A toda costa

LAS CONSECUENCIAS DE LA DUI SOBRE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DE CATALUÑA NO SE HACEN ESPERAR: LA ‘FUGA’ DE EMPRESAS ES CADA VEZ MÁS CONSIDERABLE

Cuando uno se va fuera un tiempo, tiene la oportunidad de encontrarse con personas nuevas con las que compartir opiniones, ideas y posturas que hacen dar una vuelta a lo que en principio creemos tener bien asentado. Y si bien mi opción por una España unida no ha cambiado en estos meses, quizás haya de precisar algunas ideas.

Aunque me gustaría hablar del enorme valor que esta Comunidad Autónoma crea para toda España en muchos aspectos, mi cartera me obliga a centrarme en uno de ellos: el empleo. Cataluña es una enorme fuente de prosperidad y riqueza. Y como tal, sin duda, hay que cuidarla. Aunque eso sí, los términos habrá que fijarlos con atención, con respeto a leyes y principios que hayan sido acordados por todos los ciudadanos y desde la necesaria legalidad constitucional.

Esta Comunidad ha sido una de las líderes de la recuperación económica en nuestro país.  El número de empresas, y con ello el empleo, han crecido a una velocidad mayor que en muchas otras Comunidades Autónomas. Las características de sus contratos laborales, la mayoría indefinidos (cerca de un 80%), garantizan una estabilidad envidiable para los trabajadores. Sus salarios tienden a ser algo mayores que los de la media. Por todo esto, podemos afirmar con rotundidad que tener a Cataluña con nosotros es positivo y deseable. Que podemos aprender de ella a la vez que el resto de España le aporta a ella también.

Sin embargo, esta estabilidad de la que tan orgullosos podemos sentirnos tanto catalanes como no catalanes está ahora en juego. En un intento de demostrar una (fingida) coherencia, las autoridades catalanas han querido hacer a toda costa lo que no era posible, engañando así a sus ciudadanos con una supuesta independencia que deja a Cataluña al borde del abismo. Así, las temidas ‘fugas’ de empresas ya están teniendo lugar, habiendo comenzado incluso antes de que el presidente de la Generalitat hiciera esa curiosa, cuanto menos, declaración de ‘independencia’.

El número de empresas que, hasta el día 18 de octubre, habían trasladado su sede social de Cataluña ascendía a 800. Y no sólo eso, sino que la Agencia Tributaria está registrando numerosas peticiones de cambios en los domicilios fiscales, con las consiguientes desventajas sobre la recaudación de impuestos y el ocupación de los ciudadanos. De esta manera, el empleo sin ninguna duda va a verse muy afectado y, por ende, el sistema de pensiones, que de por sí se encuentra en una situación de importantes dificultades.

Lo que era motivo de orgullo hasta hace unos meses está entrando en zona de turbulencias. ¿Es posible que parte de la fuerza de Cataluña sea precisamente estar dentro de este país? ¿Es posible que todas esas ventajas, que son incuestionables, se deban en parte a su pertenencia a un estado como España, dentro de una comunidad como la Unión Europea? ¿Es posible que los datos no lleguen a ser tan favorables estando solos? Personalmente, mi respuesta a todas estas preguntas es SÍ.

Por eso, me gustaría apelar a la responsabilidad de todos, cada uno desde su ámbito y sus posibilidades, para no causar más fractura y división. Para que, desde la legalidad constitucional, tendamos lazos y evitemos que esto llegue a convertirse en una guerra civil pero sin lucha, donde unos odian a otros. Lo que más me preocupa y apena, sin duda, es la fractura social: familias divididas, grupos de amigos rotos, pueblos y zonas de España enfrentados encarnizadamente por algo que rebasa la mera discusión política.

Volvamos a la cordura, al orden y la legalidad y trabajemos para lograr una convivencia pacífica de todos los españoles.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

 

La unión hace la fuerza

ANTE EL CONSTANTE RUIDO DEL SENTIMIENTO NACIONALISTA, CABE PARARSE A REFLEXIONAR ACERCA DE LAS REPERCUSIONES DE UNA RUPTURA DE CATALUÑA CON EL RESTO DE ESPAÑA EN LO QUE ACTUALMENTE ES LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE LOS CIUDADANOS: EL PARO.

Aunque muchas veces se intente tapar con distintas estratagemas lo que a los ciudadanos verdaderamente más les preocupa, las estadísticas y la propia calle hablan por sí solas. El barómetro del CIS de julio de 2017 recogía las principales preocupaciones de los españoles: el paro y los problemas de índole económico.

¿Hemos pensado realmente en las consecuencias que la supuesta independencia de Cataluña tendría? ¿Lo han podido valorar bien los catalanes? Y sobre todo, ¿les han dicho la verdad? ¿Qué pasaría con el empleo, que a tantos y tantos preocupa, si esta ruptura finalmente se produjera?

Pues bien, una de las primerísimas consecuencias de una situación de este calibre es la enorme inseguridad que provocaría. Y las empresas, más aún sus trabajadores, no son amigos de esta inseguridad. Grandes compañías asentadas en Cataluña maquinan ya sobre cómo proceder en el caso de que la declaración de independencia se produzca: dónde se asentarían, qué harían con sus trabajadores, qué relación tendrían con Cataluña… Toda estas preguntas aún están sin responder pero lo que sí sabemos es que muy posiblemente esa “huida” tendría lugar. Y qué decir de las ventajas de ser parte de un estado que pertenece a una comunidad como la Unión Europea: ¿la libre circulación?, ¿los menores impuestos y aduanas?, ¿la moneda? Son circunstancias muy atractivas (e incluso necesarias) para las empresas y, como siempre, al hablar de empresa hablamos de empleo. ¿Qué pasaría con los miles y miles de trabajadores que están empleados en compañías que se verían obligadas a huir?

Por otro lado, estas últimas semanas hemos oído hablar acerca de la caja única y de las pensiones en Cataluña. Lo que más me impresiona es la manipulación existente por parte del Gobierno catalán. No concibo por qué han de engañar y manipular datos acerca de algo que, según defienden ellos, es tan beneficioso. Y, sobre todo, que los catalanes y el resto de españoles deben conocer la verdad. El déficit de Cataluña en pensiones asciende a 4.700 millones de euros (cifra muy superior a la que recogía el informe del Govern). Cataluña es una comunidad que, como tantas en Occidente, tiene una tendencia demográfica muy concreta y peligrosa: el envejecimiento de la sociedad es cada vez mayor y esta situación se mantendrá durante muchos años. El informe presentado por la Generalitat recoge una confusa mezcla de conceptos, imprecisos e inadecuados, con datos calculados de manera incorrecta y con la ausencia de una previsión específica a largo plazo para paliar un déficit de tal calibre y para garantizar un futuro de las pensiones catalanas que cada vez serán más numerosas y con muy pocos trabajadores sustentándolas, en proporción. La caja única no perjudica a Cataluña y beneficia al resto de las dieciséis Comunidades Autónomas. No. Lo que hace es garantizar las prestaciones a todos y cada uno de los españoles, catalanes incluidos. Pensiones que, hoy por hoy, Cataluña de manera independiente no tendría posibilidad de mantener y que, dada la falta de previsión sobre cómo hacerlo en un futuro, tampoco están aseguradas.

Y ya para finalizar, si unimos cada una de estas cosas, nos encontraremos ante una situación compleja: una población cada vez más envejecida, un mayor número de pensiones al que hacer frente, empresas huyendo de Cataluña y menos trabajadores empleados con los que sustentar dicho sistema de pensiones, una reducción del comercio con el resto de España y de países miembros de la UE (y, por tanto, menos empleo).

La historia ha demostrado que la unión hace la fuerza y que cooperar y trabajar juntos siempre es beneficioso. Estamos en un mundo donde los territorios tratan de unirse para ser más fuertes juntos y no al revés. Tratemos de llegar a un punto común marcado por la legalidad, el respeto a los derechos de todos y, sobre todo, por la democracia. Sin duda el empleo de los catalanes estará mejor siendo parte de España y España estará mejor con Cataluña siendo parte de ella.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

Otro chantaje a la sociedad

LA HUELGA EN EL AEROPUERTO DE EL PRAT CONSTITUYE ANTE TODO UN CHANTAJE A LA SOCIEDAD Y A LAS INSTITUCIONES

Hace un par de meses fui a una reunión de Young and Seekers, un grupo genial que tiene la búsqueda de la mejora y el aprendizaje como filosofía de vida. Allí estaba Alejandro Artacho; CEO y fundador de SPOTAHOME, mencionó en un discurso motivante que las personas estaban divididas en dos grupos: players y víctimas, animando a los presentes a ser players.

Me pareció una manera muy “startupera” de decirlo, políticamente correcta. Desde mi perspectiva la división entre gente responsable de su vida y gente que ve una conspiración mundial en su infortunio ha existido siempre. Si bien la evolución de la sociedad va restando argumentos progresivamente a estos últimos.

Si bien sus argumentos están en caída libre, el victimismo está de moda. Este victimismo se está reflejando en las polémicas huelgas.

Las huelgas se suponían una reacción a unas condiciones laborales injustas, estuvieron en auge en la Inglaterra industrial del siglo XIX, la clase obrera hizo uso de ellas como herramienta de presión para mejorar su situación. Mucho ha llovido desde la Inglaterra de los Peaky Blinders. La situación de indefensión que se sufría en el siglo XIX, con las dificultades de acceso a la formación y a la información, la reducida movilidad geográfica… etc, no tiene nada que ver con la situación actual donde todos tenemos acceso a la formación y la información. Como decía Matt Damon en El indomable Will Hunting a un alumno de Derecho de Harvard: “Te has gastado miles de dólares en una formación que te hubiese costado un par de pavos en retrasos en la biblioteca pública”.

En la actualidad hay muchos sectores que mediante la huelga pueden chantajear a la sociedad para que se mejoren sus condiciones laborales. En la compleja maquinaria económica nacional casi todos los engranajes son indispensables, pero no por ello tiene derecho cada pieza a poner en jaque constante el buen funcionamiento de nuestra economía.

El último ejemplo son los trabajadores de EULEN del aeropuerto de Barcelona. Estos individuos conocedores de su posición de poder han decidido que tenían que mejorar sus condiciones laborales. En vez de buscar en el libre mercado un puesto de trabajo que cumpliese con sus expectativas, o crear ellos una empresa y dar trabajo en unas condiciones acorde a sus demandas, han decidido chantajear a la sociedad española dificultando sus vacaciones y empeorando la imagen de España en el extranjero, imagen imprescindible, ya que como comentó en su día mi colega Sol Sepúlveda, el turismo supone más del 15% de la economía española.

Este patrón de comportamiento se repite mucho en la actualidad, alegar la indefensión y ejercer el chantaje; otros ejemplos son las huelgas de los recogedores de basura, las huelgas de los conductores de metro… etc.

Europa, pese a ser mejorable, es el paraíso del mundo, la gente es libre para cambiar de trabajo, tiene medios para aprender otras profesiones, tiene libertad de movimiento, tiene libertad de expresión… Nada impide a esos trabajadores de EULEN buscar otro trabajo, estoy seguro que con un 20% de paro en España, alguien querrá su puesto vacante.

Los empleados de EULEN con su caprichosa huelga están poniendo en riesgo la seguridad en el aeropuerto y están perjudicando a unos de los pilares de nuestra economía. Desde AOM, creo contar con el apoyo de todos mis compañeros de gabinete, estamos a favor de que se haya hecho uso de la Guardia Civil para continuar con la actividad normal del aeropuerto de El Prat. La Guardia Civil ha demostrado ser flexible a la hora de asumir nuevas funciones y tener gran vocación de servicio público.

Jorge Gancedo
Ministro del Interior de AOM

El guardián

EL COMPLIANCE, AÚN ALGO DESCONOCIDO, COMIENZA A CONVERTIRSE EN UNA LLAVE MAESTRA TANTO PARA LAS COMPAÑÍAS COMO PARA LA SOCIEDAD

“El empleo de moda entre los abogados”. Con estas palabras se refería un artículo de prensa a la novedosa figura del ‘compliance officer’. Como ocurre en contables ocasiones, este concepto que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento en la última reforma del Código Penal está presente desde hace años en países como Reino Unido e Italia.

Se trata de una figura que surge principalmente para evitar la comisión de delitos dentro de las empresas ya que todas, pequeñas, medianas o grandes, están obligadas a contar con un compliance officer o, en su caso, a subcontratar este servicio. Se hace especialmente necesario en un momento en el que las empresas, como personas jurídicas, ya pueden ser condenadas por la comisión de determinados delitos. Un buen programa de compliance puede convertirse en la llave para que una compañía pueda atenuar su pena e incluso evitarla.

Sin embargo, el compliance no se reduce a la mera evitación de delitos. El compliance va mucho más allá. Hoy me gustaría que enfocáramos esta figura desde otro punto de vista: el compromiso de la empresa con sus trabajadores y el compromiso de la empresa con la sociedad.

En un mundo cada vez más globalizado donde las culturas, formas de trabajo y legislaciones interactúan de manera constante, el ‘compliance officer’ hace posible el crecimiento y la internacionalización. Sólo a través de una persona que se ocupe de compatibilizar las exigencias legales que hay en cada país podremos lograr que una empresa esté asentada en España, en China o en Japón, sin tener ningún tipo de consecuencia legal adversa. Todos sabemos cómo la imagen de una compañía y, por ende, su buena marcha, se puede ver empañada por infringir la ley o no cumplir con los estándares que se consideran adecuados en cada lugar; tan sólo tenemos que recordar cómo hace dos años saltaban las alarmas por una noticia que hablaba de una supuesta explotación por parte de empresas como Inditex o Primark, aunque finalmente demostraron combatir enérgicamente dichas prácticas.

Por otra parte, el mercado laboral, sometido a deberes legales muy exigentes, tiene una enorme complejidad como consecuencia de la variedad en los contratos, situaciones laborales y derechos y obligaciones. Es aquí donde se hace cada vez más necesaria una figura como el compliance, que permita hacer crecer a la empresa a la vez que ésta cumple con todos los requisitos que se le exigen.

A veces podemos tener la sensación de que este esfuerzo por cumplir estrictamente con la ley pudiera ir en contra de los intereses de la compañía. Nada más lejos de la realidad. Como siempre, es necesario buscar un equilibrio de manera que a la vez que se cumpla con la ley no se termine asfixiando a la organización. En este sentido, muchas empresas han acogido el compliance como parte de su propia cultura, como su manera de hacer las cosas; lo consideran bueno, coherente y compatible con sus intereses. Les permite velar por principios tan básicos como la igualdad de oportunidades o luchar contra situaciones deplorables como la discriminación por razón de sexo, raza y creencias o el acoso.

Por todo esto, vemos cómo el compliance no se limita simplemente a evitar una condena; el compliance pretende concienciar, construir, innovar, respetar. Es algo que incumbe a todos, a cada miembro de la compañía, a la propia dirección. Se constituye en una forma idónea para contribuir no sólo al bienestar de la empresa y de sus integrantes sino también al de toda la sociedad.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

El punto de partida, la creación de empleo

UNA VEZ CONSEGUIDA LA CREACIÓN DE EMPLEO, ES HORA DE TRATAR DE AVANZAR PARA LOGRAR NO SÓLO QUE LOS ESPAÑOLES TENGAN UN TRABAJO SINO QUE, ADEMÁS, SEA DE CALIDAD

Últimamente hemos recibido advertencias de parte de importantes instituciones como la Comisión Europea sobre la necesidad de hacer frente a la excesiva temporalidad de los empleos en España. También hemos tenido muy presente en las últimas semanas la enorme controversia respecto a las prácticas de los becarios sin experiencia, en este caso a cuenta del restaurante de Jordi Cruz: ¿deben estar o no remuneradas? ¿Se trata de un abuso o de una oportunidad?

Aunque aparentemente estos asuntos no tengan una clara conexión entre sí, la esencia del debate inherente a los mismos es similar: ¿en qué condiciones han de prestar sus servicios los trabajadores? ¿Vale el trabajo “a toda costa”?

En primer lugar, me sorprende la reacción desmesurada contra el famoso chef dado que existen mecanismos tanto administrativos como, en su caso, judiciales para valorar aquellos casos en los que verdaderamente se den abusos e ilegalidades y hacerles frente. Y, de no ser una ilegalidad, no podemos atacar a una persona por hacer lo que la ley le permite hacer. Podremos estar más o menos conformes con dicha legislación y, de no estarlo, tendremos que emplear los instrumentos adecuados para hacerla cambiar. Sin embargo, mientras la ley esté vigente, ésta habrá de cumplirse y no será reprochable la decisión de quien opte por cumplirla estrictamente, por mucho que éticamente estemos o no de acuerdo.

En este sentido, prefiero dejarlo en manos de cada uno: ¿son las prácticas un privilegio, una oportunidad para aprender? ¿Son, en cambio, una relación laboral que, como tal, debería ser remunerada? ¿Debería darse, al menos, alguna compensación?

Un debate similar surge en torno a los empleos temporales. Es cierto que es mejor tener un puesto de trabajo, aunque sea temporal, que no tenerlo. Ahora bien, debe tratarse únicamente de casos en los que verdaderamente exista una causa que justifique la temporalidad o bien de circunstancias excepcionales como la actual, donde la crisis obliga en muchos casos a los empresarios a elegir entre emplear temporalmente o no emplear. Y ante eso, creo que todos estaremos de acuerdo en la necesidad de cierta flexibilidad. Sin embargo, es precisamente en este momento donde se debe dar el salto.

Hemos conseguido el primer objetivo: crear empleo. La situación económica va mejorando. Las empresas van poco a poco recuperándose. El reto ahora es lograr que ese empleo temporal, justificado por la situación de crisis, se transforme en uno de calidad y evitar que no permanezca, de manera indefinida, como una situación que provoca precariedad y que nos coloca a la cola en la UE. Para ello tendrán que valorarse diversas medidas (que sin duda merecen ser tratadas detenidamente en otro momento): algunos abogan por la reducción de las indemnizaciones de los contratos indefinidos para que las empresas no se vean limitadas a la hora de contratar por los enormes costes de un posible despido; otros, en cambio, prefieren optar por dar mayores incentivos directos a la contratación indefinida.

Para finalizar, podemos pensar en aquellos casos de personas paradas que, tras recibir una oferta de empleo, deciden rechazarla. Según una encuesta de mayo de Hays, el 40% de los que lo rechazaron lo hicieron porque el sueldo ofrecido estaba por debajo de lo esperado; otros, porque las funciones que debían desempeñar eran inferiores a su cualificación o por la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. En menor medida, aunque también con cierta relevancia, el tipo de contrato y la escasa estabilidad marcaron su decisión de rechazar la oferta. En este caso la pregunta vuelve a ser: ¿es mejor tener un empleo en condiciones diferentes a las idóneas o no tenerlo? Sin duda vuelve a tratarse de una cuestión de proporcionalidad y que debería estar marcada por la especificidad del momento actual de crisis: no debe bajo ningún concepto convertirse en un abuso y en algo habitual. La generalidad debe ser otra, puesto que no puede permitirse que se trabaje a toda costa y existen algunos principios infranqueables que han de respetarse siempre.

La sociedad, las empresas y el Estado deben sin duda colaborar para que los ciudadanos puedan hacer efectivo el derecho a conseguir un empleo y sueldo adecuados a su formación y experiencia, que les permita conciliar su vida laboral y personal; un contrato con seguridad y estabilidad. En conclusión: tener un empleo digno, adecuado a sus circunstancias.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

Ni blanco ni negro

EMPRESARIOS Y TRABAJADORES ESTÁN LLAMADOS A ENTENDERSE Y COOPERAR EN BENEFICIO DE AMBOS

Después de haber leído las últimas noticias sobre el caso de los estibadores sin que patronal y sindicatos hayan llegado todavía a una decisión concreta, todo invita a pensar que es una situación irresoluble. En muchos de los conflictos que se producen entre empresarios y trabajadores podría parecer que las dos partes son irreconciliables y que una trata de atacar a la otra por sistema. Y es que cuando un debate deja de estar fundamentado en argumentos objetivos y se convierte únicamente en oposición sistemática a cualquier cosa que se plantee pierde todo sentido y utilidad.

Un elemento esencial para poder empezar a debatir, dialogar y llegar a un punto común es dejar a un lado la idea de que el otro quiere ir contra ti. No, trabajadores: el empresario no vela sólo por sus intereses y a vuestra costa. Y no, empresarios: vuestros trabajadores no son unos desleales que a la mínima os van a traicionar. Debatir consiste en tratar de escuchar ya que, como decía un ensayista francés de la época napoleónica, “el objeto de toda discusión no deber ser el triunfo sino el progreso.

Solemos oír hablar de la precariedad de los empleos en España. Luchar contra ello es un objetivo básico de toda reforma laboral. ¿Son los empresarios los causantes de esta situación? ¿Deberemos aplicar el contrato único? ¿O mejor flexibilizar la contratación y el despido? Lo único que está claro es que dicha reforma se ha intentado sin éxito. Porque el empleo es una cuestión tan fundamental que se ha convertido en uno de esos asuntos que necesitan con urgencia un pacto de Estado.

El problema es que la divergencia de opiniones es amplísima y cada uno aparentemente enarbola la defensa de una bandera: unos, la de la protección de los trabajadores; otros, la de los intereses de los empresarios. Y ahí nos olvidamos de que unos y otros se necesitan mutuamente y de que sus intereses no son necesariamente contrapuestos porque juegan, al fin y al cabo, en un mismo equipo (aunque algunos se empeñen en negarlo). El empresario quiere sacar adelante su empresa; el trabajador quiere que ésta salga adelante para tener un empleo. Si a uno le va bien, al otro también. Es posible que a veces les vaya mejor a unos que a otros; es cierto y sin duda hay que luchar enérgicamente contra los abusos empresariales y garantizar la dignidad de los trabajadores. Pero ese empeño de confrontar lo no confrontable causa numerosos estragos; cuanto más enfrentemos a ambos grupos, más perjudicados se van a ver los dos. Y, como consecuencia, toda la sociedad. El empleo es uno de los motores del crecimiento y no podemos olvidar que quien lo crea son fundamentalmente las empresas. Atacarlas y tratar de hundirlas a toda costa sería una especie de suicidio colectivo.

Empresas a las que, aunque sea utilitariamente, les interesa que sus trabajadores estén satisfechos. Un trabajador satisfecho es un trabajador productivo. Así lo refleja un informe de Randstad en el que se afirma que la productividad crece hasta un 12%. De hecho, éste es precisamente uno de los motivos por los que los departamentos de RR.HH. de grandes compañías han empezado a diseñar programas para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores. Además de un seguimiento personal, vemos que las actuales políticas que se desarrollan en el mundo empresarial son tendentes a lograr la mayor satisfacción laboral: flexibilización de horarios, creatividad, autonomía, teletrabajo…

Como ejemplo de esto podríamos considerar el EFR, un certificado otorgado a aquellas compañías “familiarmente responsables”. Entre aquellas que lo han recibido podemos encontrar a Santander, CLH, Sanitas, Pascual… Son empresas enormemente exitosas y han apostado intensamente por cuidar a sus trabajadores. Son reflejo de que cuanto más feliz vaya alguien a trabajar, más rendirá y más leal será. En conclusión, los resultados de la empresa serán mejores.

No nos olvidemos de una cosa: el trabajador representa la oferta de empleo mientras que la empresa es la que demanda, la que va en busca de dichas personas. Así, las compañías son perfectamente conscientes de que no son nada sin sus trabajadores y, si no lo son, deberían empezar a serlo. De la misma manera, los trabajadores saben que su puesto de trabajo depende de la continuidad de la compañía. Ambos se necesitan; ambos precisan entenderse y colaborar.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM