma y las cosas, de lo cual están privados los otros seres vivos
 
Pues bien, esta idea, sencilla en su formulación, trae problemas en la práctica. Si los animales no tienen derechos, ¿se puede hacer con ellos lo que se quiera sin violar principios de justicia? No es mi propósito ahondar aquí en esta cuestión filosófica, pero me parece importante recordar a la ciudadanía en la época actual que los animales están al servicio de las personas, y no al revés. Ello legitima servirse de ellos para distintas finalidades: la comida, el transporte, la compañía… y sí, también el espectáculo.
 
En este contexto, se justifica que el pueblo español reivindique su derecho a seguir disfrutando de las corridas de toros. A pesar de las desafortunadas prohibiciones de la fiesta nacional que tuvieron lugar en Barcelona y San Sebastián, no debe olvidarse que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural español de pleno derecho en virtud de lo dispuesto en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre. Y como tal patrimonio, debe ser protegido, por fuerte que pueda llegar a ser la presión mediática o social. Así, dispone el artículo 13 de la referida Ley que
 
En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.
 
Las corridas de toros son un espectáculo único en el mundo, del que la muerte de los morlacos es parte fundamental. Es comprensible que no guste a todos, pero aquellos a los que, con razón, les pueda desagradar, no deben caer en la tentación de enarbolar la bandera de los falsos derechos de los animales. Sencillamente, pueden no ir a las corridas, algo a lo que sí tienen derecho. De igual modo, aquellos amantes de la fiesta que lo deseen, tienen derecho a seguir disfrutándola. Al final, como en tantas otras ocasiones, la solución se encuentra en respetar la libertad.
 
Amadeo Lora