Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte II)

Retomando las palabras de la primera parte de mi artículo, yo pregunto: ¿Qué actos ilegales se han llevado a cabo y cuales han sido sus consecuencias? En primer lugar,  el pasado 6 septiembre se aprobó con 72 votos a favor, 11 abstenciones y la “huida” por indignación de los partidos PP, Cs y PSC, la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya presentada por las fuerzas políticas independentistas Junts pel Sí y la CUP en el Parlament el 4 de julio del 2017. La provocación y la burla no dejan indiferente a nadie con el uso de un procedimiento exprés que forzó el artículo 81.3 del Parlament con el objetivo de eliminar los trámites parlamentarios habituales. De esta manera, no sólo se podían presentar enmiendas durante unas escasas tres horas sino que no hubo posibilidad de recurso contra el Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalidad de la misma. La minuciosidad con que se llevó a cabo tiene sus razones: si se presenta un recurso se paraliza el proceso y, en ese caso, no se podría haber celebrado el 1-O. Lo ilegal cuanto más rápido mejor, a ver si se despistan los demás.

En segundo lugar, y también deprisa y corriendo antes de que al TC le diese tiempo de suspender la ley, se firmó el decreto de convocatoria del referéndum por el President junto a los trece consellers. Al día siguiente, nada más y nada menos, y pese a que el TC había suspendido la tramitación de la norma, se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, una ley que incluye decisiones sin compromiso del Estado español como “la doble nacionalidad española- catalana” para los empadronados antes de diciembre de 2016 después de la secesión. Ante ello, el Gobierno interpuso cinco recursos ante el TC, quién suspendió la ley de transitoriedad el día 12 de septiembre. El TC se reunió ese mismo día de urgencia para la suspensión de los primeros dos pasos.

¿Es cierto que está permitido por el Derecho Internacional? Empezando por la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 4.2, garantiza la integridad de los territorios de los Estado Miembro. A nivel de las instituciones, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión muestran ningún apoyo. Primero, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, recalcó que “Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE”. Segundo,  el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reitera la importancia del respeto a la ley y los tribunales nacionales en sus declaraciones: “ En Europa impera la fuerza de la ley, no la ley del más fuerte”. Además, recuerda que Cataluña debería someterse a un proceso de adhesión post-secesión que implicaría una votación unánime de los Estados miembros (artículo 49 TUE). Su ingreso en la UE no sucedería nunca pues el Estado Español votaría en contra.

Fuera de la UE, el Presidente de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) o Comisión europea para la Democracia por el Derecho, Gianni Buquicchio, ya respondió ala carta del Sr. Puigdemont el día 2 de junio que la comisión apoyaría el referéndum en el caso en que éste fuese acordado con el Gobierno español y si es conforme a la constitución nacional y a las leyes. Ni lo uno, ni lo otro. Además, y como explica el Abogado Francisco Rosa, el Derecho Internacional no ampara la autodeterminación más que para las colonias o en casos de violaciones de los derechos humanos. Una vez más, Cataluña no cumpliría estos requisitos. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat no cuenta ni con apoyos ni con instrumentos legales para permanecer en Europa ni para justificarse en el Derecho Internacional.

¿Qué instrumentos ha utilizado el Estado español para evitar este atentado contra la democracia? Las respuestas al desafío son principalmente por parte del poder judicial con persecuciones penales por parte de la Fiscalía, detenciones (como las de catorce organizadores), el cierre de la página web 1-O (aunque reabierta por Puigdemont el mismo día 13 septiembre), la investigación por uso fraudulento de los datos personales de los catalanes, la llamada a comparecer de alcaldes para declarar por el 1-O, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament presidida por Forcadell, por los que permitió la tramitación y aprobación exprés de las leyes nombradas anteriormente, la asunción por parte del Ministro de Hacienda y Función Pública de las cuentas de la Generalitat y, la más clara, la declaración del estado de excepción y, con ello, la suspensión de facto de la autonomía. La reacción de Puigdemont ha sido manipuladora, pues con este acto obtiene sus argumentos para acusar de totalitario al Gobierno español.

¿Qué es el estado de excepción? Antes de nada, el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados. Es el Gobierno quién debe declararlo, previa autorización del Congreso de los Diputados y por un máximo de treinta días.

¿Qué protocolo deben seguir los funcionarios catalanes en caso de recibir órdenes relacionadas con la convocatoria del referéndum? Poco después de las declaraciones del 27 de junio, multitud de funcionarios solicitaron al CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) instrucciones sobre como actuar ante estos casos para eludir responsabilidades. El CSIF indicó que deben pedir por escrito cualquier orden para advertir a la Administración de sus dudas sobre la legalidad. Si la legalidad es manifiesta, el protocolo recuerda el derecho y el deber de no acatar la orden y aconseja denunciarla ante la Policía, Fiscalía o órganos judiciales.

Con esta visión esquemática y general del referéndum, puede quedarnos claro la barbarie que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y con sinceridad me pregunto si el clan independentista, minoritario y radical, realmente se cree todas las mentiras con las que embauca a una población catalana que con esperanza cree en el cumplimiento de un ideal nubloso y contrario a todo lo que se puede denominar democracia. Sólo espero que la división de los españoles no sea una consecuencia demasiado indigesta que se añada en permanencia a los problemas que tenemos en España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte I)

 

¿PUEDE EL PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONVOCAR UN REFERÉNDUM? SÍ, PODRÁ CONVOCAR UN REFERENDO PERO ÚNICAMENTE RELACIONADO CON LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Rebobinemos en el tiempo hasta el pasado 27 de junio, día en el que el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta para la convocatoria de un referéndum unilateral acompañado por el Vicepresidente Oriol Junqueras y la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, a quién irónicamente el pasado día 20 el mismo TC ha denunciado ante la Fiscalía junto con la Mesa del Parlament por tramitar leyes de ruptura, aunque de esto hablaremos más adelante. Ya desde entonces se percibía la extrema cautela con la que el Govern está llevando a cabo el proceso secesionista en contra de la integridad y unidad del Reino de España. Se empezó evitando la firma de acuerdos formales que pudieran llevarle frente a la justicia y se continúa con procedimientos exprés de tramitación de leyes e incumplimiento de sentencias del TC (STC 259/2015 del 2 de diciembre) y con declaraciones amenazantes contra el Gobierno de Mariano Rajoy sobre sus supuestas respuestas totalitarias y sobre la congregación de ciudadanos en contra del Estado. Para entender la ilegalidad del referéndum obtengamos una visión general de la situación empezando desde el principio.

¿Puede el Presidente de una Comunidad Autónoma convocar un referéndum? Sí, podrá convocar un referendo pero únicamente relacionado con los Estatutos de Autonomía. El referéndum del 1-O tiene como pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”. Esta pregunta no sólo no trata sobre asuntos del Estatuto catalán sino que es una clara propuesta de secesión que afecta a la soberanía nacional. Al analizar la pregunta vemos dos partes que delatan su ilegalidad. En primer lugar, “Estado independiente” frente al artículo 2 CE que establece la unidad indisoluble de la Nación española. En segundo lugar, “República” frente al artículo 1.3 CE que define la forma política del Estado como Monarquía parlamentaria. Esto implicaría la renuncia de Felipe VI a sus funciones sobre el territorio y el rey ha dejado claro que “la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra”. Puesto que la respuesta a la pregunta pone en riesgo el cumplimiento de la Constitución española de 1978, el tipo de referéndum que se podría llevar a cabo es un referéndum constitucional, con la consecuente reforma constitucional establecida en los artículos 167 y 168 CE.

¿Quién podría convocar un referéndum de estas características? Según el artículo 149.1.32 el Estado posee competencia exclusiva para la convocatoria de consultas a la ciudadanía por vía de referéndum. ¿Cuál es el mecanismo para ello? El artículo 92 CE responde a esta pregunta plasmando que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, únicamente se permite este mecanismo “para decisiones políticas de especial trascendencia”,- este requisito se cumple,- “de todos los ciudadanos”, – que no se cumple,- y mediante un procedimiento regulado por una Ley Orgánica. Dicho esto, y como muchos españoles nos preguntamos, ¿cómo un gobierno de una comunidad Autónoma puede pretender tomar una decisión que afecta a todos y cada uno de los españoles? ¿Acaso no es contrario a la democracia que uno pocos, poquísimos, decidan el futuro de toda una Nación? Creo que al resto de España nos queda claro esto, salvo a ciertos manifestantes en las calles de Madrid que apoyan la autodeterminación. Hasta aquí hemos llegado…

Entonces, ¿Por qué el Sr. Puigdemont no disuelve el Parlament y convoca elecciones? Rafael Hernando, Albert Rivera y muchos otros le han planteado esta pregunta al Presidente de la Generalitat ya desde junio. Pero de esto hablaremos mañana en la segunda parte de mi artículo…

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Democracia y Unión Europea: ¿ideas irreconciliables?

NO ESTÁ NADA CLARO QUE EL ESTADO-NACIÓN SEA UNA CONDITIO
SINE QUA NON DE LA DEMOCRACIA. EL ESTADO SOBERANO NO ES
MÁS QUE UN FENÓMENO HISTÓRICO.

Últimamente no dejamos de oír hablar sobre el déficit democráticode la Unión Europea[1]. Cada vez hay más políticas europeas intrusivas(es decir, decisiones que anteriormente correspondían a los Estados) que no resultan fácilmente comprensibles para la opinión pública. Este es, sin duda, uno de los problemas cruciales a los que debe enfrentarse la Unión Europea, tan cuestionada últimamente por movimientos de corte populista.

¿Es verdaderamente posible hablar de democracia en la Unión Europea o, por el contrario, se trata de dos conceptos por completo indisolubles?
La democracia es, sin duda, un concepto complejo, difícil de definir. Pero parece claro que todos compartimos una misma idea básica de democracia: el gobierno del pueblo (o demos).
Así, para hablar de democracia hay que identificar primero a un cuerpo ciudadano, a un demos. Se dice a veces que una determinada comunidad política es deficiente democráticamente precisamente porque su demos no cumple las características que harían de él “un auténtico demos”. ¿Cuáles son estas características?

Una teoría bastante extendida sostiene que un demos propiamente dicho exige que sus miembros tengan un sentimiento de verdadera identificación común. En palabras de Bayón, «lo que exigiría un demos en el sentido material sería primordialmente (…) una creencia compartida entre los miembros del demos formal de que el “pueblo” en el que desde un punto de vista normativo ideal debería desarrollarse el gobierno democrático coincide a grandes rasgos con la circunscripción existente»[2]. Si este acuerdo no existiese, las decisiones mayoritarias serían percibidas por quienes pierdan la votación y no se sientan auténticos miembros de la comunidad política como una imposición ajena y, por tanto, injustificada.

Se dice a menudo que no puede haber un demos en el sentido material sin una homogeneidad cultural y lingüística. Dicho de otra forma: cualquier demos tiene que descansar sobre la base de un ethnos común.

El rapto de Europa, de Jean-François de Troy (1716). The National Gallery of Art, Washington, D.C.
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De acuerdo con esta teoría, existe una estrechísima relación entre democracia y estado-nación. Así, los estados plurinacionales con agudas divisiones lingüístico-culturales no serían otra cosa que comunidades democráticas endebles, escasamente integradas y difícilmente duraderas (como decía Stuart Mill, «las instituciones libres son casi imposibles en un país compuesto por nacionalidades diferentes»[3]). Por esta razón, sería improbable que sistemas de gobierno supranacional como la Unión Europea lleguen a convertirse en un superestadosoberano (ni siquiera federal).

No obstante, son varias las objeciones que pueden oponerse a la anterior idea. En primer lugar, es históricamente incorrecto considerar la identificación cultural y lingüística como algo ya dado, ajeno por completo al proceso político. Por el contrario, muchas naciones son el resultado de procesos de construcción nacional (nation-building)[4].

En segundo lugar, se ha llegado a decir que la identificación cultural y lingüística es por completo innecesaria para que exista un demos en sentido material. Conforme a esta postura (conocida como patriotismo constitucional), lo único necesario para lograr la cohesión en una comunidad política democrática es la lealtad compartida a un orden constitucional apreciado. Dado que la formación de un auténtico demos no depende de lazos prepolíticos, sino del reconocimiento voluntario de un orden constitucional, nada impediría que pudieran constituirse comunidades políticas democráticas de carácter estable y duradero a cualquier nivel (aun cuando este fuera superior al de los estados-nación actuales).

Por último, se ha dicho que el correcto funcionamiento de una comunidad política democrática no requiere la existencia de ningún tipo de lealtades (ni nacionales ni puramente cívicas o políticas), pues la aceptación de la decisión de la mayoría no es más que el resultado de un complejo cálculo que muestra que, a largo plazo, uno estará mejor formando parte de ese demos que en cualquier otra alternativa posible. Así, pues, no habría razón para pensar que sólo los estados-nación pueden llegar a ser comunidades políticas democráticas estables y duraderas[5].

Como puede observarse, no está nada claro que el estado-nación sea una conditio sine qua non de la democracia. El estado soberano no es más que un fenómeno histórico. Otras formas de organización política han existido en el pasado y existirán en el futuro.

En el actual contexto de globalización, son cada vez más los problemas globales que requieren soluciones globales. A esta exigencia responden, precisamente, procesos de integración supranacional como la Unión Europea. Y no lo olvidemos: la Unión Europea es el resultado de una conjunción parcial de soberanías, de manera que ningún Estado miembro es plenamente soberano (sin que pase a serlo tampoco la Unión resultante). Se hace cada vez más difícil, por tanto, sostener la vigencia del estado-nación, lo que exige –qué duda cabe– superar la visión estatalista de la democracia.

Yago Fernández


[1]Jiménez-Blanco, José Ignacio, La Unión Europea y el déficit democrático, El Confidencial, 6 de diciembre de 2011; Sotelo, Ignacio, Crisis y déficit democrático en la UE, El País, 26 de marzo de 2012; Del Castillo, Carlos, Doce ideas sobre el futuro de la Unión Europea, Público, 20 de mayo de 2014.
[2]Bayón, Juan Carlos, ¿Democracia más allá del Estado?, Isonomía, núm. 28, 2008.
[3] Stuart Mill, John, Considerations on representative government, 1861.
[4]Así, por ejemplo, los estados africanos cuyas fronteras abarcan territorios que pertenecen a distintos
grupos étnicos y tribus.
[5] Sánchez-Cuenca, Ignacio, The political basis of support of European integration, European Union Politics, núm. 2, 2000.