El Canal de Panamá II – La fuerza de dos Océanos: Panamá y España

SERÁ UN RETO OBTENER RENTABILIDAD ECONÓMICA DE UN PROYECTO TAN AMBICIOSO
COMO COMPLEJO. LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS DEBERÁN APOYARSE EN LOS INTAN-
GIBLES Y, CONCRETAMENTE SACYR, ENSALZAR EL NOMBRE DE LA MARCA ESPAÑA
El desarrollo del proyecto de ampliación del Canal de Panamá se ha visto empañado por dos asuntos que implican al Gobierno de Panamá, al Gobierno de España y, en este caso, a Sacyr como líder del consorcio encargado del diseño y construcción del tercer juego de esclusas. Por un lado, el proceso de adjudicación y por otro los retrasos y conflictosexistentes entre cliente y contratista, dejando de lado un aspecto tan importante como el fallecimiento de siete trabajadores durante las obras de ampliación.
Nadie duda de la profesionalidad de cualquiera de las empresas constructoras españolas, solamente hay que observar la cantidad de proyectos internacionales que están llevando a cabo con contrastado éxito. Sin embargo, analizando en profundidad algunos acontecimientos y su cronología, se observa que el Gobierno de España retiró de la lista de paraísos fiscales a todos aquellos Estados con los que firma acuerdos de intercambio de información o convenios de doble imposición con la correspondiente cláusula de intercambio de información. Bajo la segunda de las opciones, en octubre de 2010 y tras la negociación de las obras de ampliación, Panamá salió de la lista de paraísos fiscales reconocidos por el Gobierno español con la firma del, en el aquel momento, Presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Según apuntaban algunos medios, “el Gobierno de Panamá aplicaba entonces una política de reciprocidad y consideraba paraíso fiscal al Estado que le calificara de lo mismo. Si las empresas españolas tenían sede en un paraíso fiscal a ojos panameños, no podían competir en sus concursos de adjudicación de obras públicas”.
También ayudaron a ganar el proyecto el competitivo precio de la oferta y el hecho de que la oferta española ofrecía una solución que permitía ahorrar agua dulce, problema relacionado con el control del nivel de salinidad del Lago Gatún, que hoy en día abastece de agua a más de 2 millones de personas.
Más allá de los aspectos técnicos de la obra de ampliación, los últimos nueve años han supuesto un reto para el consorcio de empresas, GUPC (Grupo Unidos por el Canal), liderado por Sacyr y que completan la italiana Salini Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.
Algunas complicaciones tienen que ver con el retraso en la entrega de las obras y con el sobrecoste. El cliente, la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), afirma que hasta la fecha han invertido 5.450 millones de dólares, habiendo presupuestado inicialmente unos 3.200 millones (cifra considerablemente inferior al coste estipulado por los demás competidoresen la puja).

Según datos oficiales, la ampliación ha sido costeada completamente por la ACP con los flujos de caja procedentes de su actividad y con una financiación parcial de aproximadamente 2.300 millones de dólares procedentes de cinco agencias multilaterales, pactado a 20 años y con 10 años de gracia.

La ampliación ha sido un trabajo de alta ingeniería que, además, ha enfrentado problemas menos técnicos como las huelgas de trabajadores en enero y abril de 2012, en las que exigían nóminas pendientes por parte de GUPC.

Fuente: El Mundo obtenida de Sacyr.
En 2014, GUPC paró la obra para reclamar pagos compensatorios y diferencias varias entre cliente y contratista (en torno a 1.600 millones en aquel momento), sobrecostes totales que hoy se cuantifican en unos 3.200 millones. Difícilmente sabremos la cifra exacta que se obtendrá hasta que se resuelva el conflicto. Ya existen antecedentes de fallos de tribunales a favor del consorcio, a través de los cuales se ha conseguido recuperar hasta el 52% de la cantidad demandada en algunos casos.
Además, otro efecto a tener en cuenta es que, de acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), de 2007 a 2015, el país ha tenido un crecimiento acumulado del salario mínimo superior al 60%, llegando a ser el más alto de América Latina. Efecto no desdeñable cuando, según datos oficiales de Sacyr, hasta 35.000 panameños han trabajado en las obras de ampliación. Por todo ello, aunque el proyecto haya terminado, comienza ahora el verdadero reto de Sacyr, obtener rentabilidad de la obra.

Buscando otro punto positivo, Panamá cuenta con un plan de inversiones de 19.000 millones en infraestructuras en los próximos 5 años, por tanto, las empresas españolas interesadas deberán estar atentas y aprovechar la experiencia. Toca prestar atención a las palabras de Juan Carlos Valera, Presidente de Panamá, quien afirmó que:

“Esperamos que las empresas que participaron en la ampliación participen en más obras en Panamá”


Juan Abascal Alonso

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