Ciberseguridad: ¿Estamos protegidos?

NO SE TRATA DE QUE VIVAMOS OBSESIONADOS CON QUE NOS OBSERVAN O CON QUE NOS ATACAN, PERO LA INFLUENCIA QUE EJERCEN LOS CIBERATAQUES EN EL PENSAMIENTO SOCIAL Y EN LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS PUEDE AFECTAR EL FUTURO DE NUESTRO PAÍS

Todos tenemos alguna red social. Todos pasamos mucho tiempo en Internet. Que si mirando Google o simplemente escuchando música en Youtube. Estamos constantemente conectados a la web e incluso, sin darnos cuenta, podemos tener el localizador encendido del móvil todo el día tras realizar una búsqueda en Maps. De esta manera, cualquiera puede ver lo que hacemos, con quién, cuándo y dónde. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se ha incorporado a nuestra vida cotidiana, queramos o no, y ha generado en todos nosotros una dependencia irremediable.

El ciberespacio es de fácil accesibilidad y no tiene fronteras para su acceso ni para sus peligros. Todos conocemos el ciberataque a Telefónica del pasado 12 de mayo. Pero, en esta generación tecnológica y globalizada, ¿podemos decir que estamos seguros?, ¿de qué corremos peligro? y, ¿cómo nos protege el Estado español ante las amenazas que plantean las nuevas tecnologías?

Primero de todo, debemos saber que los ciberataques pueden ser de muchas modalidades. Algunas de ellas son el ciberterrorismo, el ciberdelito/cibercrimen, el ciberespionaje o el hacktivismo y pueden proceder tanto de grupos terroristas, redes de crimen organizado, empresas, Estados o individuos aislados. De ahí su difícil prevención y detección.

Existen numerosos textos legislativos en España que hablan de la Seguridad Nacional y más concretamente de ciberseguridad. Muchas de las normas consolidadas en este campo están compiladas en el Código de Derecho de la Ciberseguridad. Asimismo, contamos con el Instituto de Ciberseguridad de España, también conocido como INCIBE y su principal centro, el CERTSI. El Plan Nacional de Ciberseguridad (PNCS), aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), constituye el primer nivel en la planificación de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional que, siguiendo las directrices generales de la misma, identifica de manera más exhaustiva los riesgos y amenazas. Tenemos el Informe Anual de Seguridad Nacional. Y, más concretamente, el ordenamiento jurídico español ha tenido en cuenta la aparición de una nueva generación de delitos con la aparición de internet. Los conocidos como “ciberdelitos”, que están tipificados como delito de daños en el Código Penal en su artículo 264.

La ausencia de una legislación armonizada en materia de ciberseguridad hace que el defensor (el Gobierno y las leyes) esté siempre por detrás del delincuente. Como dato esperanzador, la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sainz de Santamaría, ha reiterado que el Gobierno promoverá y apoyará el desarrollo de una política de ciberseguridad coordinada en la Unión Europea y en las organizaciones internacionales de Seguridad y Defensa. También se incluyó como objetivo en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de 2013 elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional, la cooperación de organismos, en especial entre el CERT de la Administración Pública del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (MCCD) y el CERT de Seguridad e Industria. Ahora sólo se requiere pasar de una mera teoría a una práctica más profunda.

Es evidente la necesidad de una cooperación a nivel europeo más eficaz. Lo vemos claramente, por ejemplo, con Rusia y su afán de influenciar por toda Europa en el voto popular con información falsa filtrada a través de las redes sociales. Como segundo dato esperanzador, el inicio de un trabajo conjunto por parte de la Unión Europea ya cuenta con la Directiva 2016/1148 de Parlamento Europeo y el Consejo, del 6 de junio de 2016, más conocida como Directiva sobre Ciberseguridad, Directiva NIS o SRI. Con esta directiva se pretenden definir las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes.

Por otro lado, existen instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Ciberdelincuencia, adoptado en Budapest el 23 de noviembre de 2001. Además, España también ha participado en Cyber Europe 2014, Organizado por la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) donde  participaron más de 29 países europeos.

No se trata de que vivamos obsesionados con que nos observan o con que nos atacan, pero la influencia que ejercen los ciberataques en el pensamiento social y en la opinión de los ciudadanos puede afectar el futuro de nuestro país. Esto lo deberíamos tener en cuenta asegurándonos de que la información que recibimos sea veraz. Y con mayor razón la que adquirimos a través de internet y las redes sociales en particular. Por ello, ahora es más importante que nunca que no sólo nuestros jóvenes sino todos los españoles, desarrollemos un pensamiento crítico y maduro con el que podamos tomar decisiones razonadas y sobretodo responsables.

Lejos de ser especialista en ciberseguridad, confío en todos los profesionales españoles que están especializados en este campo y que cada día, y sin que nos demos cuenta, trabajan para ser nuestro escudo. Tanto es así, y ya finalizando este artículo, he leído en el periódico La Vanguardia que, el miércoles 21 de noviembre de 2017 la Embajada de España en Bélgica organiza una jornada  de ciberseguridad en la que participan expertos de ambos países. Confío en que podemos defendernos y en que se incremente la protección por parte del Gobierno a la Administración Pública y a los ciudadanos y empresas privadas.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

¿Qué dice el Acuerdo sobre las medidas en aplicación del 155?

DE LO ÚNICO QUE NO CABE DUDA ES QUE EL PROCESO SECESIONISTA ESTÁ EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA, DEL ESTADO DE DERECHO Y, EN DEFINITIVA, DE LA UNIDAD DE ESPAÑA

El artículo 155 de la Constitución Española fue activado el pasado sábado 21 de octubre de 2017 por primera vez en la historia de nuestro país. Esto sucedió en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros tras efectuarse por parte del Gobierno de la Nación dos requerimientos previos. Ya existen numerosos artículos en todos los periódicos sobre el significado de este artículo. Por ello, quiero hacer mención al Acuerdo aprobado por el Gobierno de las medidas pactadas junto con los partidos de PSOE y Ciudadanos.

En primer lugar, el Senado debe aprobarlo por mayoría absoluta de acuerdo con el artículo 155 CE y el 189 del Reglamento del Senado. La reunión extraordinaria tendrá lugar el próximo viernes 27 de octubre. En ese caso, el período de aplicación de las medidas contenidas en el Acuerdo comprenderá desde su publicación en el BOE hasta la formación del nuevo Gobierno de la Generalitat. Para ello se deberán convocar elecciones al Parlamento de Cataluña. Otra opción sería que el Gobierno anticipase el cese del Acuerdo comunicándolo al Senado.

Los objetivos de este Acuerdo se encuentran descritos en el apartado “D”. Éstos se pueden resumir en: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria; asegurar la neutralidad institucional y velar por el interés general de todos los catalanes, independientemente de los diferentes posicionamientos políticos; garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales y velar por la recuperación económica; y, por último, preservar los derechos de los catalanes.

La medida principal que se podría tomar conforme al Acuerdo es el cese del Presidente, Vicepresidente y Consejeros del Consejo de Gobierno de la Generalitat. Todas sus funciones pasarían a los órganos o autoridades que designe el Gobierno. Estos órganos asumirían asimismo las competencias que se consideren necesarias de la Administración de la Generalitat, incluso en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El Gobierno de la Nación asumirá la competencia del Parlamento de Cataluña para decretar la disolución anticipada del Parlamento o el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones, para lo que tendrá un plazo de seis meses.

Derivadas de las anteriores, conviene destacar otras medidas. Primera, el control de los Mossos d’Esquadra y su sustitución por las FFCCSE si fuese necesario bajo responsabilidad disciplinaria, patrimonial, contable e incluso penal por incumplimiento de órdenes. Segunda, el Gobierno ejercerá el control de las telecomunicaciones. En definitiva, de los medios de comunicación social. Tercera, la limitación de los poderes del Parlamento de Cataluña. Por ejemplo, la imposibilidad a partir de su aprobación de proponer candidato a la Presidencia y de celebrar debate y votación de investidura. Y, por otro lado, el control exhaustivo de sus acciones, pues deberá remitir al Gobierno las propuestas de ley, de reforma del Estatuto de Autonomía y del Reglamento del Parlamento, y enmiendas o disposiciones normativas sin fuerza de ley. Todas ellas requerirán su conformidad en el plazo de 30 días. Cuarta, el control y limitación de actuaciones de la Administración pública de Cataluña en su generalidad. Quinta, la protección de los funcionarios y empleados públicos al incumplir una orden por estar ésta en contra del proceso secesionista.

Cabe la posibilidad de que la Generalitat ignore estas medidas y no procediese a su aplicación. Como sabemos, ya lo hizo con las sentencias del TC así que no debemos descartar esta opción. Según el Acuerdo, la no aplicación de estas medidas se entenderá como el “incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto”. Por lo tanto, si efectivamente el Gobierno catalán se opone, será el Gobierno quien ejercerá la potestad disciplinaria. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal, que se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El Acuerdo no describe realmente la situación que podemos vivir en las próximas semanas. Todo depende del Senado, que con la mayoría del PP aprobará el Acuerdo. Sin embargo, en cuanto entre en vigor, el Parlament no podrá proponer candidato y sus actuaciones serán muy limitadas. Por lo que quedarían dos opciones: o el Sr. Puigdemont convoca elecciones antes del viernes, o el Gobierno toma el control. La primera opción sería sabia pero a estas alturas del proceso de secesión no parece ser lo que el Presidente de la Generalitat tenga planeado. Seguramente los independentistas no se sometan al control del Gobierno tan fácilmente. La solución a corto plazo parece ser el Acuerdo. Aunque no se haya determinado cuáles de todas la medidas se aplicarán ni cuándo. Además, mientras que políticamente estamos en una situación nublosa e incierta, las empresas se movilizan y aumenta la tensión.

Para concluir, animo a todos los españoles, juristas o no, a leer el documento del Acuerdo de tan sólo 19 páginas. Asimismo, animo a escuchar el discurso de nuestro monarca Felipe VI en la gala de los premios Príncipe de Asturias. Considero que es nuestra responsabilidad informarnos de primera mano, y sin los tintes ideológicos que puedan aparecen en los medios de comunicación. De lo único que no cabe duda es que el proceso secesionista está en contra de los principios democráticos, de la convivencia pacífica, del Estado de Derecho y, en definitiva, de la unidad de España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte II)

Retomando las palabras de la primera parte de mi artículo, yo pregunto: ¿Qué actos ilegales se han llevado a cabo y cuales han sido sus consecuencias? En primer lugar,  el pasado 6 septiembre se aprobó con 72 votos a favor, 11 abstenciones y la “huida” por indignación de los partidos PP, Cs y PSC, la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya presentada por las fuerzas políticas independentistas Junts pel Sí y la CUP en el Parlament el 4 de julio del 2017. La provocación y la burla no dejan indiferente a nadie con el uso de un procedimiento exprés que forzó el artículo 81.3 del Parlament con el objetivo de eliminar los trámites parlamentarios habituales. De esta manera, no sólo se podían presentar enmiendas durante unas escasas tres horas sino que no hubo posibilidad de recurso contra el Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalidad de la misma. La minuciosidad con que se llevó a cabo tiene sus razones: si se presenta un recurso se paraliza el proceso y, en ese caso, no se podría haber celebrado el 1-O. Lo ilegal cuanto más rápido mejor, a ver si se despistan los demás.

En segundo lugar, y también deprisa y corriendo antes de que al TC le diese tiempo de suspender la ley, se firmó el decreto de convocatoria del referéndum por el President junto a los trece consellers. Al día siguiente, nada más y nada menos, y pese a que el TC había suspendido la tramitación de la norma, se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, una ley que incluye decisiones sin compromiso del Estado español como “la doble nacionalidad española- catalana” para los empadronados antes de diciembre de 2016 después de la secesión. Ante ello, el Gobierno interpuso cinco recursos ante el TC, quién suspendió la ley de transitoriedad el día 12 de septiembre. El TC se reunió ese mismo día de urgencia para la suspensión de los primeros dos pasos.

¿Es cierto que está permitido por el Derecho Internacional? Empezando por la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 4.2, garantiza la integridad de los territorios de los Estado Miembro. A nivel de las instituciones, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión muestran ningún apoyo. Primero, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, recalcó que “Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE”. Segundo,  el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reitera la importancia del respeto a la ley y los tribunales nacionales en sus declaraciones: “ En Europa impera la fuerza de la ley, no la ley del más fuerte”. Además, recuerda que Cataluña debería someterse a un proceso de adhesión post-secesión que implicaría una votación unánime de los Estados miembros (artículo 49 TUE). Su ingreso en la UE no sucedería nunca pues el Estado Español votaría en contra.

Fuera de la UE, el Presidente de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) o Comisión europea para la Democracia por el Derecho, Gianni Buquicchio, ya respondió ala carta del Sr. Puigdemont el día 2 de junio que la comisión apoyaría el referéndum en el caso en que éste fuese acordado con el Gobierno español y si es conforme a la constitución nacional y a las leyes. Ni lo uno, ni lo otro. Además, y como explica el Abogado Francisco Rosa, el Derecho Internacional no ampara la autodeterminación más que para las colonias o en casos de violaciones de los derechos humanos. Una vez más, Cataluña no cumpliría estos requisitos. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat no cuenta ni con apoyos ni con instrumentos legales para permanecer en Europa ni para justificarse en el Derecho Internacional.

¿Qué instrumentos ha utilizado el Estado español para evitar este atentado contra la democracia? Las respuestas al desafío son principalmente por parte del poder judicial con persecuciones penales por parte de la Fiscalía, detenciones (como las de catorce organizadores), el cierre de la página web 1-O (aunque reabierta por Puigdemont el mismo día 13 septiembre), la investigación por uso fraudulento de los datos personales de los catalanes, la llamada a comparecer de alcaldes para declarar por el 1-O, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament presidida por Forcadell, por los que permitió la tramitación y aprobación exprés de las leyes nombradas anteriormente, la asunción por parte del Ministro de Hacienda y Función Pública de las cuentas de la Generalitat y, la más clara, la declaración del estado de excepción y, con ello, la suspensión de facto de la autonomía. La reacción de Puigdemont ha sido manipuladora, pues con este acto obtiene sus argumentos para acusar de totalitario al Gobierno español.

¿Qué es el estado de excepción? Antes de nada, el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados. Es el Gobierno quién debe declararlo, previa autorización del Congreso de los Diputados y por un máximo de treinta días.

¿Qué protocolo deben seguir los funcionarios catalanes en caso de recibir órdenes relacionadas con la convocatoria del referéndum? Poco después de las declaraciones del 27 de junio, multitud de funcionarios solicitaron al CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) instrucciones sobre como actuar ante estos casos para eludir responsabilidades. El CSIF indicó que deben pedir por escrito cualquier orden para advertir a la Administración de sus dudas sobre la legalidad. Si la legalidad es manifiesta, el protocolo recuerda el derecho y el deber de no acatar la orden y aconseja denunciarla ante la Policía, Fiscalía o órganos judiciales.

Con esta visión esquemática y general del referéndum, puede quedarnos claro la barbarie que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y con sinceridad me pregunto si el clan independentista, minoritario y radical, realmente se cree todas las mentiras con las que embauca a una población catalana que con esperanza cree en el cumplimiento de un ideal nubloso y contrario a todo lo que se puede denominar democracia. Sólo espero que la división de los españoles no sea una consecuencia demasiado indigesta que se añada en permanencia a los problemas que tenemos en España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

La declaración de Rajoy: ¿propaganda política de la oposición?

LA CORRUPCIÓN HA HECHO Y HACE MUCHO MAL A NUESTRO PAÍS. SIN EMBARGO, MUCHAS FUERZAS POLÍTICAS LA UTILIZAN COMO ESPADA DE DAMOCLES EN SU PROPIO BENEFICIO, EN VEZ DE LUCHAR Y TRABAJAR POR HACER FUNCIONAR LA DEMOCRACIA Y VELAR POR LOS INTERESES DE NUESTRA ESPAÑA Y NUESTROS ESPAÑOLES.

El Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha declarado en juicio el pasado 27 de julio en la Audiencia Nacional como testigo del caso Gürtel. Este hecho sin precedentes en nuestro país ha sido utilizado, como muchos sugieren, como estrategia política de una oposición que tiene como único objetivo quitarle el mando a un presidente elegido democráticamente, en unas elecciones justas y libres y echarle del gobierno a cualquier precio.

En un país como el nuestro, donde en la televisión lo que más audiencia tiene son los programas del corazón y otros como “Adán y Eva” o “Mujeres y hombres y viceversa” y se utilizan como herramienta para la campaña política de algunos partidos, se pretende expandir el espectáculo a nuestro Congreso y a nuestros Juzgados. El claro ejemplo es la moción de censura del pasado mes de junio y, ahora, el llamamiento a testificar por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) a nuestro presidente Mariano Rajoy. La cuestión se presenta en la intención de la oposición en hacer justicia o, por el contrario, manchar y acabar con la reputación y la confianza de una sociedad hacia su presidente, que en nuestro caso ha sido llamado como testigo,- que no investigado o imputado.

La tergiversación que se puede llegar ha observar de los acontecimientos es realmente sorprendente, y, por qué no, vergonzante. Y, por ello se pretende mantener en la sombra. Todo ello se demuestra no sólo con la acusación popular, compuesta por abogados de la oposición, que dinero para esto sí que tienen, sino por el tipo de preguntas que los mismos han dirigido al presidente. Tanto afán de acusarle directamente en vez de tratarle como testigo que el juez, Ángel Hurtado, ha sido criticado por sus numerosos vetos a preguntas y respuestas de ambas partes.

Sin embargo, la justicia española no es la primera en involucrar a un gobernante político en un procedimiento judicial. En otros países europeos, presidentes y primeros ministros también se han personado como parte en un juicio, y no han sido precisamente llamados a testificar, como Mariano Rajoy. Como expone rtve, en Francia varios presidentes han pasado por manos de la justicia, desde Jacques Chirac hasta Nicolas Sarkozy, pero éstos sí fueron investigados y condenados. También en Francia, al igual que Rajoy encontramos testigos con los primeros ministros Lionel Jospin y Dominique Villepin. En Alemania, el presidente Wulff y el canciller Kohl también se vieron salpicados por casos de corrupción. En Italia, el claro ejemplo es Berlusconi. También David Cameron y Donald Tusk han comparecido ante tribunales. Incluso al otro lado del charco, Donald Trump tuvo que realizar una declaración jurada, aunque no es el único conflicto legal que éste mantiene abierto.

Lo que realmente deberíamos apreciar es que el hecho de que un gobernante tome parte en un procedimiento judicial forma parte de la democracia y, si no sucediese así, entonces es cuando deberíamos preocuparnos. Es una de las ventajas de un sistema político democrático: poder materializar la accountability a través del sistema judicial y de los órganos judiciales.

Dicen que la justicia es un show político en nuestro país pero, ¿quién es el mayor protagonista de ese show? Como recalcaba la diputada Ana Oramas en el debate de moción de censura, algunos partidos políticos españoles se han propuesto convertir las instituciones públicas en un verdadero espectáculo teatral que pagamos a un precio muy alto todos los españoles, y con ello trasladar el ejercicio de la democracia a los platós de televisión. Parece ser que también quieren hacer lo mismo con la justicia, burlando a la democracia y destruyéndola desde lo más profundo: sus instituciones.

La corrupción ha hecho y hace mucho mal a nuestro país. Sin embargo, muchas fuerzas políticas la utilizan como espada de Damocles en su propio beneficio, en vez de luchar y trabajar por hacer funcionar la democracia y velar por los intereses de nuestra España y nuestros españoles. Confío en que no se caiga en la trampa y no se utilicen nuestros Juzgados como herramienta de propaganda política. Y, por último, recordemos que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha personado como testigo, no como acusado, y el principio de presunción de inocencia de nuestro sistema judicial debería ser aplicado a todos y cada uno de los ciudadanos por igual.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Fuente de la imagen Eldiario.es

Día Mundial de los Refugiados: El milagro de los 16.000

EN ESTA CRISIS NO DEBERÍAN EXISTIR IDEOLOGÍAS NI PARTIDOS, SINO UNA SOCIEDAD Y UN GOBIERNO COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS. EL PROBLEMA ES REAL. ES URGENTE. Y, ES INEVITABLE.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el número de personas que han llegado a nuestras costas y atravesado nuestras vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha incrementado en un 75% respecto al mismo período del año pasado. Las cifras son tan preocupantes como que este mes de junio ya llegaban a las costas andaluzas unas 1.300 personas y el número de muertos continúa incrementándose en la ruta del Mediterráneo Occidental. Esto lo permite un país democrático que en su Constitución dedica, nada más y nada menos, que su Título II con 45 artículos al reconocimiento de derechos y libertades, algo de lo que estar orgullosos si la comparamos con la Ley Suprema de la mayoría de democracias de nuestro continente.

El pasado día 20 de junio de 2017, fue el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo convendría realizar una reflexión sobre una crisis que pese a concernir a toda Europa, sufre un inmovilismo bochornoso, enfermizo y crónico de los gobiernos occidentales, incluido el español, que tantos derechos reconoce y predica. De hecho, cabe resaltar que Oxfam ha expresado sus intenciones de demandar a nuestro Gobierno ante la Comisión Europea por su supuesto incumplimiento del Acuerdo con la UE celebrado en septiembre de 2015, por el que España se comprometía a acoger a 17.337 personas, de las que, hasta el momento, sólo ha dado asilo a 1.304, cifra que no llega a representar el 8% de la cuota. Pero, ¿puede España hacer frente a su acogimiento, mantenimiento e integración y todo lo que ello significa y requiere?

Antes de nada, ¿qué es el derecho de asilo? Y, ¿cuál es la definición de refugiado? Se define el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, y desarrollado mediante Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria,  como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley y con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Este derecho se concede a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, “a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” o al apátrida.

Además, si no se reúnen los requisitos para obtener el asilo o la condición de Refugiado, se reconoce también el derecho a la protección subsidiaria en ciertos casos. Estos derechos deberían garantizar la no devolución ni expulsión. Preguntemos en la valla de Melilla si esto realmente se cumple o no. La realidad es que ni se están reconociendo estos derechos, ni si reconocidos, se están protegiendo a todos los refugiados que los disfrutan. ¿Negligencia? ¿Escasez de medios? ¿Pasotismo? ¿Miedo al terrorismo? ¿Egoísmo? ¿Divergencia política?

Dicen algunos que se requieren leyes. Pero, leyes hay. Otro debate sería si son suficientes, eficaces o simplemente si se están realmente implementando. De nada sirve que 17.000 refugiados lleguen a España si no existen infraestructuras para instalarlos, medios para mantenerlos y una conciencia social para integrarlos, todo ello evitando la formación de guetos que propicien la división, la radicalización, la pobreza y la inseguridad dentro de nuestras fronteras. Como relató ayer en su discurso el Alto Comisionado para el Día Mundial del Refugiado:

“La inclusión requiere que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y comunidades a los refugiados. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, que reúna a estudiantes, empresarios, atletas, activistas, líderes religiosos, políticos y artistas, para compartir las responsabilidades”

Desde 2015 han pasado dos años durante los cuales podríamos haber desarrollado políticas sociales en esta dirección. Se requiere sin duda alguna una sensibilización de la sociedad con el fin de evitar el racismo y la xenofobia hacia los extranjeros que están dominando el mundo occidental. El terrorismo, por otro lado, alimenta el rechazo de las masas hacia los nuevos huéspedes. Por ello, debemos dejar de enfocar nuestras energías únicamente en mociones de censura absurdas y en desafíos independentistas y, uniendo fuerzas políticas dispares, dirigirlas también en llevar a cabo acciones solidarias conjuntas de la mano de Europa. De hecho, Bruselas ya plantea para los próximos presupuestos europeos la entrega de fondos en base a criterios relacionados con la respuesta de los Estados a la presión migratoria, ya que debido al Brexit, se buscan nuevas formas de financiación de la UE y de reparto de sus fondos. Veamos si el dinero inspira más a los gobiernos.

En esta crisis no deberían existir ideologías ni partidos, sino una sociedad y un gobierno comprometidos con los Derechos Humanos. El problema es real. Es urgente. Y, es inevitable. Toda Europa está y seguirá sumergida en esta crisis humanitaria. Seguir dándole la espalda no será sostenible por mucho tiempo. Se requiere una respuesta YA acompañada de una mejora en la aplicación del derecho de asilo, puesto que España no sólo dispone de escasos tres meses para cumplir el Acuerdo sino que el ritmo que llevamos, los defectos y lagunas de nuestro sistema jurídico y la falta de políticas de asimilación de la sociedad, se necesita de un milagro para que los 16.000 refugiados sean acogidos e integrados en nuestro país. Y, dentro de poco probablemente las cifras lleguen a los 160.000.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

La unión como ideal

7 LEYES ÓRGANICAS EDUCATIVAS EN MÁS DE 40 AÑOS SON MUCHAS. CAMBIARLA CADA LEGISTALTURA ES MUCHO. ES MÁS QUE MUCHO, ES INADMISIBLE
Reconozco que no soy el mayor devoto del informe PISA. Aunque la idea me parece buena, creo que los resultados de los exámenes se malinterpretan, o no reflejan toda la verdad. Al PISA se le da demasiada importancia, en mi opinión. Según el último informe, España se encuentra en el grupo de países europeos que, en materia educativa, lidera incontestablemente Finlandia, aunque con algunos peros. Los números en ciencias y matemáticas, bajan; los de lectura, aumentan. Otro día hablamos de los países asiáticos, imbatibles.
Lo que yo creo es que ni somos los más listos del cotarro, ni los tontos del pueblo. Los números de PISA no deben entenderse como los de la Champions League. Sin embargo, debajo de todo lo que mide la OECD en términos educativos creo que subyace algo de verdad. Algo que nos hace, todavía, estar por debajo de aquellos países 'top'. Y algo que hace que sea necesario una unión, que es lo que quiero defender desde esta tribuna.