¿Qué dice el Acuerdo sobre las medidas en aplicación del 155?

DE LO ÚNICO QUE NO CABE DUDA ES QUE EL PROCESO SECESIONISTA ESTÁ EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, DEL ESTADO DE DERECHO Y, EN DEFINITIVA, DE LA UNIDAD DE ESPAÑA

El artículo 155 de la Constitución Española fue activado el pasado sábado 21 de octubre de 2017 por primera vez en la historia de nuestro país. Esto sucedió en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros tras efectuarse por parte del Gobierno de la Nación dos requerimientos previos. Ya existen numerosos artículos en todos los periódicos sobre el significado de este artículo. Por ello, quiero hacer mención al Acuerdo aprobado por el Gobierno de las medidas pactadas junto con los partidos de PSOE y Ciudadanos.

En primer lugar, el Senado debe aprobarlo por mayoría absoluta de acuerdo con el artículo 155 CE y el 189 del Reglamento del Senado. La reunión extraordinaria tendrá lugar el próximo viernes 27 de octubre. En ese caso, el período de aplicación de las medidas contenidas en el Acuerdo comprenderá desde su publicación en el BOE hasta la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat. Para ello se deberán convocar elecciones al Parlamento de Cataluña. Otra opción sería que el Gobierno anticipase el cese del Acuerdo comunicándolo al Senado.

Los objetivos de este Acuerdo se encuentran descritos en el apartado “D”. Éstos se pueden resumir en: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria; asegurar la neutralidad institucional y velar por el interés general de todos los catalanes, independientemente de los diferentes posicionamientos políticos; garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales y velar por la recuperación económica; y, por último, preservar los derechos de los catalanes.

La medida principal que se podría tomar conforme al Acuerdo es el cese del Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Todas sus funciones pasarían a los órganos o autoridades que designe el Gobierno. Estos órganos asumirían asimismo las competencias que se consideren necesarias de la Administración de la Generalitat, incluso en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El Gobierno de la Nación asumirá la competencia del Parlamento de Cataluña para decretar la disolución anticipada del Parlamento o el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones, para lo que tendrá un plazo de seis meses.

Derivadas de las anteriores, conviene destacar otras medidas. Primera, el control de los Mossos d’Esquadra y su sustitución por las FFCCSE si fuese necesario bajo responsabilidad disciplinaria, patrimonial, contable e incluso penal por incumplimiento de órdenes. Segunda, el Gobierno ejercerá el control de las telecomunicaciones. En definitiva, de los medios de comunicación social. Tercera, la limitación de los poderes del Parlamento de Cataluña. Por ejemplo, la imposibilidad a partir de su aprobación de proponer candidato a la Presidencia y de celebrar debate y votación de investidura. Y, por otro lado, el control exhaustivo de sus acciones, pues deberá remitir al Gobierno las propuestas de ley, de reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento del Parlamento, y enmiendas o disposiciones normativas sin fuerza de ley. Todas ellas requerirán su conformidad en el plazo de 30 días. Cuarta, el control y limitación de actuaciones de la Administración pública de Cataluña en su generalidad. Quinta, la protección de los funcionarios y empleados públicos al incumplir una orden por estar ésta en contra del proceso secesionista.

Cabe la posibilidad de que la Generalitat ignore estas medidas y no procediese a su aplicación. Como sabemos, ya lo hizo con las sentencias del TC así que no debemos descartar esta opción. Según el Acuerdo, la no aplicación de estas medidas se entenderá como el “incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto”. Por lo tanto, si efectivamente el Gobierno catalán se opone, será el Gobierno quien ejercerá la potestad disciplinaria. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal, que se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El Acuerdo no describe realmente la situación que podemos vivir en las próximas semanas. Todo depende del Senado, que con la mayoría del PP aprobará el Acuerdo. Sin embargo, en cuanto entre en vigor, el Parlament no podrá proponer candidato y sus actuaciones serán muy limitadas. Por lo que quedarían dos opciones: o el Sr. Puigdemont convoca elecciones antes del viernes, o el Gobierno toma el control. La primera opción sería sabia pero a estas alturas del proceso de secesión no parece ser lo que el Presidente de la Generalitat tenga planeado. Seguramente los independentistas no se sometan al control del Gobierno tan fácilmente. La solución a corto plazo parece ser el Acuerdo. Aunque no se haya determinado cuáles de todas la medidas se aplicarán ni cuándo. Además, mientras que políticamente estamos en una situación nublosa e incierta, las empresas se movilizan y aumenta la tensión.

Para concluir, animo a todos los españoles, juristas o no, a leer el documento del Acuerdo de tan sólo 19 páginas. Asimismo, animo a escuchar el discurso de nuestro monarca Felipe VI en la gala de los premios Príncipe de Asturias. Considero que es nuestra responsabilidad informarnos de primera mano, y sin los tintes ideológicos que puedan aparecen en los medios de comunicación. De lo único que no cabe duda es que el proceso secesionista está en contra de los principios democráticos, de la convivencia pacífica, del Estado de Derecho y, en definitiva, de la unidad de España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

155 y el ejército, por favor.

“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.” (Artículo 8 de la Constitución)

 “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.” (Artículo 155 de la Constitución)

El pasado 2 de octubre, Puigdemont tuvo la osadía de pedirle a Zoido que retirase “las fuerzas de ocupación” de Cataluña. Y el término elegido no es aleatorio. A falta de argumentos que sustenten una postura ideológica, la salida más fácil es siempre el apoyo de aquellos a los que es más fácil manipular. Y aquellos a los que es más fácil manipular requieren grandes dosis de propaganda; necesitan sentirse apoyados por un grupo que les  justifique cualquier acción. Mal de muchos consuelo de tontos. Pleno siglo veintiuno, y siguen dejándose llevar por los instintos más básicos del hombre. “Ellos, los malos malísimos”, “nosotros, los buenos buenísimos”. Ellos españoles, nosotros catalanes. 50 provincias y 2 ciudades autónomas antidemocráticas por no permitir un referéndum, pero dirigentes de 4 provincias españolas víctimas de un sistema opresor, que además, les ha financiado la tontería. Si es que tontos unos, tontos los otros.

El señor Puigdemont parece tener en sus manos la máxima y más perfecta expresión de democracia.  Tan democrático es el President, que permite que haya más votos a su favor que electores en el censo. A Rousseau a se le deben saltar las lágrimas de la emoción. Parece que nadie tiene ni idea de Democracia. Pero no solo en España, ¿eh?. En Europa se han olvidado de todo de un plumazo. Ya os digo, Rousseau debe estar emocionado. Y a nuestros socios europeos se les debería caer la cara de vergüenza al criticar la “represión policial” española. Bien que les gusta cuando se reprimen a los que se manifiestan en contra del G20, pero claro, eso sí es en defensa de la democracia.

Pero entonces, ¿qué pasa cuando la mayoría silenciosa empieza a hacer ruido?, ¿qué opción le queda al gobierno para evitar este acto ilegal que afecta a todos por igual? Una sola ley quebrantada y la seguridad de los ciudadanos se pone en jaque. Si el gobierno se mantiene pasivo ante tal hecho, ¿quién me asegura a mí que cuando algunos de mis derechos sean violados, o incluso cuando yo viole alguna ley, mi actuación tendrá la correspondiente consecuencia?

El separatismo catalán pone en jaque a todos los españoles, nuestra reputación internacional y al propio gobierno (si no lo estaba ya). Ante situaciones desesperadas, medidas con cabeza y con la ley en la mano. Por eso es el momento de aplicar el artículo 155. De hecho, es que no se me ocurre mejor momento. Está claro que la parálisis de Rajoy se debe en parte a la naturaleza política del problema, pero cuando dos no quieren hablar, no hay lugar para el diálogo, solo para la ley.  Por eso mismo es el momento de la intervención militar en Cataluña y de que se convoquen nuevas elecciones con la previa clausura de las instituciones regionales.

Bandera blanca siempre a los que nos atacan, porque los sectores más discriminados son los únicos que gozan del derecho a discriminar. Escraches y ataques continuos a guardias civiles y policía, pero los españoles no pueden sentirse discriminados y atacados. Eso es un derecho exclusivo de los que padecen el tan contagioso “victimismo” del que parecen estar impregnados todos los independentistas. Parece ser que en mundo de lo políticamente correcto, el despliegue militar es un signo antidemocrático. Espero que alguien me pueda explicar por qué.  Los españoles están pidiendo a gritos que se defienda su Nación. Que es Una. Y la función del ejército es defender la integridad nacional y a los españoles. Que somos todos.

El problema es el “buenísimo” o el “tontísimo” del gobierno español,  porque ya no sé cómo llamarlo. El referéndum no nos ha pillado por sorpresa, el atentado de Barcelona quizás un poco más, pero la respuesta que se dio  fue premeditada. No a la alerta 5. No al despliegue militar en Cataluña. No solo era necesario para la seguridad ciudadana después de la continua amenaza terrorista, sino que habiendo sido un poco, solo un poco inteligentes, nos habríamos adelantado y habríamos evitado parte del problema que tenemos hoy. Es hora de que el gobierno se tome en serio a España, y es hora de que todos los españoles, no solo los catalanes, se sientan defendidos.

¡Visca Espanya y Viva Cataluña!

Miki Barañano
Ministra de Defensa de AOM

Fuente imagen: ABC

Molt bé. ¿Y ahora qué?

EXISTEN MUCHAS FORMAS DE SER Y SENTIRSE ESPAÑOL
Y TODAS ELLAS PUEDEN SER COMPATIBLES

Hablaba ayer con mi padre y comentábamos la posibilidad de celebrar en España un referéndum pactado. Creíamos que de ser posible tendría que contar con la participación de todo el país. El gobierno central cedería en cuanto a la celebración de dicha votación y los independentistas tendrían que ceder por dejar votar a todos los españoles sobre qué debería ser España. Coincidíamos ambos en que esto último no sería aceptado, descartando así cualquier intención de diálogo por parte de los secesionistas. Y aunque fuera una anécdota, aquella broma que se le gastó a Rajoy por la radio sirvió para demostrar que el presidente del gobierno estaba dispuesto a hablar con Puigdemont. Y también estaba dispuesto a escuchar con la invitación al Congreso que se hizo al President (que también rechazó). El papel del Ejecutivo en la anterior legislatura puede ser cuestionado pero no la falta de diálogo, y es que los nacionalistas siempre han condicionado todo a la celebración de un referéndum único en Cataluña o la amenaza de la independencia.

Dicho esto toca mirar al día después.

¿Qué opciones están sobre la mesa? Sean cuales sean deberán contar con una legitimidad total y no se me ocurre ninguna otra fórmula que una convocatoria de elecciones generales. Solo con la renovación de la confianza por parte de la ciudadanía se contaría con el apoyo necesario para poder avanzar. Y a pesar de que los últimos comicios generales están muy frescos y que costó una barbaridad formar gobierno, el destino de España necesita de nuevo que sus ciudadanos vuelvan a configurar un nuevo gobierno. Y a partir de aquí que hablen las campañas electorales y que los partidos lancen apuestas, pero ya pueden ir dando por descontado que ninguna propuesta contará con el nivel de aceptación con el que contó la Constitución de 1978, el mayor punto de encuentro de la población española en todos sus siglos de vida.

¿Una nueva Carta Magna? ¿Renovar la actual? Puede que se estén pensando en alternativas inimaginables para cualquier politólogo, sin embargo la convivencia pacífica a la que se deberá aspirar tendrá que ser duradera. Y va a ser extremadamente difícil.

Mi apuesta pasaría por una clara redistribución de las competencias. Creo que de todas las legitimidades la más evidente pasa por la autogestión de los recursos económicos, pero con un precio. Incluso siendo el país más descentralizado de la OCDE, la financiación autonómica aún tiene recorrido y una gestión de las propias finanzas incentivaría una eficiencia por parte de las comunidades. Las competencias que el Gobierno central debería recuperar serían la Sanidad, la Educación, la Cultura y la Defensa, como también la representación exterior de España y la Justicia nacional. Éste podría ser un marco que sirviera como punto de partida, simplificando muchísimo un proceso largo y complejo. A todo ello debería acompañar una gran campaña de propaganda de inclusión y no de exclusión. Más allá de comités ‘Marca España’ la involucración de todos con todos debe ser total, mostrando al conjunto de la población que existen muchas formas de ser y sentirse español y todas ellas pueden ser compatibles.

Tiempos difíciles para el futuro de España. Hace casi 40 años estuvimos muy a la altura y ahora necesitamos estarlo de nuevo.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM