Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte II)

Retomando las palabras de la primera parte de mi artículo, yo pregunto: ¿Qué actos ilegales se han llevado a cabo y cuales han sido sus consecuencias? En primer lugar,  el pasado 6 septiembre se aprobó con 72 votos a favor, 11 abstenciones y la “huida” por indignación de los partidos PP, Cs y PSC, la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya presentada por las fuerzas políticas independentistas Junts pel Sí y la CUP en el Parlament el 4 de julio del 2017. La provocación y la burla no dejan indiferente a nadie con el uso de un procedimiento exprés que forzó el artículo 81.3 del Parlament con el objetivo de eliminar los trámites parlamentarios habituales. De esta manera, no sólo se podían presentar enmiendas durante unas escasas tres horas sino que no hubo posibilidad de recurso contra el Consell de Garanties Estatutàries sobre la legalidad de la misma. La minuciosidad con que se llevó a cabo tiene sus razones: si se presenta un recurso se paraliza el proceso y, en ese caso, no se podría haber celebrado el 1-O. Lo ilegal cuanto más rápido mejor, a ver si se despistan los demás.

En segundo lugar, y también deprisa y corriendo antes de que al TC le diese tiempo de suspender la ley, se firmó el decreto de convocatoria del referéndum por el President junto a los trece consellers. Al día siguiente, nada más y nada menos, y pese a que el TC había suspendido la tramitación de la norma, se aprobó la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, una ley que incluye decisiones sin compromiso del Estado español como “la doble nacionalidad española- catalana” para los empadronados antes de diciembre de 2016 después de la secesión. Ante ello, el Gobierno interpuso cinco recursos ante el TC, quién suspendió la ley de transitoriedad el día 12 de septiembre. El TC se reunió ese mismo día de urgencia para la suspensión de los primeros dos pasos.

¿Es cierto que está permitido por el Derecho Internacional? Empezando por la Unión Europea, el Tratado de la Unión Europea, en su artículo 4.2, garantiza la integridad de los territorios de los Estado Miembro. A nivel de las instituciones, ni el Parlamento Europeo ni la Comisión muestran ningún apoyo. Primero, el presidente del Parlamento Europeo, el italiano Antonio Tajani, recalcó que “Cualquier acción contra la Constitución es una acción contra la UE”. Segundo,  el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reitera la importancia del respeto a la ley y los tribunales nacionales en sus declaraciones: “ En Europa impera la fuerza de la ley, no la ley del más fuerte”. Además, recuerda que Cataluña debería someterse a un proceso de adhesión post-secesión que implicaría una votación unánime de los Estados miembros (artículo 49 TUE). Su ingreso en la UE no sucedería nunca pues el Estado Español votaría en contra.

Fuera de la UE, el Presidente de la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) o Comisión europea para la Democracia por el Derecho, Gianni Buquicchio, ya respondió ala carta del Sr. Puigdemont el día 2 de junio que la comisión apoyaría el referéndum en el caso en que éste fuese acordado con el Gobierno español y si es conforme a la constitución nacional y a las leyes. Ni lo uno, ni lo otro. Además, y como explica el Abogado Francisco Rosa, el Derecho Internacional no ampara la autodeterminación más que para las colonias o en casos de violaciones de los derechos humanos. Una vez más, Cataluña no cumpliría estos requisitos. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat no cuenta ni con apoyos ni con instrumentos legales para permanecer en Europa ni para justificarse en el Derecho Internacional.

¿Qué instrumentos ha utilizado el Estado español para evitar este atentado contra la democracia? Las respuestas al desafío son principalmente por parte del poder judicial con persecuciones penales por parte de la Fiscalía, detenciones (como las de catorce organizadores), el cierre de la página web 1-O (aunque reabierta por Puigdemont el mismo día 13 septiembre), la investigación por uso fraudulento de los datos personales de los catalanes, la llamada a comparecer de alcaldes para declarar por el 1-O, la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament presidida por Forcadell, por los que permitió la tramitación y aprobación exprés de las leyes nombradas anteriormente, la asunción por parte del Ministro de Hacienda y Función Pública de las cuentas de la Generalitat y, la más clara, la declaración del estado de excepción y, con ello, la suspensión de facto de la autonomía. La reacción de Puigdemont ha sido manipuladora, pues con este acto obtiene sus argumentos para acusar de totalitario al Gobierno español.

¿Qué es el estado de excepción? Antes de nada, el estado de excepción puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten gravemente alterados. Es el Gobierno quién debe declararlo, previa autorización del Congreso de los Diputados y por un máximo de treinta días.

¿Qué protocolo deben seguir los funcionarios catalanes en caso de recibir órdenes relacionadas con la convocatoria del referéndum? Poco después de las declaraciones del 27 de junio, multitud de funcionarios solicitaron al CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) instrucciones sobre como actuar ante estos casos para eludir responsabilidades. El CSIF indicó que deben pedir por escrito cualquier orden para advertir a la Administración de sus dudas sobre la legalidad. Si la legalidad es manifiesta, el protocolo recuerda el derecho y el deber de no acatar la orden y aconseja denunciarla ante la Policía, Fiscalía o órganos judiciales.

Con esta visión esquemática y general del referéndum, puede quedarnos claro la barbarie que estamos viviendo hoy en nuestro país. Y con sinceridad me pregunto si el clan independentista, minoritario y radical, realmente se cree todas las mentiras con las que embauca a una población catalana que con esperanza cree en el cumplimiento de un ideal nubloso y contrario a todo lo que se puede denominar democracia. Sólo espero que la división de los españoles no sea una consecuencia demasiado indigesta que se añada en permanencia a los problemas que tenemos en España.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Referéndum ilegal: la democracia y la unidad de España en juego (Parte I)

 

¿PUEDE EL PRESIDENTE DE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONVOCAR UN REFERÉNDUM? SÍ, PODRÁ CONVOCAR UN REFERENDO PERO ÚNICAMENTE RELACIONADO CON LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Rebobinemos en el tiempo hasta el pasado 27 de junio, día en el que el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció la fecha y la pregunta para la convocatoria de un referéndum unilateral acompañado por el Vicepresidente Oriol Junqueras y la Presidenta del Parlament Carme Forcadell, a quién irónicamente el pasado día 20 el mismo TC ha denunciado ante la Fiscalía junto con la Mesa del Parlament por tramitar leyes de ruptura, aunque de esto hablaremos más adelante. Ya desde entonces se percibía la extrema cautela con la que el Govern está llevando a cabo el proceso secesionista en contra de la integridad y unidad del Reino de España. Se empezó evitando la firma de acuerdos formales que pudieran llevarle frente a la justicia y se continúa con procedimientos exprés de tramitación de leyes e incumplimiento de sentencias del TC (STC 259/2015 del 2 de diciembre) y con declaraciones amenazantes contra el Gobierno de Mariano Rajoy sobre sus supuestas respuestas totalitarias y sobre la congregación de ciudadanos en contra del Estado. Para entender la ilegalidad del referéndum obtengamos una visión general de la situación empezando desde el principio.

¿Puede el Presidente de una Comunidad Autónoma convocar un referéndum? Sí, podrá convocar un referendo pero únicamente relacionado con los Estatutos de Autonomía. El referéndum del 1-O tiene como pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”. Esta pregunta no sólo no trata sobre asuntos del Estatuto catalán sino que es una clara propuesta de secesión que afecta a la soberanía nacional. Al analizar la pregunta vemos dos partes que delatan su ilegalidad. En primer lugar, “Estado independiente” frente al artículo 2 CE que establece la unidad indisoluble de la Nación española. En segundo lugar, “República” frente al artículo 1.3 CE que define la forma política del Estado como Monarquía parlamentaria. Esto implicaría la renuncia de Felipe VI a sus funciones sobre el territorio y el rey ha dejado claro que “la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra”. Puesto que la respuesta a la pregunta pone en riesgo el cumplimiento de la Constitución española de 1978, el tipo de referéndum que se podría llevar a cabo es un referéndum constitucional, con la consecuente reforma constitucional establecida en los artículos 167 y 168 CE.

¿Quién podría convocar un referéndum de estas características? Según el artículo 149.1.32 el Estado posee competencia exclusiva para la convocatoria de consultas a la ciudadanía por vía de referéndum. ¿Cuál es el mecanismo para ello? El artículo 92 CE responde a esta pregunta plasmando que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, únicamente se permite este mecanismo “para decisiones políticas de especial trascendencia”,- este requisito se cumple,- “de todos los ciudadanos”, – que no se cumple,- y mediante un procedimiento regulado por una Ley Orgánica. Dicho esto, y como muchos españoles nos preguntamos, ¿cómo un gobierno de una comunidad Autónoma puede pretender tomar una decisión que afecta a todos y cada uno de los españoles? ¿Acaso no es contrario a la democracia que uno pocos, poquísimos, decidan el futuro de toda una Nación? Creo que al resto de España nos queda claro esto, salvo a ciertos manifestantes en las calles de Madrid que apoyan la autodeterminación. Hasta aquí hemos llegado…

Entonces, ¿Por qué el Sr. Puigdemont no disuelve el Parlament y convoca elecciones? Rafael Hernando, Albert Rivera y muchos otros le han planteado esta pregunta al Presidente de la Generalitat ya desde junio. Pero de esto hablaremos mañana en la segunda parte de mi artículo…

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

El Brexit: ¿Punto de inflexión para la UE?

EL ESCENARIO QUE SE PRESENTA PARA EL PRÓXIMO VIERNES 24 DE JUNIO,
UN DÍA DESPUÉS DEL REFERÉNDUM, ES CLAVE PARA EL DEVENIR DE LA UE
Como todos sabemos ya, nos encontramos en una semana clave para el devenir de España y de la propia Unión Europea. El domingo 26 de junio tendrán lugar las elecciones generales, las cuales en cierta forma también vendrán influenciadas por las que van a realizarse el día de mañana en Reino Unido sobre el mantenimiento o la separación de la Unión Europea. El famoso “Brexit”.

Atendiendo a los analistas políticos la relevancia del Brexit en nuestro panorama nacional de cara al 26-J puede ser notoriamente profundo, ya que la incertidumbre que generaría una salida de los británicos de la Unión se podría ver contrarrestada con un voto más conservador el domingo.

Pero dejando de un lado las consecuencias que este referéndum pueda tener en la política o en la economía interna, esto se lo dejo a la Presidencia, al Ministerio de Economía y al de Hacienda, y me gustaría centrarme en los motivos y efectos para la propia Europa de este plebiscito.

Desde que se fundó la Comunidad Económica Europea los pasos dirigidos a crear ese espacio de libertades, que desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial tanto hemos añorado en el viejo continente, se han llevado a cabo a una velocidad vertiginosa, lo que también ha supuesto que se hayan cometido numerosos errores como los oídos en los últimos tiempos.

Como todas las instituciones públicas, en esta época de crisis la UE ha sido duramente criticada, no solo por sus detractores, quienes han ganado fuerza en los años recientes, sino también por aquellos que creen firmemente en el proyecto de la Unión. Dichas críticas han abarcado desde el alto índice de burocratización de los organismos de la UE hasta las prisas de estos por llevar a cabo adhesiones de terceros países de dudosa conveniencia (véase el ejemplo de Turquía) pasando por las más que evidentes carencias de unificación regulatoria entre los distintos países. Esta última, la gran asignatura pendiente de la UE, sobre todo en materia de seguridad y antiterrorismo.

Reino Unido siempre ha tenido reticencias a participar plenamente en el proyecto europeo
Es conocido que Reino Unido siempre ha sido un caso especial dentro de la Unión Europea debido a las reticencias de este a participar plenamente en el proyecto europeo. Pero los verdaderos motivos que se esconden bajo esta conducta de autoexclusión no son en absoluto las que se han estado argumentando a lo largo de esta campaña por aquellos a favor del Brexit. Por su parte los líderes del UKIP, y en menor medida algunos conservadores, han inundado la campaña de mensajes de alto carácter xenófobo, señalando a la inmigración como la causante de todos sus supuestos males. Pero son varios analistas los que apuntan a que detrás de este rechazo hacia todo lo externo se esconde una forma de ser de los propios ingleses, un pueblo muy celoso de su autonomía e independencia que no quiere depender de las directrices de una Bruselas corrupta e incompetente.

Algunos de estos argumentos son claramente debatibles, por no decir que son lógicamente entendibles. Otros no lo son tanto. Sin embargo, el verdadero motivo que subyace bajo el euroescepticismo de Nigel Farage y a la constante actitud de saboteo de David Cameron en las reuniones de la Cumbre de Líderes de la Unión, a pesar de que ahora se manifieste claramente a favor de permanecer en la UE, tiene su fundamento en lo que se conoce como la Milla Cuadrada (Square Mile), la City. Este emblemático rincón, hogar de numerosos bancos y entidades financieras, supone prácticamente el 10% del PIB de Reino Unido, y Bruselas lleva tiempo queriendo echarle el guante a la misma a través de diversas regulaciones y sobre todo a través del llamado Pacto Fiscal. Con esto no pretendo darle o quitarle la razón a uno de los bandos, ya que resulta comprensible que los ingleses, de larga tradición bancaria, quieran proteger sus intereses, que por otra parte, no tienen porque coincidir con los de su país.

Dicho esto, el escenario que se presenta para el próximo viernes 24 de junio, un día después del referéndum, es clave para el devenir de la UE. Son numerosas las voces que señalan que la Unión Europea, todavía con el miedo en el cuerpo, debe de echar el freno ante tanta centralización descontrolada de competencias que han hecho enfadar a tantos. Sin embargo, sería un error someternos al chantaje emocional que el Brexit ha supuesto. El proyecto de la UE es un proyecto innovador que busca, sobre la base del sistema del bien estar, levantar las economías de la zona euro para que se pueda propiciar un libre intercambio económico y humano entre los distintos estados. Y para ello se debe llevar a cabo este proceso de unificación regulatoria que a unos tanto les molesta, pero que es profundamente necesario para cumplir los objetivos antes mencionados.

Luis Miguel Melián