Economía a la Deriva

EL PROCÉS FRACASA ANTE EL ABANDONO MASIVO DE LAS EMPRESAS

Tras un par de meses de alta tensión en España por la ofensiva independentista del Govern catalán, el proyecto rupturista parece haber quedado herido de muerte. El golpe definitivo no se lo han dado ni las grietas internas del bloque separatista ni el anuncio de la aplicación del artículo 155. El problema principal del independentismo ha sido que las empresas no confían en el futuro de un hipotético estado catalán, ni éste ha obtenido verdadero reconocimiento internacional.

¿Por qué se van las empresas de Cataluña? Aunque los motivos están relacionados con la independencia, las causas son muy variadas. Por citar algunas, existe inseguridad jurídica por la posibilidad de dos administraciones tributarias, la realidad de quedar fuera del mercado interno de la UE es muy preocupante y la situación económica de una Cataluña independiente sería, cuanto menos, precaria. En resumen, las empresas se mueven por sus intereses, y a día de hoy quedarse en Cataluña es arriesgarse a quemar dinero.

Una hipotética declaración de independencia sería discutida por España, que jamás la reconocería. Por tanto, a la hora de pagar el impuesto de sociedades (o cualquier otro impuesto) ambas Administraciones pretenderían la recaudación del territorio, originando graves problemas. ¿Se imaginan ser una empresa y no saber a quién tienen que pagar impuestos? El pago en sí mismo implicaría la elección de un bando, y pagar a ambas o a ninguna no es una opción. La Administración repudiada respondería con multas y sanciones, y aunque se escogiese el bando ganador, causaría muchos perjuicios internos en el camino. Ante esta situación de inseguridad, lo más cómodo es moverse fuera de Cataluña y evitar el problema.

Yendo un paso más allá, supongamos que Cataluña se constituyese en un Estado independiente. En este caso, como se ha repetido hasta la saciedad pese a las mentiras independentistasel nuevo Estado no formaría parte de la Unión Europea. Normalmente nos fijamos en la libre circulación de personas porque es lo que más nos afecta en el día a día, pero para las empresas son más clave la libre circulación de capitales y mercancías, ahora anuladas. Una Cataluña independiente reduciría sus exportaciones, porque las tasas y aduanas encarecerían el precio de sus productos en el exterior. Supongamos un ejemplo: una tasa del 10% en precios de alimentos tendría dos efectos negativos para una empresa de alimentación. El primero es que al ser un 10% más caro es probable que las ventas caigan, al haber gente que ya no pueda permitirse esos precios. El segundo, al no haber cambiado los precios de la competencia, la gente comprará otros productos. Si una pizza de Casa Tarradellas es notablemente más cara que una de La Cocinera la gente comprará la de La Cocinera aun pudiendo permitirse ambas, ya que son productos sensibles al precio por su poca diferenciación. Una vez más, esto se evita moviendo la empresa fuera de Cataluña, permaneciendo a salvo de tasas y aduanas.

Por último, siguiendo con el ejemplo de una Cataluña independiente, un escenario probable sería que el hipotético Govern estuviese constituido por un tripartito de ERC, la CUP y En Comú Podem. Ante la perspectiva de una Administración compuesta por partidos de extrema izquierda, anticapitalistas, que creen en saltarse la ley cuando les conviene y que la expropiación es democracia, es entendible que las empresas quieran huir a toda velocidad.

Es impactante como ha ido cambiando el discurso nacionalista estos años, especialmente en el último mes. De los creadores de “los bancos se van a pelear por estar en Cataluña”, vino el “no va a haber una fuga de empresas en Cataluña”, y al “no hay motivos de alarma”, pero pronto se pasó a echar culpas, a asegurar que se iban de manera temporal sabiendo que es mentira y a otras declaraciones que parecen sacadas de El Mundo Today pero que son desgraciadamente ciertas.

Al final todo este desarrollo de los acontecimientos es bastante triste. La libertad de movimientos de las empresas es positiva, pero cuando el traslado no se corresponde a la mejora de las condiciones en la nueva sede sino a al empeoramiento de las condiciones en la antigua, todos salen perdiendo.

Gonzalo Aguilar
Ministro de Economía, Industria y Competitividad de AOM

A toda costa

LAS CONSECUENCIAS DE LA DUI SOBRE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO DE CATALUÑA NO SE HACEN ESPERAR: LA ‘FUGA’ DE EMPRESAS ES CADA VEZ MÁS CONSIDERABLE

Cuando uno se va fuera un tiempo, tiene la oportunidad de encontrarse con personas nuevas con las que compartir opiniones, ideas y posturas que hacen dar una vuelta a lo que en principio creemos tener bien asentado. Y si bien mi opción por una España unida no ha cambiado en estos meses, quizás haya de precisar algunas ideas.

Aunque me gustaría hablar del enorme valor que esta Comunidad Autónoma crea para toda España en muchos aspectos, mi cartera me obliga a centrarme en uno de ellos: el empleo. Cataluña es una enorme fuente de prosperidad y riqueza. Y como tal, sin duda, hay que cuidarla. Aunque eso sí, los términos habrá que fijarlos con atención, con respeto a leyes y principios que hayan sido acordados por todos los ciudadanos y desde la necesaria legalidad constitucional.

Esta Comunidad ha sido una de las líderes de la recuperación económica en nuestro país.  El número de empresas, y con ello el empleo, han crecido a una velocidad mayor que en muchas otras Comunidades Autónomas. Las características de sus contratos laborales, la mayoría indefinidos (cerca de un 80%), garantizan una estabilidad envidiable para los trabajadores. Sus salarios tienden a ser algo mayores que los de la media. Por todo esto, podemos afirmar con rotundidad que tener a Cataluña con nosotros es positivo y deseable. Que podemos aprender de ella a la vez que el resto de España le aporta a ella también.

Sin embargo, esta estabilidad de la que tan orgullosos podemos sentirnos tanto catalanes como no catalanes está ahora en juego. En un intento de demostrar una (fingida) coherencia, las autoridades catalanas han querido hacer a toda costa lo que no era posible, engañando así a sus ciudadanos con una supuesta independencia que deja a Cataluña al borde del abismo. Así, las temidas ‘fugas’ de empresas ya están teniendo lugar, habiendo comenzado incluso antes de que el presidente de la Generalitat hiciera esa curiosa, cuanto menos, declaración de ‘independencia’.

El número de empresas que, hasta el día 18 de octubre, habían trasladado su sede social de Cataluña ascendía a 800. Y no sólo eso, sino que la Agencia Tributaria está registrando numerosas peticiones de cambios en los domicilios fiscales, con las consiguientes desventajas sobre la recaudación de impuestos y el ocupación de los ciudadanos. De esta manera, el empleo sin ninguna duda va a verse muy afectado y, por ende, el sistema de pensiones, que de por sí se encuentra en una situación de importantes dificultades.

Lo que era motivo de orgullo hasta hace unos meses está entrando en zona de turbulencias. ¿Es posible que parte de la fuerza de Cataluña sea precisamente estar dentro de este país? ¿Es posible que todas esas ventajas, que son incuestionables, se deban en parte a su pertenencia a un estado como España, dentro de una comunidad como la Unión Europea? ¿Es posible que los datos no lleguen a ser tan favorables estando solos? Personalmente, mi respuesta a todas estas preguntas es SÍ.

Por eso, me gustaría apelar a la responsabilidad de todos, cada uno desde su ámbito y sus posibilidades, para no causar más fractura y división. Para que, desde la legalidad constitucional, tendamos lazos y evitemos que esto llegue a convertirse en una guerra civil pero sin lucha, donde unos odian a otros. Lo que más me preocupa y apena, sin duda, es la fractura social: familias divididas, grupos de amigos rotos, pueblos y zonas de España enfrentados encarnizadamente por algo que rebasa la mera discusión política.

Volvamos a la cordura, al orden y la legalidad y trabajemos para lograr una convivencia pacífica de todos los españoles.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

 

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte II)

Retomando las palabras de la primera parte de mi artículo, yo pregunto: ¿Qué actos ilegales se han llevado a cabo y cuales han sido sus consecuencias? En primer lugar,  el pasado 6 septiembre se aprobó con 72 votos a favor, 11 abstenciones y la “huida” por indignación de los partidos PP, Cs y PSC, la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya presentada por las fuerzas políticas independentistas Junts pel Sí y la CUP en el Parlament el 4 de julio del 2017. La provocación y la burla no dejan indiferente a nadie con el uso de un procedimiento exprés que forzó el artículo 81.3 del Parlament con el objetivo de eliminar los trámites parlamentarios habituales. De esta manera, no sólo se podían presentar enmiendas durante unas escasas tres horas sino que no hubo posibilidad de recurso contra el Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalidad de la misma. La minuciosidad con que se llevó a cabo tiene sus razones: si se presenta un recurso se paraliza el proceso y, en ese caso, no se podría haber celebrado el 1-O. Lo ilegal cuanto más rápido mejor, a ver si se despistan los demás.

En segundo lugar, y también deprisa y corriendo antes de que al TC le diese tiempo de suspender la ley, se firmó el decreto de convocatoria del referéndum por el President junto a los trece consellers. Al día siguiente, nada más y nada menos, y pese a que el TC había suspendido la tramitación de la norma, se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, una ley que incluye decisiones sin compromiso del Estado español como “la doble nacionalidad española- catalana” para los empadronados antes de diciembre de 2016 después de la secesión. Ante ello, el Gobierno interpuso cinco recursos ante el TC, quién suspendió la ley de transitoriedad el día 12 de septiembre. El TC se reunió ese mismo día de urgencia para la suspensión de los primeros dos pasos.

¿Es cierto que está permitido por el Derecho Internacional? Empezando por la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 4.2, garantiza la integridad de los territorios de los Estado Miembro. A nivel de las instituciones, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión muestran ningún apoyo. Primero, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, recalcó que “Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE”. Segundo,  el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reitera la importancia del respeto a la ley y los tribunales nacionales en sus declaraciones: “ En Europa impera la fuerza de la ley, no la ley del más fuerte”. Además, recuerda que Cataluña debería someterse a un proceso de adhesión post-secesión que implicaría una votación unánime de los Estados miembros (artículo 49 TUE). Su ingreso en la UE no sucedería nunca pues el Estado Español votaría en contra.

Fuera de la UE, el Presidente de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) o Comisión europea para la Democracia por el Derecho, Gianni Buquicchio, ya respondió ala carta del Sr. Puigdemont el día 2 de junio que la comisión apoyaría el referéndum en el caso en que éste fuese acordado con el Gobierno español y si es conforme a la constitución nacional y a las leyes. Ni lo uno, ni lo otro. Además, y como explica el Abogado Francisco Rosa, el Derecho Internacional no ampara la autodeterminación más que para las colonias o en casos de violaciones de los derechos humanos. Una vez más, Cataluña no cumpliría estos requisitos. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat no cuenta ni con apoyos ni con instrumentos legales para permanecer en Europa ni para justificarse en el Derecho Internacional.

¿Qué instrumentos ha utilizado el Estado español para evitar este atentado contra la democracia? Las respuestas al desafío son principalmente por parte del poder judicial con persecuciones penales por parte de la Fiscalía, detenciones (como las de catorce organizadores), el cierre de la página web 1-O (aunque reabierta por Puigdemont el mismo día 13 septiembre), la investigación por uso fraudulento de los datos personales de los catalanes, la llamada a comparecer de alcaldes para declarar por el 1-O, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament presidida por Forcadell, por los que permitió la tramitación y aprobación exprés de las leyes nombradas anteriormente, la asunción por parte del Ministro de Hacienda y Función Pública de las cuentas de la Generalitat y, la más clara, la declaración del estado de excepción y, con ello, la suspensión de facto de la autonomía. La reacción de Puigdemont ha sido manipuladora, pues con este acto obtiene sus argumentos para acusar de totalitario al Gobierno español.

¿Qué es el estado de excepción? Antes de nada, el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados. Es el Gobierno quién debe declararlo, previa autorización del Congreso de los Diputados y por un máximo de treinta días.

¿Qué protocolo deben seguir los funcionarios catalanes en caso de recibir órdenes relacionadas con la convocatoria del referéndum? Poco después de las declaraciones del 27 de junio, multitud de funcionarios solicitaron al CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) instrucciones sobre como actuar ante estos casos para eludir responsabilidades. El CSIF indicó que deben pedir por escrito cualquier orden para advertir a la Administración de sus dudas sobre la legalidad. Si la legalidad es manifiesta, el protocolo recuerda el derecho y el deber de no acatar la orden y aconseja denunciarla ante la Policía, Fiscalía o órganos judiciales.

Con esta visión esquemática y general del referéndum, puede quedarnos claro la barbarie que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y con sinceridad me pregunto si el clan independentista, minoritario y radical, realmente se cree todas las mentiras con las que embauca a una población catalana que con esperanza cree en el cumplimiento de un ideal nubloso y contrario a todo lo que se puede denominar democracia. Sólo espero que la división de los españoles no sea una consecuencia demasiado indigesta que se añada en permanencia a los problemas que tenemos en España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte I)

 

¿PUEDE EL PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONVOCAR UN REFERÉNDUM? SÍ, PODRÁ CONVOCAR UN REFERENDO PERO ÚNICAMENTE RELACIONADO CON LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Rebobinemos en el tiempo hasta el pasado 27 de junio, día en el que el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta para la convocatoria de un referéndum unilateral acompañado por el Vicepresidente Oriol Junqueras y la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, a quién irónicamente el pasado día 20 el mismo TC ha denunciado ante la Fiscalía junto con la Mesa del Parlament por tramitar leyes de ruptura, aunque de esto hablaremos más adelante. Ya desde entonces se percibía la extrema cautela con la que el Govern está llevando a cabo el proceso secesionista en contra de la integridad y unidad del Reino de España. Se empezó evitando la firma de acuerdos formales que pudieran llevarle frente a la justicia y se continúa con procedimientos exprés de tramitación de leyes e incumplimiento de sentencias del TC (STC 259/2015 del 2 de diciembre) y con declaraciones amenazantes contra el Gobierno de Mariano Rajoy sobre sus supuestas respuestas totalitarias y sobre la congregación de ciudadanos en contra del Estado. Para entender la ilegalidad del referéndum obtengamos una visión general de la situación empezando desde el principio.

¿Puede el Presidente de una Comunidad Autónoma convocar un referéndum? Sí, podrá convocar un referendo pero únicamente relacionado con los Estatutos de Autonomía. El referéndum del 1-O tiene como pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”. Esta pregunta no sólo no trata sobre asuntos del Estatuto catalán sino que es una clara propuesta de secesión que afecta a la soberanía nacional. Al analizar la pregunta vemos dos partes que delatan su ilegalidad. En primer lugar, “Estado independiente” frente al artículo 2 CE que establece la unidad indisoluble de la Nación española. En segundo lugar, “República” frente al artículo 1.3 CE que define la forma política del Estado como Monarquía parlamentaria. Esto implicaría la renuncia de Felipe VI a sus funciones sobre el territorio y el rey ha dejado claro que “la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra”. Puesto que la respuesta a la pregunta pone en riesgo el cumplimiento de la Constitución española de 1978, el tipo de referéndum que se podría llevar a cabo es un referéndum constitucional, con la consecuente reforma constitucional establecida en los artículos 167 y 168 CE.

¿Quién podría convocar un referéndum de estas características? Según el artículo 149.1.32 el Estado posee competencia exclusiva para la convocatoria de consultas a la ciudadanía por vía de referéndum. ¿Cuál es el mecanismo para ello? El artículo 92 CE responde a esta pregunta plasmando que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, únicamente se permite este mecanismo “para decisiones políticas de especial trascendencia”,- este requisito se cumple,- “de todos los ciudadanos”, – que no se cumple,- y mediante un procedimiento regulado por una Ley Orgánica. Dicho esto, y como muchos españoles nos preguntamos, ¿cómo un gobierno de una comunidad Autónoma puede pretender tomar una decisión que afecta a todos y cada uno de los españoles? ¿Acaso no es contrario a la democracia que uno pocos, poquísimos, decidan el futuro de toda una Nación? Creo que al resto de España nos queda claro esto, salvo a ciertos manifestantes en las calles de Madrid que apoyan la autodeterminación. Hasta aquí hemos llegado…

Entonces, ¿Por qué el Sr. Puigdemont no disuelve el Parlament y convoca elecciones? Rafael Hernando, Albert Rivera y muchos otros le han planteado esta pregunta al Presidente de la Generalitat ya desde junio. Pero de esto hablaremos mañana en la segunda parte de mi artículo…

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM