La declaración de Rajoy: ¿propaganda política de la oposición?

LA CORRUPCIÓN HA HECHO Y HACE MUCHO MAL A NUESTRO PAÍS. SIN EMBARGO, MUCHAS FUERZAS POLÍTICAS LA UTILIZAN COMO ESPADA DE DAMOCLES EN SU PROPIO BENEFICIO, EN VEZ DE LUCHAR Y TRABAJAR POR HACER FUNCIONAR LA DEMOCRACIA Y VELAR POR LOS INTERESES DE NUESTRA ESPAÑA Y NUESTROS ESPAÑOLES.

El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha declarado en juicio el pasado 27 de julio en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel. Este hecho sin precedentes en nuestro país ha sido utilizado, como muchos sugieren, como estrategia política de una oposición que tiene como único objetivo quitarle el mando a un presidente elegido democráticamente, en unas elecciones justas y libres y echarle del gobierno a cualquier precio.

En un país como el nuestro, donde en la televisión lo que más audiencia tiene son los programas del corazón y otros como “Adán y Eva” o “Mujeres y hombres y viceversa” y se utilizan como herramienta para la campaña política de algunos partidos, se pretende expandir el espectáculo a nuestro Congreso y a nuestros Juzgados. El claro ejemplo es la moción de censura del pasado mes de junio y, ahora, el llamamiento a testificar por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) a nuestro presidente Mariano Rajoy. La cuestión se presenta en la intención de la oposición en hacer justicia o, por el contrario, manchar y acabar con la reputación y la confianza de una sociedad hacia su presidente, que en nuestro caso ha sido llamado como testigo,- que no investigado o imputado.

La tergiversación que se puede llegar ha observar de los acontecimientos es realmente sorprendente, y, por qué no, vergonzante. Y, por ello se pretende mantener en la sombra. Todo ello se demuestra no sólo con la acusación popular, compuesta por abogados de la oposición, que dinero para esto sí que tienen, sino por el tipo de preguntas que los mismos han dirigido al presidente. Tanto afán de acusarle directamente en vez de tratarle como testigo que el juez, Ángel Hurtado, ha sido criticado por sus numerosos vetos a preguntas y respuestas de ambas partes.

Sin embargo, la justicia española no es la primera en involucrar a un gobernante político en un procedimiento judicial. En otros países europeos, presidentes y primeros ministros también se han personado como parte en un juicio, y no han sido precisamente llamados a testificar, como Mariano Rajoy. Como expone rtve, en Francia varios presidentes han pasado por manos de la justicia, desde Jacques Chirac hasta Nicolas Sarkozy, pero éstos sí fueron investigados y condenados. También en Francia, al igual que Rajoy encontramos testigos con los primeros ministros Lionel Jospin y Dominique Villepin. En Alemania, el presidente Wulff y el canciller Kohl también se vieron salpicados por casos de corrupción. En Italia, el claro ejemplo es Berlusconi. También David Cameron y Donald Tusk han comparecido ante tribunales. Incluso al otro lado del charco, Donald Trump tuvo que realizar una declaración jurada, aunque no es el único conflicto legal que éste mantiene abierto.

Lo que realmente deberíamos apreciar es que el hecho de que un gobernante tome parte en un procedimiento judicial forma parte de la democracia y, si no sucediese así, entonces es cuando deberíamos preocuparnos. Es una de las ventajas de un sistema político democrático: poder materializar la accountability a través del sistema judicial y de los órganos judiciales.

Dicen que la justicia es un show político en nuestro país pero, ¿quién es el mayor protagonista de ese show? Como recalcaba la diputada Ana Oramas en el debate de moción de censura, algunos partidos políticos españoles se han propuesto convertir las instituciones públicas en un verdadero espectáculo teatral que pagamos a un precio muy alto todos los españoles, y con ello trasladar el ejercicio de la democracia a los platós de televisión. Parece ser que también quieren hacer lo mismo con la justicia, burlando a la democracia y destruyéndola desde lo más profundo: sus instituciones.

La corrupción ha hecho y hace mucho mal a nuestro país. Sin embargo, muchas fuerzas políticas la utilizan como espada de Damocles en su propio beneficio, en vez de luchar y trabajar por hacer funcionar la democracia y velar por los intereses de nuestra España y nuestros españoles. Confío en que no se caiga en la trampa y no se utilicen nuestros Juzgados como herramienta de propaganda política. Y, por último, recordemos que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha personado como testigo, no como acusado, y el principio de presunción de inocencia de nuestro sistema judicial debería ser aplicado a todos y cada uno de los ciudadanos por igual.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Fuente de la imagen Eldiario.es

Día Mundial de los Refugiados: El milagro de los 16.000

EN ESTA CRISIS NO DEBERÍAN EXISTIR IDEOLOGÍAS NI PARTIDOS, SINO UNA SOCIEDAD Y UN GOBIERNO COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS. EL PROBLEMA ES REAL. ES URGENTE. Y, ES INEVITABLE.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el número de personas que han llegado a nuestras costas y atravesado nuestras vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha incrementado en un 75% respecto al mismo período del año pasado. Las cifras son tan preocupantes como que este mes de junio ya llegaban a las costas andaluzas unas 1.300 personas y el número de muertos continúa incrementándose en la ruta del Mediterráneo Occidental. Esto lo permite un país democrático que en su Constitución dedica, nada más y nada menos, que su Título II con 45 artículos al reconocimiento de derechos y libertades, algo de lo que estar orgullosos si la comparamos con la Ley Suprema de la mayoría de democracias de nuestro continente.

El pasado día 20 de junio de 2017, fue el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo convendría realizar una reflexión sobre una crisis que pese a concernir a toda Europa, sufre un inmovilismo bochornoso, enfermizo y crónico de los gobiernos occidentales, incluido el español, que tantos derechos reconoce y predica. De hecho, cabe resaltar que Oxfam ha expresado sus intenciones de demandar a nuestro Gobierno ante la Comisión Europea por su supuesto incumplimiento del Acuerdo con la UE celebrado en septiembre de 2015, por el que España se comprometía a acoger a 17.337 personas, de las que, hasta el momento, sólo ha dado asilo a 1.304, cifra que no llega a representar el 8% de la cuota. Pero, ¿puede España hacer frente a su acogimiento, mantenimiento e integración y todo lo que ello significa y requiere?

Antes de nada, ¿qué es el derecho de asilo? Y, ¿cuál es la definición de refugiado? Se define el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, y desarrollado mediante Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria,  como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley y con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Este derecho se concede a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, “a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” o al apátrida.

Además, si no se reúnen los requisitos para obtener el asilo o la condición de Refugiado, se reconoce también el derecho a la protección subsidiaria en ciertos casos. Estos derechos deberían garantizar la no devolución ni expulsión. Preguntemos en la valla de Melilla si esto realmente se cumple o no. La realidad es que ni se están reconociendo estos derechos, ni si reconocidos, se están protegiendo a todos los refugiados que los disfrutan. ¿Negligencia? ¿Escasez de medios? ¿Pasotismo? ¿Miedo al terrorismo? ¿Egoísmo? ¿Divergencia política?

Dicen algunos que se requieren leyes. Pero, leyes hay. Otro debate sería si son suficientes, eficaces o simplemente si se están realmente implementando. De nada sirve que 17.000 refugiados lleguen a España si no existen infraestructuras para instalarlos, medios para mantenerlos y una conciencia social para integrarlos, todo ello evitando la formación de guetos que propicien la división, la radicalización, la pobreza y la inseguridad dentro de nuestras fronteras. Como relató ayer en su discurso el Alto Comisionado para el Día Mundial del Refugiado:

“La inclusión requiere que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y comunidades a los refugiados. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, que reúna a estudiantes, empresarios, atletas, activistas, líderes religiosos, políticos y artistas, para compartir las responsabilidades”

Desde 2015 han pasado dos años durante los cuales podríamos haber desarrollado políticas sociales en esta dirección. Se requiere sin duda alguna una sensibilización de la sociedad con el fin de evitar el racismo y la xenofobia hacia los extranjeros que están dominando el mundo occidental. El terrorismo, por otro lado, alimenta el rechazo de las masas hacia los nuevos huéspedes. Por ello, debemos dejar de enfocar nuestras energías únicamente en mociones de censura absurdas y en desafíos independentistas y, uniendo fuerzas políticas dispares, dirigirlas también en llevar a cabo acciones solidarias conjuntas de la mano de Europa. De hecho, Bruselas ya plantea para los próximos presupuestos europeos la entrega de fondos en base a criterios relacionados con la respuesta de los Estados a la presión migratoria, ya que debido al Brexit, se buscan nuevas formas de financiación de la UE y de reparto de sus fondos. Veamos si el dinero inspira más a los gobiernos.

En esta crisis no deberían existir ideologías ni partidos, sino una sociedad y un gobierno comprometidos con los Derechos Humanos. El problema es real. Es urgente. Y, es inevitable. Toda Europa está y seguirá sumergida en esta crisis humanitaria. Seguir dándole la espalda no será sostenible por mucho tiempo. Se requiere una respuesta YA acompañada de una mejora en la aplicación del derecho de asilo, puesto que España no sólo dispone de escasos tres meses para cumplir el Acuerdo sino que el ritmo que llevamos, los defectos y lagunas de nuestro sistema jurídico y la falta de políticas de asimilación de la sociedad, se necesita de un milagro para que los 16.000 refugiados sean acogidos e integrados en nuestro país. Y, dentro de poco probablemente las cifras lleguen a los 160.000.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

La unión como ideal

7 LEYES ÓRGANICAS EDUCATIVAS EN MÁS DE 40 AÑOS SON MUCHAS. CAMBIARLA CADA LEGISTALTURA ES MUCHO. ES MÁS QUE MUCHO, ES INADMISIBLE
Reconozco que no soy el mayor devoto del informe PISA. Aunque la idea me parece buena, creo que los resultados de los exámenes se malinterpretan, o no reflejan toda la verdad. Al PISA se le da demasiada importancia, en mi opinión. Según el último informe, España se encuentra en el grupo de países europeos que, en materia educativa, lidera incontestablemente Finlandia, aunque con algunos peros. Los números en ciencias y matemáticas, bajan; los de lectura, aumentan. Otro día hablamos de los países asiáticos, imbatibles.
Lo que yo creo es que ni somos los más listos del cotarro, ni los tontos del pueblo. Los números de PISA no deben entenderse como los de la Champions League. Sin embargo, debajo de todo lo que mide la OECD en términos educativos creo que subyace algo de verdad. Algo que nos hace, todavía, estar por debajo de aquellos países 'top'. Y algo que hace que sea necesario una unión, que es lo que quiero defender desde esta tribuna.