¿Qué dice el Acuerdo sobre las medidas en aplicación del 155?

DE LO ÚNICO QUE NO CABE DUDA ES QUE EL PROCESO SECESIONISTA ESTÁ EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, DEL ESTADO DE DERECHO Y, EN DEFINITIVA, DE LA UNIDAD DE ESPAÑA

El artículo 155 de la Constitución Española fue activado el pasado sábado 21 de octubre de 2017 por primera vez en la historia de nuestro país. Esto sucedió en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros tras efectuarse por parte del Gobierno de la Nación dos requerimientos previos. Ya existen numerosos artículos en todos los periódicos sobre el significado de este artículo. Por ello, quiero hacer mención al Acuerdo aprobado por el Gobierno de las medidas pactadas junto con los partidos de PSOE y Ciudadanos.

En primer lugar, el Senado debe aprobarlo por mayoría absoluta de acuerdo con el artículo 155 CE y el 189 del Reglamento del Senado. La reunión extraordinaria tendrá lugar el próximo viernes 27 de octubre. En ese caso, el período de aplicación de las medidas contenidas en el Acuerdo comprenderá desde su publicación en el BOE hasta la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat. Para ello se deberán convocar elecciones al Parlamento de Cataluña. Otra opción sería que el Gobierno anticipase el cese del Acuerdo comunicándolo al Senado.

Los objetivos de este Acuerdo se encuentran descritos en el apartado “D”. Éstos se pueden resumir en: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria; asegurar la neutralidad institucional y velar por el interés general de todos los catalanes, independientemente de los diferentes posicionamientos políticos; garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales y velar por la recuperación económica; y, por último, preservar los derechos de los catalanes.

La medida principal que se podría tomar conforme al Acuerdo es el cese del Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Todas sus funciones pasarían a los órganos o autoridades que designe el Gobierno. Estos órganos asumirían asimismo las competencias que se consideren necesarias de la Administración de la Generalitat, incluso en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El Gobierno de la Nación asumirá la competencia del Parlamento de Cataluña para decretar la disolución anticipada del Parlamento o el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones, para lo que tendrá un plazo de seis meses.

Derivadas de las anteriores, conviene destacar otras medidas. Primera, el control de los Mossos d’Esquadra y su sustitución por las FFCCSE si fuese necesario bajo responsabilidad disciplinaria, patrimonial, contable e incluso penal por incumplimiento de órdenes. Segunda, el Gobierno ejercerá el control de las telecomunicaciones. En definitiva, de los medios de comunicación social. Tercera, la limitación de los poderes del Parlamento de Cataluña. Por ejemplo, la imposibilidad a partir de su aprobación de proponer candidato a la Presidencia y de celebrar debate y votación de investidura. Y, por otro lado, el control exhaustivo de sus acciones, pues deberá remitir al Gobierno las propuestas de ley, de reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento del Parlamento, y enmiendas o disposiciones normativas sin fuerza de ley. Todas ellas requerirán su conformidad en el plazo de 30 días. Cuarta, el control y limitación de actuaciones de la Administración pública de Cataluña en su generalidad. Quinta, la protección de los funcionarios y empleados públicos al incumplir una orden por estar ésta en contra del proceso secesionista.

Cabe la posibilidad de que la Generalitat ignore estas medidas y no procediese a su aplicación. Como sabemos, ya lo hizo con las sentencias del TC así que no debemos descartar esta opción. Según el Acuerdo, la no aplicación de estas medidas se entenderá como el “incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto”. Por lo tanto, si efectivamente el Gobierno catalán se opone, será el Gobierno quien ejercerá la potestad disciplinaria. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal, que se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El Acuerdo no describe realmente la situación que podemos vivir en las próximas semanas. Todo depende del Senado, que con la mayoría del PP aprobará el Acuerdo. Sin embargo, en cuanto entre en vigor, el Parlament no podrá proponer candidato y sus actuaciones serán muy limitadas. Por lo que quedarían dos opciones: o el Sr. Puigdemont convoca elecciones antes del viernes, o el Gobierno toma el control. La primera opción sería sabia pero a estas alturas del proceso de secesión no parece ser lo que el Presidente de la Generalitat tenga planeado. Seguramente los independentistas no se sometan al control del Gobierno tan fácilmente. La solución a corto plazo parece ser el Acuerdo. Aunque no se haya determinado cuáles de todas la medidas se aplicarán ni cuándo. Además, mientras que políticamente estamos en una situación nublosa e incierta, las empresas se movilizan y aumenta la tensión.

Para concluir, animo a todos los españoles, juristas o no, a leer el documento del Acuerdo de tan sólo 19 páginas. Asimismo, animo a escuchar el discurso de nuestro monarca Felipe VI en la gala de los premios Príncipe de Asturias. Considero que es nuestra responsabilidad informarnos de primera mano, y sin los tintes ideológicos que puedan aparecen en los medios de comunicación. De lo único que no cabe duda es que el proceso secesionista está en contra de los principios democráticos, de la convivencia pacífica, del Estado de Derecho y, en definitiva, de la unidad de España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

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