¿El injusto Cupo Vasco?

EL MODELO FISCAL VASCO NO DEBERÍA ELIMINARSE, DEBERÍA APLICARSE EN TODA ESPAÑA

Esta semana el Congreso de los Diputados ha aprobado un nuevo cupo vasco que regule las relaciones fiscales entre Euskadi y el resto de España. En resumen, a cambio de las competencias no transferidas a la CCAA, las tres provincias vascas pagan a la Administración Central una cantidad acordada de antemano con el Estado sobre el total de los impuestos que han recaudado en su territorio. Esto marca una diferencia con el resto del país, donde la recaudación va al Estado, que es quién procede a repartirlo entre las CCAA de acuerdo con varios factores.

Hipotéticamente el cupo podría ser positivo o negativo para el País Vasco. Un año de buena recaudación le supondría obtener muchos más ingresos que la cuota que debe pagar, mientras que un mal año le dejará con deudas frente al Estado. En la práctica no es así, ya que la cuota se calcula sobre el tamaño económico que tenían las provincias vascas en 1982. Desde entonces Euskadi se ha desarrollado económicamente a un nivel superior a la media del resto del país, por lo que la cantidad que le toca pagar correspondería a una comunidad autónoma menos potente, lo que suele originar críticas por parte de los detractores del cupo, ya que argumentan que no respeta la solidaridad interterritorial que aparece en la Constitución.

¿Hasta que punto es injusto este sistema? La realidad es que es una competencia desleal con el resto de España, ya que Euskadi juega con unas reglas mucho más ventajosas. Sin embargo, el sistema, bien utilizado, puede tener mucho más sentido que el actual modelo fiscal autonómico. Establecer un cupo para cada Comunidad Autónoma cada cinco, diez o quince años en base a su nivel económico respecto al resto del país y pedirle que aporte en consecuencia, quedándose las cantidades que superen dichos importes puede estimular de verdad la economía. Si los gobiernos autonómicos tuviesen que preocuparse de generar empleo y estimular la economía veríamos esfuerzos reales por mejorar económicamente y atraer inversiones, y no la parsimonia y mantenimiento de las clientelas que se manejan en algunas Comunidades. Lo mejor de este sistema es que saldría ganando el ciudadano, porque si una Comunidad, agobiada por su bajo desarrollo económico, decidiese subir los impuestos, causaría un éxodo de inversiones al volverse menos atractiva que las Comunidades circuncidantes (por no hablar de que el partido gobernante posiblemente perdiese las elecciones), obligando de este modo a que el desarrollo económico estuviese basado en un crecimiento del poder económico y no en el aumento de la presión fiscal.

Es cierto que este modelo pondría en competencia a unas CCAA frente a otras, pero visto que el modelo actual no funciona, y crea desigualdades y tensiones, quizá convendría probar con una alternativa que obligue a un esfuerzo real. En cualquier caso, el plazo de revisión del peso de cada CCAA evita que una CCAA quede hipotecada para siempre, porque si se hunde económicamente, en no más de cinco años verá reducida la cantidad que tiene que aportar.

Una de las críticas que siempre se le hace al sector público es que derrocha el dinero al no sentirlo como propio. La amenaza de una menor financiación si las cosas no se hacen bien puede ser el estímulo necesario para que las acciones económicas redunden en el beneficio de todos los ciudadanos y no sólo en el de los miembros del partido en el poder.

Gonzalo Aguilar
Ministro de Economía, Industria y Competitividad de AOM