No se paga más por ser catalán

DESPUÉS DE LA AMENAZA SECESIONISTA POR PARTE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL GOBIERNO CENTRAL DEBE ENFRENTAR POSIBLES CONSECUENCIAS EN ÉSTA Y OTRAS COMUNIDADES. CEDER ANTE EXIGENCIAS NO FUNDAMENTADAS NO PARECE LA RESPUESTA QUE DEBA TOMAR EL EJECUTIVO.

Estoy absolutamente de acuerdo en la “plurinacionalidad” que caracteriza a España, las diferencias que existen entre comunidades, provincias y comunidades vecinales. Considero que es parte de la riqueza que tenemos y que es un error buscar nuevas diferencias con el único fin de dividirnos. Defiendo la conservación de esas diferencias en cultura, historia y lengua, así como en muchas otras áreas, pero distinguiendo el respeto y la protección frente a la intolerancia y la imposición.

Tal como sucede en otros ministerios, soy partidario de que desde Fomento se trasladen competencias a las autonomías, nadie mejor que los dirigentes que viven en un área determinada a la hora de comprender las necesidades requeridas. Sin embargo, hay competencias que desde mi punto de vista son únicas y exclusivas del Gobierno Central. Por ejemplo, que este obligue a defender el catalán, el euskera y las demás lenguas cooficiales, así como otras no oficiales como el asturiano o el aragonés, al mismo tiempo que protege el castellano como lengua principal.

Las comunidades autónomas de España, dentro del ordenamiento jurídico estatal, están dotadas de cierta autonomía legislativa con representantes propios, y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. Últimamente se habla mucho de la posibilidad de establecer una España federal. La realidad es que lo podemos llamar como queramos ya que, el hecho de ser un estado federado no implica tener una mayor descentralización de las competencias, y si es así, que alguien me explique el caso de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que creo que ayudaría es tener un Senado que fuera efectivamente una cámara de representación territorial, algo que, desde mi punto de vista, no tenemos ahora mismo.

Las competencias más importantes que comparten nuestras comunidades se refieren a educación, sanidad, cultura y lengua, ordenación del territorio y urbanismo. Es cierto que algunas comunidades, como el País Vasco y Navarra, disponen de un poder y una autonomía fiscal más extensivos que el resto. Sin embargo, la Comunidad Autónoma de Cataluña coincide con las otras 14 al compartir la gestión de impuestos con el Gobierno Central, recogiendo por ejemplo sus propios impuestos de patrimonio y sucesiones, una parte del IRPF y un 50% del IVA y otros impuestos como el especial sobre el alcohol.

En un país en el que está más que asumido el hecho de que una persona con mayores ingresos pague, no sólo más impuestos si no un mayor porcentaje de IRPF, no entiendo como el principal argumento para independizarse es la oposición frente al principio de solidaridad entre comunidades. No me cansaré de repetirlo, no pagan más por ser catalanes, si no por tener mayores ingresos. Si tan convencidos están de semejante injusticia, que exijan al Govern una bajada de los impuestos sobre los que sí tienen autoridad.

Por otro lado, y para aprovechar la fecha de publicación de este artículo (siendo yo “no partidario” de acudir al artículo 155 para disolver el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña), viendo los últimos movimientos, prefiero que sea Rajoy quien suspenda la autonomía de Cataluña antes de que lo haga Puigdemont.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

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