El Arruí y demás especies desprotegidas

EL ECOLOGISMO RADICAL PRETENDE QUE EN UN MUNDO YA TOMADO POR EL HOMBRE, ÉSTE SEA AUTOR Y BRAZO EJECUTOR DEL INMINENTE EXTERMINIO DE UNA ESPECIE SIN NECESIDAD DE ELLO

Adentrándome en un tema de actualidad y de bastante controversia, me aventuro a expresar mi opinión sobre la reciente ley aprobada en el Supremo en referencia a las especies invasoras. Del mismo modo que la cultura española se ha forjado mediante el choque de diferentes civilizaciones, que le han otorgado una identidad basada en la riqueza de la diversidad, no es diferente en lo que a la naturaleza se refiere. Nuestro país era (por que por lo visto va a dejar de serlo) uno de los lugares donde más biodiversidad se podía encontrar en el mundo. Podría enumerar una infinita lista de especies, tanto flora como fauna, importadas desde tiempos inmemoriales, que han compuesto a lo largo de los años un mosaico único en su complejidad. No obstante, se ha creado una Ley por personas que desconocen la materia que ataca directamente a una ley no escrita que hacía tan especial a los campos de nuestra nación. Estas personas que se creen en posesión única de la verdad, no solo desconocen el valor destructivo de lo que han hecho, si no que nunca conocerán las consecuencias de sus actos.

El Real Decreto al que hago referencia, atenta de forma directa contra la vida de especies ya asentadas (y en equilibrio con las especies autóctonas). Partimos de la base de que se considera “especie invasora” a aquella que desplaza a una especie autóctona, y una “especie exótica” se considera a aquella que no es natural de un lugar. A partir de aquí, podríamos considerar que un inmenso abanico de especies exóticas, dejan de serlo en algún momento de su historia si alcanzan un equilibrio con el medio que habitan. El problema reside en que una especie no tiene por qué ser invasora, aunque sea exótica. Voy a intentar ilustrar este trabalenguas mediante un ejemplo real, que concierne a esta ley: el caso del arruí en Sierra Espuña.

El arruí, también conocido como muflón del Atlas norteafricano, es un ungulado pastador que se introdujo en las sierras de Murcia hace más de 50 años. Esta especie no solo ha sido una fuente de ingresos constantes para la zona (por su atractivo como especie cinegética), si no que además reporta un enorme interés científico así como una labor de control sobre la flora, tanto en su crecimiento como su fertilización. Aprovecho para citar al catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Don Alfonso San Miguel, autor del libro Arruí, oportunidades y amenazas, que dice: “El Arruí es una especie muy beneficiosa para el hábitat de Sierra Espuña. Si desapareciera, el futuro de la sierra sería el de un abandono peligroso por que facilitaría los incendios que provocarían daños irreparables en algunas especies arbustivas”. A pesar de ello, esta ley declara la erradicación de la especie, como medida desesperada tras el fracaso de una gestión mala o inexistente, de una población que carece de depredadores naturales. Esta especie (como la gran mayoría) controlada de forma lógica y equilibrada, no reúne uno solo de los requisitos para ser considerada “especie invasora”. Quiero decir, el ciervo rojo si carece de ningún control poblacional, puede llegar a ser extremadamente dañino para la flora de cualquier paraje, pero al estar regulada mediante la caza, son más los beneficios que reporta que los daños que ocasiona.

La naturaleza a lo largo de la historia ha demostrado ser de por sí destructiva. Los animales se han extinguido sin intervención de la mano del hombre durante siglos, y ha sido la toma de conciencia de los mismos lo que ha evitado la catástrofe natural de muchas especies. En conclusión, el ecologismo radical pretende que en un mundo ya tomado por el hombre (y que aboga por la erradicación de la actividad cinegética), éste sea el autor y brazo ejecutor del inminente exterminio de una especie sin necesidad de ello. Están cavando una tumba para la biodiversidad que tantísimos años y esfuerzos ha costado a España como nación y defensora de la naturaleza en su idiosincrasia. Por tanto, no me queda más remedio que condenar y calificar como atentado ecológico, el decreto aprobado por el Tribunal Supremo por el que se va a erradicar una especie ya emblemática en Sierra Espuña.

Termino citando al portavoz de Ecologistas en Acción Rubén Vives, que dice “ya no hay excusas y el arruí tiene que ser exterminado”. Esta es la doble moral y verdadera cara de los que se autoproclaman defensores del medio ambiente.

Leopoldo Rodriguez-Jurado

El guardián

EL COMPLIANCE, AÚN ALGO DESCONOCIDO, COMIENZA A CONVERTIRSE EN UNA LLAVE MAESTRA TANTO PARA LAS COMPAÑÍAS COMO PARA LA SOCIEDAD

“El empleo de moda entre los abogados”. Con estas palabras se refería un artículo de prensa a la novedosa figura del ‘compliance officer’. Como ocurre en contables ocasiones, este concepto que ha sido incorporado a nuestro ordenamiento en la última reforma del Código Penal está presente desde hace años en países como Reino Unido e Italia.

Se trata de una figura que surge principalmente para evitar la comisión de delitos dentro de las empresas ya que todas, pequeñas, medianas o grandes, están obligadas a contar con un compliance officer o, en su caso, a subcontratar este servicio. Se hace especialmente necesario en un momento en el que las empresas, como personas jurídicas, ya pueden ser condenadas por la comisión de determinados delitos. Un buen programa de compliance puede convertirse en la llave para que una compañía pueda atenuar su pena e incluso evitarla.

Sin embargo, el compliance no se reduce a la mera evitación de delitos. El compliance va mucho más allá. Hoy me gustaría que enfocáramos esta figura desde otro punto de vista: el compromiso de la empresa con sus trabajadores y el compromiso de la empresa con la sociedad.

En un mundo cada vez más globalizado donde las culturas, formas de trabajo y legislaciones interactúan de manera constante, el ‘compliance officer’ hace posible el crecimiento y la internacionalización. Sólo a través de una persona que se ocupe de compatibilizar las exigencias legales que hay en cada país podremos lograr que una empresa esté asentada en España, en China o en Japón, sin tener ningún tipo de consecuencia legal adversa. Todos sabemos cómo la imagen de una compañía y, por ende, su buena marcha, se puede ver empañada por infringir la ley o no cumplir con los estándares que se consideran adecuados en cada lugar; tan sólo tenemos que recordar cómo hace dos años saltaban las alarmas por una noticia que hablaba de una supuesta explotación por parte de empresas como Inditex o Primark, aunque finalmente demostraron combatir enérgicamente dichas prácticas.

Por otra parte, el mercado laboral, sometido a deberes legales muy exigentes, tiene una enorme complejidad como consecuencia de la variedad en los contratos, situaciones laborales y derechos y obligaciones. Es aquí donde se hace cada vez más necesaria una figura como el compliance, que permita hacer crecer a la empresa a la vez que ésta cumple con todos los requisitos que se le exigen.

A veces podemos tener la sensación de que este esfuerzo por cumplir estrictamente con la ley pudiera ir en contra de los intereses de la compañía. Nada más lejos de la realidad. Como siempre, es necesario buscar un equilibrio de manera que a la vez que se cumpla con la ley no se termine asfixiando a la organización. En este sentido, muchas empresas han acogido el compliance como parte de su propia cultura, como su manera de hacer las cosas; lo consideran bueno, coherente y compatible con sus intereses. Les permite velar por principios tan básicos como la igualdad de oportunidades o luchar contra situaciones deplorables como la discriminación por razón de sexo, raza y creencias o el acoso.

Por todo esto, vemos cómo el compliance no se limita simplemente a evitar una condena; el compliance pretende concienciar, construir, innovar, respetar. Es algo que incumbe a todos, a cada miembro de la compañía, a la propia dirección. Se constituye en una forma idónea para contribuir no sólo al bienestar de la empresa y de sus integrantes sino también al de toda la sociedad.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

Día Mundial de los Refugiados: El milagro de los 16.000

EN ESTA CRISIS NO DEBERÍAN EXISTIR IDEOLOGÍAS NI PARTIDOS, SINO UNA SOCIEDAD Y UN GOBIERNO COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS. EL PROBLEMA ES REAL. ES URGENTE. Y, ES INEVITABLE.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el número de personas que han llegado a nuestras costas y atravesado nuestras vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha incrementado en un 75% respecto al mismo período del año pasado. Las cifras son tan preocupantes como que este mes de junio ya llegaban a las costas andaluzas unas 1.300 personas y el número de muertos continúa incrementándose en la ruta del Mediterráneo Occidental. Esto lo permite un país democrático que en su Constitución dedica, nada más y nada menos, que su Título II con 45 artículos al reconocimiento de derechos y libertades, algo de lo que estar orgullosos si la comparamos con la Ley Suprema de la mayoría de democracias de nuestro continente.

El pasado día 20 de junio de 2017, fue el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo convendría realizar una reflexión sobre una crisis que pese a concernir a toda Europa, sufre un inmovilismo bochornoso, enfermizo y crónico de los gobiernos occidentales, incluido el español, que tantos derechos reconoce y predica. De hecho, cabe resaltar que Oxfam ha expresado sus intenciones de demandar a nuestro Gobierno ante la Comisión Europea por su supuesto incumplimiento del Acuerdo con la UE celebrado en septiembre de 2015, por el que España se comprometía a acoger a 17.337 personas, de las que, hasta el momento, sólo ha dado asilo a 1.304, cifra que no llega a representar el 8% de la cuota. Pero, ¿puede España hacer frente a su acogimiento, mantenimiento e integración y todo lo que ello significa y requiere?

Antes de nada, ¿qué es el derecho de asilo? Y, ¿cuál es la definición de refugiado? Se define el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, y desarrollado mediante Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria,  como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley y con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Este derecho se concede a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, “a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” o al apátrida.

Además, si no se reúnen los requisitos para obtener el asilo o la condición de Refugiado, se reconoce también el derecho a la protección subsidiaria en ciertos casos. Estos derechos deberían garantizar la no devolución ni expulsión. Preguntemos en la valla de Melilla si esto realmente se cumple o no. La realidad es que ni se están reconociendo estos derechos, ni si reconocidos, se están protegiendo a todos los refugiados que los disfrutan. ¿Negligencia? ¿Escasez de medios? ¿Pasotismo? ¿Miedo al terrorismo? ¿Egoísmo? ¿Divergencia política?

Dicen algunos que se requieren leyes. Pero, leyes hay. Otro debate sería si son suficientes, eficaces o simplemente si se están realmente implementando. De nada sirve que 17.000 refugiados lleguen a España si no existen infraestructuras para instalarlos, medios para mantenerlos y una conciencia social para integrarlos, todo ello evitando la formación de guetos que propicien la división, la radicalización, la pobreza y la inseguridad dentro de nuestras fronteras. Como relató ayer en su discurso el Alto Comisionado para el Día Mundial del Refugiado:

“La inclusión requiere que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y comunidades a los refugiados. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, que reúna a estudiantes, empresarios, atletas, activistas, líderes religiosos, políticos y artistas, para compartir las responsabilidades”

Desde 2015 han pasado dos años durante los cuales podríamos haber desarrollado políticas sociales en esta dirección. Se requiere sin duda alguna una sensibilización de la sociedad con el fin de evitar el racismo y la xenofobia hacia los extranjeros que están dominando el mundo occidental. El terrorismo, por otro lado, alimenta el rechazo de las masas hacia los nuevos huéspedes. Por ello, debemos dejar de enfocar nuestras energías únicamente en mociones de censura absurdas y en desafíos independentistas y, uniendo fuerzas políticas dispares, dirigirlas también en llevar a cabo acciones solidarias conjuntas de la mano de Europa. De hecho, Bruselas ya plantea para los próximos presupuestos europeos la entrega de fondos en base a criterios relacionados con la respuesta de los Estados a la presión migratoria, ya que debido al Brexit, se buscan nuevas formas de financiación de la UE y de reparto de sus fondos. Veamos si el dinero inspira más a los gobiernos.

En esta crisis no deberían existir ideologías ni partidos, sino una sociedad y un gobierno comprometidos con los Derechos Humanos. El problema es real. Es urgente. Y, es inevitable. Toda Europa está y seguirá sumergida en esta crisis humanitaria. Seguir dándole la espalda no será sostenible por mucho tiempo. Se requiere una respuesta YA acompañada de una mejora en la aplicación del derecho de asilo, puesto que España no sólo dispone de escasos tres meses para cumplir el Acuerdo sino que el ritmo que llevamos, los defectos y lagunas de nuestro sistema jurídico y la falta de políticas de asimilación de la sociedad, se necesita de un milagro para que los 16.000 refugiados sean acogidos e integrados en nuestro país. Y, dentro de poco probablemente las cifras lleguen a los 160.000.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

El mejor gol de Cristiano Ronaldo

PUEDE DUDARSE DEL GRADO DE CULPABILIDAD EN BASE A SI CRISTIANO RONALDO SABÍA BIEN LO QUE ESTABA FIRMANDO, PERO EL PORTUGUÉS, A DIFERENCIA DE MESSI, NO TIENE UN PADRE DISPUESTO A ASUMIR TODA LA CULPA E IR A LA CÁRCEL POR ÉL

Es noticia estos días la denuncia de la Fiscalía contra el portugués Cristiano Ronaldo por evasión de impuestos. Al parecer, mediante la cesión de sus derechos de imagen a empresas extranjeras (explicado aquí), el futbolista no tributaba ante la Hacienda española por este concepto. La cantidad que se estiman defraudadas por el jugador del Real Madrid es de 14,7 millones de euros y se enfrenta a una multa por el doble de ese valor, además de una condena de cárcel de entre 7 y 20 años.

Hasta aquí, todo normal. Cristiano Ronaldo no es el primer futbolista que se encuentra con problemas ante Hacienda, aunque si el que se ha encontrado con problemas más graves. En su cara a cara particular con Lionel Messi, habría defraudado unas cantidades muy superiores a las del argentino, que ya fue condenado a 21 meses de cárcel. De confirmarse los hechos, a Cristiano Ronaldo le debería caer en buena lógica una pena superior, lo que implicaría pena de prisión casi obligada.

Cristiano Ronaldo es un gran goleador, y uno de los grandes de la historia del fútbol, pero su mejor gol no le ha dado ningún título a su equipo ni le ha dado un Balón de Oro para su colección. El mejor gol de Cristiano Ronaldo es tener convencido a todo un país de que no hay manera de que vaya a la cárcel, pese a haber cometido un fraude fiscal masivo. Hasta tal punto esto es así, que los titulares de los periódicos especulan con su marcha, no con su encarcelamiento.

España es un país tan completamente dominado por el fútbol que la posible condena de Cristiano es casi una cuestión política, mereciendo hasta declaraciones de ministros. Aficionados del Real Madrid que critican los 400.000 euros defraudados de Monedero defenderán la inocencia del luso, y los que clamaban contra el palco del Bernabéu por las causas abiertas del Barcelona no verán una mano negra desde el palco del Camp Nou. La cuestión no es si se ha cometido un fraude fiscal, y con ello un perjuicio a todos los contribuyentes, la cuestión es que le conviene más a mi equipo de cara a la próxima temporada.

Esta actitud puede ser entendible en los aficionados. Después de todo, la vida del español medio se ve más afectada por los goles de Ronaldo (sea para celebrarlos o lamentarlos) de lo que se vería afectada por su condena. Donde no es permisible es en las autoridades. El señor Tebas, presidente de la Liga, ha salido defendiendo la inocencia del portugués, como en su día defendió la de Messi, lo que supone una falta de respeto a la Fiscalía. Cuando alguien está denunciado por fraude fiscal, inocente no es. Puede dudarse del grado de culpabilidad en base a si Cristiano Ronaldo sabía bien lo que estaba firmando (aunque quien cede sus derechos a una empresa de las Islas Vírgenes difícilmente puede alegar ignorancia), pero el portugués, a diferencia de Messi, no tiene un padre dispuesto a asumir toda la culpa e ir a la cárcel por él. Con la admirable labor que se ha realizado en la Liga reduciendo las deudas de los clubes con Hacienda, deberían vigilarse más este tipo de declaraciones.

Gonzalo Aguilar

Macron: el líder que debe educar a Europa

NO DEBEMOS OLVIDAR QUE LO IMPORTANTE NO ES EL PERSONAJE, SINO LA IDEA QUE HAY DETRÁS. LA ELECCIÓN DE MACRON PONE DE MANIFIESTO QUE EXISTE UNA MAYORÍA, NO REACCIONARIA, QUE ESTÁ CONTENTA EN LA UE, QUE CREE EN ELLA Y QUE ESPERA QUE, DESPUÉS DE LAS MALAS EXPERIENCIAS DE 2016, EL PROYECTO EUROPEO SE MATERIALICE

Cuando uno lee últimamente las noticias no puede evitar sentir cierta preocupación por el devenir de la actualidad: numerosos casos de corrupción, la convocatoria del referéndum independentista catalán, los -cada vez más- frecuentes atentados terroristas, el inicio de las que parecen van a ser unas duras negociaciones del Brexit… Sin embargo, al igual que apuntaba en mi anterior artículo, los últimos acontecimientos electorales en el país vecino nos hacen albergar aún esperanza.

Tal y como señala el artículo de Ramón Marcos en el “asterisco”, la irrupción de Emmanuel Macron ha puesto de manifiesto la crisis que padece el bipartidismo en el país galo. De hecho, ninguna de las dos formaciones clásicas fue capaz de pasar a la segunda vuelta de las presidenciales. Unos, los socialistas, por la mala gestión que han hecho de la crisis económica. Los otros, los republicanos, por los numerosos casos de corrupción que afectan a varios líderes. Pero el nuevo inquilino del Palacio del Elíseo, lejos de limitarse a observar el fracaso estratégico de sus adversarios, ha tomado la inteligente decisión de acoger en sus filas a prominentes figuras de ambos partidos. Un ejemplo perfecto de esta jugada maestra es el nombramiento del Primer Ministro, el republicano Edouard Philippe, quien fuera co-portavoz de campaña de Alain Juppé. Con este nombramiento Macron busca el acercamiento del ala moderada de los republicanos y dejar sola a esa rama conservadora azotada por la corrupción. Este y otros nombramientos han tenido como resultado último que el partido político “La République en Marche” obtuviera ayer, en la segunda vuelta de las elecciones parlamentarias, 350 diputados de los 577 que componen la Asamblea Nacional.

Macron no solo ha conseguido pulverizar a sus oponentes políticos, sino que ha logrado también darle esperanzas a todos aquellos que creemos en el proyecto europeo. Su hoja de ruta está profundamente impregnada por promesas pro-europeistas, como son: Impulsar el Acuerdo económico y de comercio entre la UE y Canadá, negociar un acuerdo transversal en materia de seguridad, comercio y ecología entre China y la UE, crear la figura de un procurador comercial europeo que supervise los acuerdos comerciales, materializar definitivamente la propuesta de crear un Ministro de Finanzas europeo que lleva sobre la mesa en Bruselas desde 2013, y en definitiva, llevar a cabo una refundación de la Unión Europea que pueda suponer incluso reformar el Tratado de Lisboa de 2007.

Sin embargo, no debemos olvidar que lo importante no es el personaje, sino la idea que hay detrás. La elección de Macron pone de manifiesto que existe una mayoría, no reaccionaria, que está contenta en la UE, que cree en ella y que espera que, después de las malas experiencias de 2016, el proyecto europeo se materialice. Pero para lograr este último objetivo de unidad debemos impulsar medidas de integración que pasan por involucrar y hacer entender a la ciudadanía cuáles son las funciones de la UE. Actualmente, en palabras del eurodiputado Javier Nart, “el Parlamento Europeo supone el 70% de la normativa que se aplica en España y, sin embargo, poca gente sigue la actualidad de Estrasburgo”. Se trata de comunicar a la población que lo que ahí se discute es de vital importancia para el devenir de los países europeos, y para ello, además de campañas de información, sería necesario introducir un plan de educación enfocado al acercamiento de los jóvenes a las instituciones europeas.

En este último punto, referente a la educación, Macron pretende incorporar más docentes y mejorar las condiciones de la escuela pública. Ciertamente, aquí se encuentra la clave, no solo del porvenir galo, sino del de la UE. Sería bueno que, además de las propuestas antes mencionadas a nivel europeo, se incorporase una medida que conllevase la educación en ciudadanía y cultura europea, para lo cual Carlos Perez podría darnos su opinión al respecto. De lo que se trataría es de contrarrestar la poca información que la sociedad europea tiene de las instituciones europeas, de cuáles son sus funciones y sus valores. Hemos visto que esta técnica ha sido utilizada durante años por los nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, donde asignaturas como Historia o Geografía contenían temarios distintos en función de la región con el fin de profundizar en el sentimiento nacionalista. Se trataría de extrapolar este mecanismo, para una función que entendemos mucho más positiva y regeneradora, al conjunto de los países de la UE.

Emmanuel Macron se ha convertido en el gran adalid del proyecto europeo, cosa que reconoce incluso la revista The Economist. Y estas estupendas medidas que quiere implantar deberían ser conocidas por todos, sobre todo por los jóvenes europeos que son los que más se están sintiendo involucrados y que a la larga serán los que decidirán si la Unión Europea, como quieren algunos, se rompe, o como queremos la mayoría, sigue creciendo para mejorar la vida de todos los europeos.

Luis Miguel Melián
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de AOM

Menos impuestos, menos leyes, más control y más libertad

EL SECTOR DE LOS TAXISTAS SE VE AMENAZADO POR LOS DISRUPTIVOS NEGOCIOS COMO UBER Y CABIFY. COMO YA SUCEDIERA EN CONOCIDOS CASOS COMO NAPSTER O BLABLACAR, EL NUEVO ENFRENTAMIENTO OBLIGA A LAS AUTORIDADES A TOMAR PARTIDA EN ESTE DILEMA.

Por poner en contexto el enfrentamiento se remonta a la llegada de Uber y Cabify a España. En aquel momento, el Ministerio de Fomento aseguró que el modelo de negocio que Uber había implantado en otros países no iba a ser legalizado en España. El motivo principal era que se consideraba competencia desleal ya que los costes (por licencias y seguros principalmente) eran notablemente superiores en el sector tradicional.

Uber intentó su defensa basándose en que ofrecían una solución tecnológica y no un servicio de transporte, sin embargo, se vio obligada a parar su actividad después de que fuera ordenado el cierre de su página web y se anunciaran multas por incumplimiento de la ley.

El siguiente paso fue crear y regular el número de licencias de VTC (Vehículos Turismo con Conductor) que serían exigidas a los conductores de empresas como Uber y Cabify, situando el ratio en 30 licencias de taxi por cada 1 VTC. Según los propios datos del Ministerio, este ratio se ha superado hasta llegar al 1:12 (5.400 VTC por las 67.000 de taxis). Otra de las exigencias de los taxistas es exigir mayor control a los conductores de los VTC a la hora de recoger clientes en las calles ya que, según está regulado, solamente pueden realizar los servicios que han sido previamente contratados a través de la plataforma y siempre a una distancia superior a 100 metros de las llamadas “zonas de influencia” según la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Frente a esto Uber se defiende alegando que, en el caso de ser cometida esa infracción, sería responsabilidad del propio conductor y no de la empresa. Cabe recordar que estos problemas existían antes que las propias plataformas y ya hubo casos de intromisión de “taxistas pirata” en zonas concurridas como el aeropuerto de Madrid o Barcelona.

Después de la última reunión que Iñigo de la Serna ha mantenido con las CCAA y algunos ayuntamientos, el Ministro se ha reafirmado en su posición de hacer cumplir la ley y buscar una solución al problema del ratio taxis-VTC, centrando los esfuerzos en evitar el monopolio y especulación de las licencias concedidas. Unauto VTC (portavoz de Uber y Cabify) defiende que si quieren competir en las mismas condiciones deberían exigir a los taxistas que las licencias fueran personales e intransferibles para evitar que un “licenciado” pueda subarrendar la licencia y obtenga ganancias sin trabajar. Además, Eduardo Martín, presidente de Unauto, reclama que se excluya al taxi del sistema de módulos que “permite que un taxista no pague ni 1.000 euros al año en impuestos mientras que una VTC con una actividad similar paga 9.000 euros.

Leyendo recientemente sobre este tema, encontré algunos artículos serios y no tan serios sobre la cuestión. Uno de los segundos proponía defender una huelga de carteros debido al incipiente uso de otros canales de comunicación como el e-mail o WhatsApp. De nuevo, un amplio sector de nuestro país, apoyado por algunos partidos políticos, quiere luchar a favor de la igualdad de condiciones, condiciones a la baja. Si yo tengo estos problemas, lo justo es que el de al lado también; si no los tiene, los creamos.

En mi opinión esta situación es consecuencia de unas barreras de entrada tan grandes que ha impedido el acceso a nuevos competidores. El haber limitado competencia ha permitido que no hayan necesitado implementar la innovación tecnológica que ahora traen los nuevos proyectos.

Si bien no quiero alentar a los españoles a incumplir la ley, sí me gustaría proponer un cambio en la regulación. Una vez más, buscando liberalizar ambos sectores: reducir el coste de las licencias por ambas partes, que sean personales e intransferibles y fijar un seguro mínimo que debe contratar el conductor, siendo el cliente conocedor del mismo.

En un futuro no muy lejano parece que vamos a enfrentar nuevos ejemplos como los supermercados sin cajeros, las sucursales bancarias que desaparecerán, etc. Entre todos debemos trabajar para crear más y mejores puestos de trabajo en los cuales esos profesionales aporten a la cadena de valor. Siempre, desde mi punto de vista, en un contexto en el que el Ministerio legisle y el mercado decida.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM