La organización ministerial (II)

HAY QUE TENER CUIDADO CON EL AUMENTO DE LA PLANTILLA FUNCIONARAL EN LAS

ÉPOCAS DE CRECIMIENTO, PORQUE EN LAS RECESIONES LAS OPORTUNIDADES DE
DISMINUCIÓN DE LA MISMA SON REDUCIDAS

Con el desbloqueo a la investidura de Mariano Rajoy gracias a la abstención del Partido Socialista, España vuelve a tener algo más que un presidente interino. Con la XII legislatura vienen cambios en los nombres propios del Gobierno y en su organización, varios ministros han dejado su puesto, y algunas áreas han cambiado de Ministerio. Una de estas restructuraciones afecta al Ministerio que me incumbe, renombrado como Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Qué supone este cambio? En la práctica, implica que la relación con las Comunidades Autónomas ha pasado a manos del Ministerio de la Presidencia. Aclarados los cambios que ha experimentado este Ministerio, puedo seguir con el tema que quería tratar.


El mes pasado comenté los detalles de la organización ministerial, describiendo los puestos más comunes de cada Ministerio y sus tareas principales. Comentaba que un aumento de la masa funcionarial podía generar problemas de gasto para el Gobierno. El miedo subyacente que tenía al escribir esas palabras era que el Gobierno entrante se decidiese por una estructura ministerial similar a las de José Luis Rodríguez Zapatero. Un aumento de Ministerios, si se pretende mantener la calidad en los actuales, pasa forzosamente por un aumento de la masa funcionarial, y con el país en recuperación no es el momento de asumir más compromisos de gasto.

Que nadie se tome esto como un ataque a los funcionarios. En nuestro sistema de gobierno los funcionarios son totalmente necesarios. La sociedad española no puede funcionar sin policías, jueces, profesores, barrenderos, médicos y muchos otros. Hay una gran cantidad de profesiones dedicadas al servicio público que contribuyen al bienestar del país. El problema es que la bolsa de la que sale el sueldo de los funcionarios es el Estado. En cualquier empresa privada las contrataciones tienden a suplir las necesidades de la empresa. Una época de bonanza y expansión provocará que la empresa contrate más empleados, pero años malos pueden conllevar despidos. Es decir, cuando la empresa tiene problemas estructurales ajusta su plantilla, y cuando tiene necesidades la aumenta, consiguiendo la supervivencia o el crecimiento. En el Estado español despedir a un funcionario es una tarea realmente difícil, que requiere de unas causas objetivas bastante más graves de lo que supondría el despido en cualquier empresa privada. En la práctica, esto significa que hay que tener cuidado con el aumento de la plantilla funcionarial en las épocas de crecimiento, porque en las recesiones las oportunidades de disminución de la misma son reducidas. Las pocas herramientas de ajuste de las que se dispone son el cese de ofrecimiento de plazas, la congelación de salarios, y el simple paso del tiempo que lleve a la jubilación de los funcionarios.



¿Cuál podría ser una solución? Un sistema mixto de empleo público, mediante el cual la mayor parte de los empleados públicos tuviesen un contrato laboral estándar sujeto a las mismas condiciones que los empleados de una empresa privada cualquiera, y por el que sólo una pequeña parte, quizá los cargos más técnicos, tuviesen la categoría de funcionario. Esto desprotegería a los funcionarios, dotándoles de menor seguridad en su trabajo, pero proporcionaría un enorme alivio al Estado. No hay que olvidar que los funcionarios están al servicio del Estado, no al revés, y no hay un motivo claro por el que necesiten una protección mayor que la que ya ofrece la legislación laboral, más allá de que todo el mundo prefiere no poder ser despedido.

¿Cómo podría implantarse este sistema? Hay una cosa clara, que es que los funcionarios que ya tienen esa categoría no pueden ser desposeídos de su categoría y protección. Por tanto, la única manera de implantarlo consistiría en aplicar los cambios en las sucesivas convocatorias de plazas. La transición duraría cerca de 40 años, hasta la jubilación de los últimos funcionarios del régimen actual, pero esta manera salvaguardaría los privilegios de los funcionarios actuales a la vez que le daría un balón de oxígeno al Gobierno en épocas de crisis.

Gonzalo Aguilar

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