La sociedad que hemos permitido

LOS HECHOS DEBEN SER JUZGADOS A LA LARGA PORQUE PRECIPITARSE Y LANZARSE A TOMAR DECISIONES PUEDE SER TENTADOR Y PELIGROSO A LA VEZ

Cualquiera que lea el título de mi décimo noveno artículo en AOM podrá pensar en un texto pesimista, lleno de culpas y que ataca a cualquiera que todavía mantenga algunos valores. Y nada más lejos de la realidad, hoy quiero celebrar la sociedad que hemos permitido. Llevo unos días dando vueltas al enfoque de mi pieza, aunque no ha sido hasta esta mañana cuando lo he visto claro. Repasando la prensa he llegado a un vídeo en el que el árbitro Mateu Lahoz le decía al portero del Getafe que los insultos eran reflejo de la sociedad y lo que hemos permitido. Inmediatamente he pensado en Cataluña y cómo entre todos, desde las cloacas más oscuras del Estado hasta las familias de a pie, han permitido que España evolucione hasta su situación actual, en la que los niños insultan y los políticos incumplen la ley. Pero insisto, mis palabras quieren presentar el vaso medio lleno.

Superada ya la crisis inconstitucional catalana (no la situación y la controversia de sentimientos que todavía existe) es nuestro deber darnos cuenta que todo lo acontecido ha sido posible porque España es un gran país donde se respetan las libertades y donde son sancionadas aquellas conductas que han sido ilegales. Libertad y responsabilidad al máximo nivel porque si ahora todo el Govern está en prisión (o llegando), ha sido posible porque en España uno puede intentar saltarse la ley, y eso es “bueno”. Entendedme: no alabo las conductas ilegales, sino el hecho de que exista un marco de libertad donde tanto personas como instituciones puedan avanzar. Claro está que si uno no cumple las normas, debe ser penalizado.

Sin embargo ¡qué fácil es hablar una vez que todo ha acabado! En este juego de gobierno que tenemos nos toca a los miembros del gabinete mojarnos y no quedarnos en la barrera. De cara al futuro mi apuesta como presidente del ejecutivo sería buscar a cualquier precio una mayoría “constitucional” en el Parlament, y para ello considero que la apuesta de elecciones en el 21D es muy buena. Tendrá sus pros (falta de tiempo de reacción de los partidos independentistas) y sus contras (¿lista única en favor de la secesión?) pero una situación inestable en Cataluña debe ser lo más breve posible para que se vuelva a la normalidad. Por cierto, la normalidad es el cumplimiento de las leyes.

Creo que no hay cabeza con una inteligencia suficiente como para abordar todas las posibilidades que se han debido contemplar en Moncloa. Me imagino a Mariano y a Soraya debatiendo y proponiendo cientos de escenarios en los cuales podría encontrarse España y Cataluña: “¿Qué supondría aplicar el 155 antes o después?”, “¿hasta qué punto deberíamos intervenir la autonomía?”, “¿cuándo deberíamos celebrar las elecciones?”… Un abanico amplísimo de opciones que, ahí reside la calidad política de cada uno, necesitan un gran mesura. Los hechos deben ser juzgados a la larga porque precipitarse y lanzarse a tomar decisiones puede ser tentador y peligroso a la vez. De momento parece que Rajoy ha acertado, parece.

España es un gran país, donde existe libertad (no la suficiente) y democracia en estado puro. A algunos les pesará ver cómo su país va en una dirección con la que no coinciden, pero yo creo que nos falta visión de conjunto para comprobar que en nuestro país no se castiga en absoluto las ideas políticas y los sentimientos y que estos tienen recorrido. Tal es así que, por mucho que les fastidie a algunos, tenemos una Constitución que da entrada a posibles cambios, que contempla la libertad. Vayamos por ese camino y no por los atajos. Ahora más que nunca necesitamos nuestra mejor versión como españoles y nuestros representantes debe estar a la altura.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM

Tenemos un problema

EL PROBLEMA DEL TRATAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN, CARA A LA OPINIÓN
PÚBLICA, NACE EN EL DESAJUSTE DE TIEMPOS ENTRE EL PRECOZ JUICIO
MEDIÁTICO, Y ELREALIZADO POR LA JUSTICIA, CASI SIEMPRE MUY TARDÍO

El pasado sábado noche tomaba una caña con un gran amigo. Nuestra amistad es fuerte, no cabe la menor duda, ya que si buscáramos argumentos para romperla no nos haría falta indagar mucho. Nuestras ideologías no pueden ser más opuestas: mientras que yo defiendo la libertad, él aboga por la democracia. Y en plena discusión cada uno exageraba más los planteamientos del otro en aras de ridiculizar nuestras ideas mediante una demagogia alcoholizada. Tras muchas voces, algún puñetazo sobre la mesa y varios brindis llegamos a la conclusión de que ‘in medio, virtus (la virtud está en el término medio) y que lo realmente complicado reside en la configuración de esa vara de medir justa para cada persona.

Y con esta bofetada de sinceridad llegamos a una bofetada de realidad: la corrupción que asola nuestro país. Hablé ya de este gran problema en mi última entrada, pero es un tema que no puede ser aplazado por más tiempo. Tras la semana del caso PP (Panama Papers, que nadie se alarme) la noticia del lunes fue la detención de Mario Conde, rostro de todo dentro de la sociedad española. No dejan de germinar focos de corrupción y debemos ya dar con ese medidor de justicia claro que identifique de una vez por todas cuáles deben ser los procesos adecuados para evitar todos estos escándalos. Debemos recordar que el problema del tratamiento de este fenómeno, cara a la opinión pública, nace en el desajuste de tiempos entre el precoz juicio mediático, y el realizado por la Justicia, casi siempre muy tardío.

No te pierdas la entrevista que Risto Mejide le hizo al ex-banquero

Cualquier plan anticorrupción debe pasar por la mejora urgente de los mecanismos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas para combatir esta lacra entre los cargos públicos. En la democracia representativa en la que vivimos nuestros políticos deben ser responsable con sus votantes y deben saber que en un sistema como este no se pasa ni una. Cierto es que en la anterior legislatura se ha reformado el marco penal aplicable a delitos de corrupción (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias…) pero no es más que el inicio de la senda a seguir.

Por otro lado, en pleno siglo XXI se debe apostar por una estrategia a nivel nacional que refleje la realidad de la sociedad de hoy y las demandas de ciudadanos y profesionales de la justicia. Todo ello con un reajuste de la administración de la justicia agilizando y asegurando su rápida ejecución de las resoluciones. Son sorprendentes las declaracionesde Francisco Gutiérrez, magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla, quien defiende que “la creación entre 2004 y 2013 de las plazas de jueces y fiscales en las CC.AA no obedeció a criterios objetivos relacionados con la carga de trabajo”.

A su vez, es necesaria la implantación de una serie de medidas comunes a todos los planes de transparencia y regeneración democrática de los partidos políticos: prohibir las condonaciones de deuda de entidades a partidos; limitar subvenciones a los partidos; obligar a rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas; tener una financiación ligada a la variación anual del gasto de los PGE; disminuir un 20% los gastos electorales; pertenencia al partido incompatible con la corrupción; etc. No obstante, como liberal que soy, confío en que debe ser cada institución la que decida su nivel de exigencia interna a la hora de tratar asuntos propios. En lenguaje informal, que cada uno haga lo que quiera en su casa.

No querría dejar de alabar aquí el complicado trabajo que desempeñan los medios de comunicación a la hora de sacar a la luz todos estos casos. El papel que han jugado algunos periodicos españoles como El País con la difusión de los Wikileaks, El Mundo con los papeles de Bárcenas o ABC con el caso de los eres de Andalucía ha sido clave, y los españoles estamos en deuda con ellos por todo su trabajo. La Sexta y El Confidencial han demostrado recientemente su valía contando a los españoles qué ha estado ocurriendo en Panamá en los últimos años.

Julio Wais