¿A quién beneficia el salario mínimo?

UNA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO TIENE EFECTOS OCULTOS SOBRE EMPLEADOS Y EMPRESARIOS

Hace poco, el presidente del gobierno Mariano Rajoy ha anunciado unas fuertes subidas del salario mínimo para los próximos ejercicios, condicionadas a una serie de objetivos económicos para el país. El salario mínimo, que actualmente es de 707 €, pasaría así hasta los 840 € en 2020, un aumento total de casi un 20%. Las reacciones a este acuerdo son las esperadas: el PSOE, que no gobierna y no está atado por lo que proponga, proponía subirlo a los 1000€, Podemos también lo consideraba insuficiente.

Los motivos por los que la izquierda suele estar a favor de subidas del salario mínimo suelen ser dos: el argumento marxista de que el empresario avaricioso se queda con los beneficios del trabajo del pobre empleado, y el argumento de que al repartir más la riqueza se activa más la economía (si el empresario gana 100€ más, como ya se supone que gana una cantidad grande es probable que esos 100 €, o un porcentaje importante de los mismos, se dediquen al ahorro, mientras que el empleado previsiblemente tendrá menor capacidad de ahorro, recirculando el dinero y activando la economía). Un tercer argumento muy utilizado es que en España es imposible sobrevivir con un sueldo de 700 € y tener una vida digna.

El primer argumento es una manipulación descarada de la realidad. El empresario debe obtener más rentabilidad de un empleado que el sueldo que le paga (o de lo contrario no le contrataría), pero es que además esta rentabilidad debe ser muy superior al sueldo para que le compense su contratación. Los 700 € de salario mínimo no incluyen las cotizaciones de la seguridad social que paga la empresa por cada empleado, que aumentan notablemente ese importe. Además, no vale con sacar unos ingresos equivalentes al coste total del trabajador que paga la empresa, porque hace falta cubrir el coste del capital y otros elementos necesarios para la empresa (sea camiones, máquinas, alimentos, instalaciones, mercancías, etc.). Una vez cubierto el coste total del trabajador y el coste total del capital, el rendimiento de los trabajadores tiene que dar todavía unos ingresos suficientes como para que el empresario saque beneficio personal, ya que nadie monta una empresa arriesgando su propio dinero (directamente o mediante préstamo) para unos beneficios pequeños. Uno no monta una tienda de ropa para ganar 700 euros al mes, porque para eso se hace dependiente de una tienda establecida, gana lo mismo y no arriesga su patrimonio. En resumen, el empresario arriesga su capital y por ese debe esperar un rendimiento mayor que el empleado, que asume un riesgo menor (principalmente, posibles impagos, a cambio de estabilidad en los ingresos). Por supuesto que hay empresarios que podrían repartir más los beneficios para sus trabajadores, pero la ecuación no es tan simple como “genero ingresos de 1.200€ y cobro 700€ por lo que sacan 500€ de beneficio al mes por mi trabajo y merezco ganar más por ello”.

El segundo argumento asume un mundo ideal en que una subida de salarios no afecta al empresario. Una subida del 20% del salario mínimo supone al menos ese incremento del coste por cada trabajador. Las empresas que tengan márgenes de beneficio altos se lo podrán permitir, aunque pueden limitar las nuevas contrataciones. Las empresas que estén en el límite de los beneficios o pérdidas posiblemente tengan que optar por reducir su plantilla de trabajadores para acomodar los nuevos costes y mantenerse a flote. Es posible que los trabajadores que se mantengan cobren más, pero también tendrán que cumplir la parte del trabajo que realizaban los despedidos. El argumento de repartir el dinero entre más personas para favorecer su circulación se cae así por su propio peso cuando por el aumento del salario mínimo disminuyen las contrataciones o se provocan despidos.

El tercer argumento tiene parte de razón, es difícil vivir en España con el salario mínimo. Sin embargo, esa dificultad se debe a la localización. En Madrid y Barcelona, incluso viviendo en compañía, es difícil no dedicar al menos la mitad del salario al alquiler/hipoteca. Sin embargo, el salario mínimo aplica a toda España, igual en un pueblo de Soria que en el Paseo de Gracia. Lo que en Madrid no da para comer, en Teruel puede proporcionar un nivel de vida que permita algún capricho. De haber un salario mínimo, sería más apropiado establecerlo por comunidades autónomas o provincias que por el total del país, porque posiblemente en determinadas partes de España haya empleos que por 500-600 € mensuales proporcionen un nivel de vida aceptable.

Al final la pregunta es la siguiente: si el salario mínimo es una medida que provoca paro, ¿por qué los sindicatos lo defiendencuando deben pensar en el interés de los trabajadores? ¿No es mejor trabajar por 600 € que estar en el paro? El motivo es bien sencillo. Los sindicatos no dejan de ser un lobby, y como todos, miran por su propio interés. Para mantenerse necesitan afiliados, y la gente se afilia si tiene trabajo y si siente que los sindicatos le sirven. El salario mínimo es una medida proteccionista pensada para el empleado que ya tiene trabajo, porque dificulta la contratación de nuevos empleados que le hagan competencia y le puede aumentar el sueldo, a costa de generar paro y aumentar el riesgo empresarial. Si los sindicatos presionan para un aumento de los costes del despido, el trabajador está contento porque mantiene su trabajo y los sindicatos cobran su afiliación. Si presionan para un aumento del salario mínimo, el beneficio es expansivo: en España no se suele pagar el salario mínimo, ya que cada sector suele tener un convenio. Ahora, estos convenios si toman al salario mínimo como base, por lo que cualquier aumento les proporciona poder en las negociaciones de cada sector, aumentando su valía a ojos de sus afiliados, y aumentado o manteniendo sus afiliaciones. El que pierde es el más desfavorecido, aquel que es despedido o no encuentra trabajo, porque no hay empresarios que puedan sacar un rendimiento suficiente de su trabajo como para contratarle, aunque él hubiese estado dispuesto a trabajar por una cantidad menor.

Gonzalo Aguilar
Ministro de Economía, Industria y Competitividad de AOM

Otro chantaje a la sociedad

LA HUELGA EN EL AEROPUERTO DE EL PRAT CONSTITUYE ANTE TODO UN CHANTAJE A LA SOCIEDAD Y A LAS INSTITUCIONES

Hace un par de meses fui a una reunión de Young and Seekers, un grupo genial que tiene la búsqueda de la mejora y el aprendizaje como filosofía de vida. Allí estaba Alejandro Artacho; CEO y fundador de SPOTAHOME, mencionó en un discurso motivante que las personas estaban divididas en dos grupos: players y víctimas, animando a los presentes a ser players.

Me pareció una manera muy “startupera” de decirlo, políticamente correcta. Desde mi perspectiva la división entre gente responsable de su vida y gente que ve una conspiración mundial en su infortunio ha existido siempre. Si bien la evolución de la sociedad va restando argumentos progresivamente a estos últimos.

Si bien sus argumentos están en caída libre, el victimismo está de moda. Este victimismo se está reflejando en las polémicas huelgas.

Las huelgas se suponían una reacción a unas condiciones laborales injustas, estuvieron en auge en la Inglaterra industrial del siglo XIX, la clase obrera hizo uso de ellas como herramienta de presión para mejorar su situación. Mucho ha llovido desde la Inglaterra de los Peaky Blinders. La situación de indefensión que se sufría en el siglo XIX, con las dificultades de acceso a la formación y a la información, la reducida movilidad geográfica… etc, no tiene nada que ver con la situación actual donde todos tenemos acceso a la formación y la información. Como decía Matt Damon en El indomable Will Hunting a un alumno de Derecho de Harvard: “Te has gastado miles de dólares en una formación que te hubiese costado un par de pavos en retrasos en la biblioteca pública”.

En la actualidad hay muchos sectores que mediante la huelga pueden chantajear a la sociedad para que se mejoren sus condiciones laborales. En la compleja maquinaria económica nacional casi todos los engranajes son indispensables, pero no por ello tiene derecho cada pieza a poner en jaque constante el buen funcionamiento de nuestra economía.

El último ejemplo son los trabajadores de EULEN del aeropuerto de Barcelona. Estos individuos conocedores de su posición de poder han decidido que tenían que mejorar sus condiciones laborales. En vez de buscar en el libre mercado un puesto de trabajo que cumpliese con sus expectativas, o crear ellos una empresa y dar trabajo en unas condiciones acorde a sus demandas, han decidido chantajear a la sociedad española dificultando sus vacaciones y empeorando la imagen de España en el extranjero, imagen imprescindible, ya que como comentó en su día mi colega Sol Sepúlveda, el turismo supone más del 15% de la economía española.

Este patrón de comportamiento se repite mucho en la actualidad, alegar la indefensión y ejercer el chantaje; otros ejemplos son las huelgas de los recogedores de basura, las huelgas de los conductores de metro… etc.

Europa, pese a ser mejorable, es el paraíso del mundo, la gente es libre para cambiar de trabajo, tiene medios para aprender otras profesiones, tiene libertad de movimiento, tiene libertad de expresión… Nada impide a esos trabajadores de EULEN buscar otro trabajo, estoy seguro que con un 20% de paro en España, alguien querrá su puesto vacante.

Los empleados de EULEN con su caprichosa huelga están poniendo en riesgo la seguridad en el aeropuerto y están perjudicando a unos de los pilares de nuestra economía. Desde AOM, creo contar con el apoyo de todos mis compañeros de gabinete, estamos a favor de que se haya hecho uso de la Guardia Civil para continuar con la actividad normal del aeropuerto de El Prat. La Guardia Civil ha demostrado ser flexible a la hora de asumir nuevas funciones y tener gran vocación de servicio público.

Jorge Gancedo
Ministro del Interior de AOM

Menos impuestos, menos leyes, más control y más libertad

EL SECTOR DE LOS TAXISTAS SE VE AMENAZADO POR LOS DISRUPTIVOS NEGOCIOS COMO UBER Y CABIFY. COMO YA SUCEDIERA EN CONOCIDOS CASOS COMO NAPSTER O BLABLACAR, EL NUEVO ENFRENTAMIENTO OBLIGA A LAS AUTORIDADES A TOMAR PARTIDA EN ESTE DILEMA.

Por poner en contexto el enfrentamiento se remonta a la llegada de Uber y Cabify a España. En aquel momento, el Ministerio de Fomento aseguró que el modelo de negocio que Uber había implantado en otros países no iba a ser legalizado en España. El motivo principal era que se consideraba competencia desleal ya que los costes (por licencias y seguros principalmente) eran notablemente superiores en el sector tradicional.

Uber intentó su defensa basándose en que ofrecían una solución tecnológica y no un servicio de transporte, sin embargo, se vio obligada a parar su actividad después de que fuera ordenado el cierre de su página web y se anunciaran multas por incumplimiento de la ley.

El siguiente paso fue crear y regular el número de licencias de VTC (Vehículos Turismo con Conductor) que serían exigidas a los conductores de empresas como Uber y Cabify, situando el ratio en 30 licencias de taxi por cada 1 VTC. Según los propios datos del Ministerio, este ratio se ha superado hasta llegar al 1:12 (5.400 VTC por las 67.000 de taxis). Otra de las exigencias de los taxistas es exigir mayor control a los conductores de los VTC a la hora de recoger clientes en las calles ya que, según está regulado, solamente pueden realizar los servicios que han sido previamente contratados a través de la plataforma y siempre a una distancia superior a 100 metros de las llamadas “zonas de influencia” según la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres. Frente a esto Uber se defiende alegando que, en el caso de ser cometida esa infracción, sería responsabilidad del propio conductor y no de la empresa. Cabe recordar que estos problemas existían antes que las propias plataformas y ya hubo casos de intromisión de “taxistas pirata” en zonas concurridas como el aeropuerto de Madrid o Barcelona.

Después de la última reunión que Iñigo de la Serna ha mantenido con las CCAA y algunos ayuntamientos, el Ministro se ha reafirmado en su posición de hacer cumplir la ley y buscar una solución al problema del ratio taxis-VTC, centrando los esfuerzos en evitar el monopolio y especulación de las licencias concedidas. Unauto VTC (portavoz de Uber y Cabify) defiende que si quieren competir en las mismas condiciones deberían exigir a los taxistas que las licencias fueran personales e intransferibles para evitar que un “licenciado” pueda subarrendar la licencia y obtenga ganancias sin trabajar. Además, Eduardo Martín, presidente de Unauto, reclama que se excluya al taxi del sistema de módulos que “permite que un taxista no pague ni 1.000 euros al año en impuestos mientras que una VTC con una actividad similar paga 9.000 euros.

Leyendo recientemente sobre este tema, encontré algunos artículos serios y no tan serios sobre la cuestión. Uno de los segundos proponía defender una huelga de carteros debido al incipiente uso de otros canales de comunicación como el e-mail o WhatsApp. De nuevo, un amplio sector de nuestro país, apoyado por algunos partidos políticos, quiere luchar a favor de la igualdad de condiciones, condiciones a la baja. Si yo tengo estos problemas, lo justo es que el de al lado también; si no los tiene, los creamos.

En mi opinión esta situación es consecuencia de unas barreras de entrada tan grandes que ha impedido el acceso a nuevos competidores. El haber limitado competencia ha permitido que no hayan necesitado implementar la innovación tecnológica que ahora traen los nuevos proyectos.

Si bien no quiero alentar a los españoles a incumplir la ley, sí me gustaría proponer un cambio en la regulación. Una vez más, buscando liberalizar ambos sectores: reducir el coste de las licencias por ambas partes, que sean personales e intransferibles y fijar un seguro mínimo que debe contratar el conductor, siendo el cliente conocedor del mismo.

En un futuro no muy lejano parece que vamos a enfrentar nuevos ejemplos como los supermercados sin cajeros, las sucursales bancarias que desaparecerán, etc. Entre todos debemos trabajar para crear más y mejores puestos de trabajo en los cuales esos profesionales aporten a la cadena de valor. Siempre, desde mi punto de vista, en un contexto en el que el Ministerio legisle y el mercado decida.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM

Cambiando los paradigmas de la Educación

CREO PROFUNDAMENTE QUE EN EDUCACIÓN LA BALANZA DEBE CEDER EN FAVOR DEL CRECIMIENTO TÉCNICO

Hoy quiero hablar de la educación y de empleo, de ese punto de encuentro que debería haber entre ambos. Para todo aquel que no me conozca personalmente, le cuento que trabajo en la plataforma de empleo universitario más grande de Europa y tengo la posibilidad de ver muy de cerca cómo se lleva a cabo la creación de empleo. Este es un dato que considero importante ya que me permite estar muy cerca de la realidad.

Hay una pregunta que me cuesta responder: ¿En qué dirección debe ir la educación en España? ¿Debe apostar por un conocimiento humanístico que eleve el conocimiento de nuestros jóvenes? ¿O tiene que, en cambio, dotar de habilidades técnicas que te permitan desarrollar un gran criterio en un campo? La respuesta fácil apostaría por buscar el equilibrio, pero creo que hay que tomar decisiones y mojarse. Espero explicarme bien.

Son tres los agentes que tienen aquí un papel fundamental y una gran responsabilidad: universidad, estudiante y empresa (y aquí el orden importa). Veamos.

Creo que el principal responsable de la (ponga el adjetivo que desee) situación que estamos aquí viviendo en torno al desempleo juvenil es la universidad. Y lo creo porque han perdido su identidad como centros de innovación del mundo para convertirse en un paso necesario y en ocasiones tedioso. A cualquier miembro del entorno universitario se le podría caer la cara de vergüenza al escuchar comentarios como “4 años estudiando para ir al paro” o al ver cómo cientos de miles de jóvenes no han sido capaces en equis cursos prepararse lo suficiente como para cumplir unos requisitos mínimos de prácticas. El contacto más real que puede tener la educación superior con la empresa es el de una relación tan íntima que permita ver al profesorado en qué dirección va el mercado. En ocasiones da la sensación de que los docentes buscan preparar grandes líderes olvidándose por completo que el primer paso es conseguir un puestecito en una compañía.

En segundo lugar parte de la ‘culpa’ recae sobre los hombros de los alumnos. ¡¿Cómo?! Sí sí, has leído perfectamente. El candidato que aspira a un puesto de trabajo no puede pretender que el mercado le fiche si no ofrece una solución. Cuando uno arranca su carrera universitaria debe preguntarse cómo van a estar las cosas dentro de unos años (si su objetivo es encontrar un trabajo dentro de su campo) y no pensar si en una carrera hay mayor o menor carga de estudio. A estas alturas de la película todos debemos ser mayorcitos y ya no toca rechistar exigiendo un puesto de trabajo.

Por último quiero defender al mercado y ponerme de su lado. Me refiero a que si una serie de personas están jugándose sus inversiones en una empresa y están buscando a gente joven que les ayude con un problema determinado, no pueden verse obligadas a contratar a alguien por el hecho de que tiene ‘ganas de aprender’. Como dijo en su artículo hace poco mi amigo Gonzalo Aguilar desde Hacienda y Función Pública: “El objetivo de toda empresa es ganar dinero. Un CEO que renuncie a beneficios pero mejore la sociedad a cambio, será muy loable como persona, pero un irresponsable como gestor, porque ni es su dinero, ni es su empresa, ni es la misión para la que se le ha contratado”. Aquí se ficha a gente que me ayude a crecer, y para hacer RSC ya existen una gran variedad de acciones.

¿Debemos tener en España auténticos expertos de la transformación digital que no sepan quien pintó la Capilla Sixtina o España debe ser un país de eruditos que desconozcan qué es un KPI? Creo profundamente que la balanza debe ceder en favor del crecimiento técnico y dejar de lado al conocimiento humanístico. Muchos ponen el grito en el cielo cuando se margina a la Filosofía (mil disculpas filósofos, es por poner un ejemplo) de los planes de estudio. Y sin embargo nadie (la opinión pública) dice nada cuando en miles de puestos para becas se piden una serie de conocimientos informáticos (por poner otro ejemplo) y resulta muy complicado encontrar un candidato con ese perfil.

Os confieso que me gustaría estar hablando de este tema mucho más tiempo, pero he procurado ser lo más conciso posible para transmitir mi idea: la educación debe estar enfocada al mercado de trabajo.

Termino hablando del hombre que ven encabeza este texto. Se trata de Sir Ken Robinson. A quien le he robado el título de su famosa conferencia. Este visionario británico con su cambio de paradigma reclama una revolución en los sistemas educativos. Coincido al cien por cien con sus ideas, que por cierto, te animo a que escuches.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM

El afán recaudatorio de Hacienda puede perjudicar gravemente su salud

LAS CUENTAS NO CUADRAN DEBIDO AL ENORME DESPILFARRO DE UN ESTADO MONSTRUOSO E INEFICAZ, Y EL YA MALTRATADO BOLSILLO DEL ESPAÑOL DE CLASE MEDIA VUELVE A SUFRIR LAS CONSECUENCIAS.

Si han leído recientemente los medios de comunicación se habrán percatado de una noticia que no por su relevancia carece de poca importancia: la fiscalización a la formación continuada de los médicos está cerca de convertirse en una realidad. ¿Y que quiere decir ésto?, sencillo; Hasta ahora las ayudas que los profesionales recibían de los laboratorios estaban exentas de tributar, pues se consideran un aspecto fundamental en la profesión y no es un beneficio que redunda en el sanitario, ya que de la actualización de su conocimiento depende que usted tenga mejor porcentaje en supervivencia del cáncer, no se equivoque en el tratamiento cuando tenga un infarto, o renueve ese tema que lo tenía ya en el olvido, y que habla sobre las complicaciones tratamientos post-transplantes de riñón, corazón….Así hasta una infinidad de temas, que debido a la limitación de cualquier ser humano, nos obliga a estar continuamente estudiando y formándonos para poder ofrecerles una solución pertinente a cualquiera de sus enfermedades.
Hasta aquí todo lógico. El problema comenzó hace un par de meses cuando se presento una proposición no de ley para que los médicos tributaran por esas ayudas. No salió adelante tras una ajustada votación donde los partidos de centro-derecha (PP-Ciudadanos) votaron en contra y los partidos de izquierda (Psoe-IU-Podemos) siguiendo su discurso basado en aumentar los impuestos votaron a favor.
Posterior a esta proposición, hace un par de día salió un informe de la Agencia Tributaria exponiendo sus razones técnicas para que los médicos tengan que tributar. Siendo estrictos con la ley debería ser así, pero el sentido común nos hace pensar lo contrario. ¿Saben ustedes cuanto puede costar la inscripción a un congreso médico?. Existen muchos tipos de congresos, pero los nacionales suelen estar por encima de los 500 euros. Sumen comidas, estancias, desplazamientos.. y hagan números. Si consideramos además que los médicos españoles poseen una de las retribuciones más bajas de toda Europa ,y que desde el famoso “recorte” del ex-presidente Zapatero han perdido cerca de 20% de su sueldo (5% de recorte directo sumado a recortes en las guardias y a la no revalorización del sueldo con IPC), podemos entender el malestar general.
Pero la administración no entiende de sentido común. Las cuentas no cuadran debido al enorme despilfarro de un estado monstruoso e ineficaz, y el ya maltratado bolsillo del español de clase media vuelve a sufrir las consecuencias. Supondría una recaudación a las arcas de aproximadamente unos 121 millones de euros (creanme una cantidad ridícula frente a a certeza de saber que cuando acude a un hospital, está entrando en uno de los 10 mejores sistemas sanitarios del mundo). En la práctica tributar por estas ayudas supone que el médico tiene que pagar por formarse, y entenderán cuales pueden ser las consecuencias de estos actos. Ojalá que imperé el sentido común, pues ya decía la canción: 3 cosas hay en la vida: Salud Dinero y Amor, pero ¿tienen claro el orden y prioridades de las mismas?

Cómo liberalizar un sector

UNA VEZ MÁS, ANTE LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL MANDATO DESDE BRUSELAS, EL GOBIERNO SE ENFRENTA AL MONOPOLIO DE LA ESTIBA DE LA ÚNICA FORMA EN LA QUE PARECE HABER ENCONTRADO SOLUCIÓN, EL REAL DECRETO LEY.

Tiempo después, sigo sin comprender por qué el Partido Popular no atajó el problema del monopolio hace unos años cuando contaba con mayoría absoluta. Lo que está ocurriendo ahora en el Congreso me hace pensar que ningún partido político habría sido capaz de enfrentar este problema de no ser por la obligación impuesta por nuestros “superiores”, lo cual deja claro que solamente actuamos cuando nos dan donde duele, en el dinero.

Existen muchas incógnitas alrededor de la negociación, poca información sobre el contenido real de las reuniones y sobre posibles acuerdos; más allá de los rechazos públicos por ambas partes, no podremos saber cómo se está desarrollando la solución.

Según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) y en boca de su coordinador general, Antolín Goya, se pretende “liberalizar el sector y despedir a los estibadores portuarios con fondos públicos para colocar a otros en unas condiciones mucho menos atractivas para los trabajadores y mucho más rentables para las empresas, que lo único que pretenden es obtener mayor amplitud de beneficios”. Al preguntarle sobre si la sentencia es clara, Goya acusa al Gobierno de realizar un Expediente de Regulación de Empleo encubierto financiado por la Administración. Con este segundo decreto solamente se acercan posturas en el aspecto de la formación de los trabajadores, pero no están satisfechos ya que no se garantiza el empleo de los actuales trabajadores. Seguramente yo no entienda por completo lo que significa “liberalizar un sector”, pero abogar por la continuidad de los trabajadores con las condiciones monopolísticas anteriores es, desde mi punto de vista, oponerse radicalmente a las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE. Todavía no he conocido sector liberal en el cual el puesto de trabajo esté garantizado gubernamentalmente (y más con las condiciones laborales del sector de la estiba).

No me canso de leer noticias, pero no encuentro propuestas por parte del Coordinador, simplemente rechazos a cada uno de los decretos (a pesar de que se le haya planteado la opción de reconvertir el sector con ayudas públicas que ascenderían a 120 millones de euros). Si tu causa fuera justa nos harías ver a los demás que se está cometiendo una injusticia, pero sigo sin verla, me tendré que conformar con otra huelga.

Mientras tanto, más allá de buscar soluciones al conflicto, depositarán sus esfuerzos en pedir al resto de partidos políticos que rechacen el decreto redactado desde el Ministerio. “Nuestra prioridad no es la huelga, es la negociación”. Haciendo un acto de fe, me he sumergido en la RAE quién, en una de sus acepciones, nos enseña que negociar implica “tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro”; señor Antolín, si su prioridad es realmente esa, procure realmente un mejor logro.

No sé si este nuevo decreto será bien recibido en el Congreso, lo que estoy seguro es que los partidos políticos de la oposición no traerán mejores soluciones o propuestas ya que el voto negativo no exige justificación.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM