El mejor gol de Cristiano Ronaldo

PUEDE DUDARSE DEL GRADO DE CULPABILIDAD EN BASE A SI CRISTIANO RONALDO SABÍA BIEN LO QUE ESTABA FIRMANDO, PERO EL PORTUGUÉS, A DIFERENCIA DE MESSI, NO TIENE UN PADRE DISPUESTO A ASUMIR TODA LA CULPA E IR A LA CÁRCEL POR ÉL

Es noticia estos días la denuncia de la Fiscalía contra el portugués Cristiano Ronaldo por evasión de impuestos. Al parecer, mediante la cesión de sus derechos de imagen a empresas extranjeras (explicado aquí), el futbolista no tributaba ante la Hacienda española por este concepto. La cantidad que se estiman defraudadas por el jugador del Real Madrid es de 14,7 millones de euros y se enfrenta a una multa por el doble de ese valor, además de una condena de cárcel de entre 7 y 20 años.

Hasta aquí, todo normal. Cristiano Ronaldo no es el primer futbolista que se encuentra con problemas ante Hacienda, aunque si el que se ha encontrado con problemas más graves. En su cara a cara particular con Lionel Messi, habría defraudado unas cantidades muy superiores a las del argentino, que ya fue condenado a 21 meses de cárcel. De confirmarse los hechos, a Cristiano Ronaldo le debería caer en buena lógica una pena superior, lo que implicaría pena de prisión casi obligada.

Cristiano Ronaldo es un gran goleador, y uno de los grandes de la historia del fútbol, pero su mejor gol no le ha dado ningún título a su equipo ni le ha dado un Balón de Oro para su colección. El mejor gol de Cristiano Ronaldo es tener convencido a todo un país de que no hay manera de que vaya a la cárcel, pese a haber cometido un fraude fiscal masivo. Hasta tal punto esto es así, que los titulares de los periódicos especulan con su marcha, no con su encarcelamiento.

España es un país tan completamente dominado por el fútbol que la posible condena de Cristiano es casi una cuestión política, mereciendo hasta declaraciones de ministros. Aficionados del Real Madrid que critican los 400.000 euros defraudados de Monedero defenderán la inocencia del luso, y los que clamaban contra el palco del Bernabéu por las causas abiertas del Barcelona no verán una mano negra desde el palco del Camp Nou. La cuestión no es si se ha cometido un fraude fiscal, y con ello un perjuicio a todos los contribuyentes, la cuestión es que le conviene más a mi equipo de cara a la próxima temporada.

Esta actitud puede ser entendible en los aficionados. Después de todo, la vida del español medio se ve más afectada por los goles de Ronaldo (sea para celebrarlos o lamentarlos) de lo que se vería afectada por su condena. Donde no es permisible es en las autoridades. El señor Tebas, presidente de la Liga, ha salido defendiendo la inocencia del portugués, como en su día defendió la de Messi, lo que supone una falta de respeto a la Fiscalía. Cuando alguien está denunciado por fraude fiscal, inocente no es. Puede dudarse del grado de culpabilidad en base a si Cristiano Ronaldo sabía bien lo que estaba firmando (aunque quien cede sus derechos a una empresa de las Islas Vírgenes difícilmente puede alegar ignorancia), pero el portugués, a diferencia de Messi, no tiene un padre dispuesto a asumir toda la culpa e ir a la cárcel por él. Con la admirable labor que se ha realizado en la Liga reduciendo las deudas de los clubes con Hacienda, deberían vigilarse más este tipo de declaraciones.

Gonzalo Aguilar

¿Despejar la X de la Iglesia?

SOBRE LA CASILLA DE LA IGLESIA EN EL IRPF Y SU EXTENSIÓN A OTRAS CONFESIONES
 
La casilla de la Iglesia. Una vez al año, cuando se acerca la declaración de la renta, nos vemos inundados de información y opiniones al respecto. Por un lado, anuncios televisivos pidiendo que marquemos la x, recordando la labor social de la Iglesia; por otro, artículos y campañas clamando contra la financiación de la religión por parte de un estado supuestamente aconfesional.
 
¿De dónde viene este debate? ¿Por qué la Iglesia tiene este privilegio? A muchos les sorprenderá saber que esta asignación tributaria no es una concesión del legislador, sino que se trata de un tratado internacional entre dos estados. Como resultado de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, el Estado español pone a disposición del contribuyente la posibilidad de apoyar con sus impuestos al sostenimiento de la Iglesia Católica. El funcionamiento es simple: en la declaración de la renta se posibilita marcar una casilla con una x para que el 0,7% de nuestro IRPF vaya a las arcas de la Iglesia. La declaración de la renta sólo admite otra posibilidad, dedicar el 0’7% a fines sociales. Estas dos casillas son compatibles entre sí, de tal manera que se puede marcar una, ninguna, o ambas, en cuyo caso dedicaremos el 1,4% de nuestros impuestos a estos fines.
 
La Iglesia Católica es la única confesión que goza de este privilegio, pero no la única que lo desea. Otras confesiones, como la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Federe), ya han solicitado disponer de una casilla propia, aunque el Ministerio de Hacienda ha denegado dicha posibilidad, basándose en la falta de un acuerdo que lo posibilite. No se deniega la casilla por razón de la religión, sino porque no hay una base legislativa que lo permita. No hay que olvidar que la asignación tributaria a la Iglesia Católica es un acuerdo internacional con otro estado soberano, el Vaticano. Aparte de permitir la existencia de la asignación, el Acuerdo también proporciona cierto blindaje a la Iglesia, ya que romper un Acuerdo Internacional no es tan sencillo como revocar un decreto, y puede dañar la credibilidad del país en el escenario internacional.
 
No hay que olvidar que la asignación tributaria a la Iglesia Católica
es un acuerdo internacional con otro estado soberano, el Vaticano
El Ministerio de Justicia ha propuesto ampliar la casilla a las confesiones de notorio arraigo en España (un estatus jurídico que se puede solicitar, paso necesario y previo a la posible firma de acuerdos). No puedo estar más de acuerdo con esta decisión. Siempre que se respeten los trámites legales necesarios, lo que hace la casilla es dar más libertad al contribuyente. Nadie obliga a marcar la casilla y contribuir a la financiación de una confesión religiosa. El que no esté de acuerdo con financiar a la Iglesia lo tiene fácil, basta con no marcar la x. Ni un céntimo de su dinero se dedicará a financiar a la Iglesia. Los críticos de la medida se retratan en su anticlericalismo al reclamar la eliminación de la casilla (no les vale con no dar, exigen que nadie pueda tener la posibilidad de hacerlo), en vez de reclamar su extensión a otros conceptos (por ejemplo, la posibilidad de que ese 0,7% vaya a labores humanitarias en zonas de guerra, I+D+i, cooperación internacional, atención a refugiados, o la financiación de escuelas en países del tercer mundo, por citar unos cuantos que se me ocurren).
 
Es muy raro encontrar una persona que esté satisfecha con los impuestos que paga (y las que lo están, rara vez están satisfechas con los impuestos que pagan los demás), pero personalmente estaría más contento si tuviese alguna libertad en cuanto a los conceptos a los que va dirigido mi dinero. Igual que a otras personas no les gusta la posibilidad de financiar a la Iglesia, a mí no me gusta laobligación de financiar el iPad con el Candy Crush de los diputados, las obras de titiriteros enalteciendo al terrorismo, cabalgatas (ya sean de reyes o del orgullo gay), cursos de masturbación,  subvenciones a sectores ineficientes o la televisión pública (cuya labor ya cumple sobradamente la televisión privada). Para todos estos conceptos no existe una x, y los estamos financiando todos los españoles lo queramos o no.
 
Preferiría que este dinero se emplease en otras labores, como una mayor asignación a sueldos de profesores y médicos, fomento del arte, restauración de los monumentos públicos, subvenciones a la compra de vehículos eléctricos o, simplemente, recortes de impuestos y que cada ciudadano se gaste su dinero como le dé la gana. Lamentablemente, no tengo una x que marcar que me permita esta libertad.
 
Gonzalo Aguilar

La organización ministerial (II)

HAY QUE TENER CUIDADO CON EL AUMENTO DE LA PLANTILLA FUNCIONARAL EN LAS

ÉPOCAS DE CRECIMIENTO, PORQUE EN LAS RECESIONES LAS OPORTUNIDADES DE
DISMINUCIÓN DE LA MISMA SON REDUCIDAS

Con el desbloqueo a la investidura de Mariano Rajoy gracias a la abstención del Partido Socialista, España vuelve a tener algo más que un presidente interino. Con la XII legislatura vienen cambios en los nombres propios del Gobierno y en su organización, varios ministros han dejado su puesto, y algunas áreas han cambiado de Ministerio. Una de estas restructuraciones afecta al Ministerio que me incumbe, renombrado como Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Qué supone este cambio? En la práctica, implica que la relación con las Comunidades Autónomas ha pasado a manos del Ministerio de la Presidencia. Aclarados los cambios que ha experimentado este Ministerio, puedo seguir con el tema que quería tratar.


El mes pasado comenté los detalles de la organización ministerial, describiendo los puestos más comunes de cada Ministerio y sus tareas principales. Comentaba que un aumento de la masa funcionarial podía generar problemas de gasto para el Gobierno. El miedo subyacente que tenía al escribir esas palabras era que el Gobierno entrante se decidiese por una estructura ministerial similar a las de José Luis Rodríguez Zapatero. Un aumento de Ministerios, si se pretende mantener la calidad en los actuales, pasa forzosamente por un aumento de la masa funcionarial, y con el país en recuperación no es el momento de asumir más compromisos de gasto.

Que nadie se tome esto como un ataque a los funcionarios. En nuestro sistema de gobierno los funcionarios son totalmente necesarios. La sociedad española no puede funcionar sin policías, jueces, profesores, barrenderos, médicos y muchos otros. Hay una gran cantidad de profesiones dedicadas al servicio público que contribuyen al bienestar del país. El problema es que la bolsa de la que sale el sueldo de los funcionarios es el Estado. En cualquier empresa privada las contrataciones tienden a suplir las necesidades de la empresa. Una época de bonanza y expansión provocará que la empresa contrate más empleados, pero años malos pueden conllevar despidos. Es decir, cuando la empresa tiene problemas estructurales ajusta su plantilla, y cuando tiene necesidades la aumenta, consiguiendo la supervivencia o el crecimiento. En el Estado español despedir a un funcionario es una tarea realmente difícil, que requiere de unas causas objetivas bastante más graves de lo que supondría el despido en cualquier empresa privada. En la práctica, esto significa que hay que tener cuidado con el aumento de la plantilla funcionarial en las épocas de crecimiento, porque en las recesiones las oportunidades de disminución de la misma son reducidas. Las pocas herramientas de ajuste de las que se dispone son el cese de ofrecimiento de plazas, la congelación de salarios, y el simple paso del tiempo que lleve a la jubilación de los funcionarios.



¿Cuál podría ser una solución? Un sistema mixto de empleo público, mediante el cual la mayor parte de los empleados públicos tuviesen un contrato laboral estándar sujeto a las mismas condiciones que los empleados de una empresa privada cualquiera, y por el que sólo una pequeña parte, quizá los cargos más técnicos, tuviesen la categoría de funcionario. Esto desprotegería a los funcionarios, dotándoles de menor seguridad en su trabajo, pero proporcionaría un enorme alivio al Estado. No hay que olvidar que los funcionarios están al servicio del Estado, no al revés, y no hay un motivo claro por el que necesiten una protección mayor que la que ya ofrece la legislación laboral, más allá de que todo el mundo prefiere no poder ser despedido.

¿Cómo podría implantarse este sistema? Hay una cosa clara, que es que los funcionarios que ya tienen esa categoría no pueden ser desposeídos de su categoría y protección. Por tanto, la única manera de implantarlo consistiría en aplicar los cambios en las sucesivas convocatorias de plazas. La transición duraría cerca de 40 años, hasta la jubilación de los últimos funcionarios del régimen actual, pero esta manera salvaguardaría los privilegios de los funcionarios actuales a la vez que le daría un balón de oxígeno al Gobierno en épocas de crisis.

Gonzalo Aguilar

La Organización Ministerial (I)

SE HAN VISTO CASOS DE MINISTROS CON UNA FALTA DE PREPARACIÓN EVIDENTE,
PUES SU ÚNICO MÉRITO CONSISTÍA EN HABERSE AFILIADO AL PARTIDO DE JÓVENES

Una de las maneras mas comunes de organizar el gobierno de un país consiste en que el Jefe de Estado esté apoyado por una serie de colaboradores, encargado cada uno del manejo de un área funcional del Gobierno. En España, estas áreas son conocidas como Ministerios, y sus titulares son los Ministros. El número de Ministerios y los asuntos que tratarán son una decisión política del Presidente del Gobierno, que decidirá según quiera enfatizar unos u otros aspectos de su legislatura. Actualmente existen 13 Ministerios, pero han existido más en legislaturas pasadas (como los 17 de la IX legislatura).
Ahora bien, ¿cómo se organiza un Ministerio? El Ministro tiene por debajo de si una serie de órganos que le ayudarán a cumplir su gestión. Aunque los Ministerios pueden tener entes adscritos que dependan de ellos, me voy a centrar en la organización personal del mismo. La organización más normal es que existan varias Secretarias de Estado, coincidentes con las áreas temáticas del Ministerio. Así, en Hacienda y AAPP existen la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de AAPP, y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. A cargo de estas Secretarías están los Secretarios de Estado. Al mismo nivel de un Secretario de Estado se encuentra el Subsecretario, encargado de la Subsecretaría. La Subsecretaría se encarga de los servicios generales del Ministerio, como apoyo técnico, asesoramiento y otros.
Por debajo del Secretario de Estado se encuentran los Directores Generales, a cargo de una Dirección General, áreas que concretan aspectos de la Secretaría de Estado. Pueden tener por debajo Subdirecciones Generales. Por último, del Subsecretario puede depender un Secretario General Técnico. Por debajo de estos órganos existen otros menores, hasta completar la jerarquía con los funcionarios de menor nivel.

Aumentar la masa funcionarial en épocas de bonanza puede convertirse en un problema en épocas de crisis
.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos cargos? Existen dos categorías, los nombramientos políticos y los profesionalizados. El nombramiento de un Ministro o un Secretario de Estado es un acto discrecional, y se suele atender principalmente a motivos políticos. Estos puestos son los encargados de llevar a realización las ideas del Gobierno, y por ello se buscan personas afines, que no han de ser necesariamente expertos de gestión en los campos de su ministerio. Por ello, hemos visto casos de ministros con una falta de preparación evidente, pues su único mérito consistía en haberse afiliado al partido de jóvenes.
El resto de cargos (Subsecretario, Director General, Director General Técnico, Subdirector General y los que existan por debajo en la jerarquía) exigen un requisito de profesionalización. Se requiere cierto grado de profesionalización además de una carrera funcionarial, salvo el caso de los Directores Generales, que pueden provenir de la empresa privada.

Como podemos ver, un Ministerio es un ente tremendamente complejo. Encargarse de un área de administración de un país tan grande y complejo como España no es una tarea fácil. Requiere elaborar planes de actuación, coordinarse con las 17 CCAA y los demás Ministerios, obtener la financiación necesaria, y ejecutarlos. Por ello se necesita una gran cantidad de personal para conseguir efectividad en su trabajo. Sin embargo, una organización demasiado grande puede suponer una carga muy pesada para el Estado, puesto que la mayor parte de los empleados del Ministerio son funcionarios. Debido a la dificultad de despedir a un funcionario, aumentar la masa funcionarial en épocas de bonanza puede convertirse en un problema en épocas de crisis. Este tema será el objeto del que hablaré el próximo mes.
Gonzalo Aguilar

El forofismo en los asuntos públicos

EL FRAUDE FISCAL ES UN PROBLEMA GRAVE QUE AFECTA A
TODOS LOS QUE PAGAN IMPUESTOS, Y POR TANTO DEBERÍA
TRATARSE CON OBJETIVIDAD Y RIGOR, NO CON FOROFISMO

Rojos o fachas. Católicos o anticlericales. Centralismo o autonomías. Taurinos o antitaurinos. Tortilla hecha o poco hecha. Incluso en las cuestiones más triviales resulta sencillo dividir a España en dos bandos irreconciliables. Una de esas rencillas, puede que la más famosa, y desde luego la más internacional, es la rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Esta rivalidad, que tiene una profunda base política de fondo, a veces sobrepasa los límites de la lógica, y afecta a la percepción de noticias con importancia real. Basta con ver el diferente tratamiento del caso Messi según el medio leído. Messi ha sido condenado en primera instancia por un delito de evasión fiscal, lo que le ha conllevado una fuerte multa y 21 meses de prisión, que difícilmente serán pedidos por el juez, al no haber antecedentes o riesgo de fuga. Pues bien, para un bando era culpable antes de empezar el juicio. Se puede ver una tendencia en noticias de este mismo mes, en las que parece que los jugadores de cierto club tienen una mayor proclividad a cometer fraude fiscal, pero esa misma recopilación ignora casos como los de Iker Casillas, famoso por jugar en el equipo favorito de la redacción. El caso Mascherano no ha sido tan famoso como el caso de Messi, pero siendo similar al de Xabi Alonso, ha tenido una difusión mucho mayor.

Y si todo lo demás falla, Messi siempre puede echarle la culpa al sistema. Fuente: Wallpaercrave.com
Para el otro bando, Messi ha sido prácticamente un inocente engañado por la oscura ingeniería fiscal de sus abogados. Su club, el Barcelona, incluso lanzó una campaña en una red social con el hasta #todossomosmessi. Es entendible que se quiera defender al empleado estrella, imagen del club, y actual balón de oro, pero uno no puede ignorar que el Real Madrid no ha tenido campañas de #todossomosbenzema. Es especialmente sangrante que el Barcelona defienda a un condenado por evasión fiscal cuando el club respalda la política separatista de “España ens roba”. Parece que está bien evadir impuestos si eres futbolista, pero está mal redistribuirlos si va para regiones menos desarrolladas.

Hay que saber separar las cosas. No hay que alegrarse si a Messi le absuelven, ni entristecerse si no tiene pena de cárcel. El fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, dijo Valdano, y como algo trivial, no deberíamos juzgar los casos criminales bajo las gafas del forofismo particular. Importa bastante más el hecho de que la Hacienda Pública no sea estafada que el que Messi pueda meter un gol o dejar de jugar durante un año. El juez no es un árbitro de un partido, y la condena o absolución no es un título más para las vitrinas del club. La evasión fiscal está por encima de eso, ya que se trata de un delito que por su naturaleza afecta a todos los contribuyentes. Cuando un futbolista evade impuesto -cuando cualquier persona evade impuestos-, los perjudicados somos todos los habitantes del país. El caso Messi todavía no ha sido resuelto, ya que está en curso la apelación, pero los medios deberían informar de los contecimientos, y no incluir sus preferencias o fobias particulares en la valoración y difusión de los hechos. Messi puede ser culpable o puede ser absuelto, pero eso dependerá de la opinión del juez y de las pruebas que pueda aportar Leo a favor de su inocencia.

Y si todo lo demás falla, Messi siempre puede echarle la culpa al sistema.

A vueltas con el IVA

ES HORA DE BAJAR EL IVA E INCENTIVAR EL CONSUMO.
SOBRECARGARLO DE COSTES ES MATAR LA RECUPERACIÓN
El IVA es el principal impuesto indirecto en España. Los impuestos indirectos gravan la demostración de riqueza. Esto quiere decir que, en este impuesto, el Estado no recauda en base a los ingresos (como el IRPF o el IS) o en base al patrimonio, sino que el hecho imponible ocurreal adquirir algún bien o servicio, al consumir. Los que deben soportar el impuesto son los consumidores finales, aunque las encargadas de su liquidación serán las empresas que ejercen de intermediarias en el proceso.

El IVA tiene tres tipos: el tipo normal, el reducido, y el superreducido. Los dos últimos sólo se pueden aplicar a determinados bienes y prestaciones de servicios, pero el Gobierno tiene una potestad amplia a la hora de fijar la cuota de cada tipo. La Unión Europea pone unos mínimos del 15% para el tipo normal y del 5% para el tipo reducido, siendo el tipo superreducido una especialidad de España.

El tipo general del IVA ha subido de manera constante desde su introducción en España en 1986. Comenzando en un 12%, en 2010 se produjo la primera subida en 14 años, pasando al 18%. En 2012 este porcentaje volvió a aumentar hasta el 21%. Es decir, en un espacio de poco más de dos años se aumentó el IVA en un 5% en su tipo general y un 2% en su tipo reducido (hasta el 10%). Estas subidas fueron causadas por la caída de la recaudación consecuencia de la crisis económica.
.
Recaudación del IVA según la base de datos del Ministerio

¿Cómo afectaron estas subidas a la recaudación del impuesto? En 2010, ante una subida del 2% del tipo general, aumentó en 16.000 millones, pero en 2012 ante una subida mayor (3%) apenas aumentó en 1.500 millones. La subida entre 2011 y 2012 ya había sido de 1.100 millones, por lo que apenas tuvo efecto más allá del crecimiento interanual. Con la recuperación del PIB la recaudación ha aumentado, pero ya nos situamos en niveles de recaudación superiores a los anteriores a la crisis, y a pesar de ello los tipos no se han reducido. El PIB de 2015 está en un nivel similar al de 2007, y sin embargo la recaudación del IVA ha crecido en casi 4.500 millones de euros.
.

Sobrecargar de costes el consumo es matar la recuperación
¿Qué efecto tiene mantener tipos altos del IVA? El IVA encarece los precios del consumo. Un bien o servicio sujeto al régimen general ve aumentado su precio en un 21%. Esto tiene tres posibles consecuencias: que los ciudadanos paguen más por consumir (disminuyendo su renta disponible para otros bienes o servicios), que las empresas abaraten sus productos para mantener el precio final para el consumidor (disminuyendo su margen de beneficios y empeorando el resultado de la compañía), o una combinación de ambas, en que la empresa no traslade toda la carga del IVA a los ciudadanos, sólo una parte ella.
Una bajada del IVA al 18% (nivel que ya proporcionaba una amplia recaudación en consonancia con el PIB español) podría producir un efecto muy positivo sobre el consumo, especialmente en un momento de incertidumbre con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es injustificable mantener una presión fiscal elevada cuando el país está en plena recuperación. En estos momentos lo que el Gobierno debe hacer es relajar la presión fiscal y fomentar la creación de riqueza, y para ello debe fomentar el consumo. El incumplimiento del déficit no puede servir de excusa para no rebajar el tipo, cuando el efecto de la subida al 21% apenas ha supuesto un aumento de la recaudación.
La recuperación de un país comienza por las empresas privadas, y para que estas funcionen es necesario que se consuman sus bienes y servicios. Sobrecargar de costes el consumo es matar la recuperación, y por ello el Gobierno debe tener especial sensibilidad en este tema, fomentando el intercambio de bienes y servicios sin poner trabas al consumo.

Gonzalo Aguilar