El mejor gol de Cristiano Ronaldo

PUEDE DUDARSE DEL GRADO DE CULPABILIDAD EN BASE A SI CRISTIANO RONALDO SABÍA BIEN LO QUE ESTABA FIRMANDO, PERO EL PORTUGUÉS, A DIFERENCIA DE MESSI, NO TIENE UN PADRE DISPUESTO A ASUMIR TODA LA CULPA E IR A LA CÁRCEL POR ÉL

Es noticia estos días la denuncia de la Fiscalía contra el portugués Cristiano Ronaldo por evasión de impuestos. Al parecer, mediante la cesión de sus derechos de imagen a empresas extranjeras (explicado aquí), el futbolista no tributaba ante la Hacienda española por este concepto. La cantidad que se estiman defraudadas por el jugador del Real Madrid es de 14,7 millones de euros y se enfrenta a una multa por el doble de ese valor, además de una condena de cárcel de entre 7 y 20 años.

Hasta aquí, todo normal. Cristiano Ronaldo no es el primer futbolista que se encuentra con problemas ante Hacienda, aunque si el que se ha encontrado con problemas más graves. En su cara a cara particular con Lionel Messi, habría defraudado unas cantidades muy superiores a las del argentino, que ya fue condenado a 21 meses de cárcel. De confirmarse los hechos, a Cristiano Ronaldo le debería caer en buena lógica una pena superior, lo que implicaría pena de prisión casi obligada.

Cristiano Ronaldo es un gran goleador, y uno de los grandes de la historia del fútbol, pero su mejor gol no le ha dado ningún título a su equipo ni le ha dado un Balón de Oro para su colección. El mejor gol de Cristiano Ronaldo es tener convencido a todo un país de que no hay manera de que vaya a la cárcel, pese a haber cometido un fraude fiscal masivo. Hasta tal punto esto es así, que los titulares de los periódicos especulan con su marcha, no con su encarcelamiento.

España es un país tan completamente dominado por el fútbol que la posible condena de Cristiano es casi una cuestión política, mereciendo hasta declaraciones de ministros. Aficionados del Real Madrid que critican los 400.000 euros defraudados de Monedero defenderán la inocencia del luso, y los que clamaban contra el palco del Bernabéu por las causas abiertas del Barcelona no verán una mano negra desde el palco del Camp Nou. La cuestión no es si se ha cometido un fraude fiscal, y con ello un perjuicio a todos los contribuyentes, la cuestión es que le conviene más a mi equipo de cara a la próxima temporada.

Esta actitud puede ser entendible en los aficionados. Después de todo, la vida del español medio se ve más afectada por los goles de Ronaldo (sea para celebrarlos o lamentarlos) de lo que se vería afectada por su condena. Donde no es permisible es en las autoridades. El señor Tebas, presidente de la Liga, ha salido defendiendo la inocencia del portugués, como en su día defendió la de Messi, lo que supone una falta de respeto a la Fiscalía. Cuando alguien está denunciado por fraude fiscal, inocente no es. Puede dudarse del grado de culpabilidad en base a si Cristiano Ronaldo sabía bien lo que estaba firmando (aunque quien cede sus derechos a una empresa de las Islas Vírgenes difícilmente puede alegar ignorancia), pero el portugués, a diferencia de Messi, no tiene un padre dispuesto a asumir toda la culpa e ir a la cárcel por él. Con la admirable labor que se ha realizado en la Liga reduciendo las deudas de los clubes con Hacienda, deberían vigilarse más este tipo de declaraciones.

Gonzalo Aguilar

El afán recaudatorio de Hacienda puede perjudicar gravemente su salud

LAS CUENTAS NO CUADRAN DEBIDO AL ENORME DESPILFARRO DE UN ESTADO MONSTRUOSO E INEFICAZ, Y EL YA MALTRATADO BOLSILLO DEL ESPAÑOL DE CLASE MEDIA VUELVE A SUFRIR LAS CONSECUENCIAS.

Si han leído recientemente los medios de comunicación se habrán percatado de una noticia que no por su relevancia carece de poca importancia: la fiscalización a la formación continuada de los médicos está cerca de convertirse en una realidad. ¿Y que quiere decir ésto?, sencillo; Hasta ahora las ayudas que los profesionales recibían de los laboratorios estaban exentas de tributar, pues se consideran un aspecto fundamental en la profesión y no es un beneficio que redunda en el sanitario, ya que de la actualización de su conocimiento depende que usted tenga mejor porcentaje en supervivencia del cáncer, no se equivoque en el tratamiento cuando tenga un infarto, o renueve ese tema que lo tenía ya en el olvido, y que habla sobre las complicaciones tratamientos post-transplantes de riñón, corazón….Así hasta una infinidad de temas, que debido a la limitación de cualquier ser humano, nos obliga a estar continuamente estudiando y formándonos para poder ofrecerles una solución pertinente a cualquiera de sus enfermedades.
Hasta aquí todo lógico. El problema comenzó hace un par de meses cuando se presento una proposición no de ley para que los médicos tributaran por esas ayudas. No salió adelante tras una ajustada votación donde los partidos de centro-derecha (PP-Ciudadanos) votaron en contra y los partidos de izquierda (Psoe-IU-Podemos) siguiendo su discurso basado en aumentar los impuestos votaron a favor.
Posterior a esta proposición, hace un par de día salió un informe de la Agencia Tributaria exponiendo sus razones técnicas para que los médicos tengan que tributar. Siendo estrictos con la ley debería ser así, pero el sentido común nos hace pensar lo contrario. ¿Saben ustedes cuanto puede costar la inscripción a un congreso médico?. Existen muchos tipos de congresos, pero los nacionales suelen estar por encima de los 500 euros. Sumen comidas, estancias, desplazamientos.. y hagan números. Si consideramos además que los médicos españoles poseen una de las retribuciones más bajas de toda Europa ,y que desde el famoso “recorte” del ex-presidente Zapatero han perdido cerca de 20% de su sueldo (5% de recorte directo sumado a recortes en las guardias y a la no revalorización del sueldo con IPC), podemos entender el malestar general.
Pero la administración no entiende de sentido común. Las cuentas no cuadran debido al enorme despilfarro de un estado monstruoso e ineficaz, y el ya maltratado bolsillo del español de clase media vuelve a sufrir las consecuencias. Supondría una recaudación a las arcas de aproximadamente unos 121 millones de euros (creanme una cantidad ridícula frente a a certeza de saber que cuando acude a un hospital, está entrando en uno de los 10 mejores sistemas sanitarios del mundo). En la práctica tributar por estas ayudas supone que el médico tiene que pagar por formarse, y entenderán cuales pueden ser las consecuencias de estos actos. Ojalá que imperé el sentido común, pues ya decía la canción: 3 cosas hay en la vida: Salud Dinero y Amor, pero ¿tienen claro el orden y prioridades de las mismas?

Made in China

SI DE VERDAD SE QUIERE MEJORAR LA ECONOMÍA NACIONAL Y HACER MÁS COMPETITIVA LA INDUSTRIA PROPIA, SE TIENE QUE BUSCAR QUE LAS EMPRESAS SE QUEDEN PORQUE SEA MÁS VENTAJOSO QUE MARCHARSE, NO PORQUE LA OTRA ALTERNATIVA SEA ARTIFICIALMENTE PEOR

Donald Trump y Marine Le Pen, con sus diferencias, tenían un punto común en sus programas. Ambos defendían el mantenimiento de las fábricas en sus respectivos países frente a la deslocalización al extranjero. Aunque Le Pen llegó a la ronda final, no le sirvió para alcanzar el Elíseo, pero Donald Trump se convirtió en el presidente de los Estados Unidos con este punto como uno de sus mensajes clave.

Ahora bien, ¿qué es la deslocalización, y por qué puede movilizar tanto a un país? La deslocalización consiste en trasladar la producción de la empresa al extranjero. Puede darse por muchos motivos: alto coste salarial del país o menores regulaciones laborales por ejemplo, pero el motivo de fondo es que la empresa reducirá sus costes al trasladar la producción. Una de las consecuencias directas de la deslocalización es que los obreros de la fábrica perderán su empleo, y por ello son un objetivo predilecto de los políticos más populistas.

El objetivo de toda empresa es ganar dinero. Esto es cierto tanto para las pequeñas tiendas familiares como para grandes conglomerados multinacionales. Sin embargo, una empresa familiar, al estar en unas pocas manos, puede decidir renunciar a parte de los beneficios a cambio de proporcionar beneficios sociales, como una mayor retribución a los empleados o menores precios. Una gran empresa tiene miles de accionistas, cada uno con su propia idea de negocio, y su único común denominador es la voluntad de ganar dinero con su inversión.

Un buen CEO es el que proporciona el mayor valor posible a los accionistas. Puede emprender acciones de RSC o mejorar las condiciones de los empleados, pero todo tiene que ser con el mismo fin de aumentar el beneficio de la compañía. Un CEO que renuncie a beneficios pero mejore la sociedad a cambio, será muy loable como persona, pero un irresponsable como gestor, porque ni es su dinero, ni es su empresa, ni es la misión para la que se le ha contratado. Para mejorar la sociedad sin preocuparse por el lucro propio ya existe un tipo de sociedad, y las empresas no deberían jugar a ser ONGs si no es esa su denominación social.

Habiendo establecido que las empresas están para ganar dinero y que la deslocalización ahorra costes, mejorando el beneficio, ¿es posible retener a las fábricas en los países desarrollados? Creo que es posible, pero no sin un sacrificio por parte de alguna de las partes.

La manera más sencilla es imponer sanciones en forma de tasas a la importación. Este método no reduce costes, sino que aumenta el coste de producir en el extranjero por encima de lo que costaría producir en el país. Si la empresa no puede mejorar su resultado deslocalizando fábricas, trasladará el coste a los clientes, aumentando el precio. Si esto no es posible y los márgenes son estrechos, quebrará.

Otra manera es la creación de una conciencia social que empuje a boicotear a las empresas que no produzcan el país, o comprar sólo productos fabricados en suelo nacional. Lo que busca provocar este método es que la reducción de ingresos como consecuencia de la deslocalización acabe provocando pérdidas mayores que el mantener la fábrica en el país.

En ambos casos, lo que se busca no es mejorar las condiciones de la empresa o incentivar a que se quede, sino hacer que la otra alternativa sea mucho peor, y desincentivar la marcha. Es la estrategia del miedo y del palo, no de la zanahoria.

Si de verdad se quiere mejorar la economía nacional y hacer más competitiva la industria propia, se tiene que buscar que las empresas se queden porque sea más ventajoso que marcharse, no porque la otra alternativa sea artificialmente peor. Recompensar al que se quede, no castigar al que se marche.

Aunque el método exacto puede adoptar medidas muy diversas, una manera muy sencilla de recompensar es mediante una rebaja en los impuestos. Otorgar deducciones por empleo nacional, o incluso una tasa impositiva menor para las empresas cuya cadena de valor sea íntegramente española funcionaría mucho mejor como incentivo para la empresa que cualquier boicot o huelga.

El sacrificio, así, lo realizaría el Estado, reduciendo su recaudación. A cambio, mantendría empleos y el nivel de precios, mejoraría la economía, y haría viables empresas que en la situación anterior no lo eran. Si a cambio el precio es reducir el aparato estatal, y dejar más dinero en manos de los ciudadanos, es un intercambio ventajoso.

Gonzalo Aguilar

¿Despejar la X de la Iglesia?

SOBRE LA CASILLA DE LA IGLESIA EN EL IRPF Y SU EXTENSIÓN A OTRAS CONFESIONES
 
La casilla de la Iglesia. Una vez al año, cuando se acerca la declaración de la renta, nos vemos inundados de información y opiniones al respecto. Por un lado, anuncios televisivos pidiendo que marquemos la x, recordando la labor social de la Iglesia; por otro, artículos y campañas clamando contra la financiación de la religión por parte de un estado supuestamente aconfesional.
 
¿De dónde viene este debate? ¿Por qué la Iglesia tiene este privilegio? A muchos les sorprenderá saber que esta asignación tributaria no es una concesión del legislador, sino que se trata de un tratado internacional entre dos estados. Como resultado de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, el Estado español pone a disposición del contribuyente la posibilidad de apoyar con sus impuestos al sostenimiento de la Iglesia Católica. El funcionamiento es simple: en la declaración de la renta se posibilita marcar una casilla con una x para que el 0,7% de nuestro IRPF vaya a las arcas de la Iglesia. La declaración de la renta sólo admite otra posibilidad, dedicar el 0’7% a fines sociales. Estas dos casillas son compatibles entre sí, de tal manera que se puede marcar una, ninguna, o ambas, en cuyo caso dedicaremos el 1,4% de nuestros impuestos a estos fines.
 
La Iglesia Católica es la única confesión que goza de este privilegio, pero no la única que lo desea. Otras confesiones, como la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Federe), ya han solicitado disponer de una casilla propia, aunque el Ministerio de Hacienda ha denegado dicha posibilidad, basándose en la falta de un acuerdo que lo posibilite. No se deniega la casilla por razón de la religión, sino porque no hay una base legislativa que lo permita. No hay que olvidar que la asignación tributaria a la Iglesia Católica es un acuerdo internacional con otro estado soberano, el Vaticano. Aparte de permitir la existencia de la asignación, el Acuerdo también proporciona cierto blindaje a la Iglesia, ya que romper un Acuerdo Internacional no es tan sencillo como revocar un decreto, y puede dañar la credibilidad del país en el escenario internacional.
 
No hay que olvidar que la asignación tributaria a la Iglesia Católica
es un acuerdo internacional con otro estado soberano, el Vaticano
El Ministerio de Justicia ha propuesto ampliar la casilla a las confesiones de notorio arraigo en España (un estatus jurídico que se puede solicitar, paso necesario y previo a la posible firma de acuerdos). No puedo estar más de acuerdo con esta decisión. Siempre que se respeten los trámites legales necesarios, lo que hace la casilla es dar más libertad al contribuyente. Nadie obliga a marcar la casilla y contribuir a la financiación de una confesión religiosa. El que no esté de acuerdo con financiar a la Iglesia lo tiene fácil, basta con no marcar la x. Ni un céntimo de su dinero se dedicará a financiar a la Iglesia. Los críticos de la medida se retratan en su anticlericalismo al reclamar la eliminación de la casilla (no les vale con no dar, exigen que nadie pueda tener la posibilidad de hacerlo), en vez de reclamar su extensión a otros conceptos (por ejemplo, la posibilidad de que ese 0,7% vaya a labores humanitarias en zonas de guerra, I+D+i, cooperación internacional, atención a refugiados, o la financiación de escuelas en países del tercer mundo, por citar unos cuantos que se me ocurren).
 
Es muy raro encontrar una persona que esté satisfecha con los impuestos que paga (y las que lo están, rara vez están satisfechas con los impuestos que pagan los demás), pero personalmente estaría más contento si tuviese alguna libertad en cuanto a los conceptos a los que va dirigido mi dinero. Igual que a otras personas no les gusta la posibilidad de financiar a la Iglesia, a mí no me gusta laobligación de financiar el iPad con el Candy Crush de los diputados, las obras de titiriteros enalteciendo al terrorismo, cabalgatas (ya sean de reyes o del orgullo gay), cursos de masturbación,  subvenciones a sectores ineficientes o la televisión pública (cuya labor ya cumple sobradamente la televisión privada). Para todos estos conceptos no existe una x, y los estamos financiando todos los españoles lo queramos o no.
 
Preferiría que este dinero se emplease en otras labores, como una mayor asignación a sueldos de profesores y médicos, fomento del arte, restauración de los monumentos públicos, subvenciones a la compra de vehículos eléctricos o, simplemente, recortes de impuestos y que cada ciudadano se gaste su dinero como le dé la gana. Lamentablemente, no tengo una x que marcar que me permita esta libertad.
 
Gonzalo Aguilar

La organización ministerial (II)

HAY QUE TENER CUIDADO CON EL AUMENTO DE LA PLANTILLA FUNCIONARAL EN LAS

ÉPOCAS DE CRECIMIENTO, PORQUE EN LAS RECESIONES LAS OPORTUNIDADES DE
DISMINUCIÓN DE LA MISMA SON REDUCIDAS

Con el desbloqueo a la investidura de Mariano Rajoy gracias a la abstención del Partido Socialista, España vuelve a tener algo más que un presidente interino. Con la XII legislatura vienen cambios en los nombres propios del Gobierno y en su organización, varios ministros han dejado su puesto, y algunas áreas han cambiado de Ministerio. Una de estas restructuraciones afecta al Ministerio que me incumbe, renombrado como Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Qué supone este cambio? En la práctica, implica que la relación con las Comunidades Autónomas ha pasado a manos del Ministerio de la Presidencia. Aclarados los cambios que ha experimentado este Ministerio, puedo seguir con el tema que quería tratar.


El mes pasado comenté los detalles de la organización ministerial, describiendo los puestos más comunes de cada Ministerio y sus tareas principales. Comentaba que un aumento de la masa funcionarial podía generar problemas de gasto para el Gobierno. El miedo subyacente que tenía al escribir esas palabras era que el Gobierno entrante se decidiese por una estructura ministerial similar a las de José Luis Rodríguez Zapatero. Un aumento de Ministerios, si se pretende mantener la calidad en los actuales, pasa forzosamente por un aumento de la masa funcionarial, y con el país en recuperación no es el momento de asumir más compromisos de gasto.

Que nadie se tome esto como un ataque a los funcionarios. En nuestro sistema de gobierno los funcionarios son totalmente necesarios. La sociedad española no puede funcionar sin policías, jueces, profesores, barrenderos, médicos y muchos otros. Hay una gran cantidad de profesiones dedicadas al servicio público que contribuyen al bienestar del país. El problema es que la bolsa de la que sale el sueldo de los funcionarios es el Estado. En cualquier empresa privada las contrataciones tienden a suplir las necesidades de la empresa. Una época de bonanza y expansión provocará que la empresa contrate más empleados, pero años malos pueden conllevar despidos. Es decir, cuando la empresa tiene problemas estructurales ajusta su plantilla, y cuando tiene necesidades la aumenta, consiguiendo la supervivencia o el crecimiento. En el Estado español despedir a un funcionario es una tarea realmente difícil, que requiere de unas causas objetivas bastante más graves de lo que supondría el despido en cualquier empresa privada. En la práctica, esto significa que hay que tener cuidado con el aumento de la plantilla funcionarial en las épocas de crecimiento, porque en las recesiones las oportunidades de disminución de la misma son reducidas. Las pocas herramientas de ajuste de las que se dispone son el cese de ofrecimiento de plazas, la congelación de salarios, y el simple paso del tiempo que lleve a la jubilación de los funcionarios.



¿Cuál podría ser una solución? Un sistema mixto de empleo público, mediante el cual la mayor parte de los empleados públicos tuviesen un contrato laboral estándar sujeto a las mismas condiciones que los empleados de una empresa privada cualquiera, y por el que sólo una pequeña parte, quizá los cargos más técnicos, tuviesen la categoría de funcionario. Esto desprotegería a los funcionarios, dotándoles de menor seguridad en su trabajo, pero proporcionaría un enorme alivio al Estado. No hay que olvidar que los funcionarios están al servicio del Estado, no al revés, y no hay un motivo claro por el que necesiten una protección mayor que la que ya ofrece la legislación laboral, más allá de que todo el mundo prefiere no poder ser despedido.

¿Cómo podría implantarse este sistema? Hay una cosa clara, que es que los funcionarios que ya tienen esa categoría no pueden ser desposeídos de su categoría y protección. Por tanto, la única manera de implantarlo consistiría en aplicar los cambios en las sucesivas convocatorias de plazas. La transición duraría cerca de 40 años, hasta la jubilación de los últimos funcionarios del régimen actual, pero esta manera salvaguardaría los privilegios de los funcionarios actuales a la vez que le daría un balón de oxígeno al Gobierno en épocas de crisis.

Gonzalo Aguilar

La Organización Ministerial (I)

SE HAN VISTO CASOS DE MINISTROS CON UNA FALTA DE PREPARACIÓN EVIDENTE,
PUES SU ÚNICO MÉRITO CONSISTÍA EN HABERSE AFILIADO AL PARTIDO DE JÓVENES

Una de las maneras mas comunes de organizar el gobierno de un país consiste en que el Jefe de Estado esté apoyado por una serie de colaboradores, encargado cada uno del manejo de un área funcional del Gobierno. En España, estas áreas son conocidas como Ministerios, y sus titulares son los Ministros. El número de Ministerios y los asuntos que tratarán son una decisión política del Presidente del Gobierno, que decidirá según quiera enfatizar unos u otros aspectos de su legislatura. Actualmente existen 13 Ministerios, pero han existido más en legislaturas pasadas (como los 17 de la IX legislatura).
Ahora bien, ¿cómo se organiza un Ministerio? El Ministro tiene por debajo de si una serie de órganos que le ayudarán a cumplir su gestión. Aunque los Ministerios pueden tener entes adscritos que dependan de ellos, me voy a centrar en la organización personal del mismo. La organización más normal es que existan varias Secretarias de Estado, coincidentes con las áreas temáticas del Ministerio. Así, en Hacienda y AAPP existen la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de AAPP, y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. A cargo de estas Secretarías están los Secretarios de Estado. Al mismo nivel de un Secretario de Estado se encuentra el Subsecretario, encargado de la Subsecretaría. La Subsecretaría se encarga de los servicios generales del Ministerio, como apoyo técnico, asesoramiento y otros.
Por debajo del Secretario de Estado se encuentran los Directores Generales, a cargo de una Dirección General, áreas que concretan aspectos de la Secretaría de Estado. Pueden tener por debajo Subdirecciones Generales. Por último, del Subsecretario puede depender un Secretario General Técnico. Por debajo de estos órganos existen otros menores, hasta completar la jerarquía con los funcionarios de menor nivel.

Aumentar la masa funcionarial en épocas de bonanza puede convertirse en un problema en épocas de crisis
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¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos cargos? Existen dos categorías, los nombramientos políticos y los profesionalizados. El nombramiento de un Ministro o un Secretario de Estado es un acto discrecional, y se suele atender principalmente a motivos políticos. Estos puestos son los encargados de llevar a realización las ideas del Gobierno, y por ello se buscan personas afines, que no han de ser necesariamente expertos de gestión en los campos de su ministerio. Por ello, hemos visto casos de ministros con una falta de preparación evidente, pues su único mérito consistía en haberse afiliado al partido de jóvenes.
El resto de cargos (Subsecretario, Director General, Director General Técnico, Subdirector General y los que existan por debajo en la jerarquía) exigen un requisito de profesionalización. Se requiere cierto grado de profesionalización además de una carrera funcionarial, salvo el caso de los Directores Generales, que pueden provenir de la empresa privada.

Como podemos ver, un Ministerio es un ente tremendamente complejo. Encargarse de un área de administración de un país tan grande y complejo como España no es una tarea fácil. Requiere elaborar planes de actuación, coordinarse con las 17 CCAA y los demás Ministerios, obtener la financiación necesaria, y ejecutarlos. Por ello se necesita una gran cantidad de personal para conseguir efectividad en su trabajo. Sin embargo, una organización demasiado grande puede suponer una carga muy pesada para el Estado, puesto que la mayor parte de los empleados del Ministerio son funcionarios. Debido a la dificultad de despedir a un funcionario, aumentar la masa funcionarial en épocas de bonanza puede convertirse en un problema en épocas de crisis. Este tema será el objeto del que hablaré el próximo mes.
Gonzalo Aguilar