¿Enemigos irreconciliables?

EL MERCADO LABORAL DE LA UNIÓN EUROPEA TAMBIÉN SE VE MARCADO POR LA HABITUAL DICOTOMÍA ENTRE LO POLÍTICAMENTE NECESARIO Y LO LEGALMENTE ADECUADO. ¿SON EL MERCADO INTERIOR Y EL DERECHO LABORAL INCOMPATIBLES?

Vivimos en un mundo de retos. Y precisamente por eso hoy quiero hacer una breve reflexión sobre el mercado laboral en la Unión Europea y, sobre todo, sobre sus desafíos.

Remontándonos un poco a los orígenes, encontramos que ya en el mismo Tratado de Funcionamiento de la UE aparece definida la libre circulación de trabajadores. Es algo que estaba previsto como elemento esencial del futuro mercado interior que llegaría a formarse y del que hoy todos nos beneficiamos. Es, por tanto, la primera de las libertades de circulación que encontramos.

Ya desde entonces se veían venir esas pequeñas batallas entre la defensa de la propia soberanía y el hacer realidad ese espacio común a todos los europeos por el que tanto hemos luchado. Queríamos la libre circulación de trabajadores pero, a la hora de la verdad, también queríamos proteger nuestro propio mercado.

Esto dio lugar a que ese espacio que era aparentemente tan libre presentara una serie de obstáculos frente a la llegada de los trabajadores cuando, por ejemplo, la Unión se expandió incorporando en 2004 a gran cantidad de países del centro y este de Europa. En ese momento, nuestras fronteras quisieron estar un poco más cerradas. Pero, ¿qué sentido tenía precisamente dejar que un país se incorporara a la UE con el objetivo de ampliar su mercado y tener más oportunidades y a la vez impedirle el acceso y cerrarle las puertas? Los argumentos son muchos y las visiones difieren entre unos y otros. Numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han intentado solventar esta problemática pero, a decir verdad, sin mucho éxito. Hay una gran diferencia entre lo legalmente deseable y lo políticamente necesario y el Tribunal se ha encontrado constantemente en un “tira y afloja” para no molestar ni a unos ni a otros: cuando daba un paso a favor de la libre circulación sin obstáculos, daba a la vez otro a favor de la defensa de las fronteras de los propios estados. Eso sí, siempre con una justificación “adecuada”.

A pesar de todo, muchos consideran que se ha ido demasiado lejos: la libertad de circulación de trabajadores se ha convertido en algunos casos en algo prácticamente insostenible puesto que todo aquello que haga que un trabajador de otro país de la Unión tenga alguna dificultad para ir a otro estado es considerado un obstáculo que habrá de justificarse para no ser considerado ilegítimo (incluso el simple hecho de tú, como estado, quieras aplicar a extranjeros y nacionales por igual tu propia legislación). ¿Es esto excesivo? Las consecuencias, tanto positivas como negativas, son innumerables. Aunque a decir verdad, los estados han podido en la mayor parte de los casos justificar esos límites: “aplicamos nuestra ley a los trabajadores europeos porque es más protectora de sus derechos que la de su propio país”. Y con eso muchas veces ha sido suficiente. ¿Es este el verdadero motivo por el que aquellos estados que consideramos más ricos quieren imponer su legislación a los trabajadores que vienen de fuera? ¿Quieren protegerles? ¿O lo que realmente buscan es usar su ley para encarecer el empleo de dichos trabajadores y alcanzar un cierto proteccionismo frente al resto de ciudadanos de la Unión, especialmente de países menos prósperos? ¿Es una cuestión que debería dejarse a la entera discreción de los estados en el ejercicio de su soberanía? Esta circunstancia ha dado lugar a situaciones tan temibles como el Brexit, donde Reino Unido entendió que su propia integridad estaba en riesgo y decidió “cortar por lo sano”. Las preguntas son numerosas pero las respuestas, desde luego, no son claras.

Lo que sí que está claro es que la Unión Europea es prosperidad, con sus más y sus menos. Y que todo esto afecta de pleno a nuestro país. Y, sobre todo, que la unión hace la fuerza. Hemos de trabajar por una unidad tanto interior como exterior. Que desde España persigamos dicha unidad dentro y fuera de nuestras fronteras para así afrontar los enormes retos que se nos plantean. Tenemos grandes oportunidades por delante.

Sol Sepúlveda
Ministra de Empleo y Seguridad Social de AOM

El rapto de Europa

TOCA AVERIGUAR CUÁL DEBE SER ESE EQUILIBRIO
DE INTERVENCIÓN DE LAS ESFERAS EUROPEAS
EN NUESTROS PAÍSES Y NUESTRAS VIDAS

Acabamos ya un 2017 que entre otras muchas cosas ha sido el sexagésimo aniversario de los Tratados de Roma que dieron lugar, tiempo después, a la Unión Europea. Aquel proyecto puesto en marcha por Alemania, Francia, Italia y Benelux forma hoy uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la humanidad. Los 28-1 países que lo llevan a cabo entienden el mundo en una dirección clara de cooperación, humanismo y derechos. Sin embargo creo que se ha producido un gran robo: el rapto de la idea por esencia que debe ser Europa.

Hoy quiero hablar de la Unión Europea y de lo que debe significar para todos nosotros. Respeto las opiniones que consideran que el proyecto está en declive o aquellos que aman al continente incluso suplantando la identidad del propio país. Sin embargo, aborrezco ambos discursos porque reflejan claramente una ignorancia absoluta de nuestra historia de fronteras para adentro y para afuera. Ni salirse del proyecto es la solución, ni apostar siempre por la vía “europeísta” acaba con los problemas. Europa tiene que posicionarse como un elemento supranacional que vele por los intereses de sus ciudadanos, pero sin aspirar a cambiar los marcos culturales de los países. Y lo digo tanto para aquellos que piensan en referéndums y para los cuatro pelados que hay por ahí que han colgado la bandera azul con estrellas. Si no te han convencido más de 6 siglos la historia de España, no te va a seducir así de repente los casi 32 años que lleva nuestro país como miembro.

Este detalle es importante porque verdaderamente se produce un rapto de Europa cuando en la opinión pública internacional se escuchan mensajes tan contradictorios. Cerrarse puertas y no mostrar disponibilidad –es decir, racismo irracional– al resto de países puede ser tremendamente perjudicial. Presumir por otro lado de Unión cuando ni si quiera sabes cómo se llama el italiano que preside el Parlamento Europeo refleja incoherencia.

De este modo toca dar paso a averiguar cuál debe ser ese equilibrio de intervención (siempre mínima, por supuesto) de las esferas europeas en nuestros países y nuestras vidas. Desarrollar una defensa, un sistema judicial o una economía común debe buscar siempre el beneficio del europeo y no rellenar una carencia de discurso político. Cada uno de los distintos ministros de AOM podría facilitar una visión de su materia mucho más precisa que la mía, sin embargo, a grandes rasgos creo que la UE no puede ser ni el chivo expiatorio que tanto nos gusta en España ni el papá Estado que no queremos que sea el sistema español. Ayer mismo acudí al IV Foro que organizan El Confidencial y Pimco en el que algunas de las voces que acudieron, en concreto Dan Brown y Luis de Guindos, coincidieron en que un problema debe haber en la Unión cuando la gran mayoría de estados reclaman mayor autogobierno. Por cierto, de manera acertada desde mi punto de vista, ni el invitado británico ni los protagonistas españoles contemplaron la idea de una cultura europea común tan potente como la de cualquier de sus países miembros.

La idea de Europa deberá seguir creciendo, no hay duda, pero siempre aspirando a un equilibrio institucional y cultural.

Dicho esto, aprovecho para cerrar mi artículo con unas líneas en relación al futuro de este proyecto, de El Ala Oeste de la Moncloa. Después de dos años y casi 200 artículos tocará poner fin a esta aventura el próximo 31 de diciembre. Tendremos este último mes la oportunidad de aportar una última opinión, propuesta o comentario a la realidad española en todos sus ámbitos. Esperamos que podáis disfrutar un mes más de AOM y de las palabras de sus miembros.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM

Desafío independentista: Vergüenza internacional

ESTE EPISODIO NO TENDRÍA MAYOR RELEVANCIA SI NO FUERA PORQUE ESTA HUMILLACIÓN LA TIENE QUE COMPARTIR FORZOSAMENTE ESPAÑA. NO NOS ENGAÑEMOS, EN DINAMARCA NADIE SABE QUIÉN ES PUIGDEMONT… LO QUE UN DANÉS VE ES A UN DESVERGONZADO ESPAÑOL QUE VA A GASTARSE EL DINERO DE ELLOS EN ABRIR UNA EMBAJADA EN SU PAÍS QUE PARA LO MÁS QUE VA A SERVIR ES DE AGENCIA TURÍSTICA”

Hace pocos días que comenzó el nuevo curso político, y este viene bastante cargado. A nivel nacional parece que el panorama mediático no ha variado mucho. Sin embargo, existe un frente que a pesar de llevar ya varios años en el candelero, promete traer interesantes novedades para los próximos meses. Nos referimos al desafío secesionista que sigue cogiendo fuerza en Cataluña.

A lo largo de este mes, dedicado a esta amenaza para la unidad territorial del país, los distintos ministros de AOM irán compartiendo sus puntos de vista sobre cómo esta situación puede afectar a la Economía, la Justicia, la Seguridad, o incluso al Turismo de España. Sin embargo, desde esta cartera sería imposible hablar de las consecuencias internacionales que este desafío puede causar en nuestras relaciones exteriores. La razón es que todas estas áreas tienen su particular enfoque en el panorama internacional, y todas y cada una de ellas serán abarcadas de forma minuciosa por los distintos ministerios.

En ese artículo quería centrarme en un aspecto algo más global y que encuadra en cierta medida en todas las áreas previamente mencionadas, la Marca España. Sería profundamente injusto decir que la imagen que da España es siempre negativa, pero si es cierto que de lo que últimamente más eco se hacen los medios suelen ser aspectos que no nos dejan en muy buen lugar. La lista es desde luego extensa, pero atendiendo al tema que hoy nos ocupa, unido con la más reciente actualidad “internacional” tenemos que hablar del PATÉTICO que hizo el otro día Carles Puigdemont en Copenhague.

Los últimos días están siendo una consecución de reuniones, negociaciones y toda una escena de caóticos correveidiles entre Londres y Bruselas. Esto unido por una parte a la campaña electoral en Alemania, donde Merkel se juega renovar por cuarto mandato consecutivo frente a Martin Schulz, y por otro lado a la amenaza, mucho más seria y que trataremos en los próximos artículos, de Pyongyang a Washington, hacen que España pueda aprovechar esta temporal escasez de liderazgo mundial para hacerse un hueco en la agenda internacional, y concretamente en la europea. España debería ser uno de los países en liderar las negociaciones del Brexit, a la vez que se hace más fuerte en Europa. Sin embargo, hay elementos que en poco o en nada favorecen a este deseado escenario. Claramente hablamos de los movimientos independentistas, de sus amenazas de no cumplir la ley y proclamar un Estado independiente dentro de Europa en pleno siglo XXI.

Además de todo el lío jurídico que supone instalar una sede diplomática en el exterior por parte de una parte de un Estado que ya estaá representado en dicho territorio, hay que añadir el elevado coste económico que ello supone. Las últimas cifras hablan de 6,5 millones de euros anuales. Este número puede resultar insignificante al lado de las cantidades que se mueven tanto en los presupuestos Generales del Estado o de las Comunidades Autónomas, pero hay que tener en cuenta un aspecto importante a la hora de valorar esta cifra. Cataluña es una Comunidad “al borde” de la quiebra que, a la vez que le exige la independencia a España, con la otra mano le exige dinero para poder hacer frente a pagos y a sus locuras independentistas. En segundo lugar, debemos de tener en cuenta que Europa está viviendo un período difícil que ha hecho resurgir movimientos nacionalistas, y en ocasiones racistas, en otros países, países que muchas veces son los que pagan el pato de los Estados menos responsables financieramente. Debido a estos movimientos, o partidos políticos en algunas ocasiones, se ha instalado en Bruselas, desde hace tiempo, un preocupante debate que tiene como objeto decidir si dejar fuera a determinados países. España es uno de esos señalados y la reflexión que tenemos que hacernos es, ¿qué pensarán estos países cuando ven que en un país como es España una Comunidad Autónoma abre una Embajada con dinero público que luego, seguramente, le pedirá a Bruselas? La respuesta la tenemos en la bochornosa inauguración de la Embajada catalana en Copenhague, la cual fue un auténtico desastre en cuanto a la asistencia de público y personalidades políticas.

Este episodio no tendría mayor relevancia si no fuera porque esta humillación la tiene que compartir forzosamente España. No nos engañemos, en Dinamarca nadie sabe quién es Puigdemont, o que Cataluña está amenazando con desconectarse de España. Lo que un danés ve es a un desvergonzado español que va a gastarse el dinero de ellos en abrir una embajada en su país que para lo más que va a servir es de agencia turística. ¿Cómo creemos que estos ciudadanos van a responder ante esta desfachatez? No hace falta indagar mucho, Moody´s ya nos lo deja claro.

Luis Miguel Melián
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de AOM

Falta de lógica, exceso de egoísmo

LA AMBICIÓN POLÍTICA, ABSOLUTAMENTE CARENTE DE RACIOCINIO, HA LLEVADO A LOS REPRESENTANTES CATALANES SECESIONISTAS A CONFIGURAR UNA AUTONOMÍA VICIADA QUE ABANDONA A SU POBLACIÓN

Saber que no sabes, ya es algo, por ejemplo: no sé empezar este texto. De lo que no estoy seguro es de si sabré terminarlo como se merece. Y tanto España como Cataluña se merecen las mejores ideas. Con dicha incertidumbre abro ronda de septiembre abrazando el “tema Cataluña” al que durante los próximos 30 días los ministros y yo nos enfrentaremos aspirando a dar a entender los motivos por los que creemos que una Cataluña dentro de España es mejor para los catalanes y para los españoles.

Creo que hablar de la independencia debe ser ante todo hablar del sentido común, y por ello creo que, por ejemplo, en algunos escenarios (quizá radicales) preferiría que Cataluña fuera independiente antes que pobre. No me considero un fanático de la unidad de España a costa de cualquier precio, así que con argumentos de sentido podría entender cualquier circunstancia. El problema llega cuando las ideas sólidas desaparecen y se convierte todo en un teatro de ambición política, tal y como decía Enric González en su columna de El Mundo.

Dicha ambición política absolutamente carente de raciocinio ha llevado a los representantes catalanes secesionistas a configurar una autonomía viciada que abandona a su población. Por llevar a cabo una misión absurda desde cualquier punto de vista, algo que únicamente sirve para rellenar un discurso político sin ideas, han dejado de lado a parte de su ciudadanía que no está a favor de una ruptura con España. Resulta curioso como aquellos que se quejaban de una falta de interés y de robos por parte de la nación desprecian a aquellos catalanes que no quieren ver como sus recursos económicos (los sangrantes impuestos nuestros de cada día transformados en estudios, embajadas, consultas, etc.) sirven para llevar a Cataluña por el peor de los caminos: la soledad.

Tras el abandono llega la falta de coherencia: leer su propuesta de constitución permite ver el auténtico despropósito que visionan como Estado ideal. Uno queda sorprendido cuando comprueba que tanto el artículo 2 de este texto como el artículo 1.2 de la Carta Magna española de 1978 son idénticos:

  • La sobirania nacional rau en el poble de Catalunya, del qual emanen tots els poders de l’Estat.
  • La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Echad un vistazo y comprobarlo de primera mano, importantes patas de los cimientos de ese futuro irreal cuentan con una fuerza ridícula. Y no decir nada de algunos artículos, como el 14 en el que se trata la relación con la Unión Europea, que reflejan unos disparates de gran envergadura apostando por engañar al pueblo catalán con cantos de sirena prometiendo la tierra prometida. Simplemente una irresponsabilidad nunca vista, no tiene sentido nada. Pero es más, incluso haciendo los esfuerzos más grandes por intentar comprender qué es exactamente lo que proponen, esta pantomima de independencia es una sandez terrible que olvida la lógica para instaurar un sistema totalmente deslegitimado por incumplir las leyes previas, circunstancia que cuando sea propia dará derecho repetir en sus fronteras un comportamiento idéntico. Los mandatarios catalanes demuestran una gran ignorancia, o peor, un peligroso egoísmo.

Sin embargo, me gustaría decir que, como liberal que soy, animo a cualquier organización privada de cualquier región de España a que busque sus intereses dentro del marco legal. Si un grupo de personas desean la independencia de Cataluña nada podrá impedir que, dentro de la legalidad, aspiren a llegar al Gobierno central de la Nación para disolver las Cortes generales y cambiar de nuevo la Constitución de nuestro país. Mientras sea legal, será legítimo. La cuestión es que personalmente no contemplo un futuro mejor ni para Cataluña ni para los catalanes fuera de España, de la Unión Europea y de la ONU. Y en cuestiones de mayor calado, debemos cuestionarnos si, tal y como me indican algunas fuentes, la rivalidad del futuro va a seguir enfrentando a naciones. En un mundo cada vez más globalizado las grandes luchas ya no se producirán entre Francia o Italia, sino entre Frankfurt o Madrid, Barcelona o Londres. Dibujar límites de crecimiento, es decir, fronteras, debe descartarse inmediatamente para relegar a esas líneas divisorias a un mero plano cultural. Puede que el mundo haya dejado de pensar hace ya mucho en formato nación y esté cada vez más interesado en la urbe.

Sobre España y Cataluña: ¿Mi receta para mejorar la relación entre todas las comunidades autónomas? Redistribuir las competencias, pero de esto ya hablaré en mi próximo artículo que cerrará la ronda catalana.

Julio Wais
Presidente de Gobierno de AOM

Día Mundial de los Refugiados: El milagro de los 16.000

EN ESTA CRISIS NO DEBERÍAN EXISTIR IDEOLOGÍAS NI PARTIDOS, SINO UNA SOCIEDAD Y UN GOBIERNO COMPROMETIDOS CON LOS DERECHOS HUMANOS. EL PROBLEMA ES REAL. ES URGENTE. Y, ES INEVITABLE.

Según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el número de personas que han llegado a nuestras costas y atravesado nuestras vallas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se ha incrementado en un 75% respecto al mismo período del año pasado. Las cifras son tan preocupantes como que este mes de junio ya llegaban a las costas andaluzas unas 1.300 personas y el número de muertos continúa incrementándose en la ruta del Mediterráneo Occidental. Esto lo permite un país democrático que en su Constitución dedica, nada más y nada menos, que su Título II con 45 artículos al reconocimiento de derechos y libertades, algo de lo que estar orgullosos si la comparamos con la Ley Suprema de la mayoría de democracias de nuestro continente.

El pasado día 20 de junio de 2017, fue el Día Mundial del Refugiado. Por este motivo convendría realizar una reflexión sobre una crisis que pese a concernir a toda Europa, sufre un inmovilismo bochornoso, enfermizo y crónico de los gobiernos occidentales, incluido el español, que tantos derechos reconoce y predica. De hecho, cabe resaltar que Oxfam ha expresado sus intenciones de demandar a nuestro Gobierno ante la Comisión Europea por su supuesto incumplimiento del Acuerdo con la UE celebrado en septiembre de 2015, por el que España se comprometía a acoger a 17.337 personas, de las que, hasta el momento, sólo ha dado asilo a 1.304, cifra que no llega a representar el 8% de la cuota. Pero, ¿puede España hacer frente a su acogimiento, mantenimiento e integración y todo lo que ello significa y requiere?

Antes de nada, ¿qué es el derecho de asilo? Y, ¿cuál es la definición de refugiado? Se define el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución Española, y desarrollado mediante Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria,  como la protección dispensada por España a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de Refugiado de acuerdo con la Ley y con la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. Este derecho se concede a los que ostenten la condición de refugiados, es decir, “a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país” o al apátrida.

Además, si no se reúnen los requisitos para obtener el asilo o la condición de Refugiado, se reconoce también el derecho a la protección subsidiaria en ciertos casos. Estos derechos deberían garantizar la no devolución ni expulsión. Preguntemos en la valla de Melilla si esto realmente se cumple o no. La realidad es que ni se están reconociendo estos derechos, ni si reconocidos, se están protegiendo a todos los refugiados que los disfrutan. ¿Negligencia? ¿Escasez de medios? ¿Pasotismo? ¿Miedo al terrorismo? ¿Egoísmo? ¿Divergencia política?

Dicen algunos que se requieren leyes. Pero, leyes hay. Otro debate sería si son suficientes, eficaces o simplemente si se están realmente implementando. De nada sirve que 17.000 refugiados lleguen a España si no existen infraestructuras para instalarlos, medios para mantenerlos y una conciencia social para integrarlos, todo ello evitando la formación de guetos que propicien la división, la radicalización, la pobreza y la inseguridad dentro de nuestras fronteras. Como relató ayer en su discurso el Alto Comisionado para el Día Mundial del Refugiado:

“La inclusión requiere que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y comunidades a los refugiados. Requiere un esfuerzo de toda la sociedad, que reúna a estudiantes, empresarios, atletas, activistas, líderes religiosos, políticos y artistas, para compartir las responsabilidades”

Desde 2015 han pasado dos años durante los cuales podríamos haber desarrollado políticas sociales en esta dirección. Se requiere sin duda alguna una sensibilización de la sociedad con el fin de evitar el racismo y la xenofobia hacia los extranjeros que están dominando el mundo occidental. El terrorismo, por otro lado, alimenta el rechazo de las masas hacia los nuevos huéspedes. Por ello, debemos dejar de enfocar nuestras energías únicamente en mociones de censura absurdas y en desafíos independentistas y, uniendo fuerzas políticas dispares, dirigirlas también en llevar a cabo acciones solidarias conjuntas de la mano de Europa. De hecho, Bruselas ya plantea para los próximos presupuestos europeos la entrega de fondos en base a criterios relacionados con la respuesta de los Estados a la presión migratoria, ya que debido al Brexit, se buscan nuevas formas de financiación de la UE y de reparto de sus fondos. Veamos si el dinero inspira más a los gobiernos.

En esta crisis no deberían existir ideologías ni partidos, sino una sociedad y un gobierno comprometidos con los Derechos Humanos. El problema es real. Es urgente. Y, es inevitable. Toda Europa está y seguirá sumergida en esta crisis humanitaria. Seguir dándole la espalda no será sostenible por mucho tiempo. Se requiere una respuesta YA acompañada de una mejora en la aplicación del derecho de asilo, puesto que España no sólo dispone de escasos tres meses para cumplir el Acuerdo sino que el ritmo que llevamos, los defectos y lagunas de nuestro sistema jurídico y la falta de políticas de asimilación de la sociedad, se necesita de un milagro para que los 16.000 refugiados sean acogidos e integrados en nuestro país. Y, dentro de poco probablemente las cifras lleguen a los 160.000.

Marta Fernández de Córdoba
Ministra de Justicia de AOM

Cómo liberalizar un sector

UNA VEZ MÁS, ANTE LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL MANDATO DESDE BRUSELAS, EL GOBIERNO SE ENFRENTA AL MONOPOLIO DE LA ESTIBA DE LA ÚNICA FORMA EN LA QUE PARECE HABER ENCONTRADO SOLUCIÓN, EL REAL DECRETO LEY.

Tiempo después, sigo sin comprender por qué el Partido Popular no atajó el problema del monopolio hace unos años cuando contaba con mayoría absoluta. Lo que está ocurriendo ahora en el Congreso me hace pensar que ningún partido político habría sido capaz de enfrentar este problema de no ser por la obligación impuesta por nuestros “superiores”, lo cual deja claro que solamente actuamos cuando nos dan donde duele, en el dinero.

Existen muchas incógnitas alrededor de la negociación, poca información sobre el contenido real de las reuniones y sobre posibles acuerdos; más allá de los rechazos públicos por ambas partes, no podremos saber cómo se está desarrollando la solución.

Según la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM) y en boca de su coordinador general, Antolín Goya, se pretende “liberalizar el sector y despedir a los estibadores portuarios con fondos públicos para colocar a otros en unas condiciones mucho menos atractivas para los trabajadores y mucho más rentables para las empresas, que lo único que pretenden es obtener mayor amplitud de beneficios”. Al preguntarle sobre si la sentencia es clara, Goya acusa al Gobierno de realizar un Expediente de Regulación de Empleo encubierto financiado por la Administración. Con este segundo decreto solamente se acercan posturas en el aspecto de la formación de los trabajadores, pero no están satisfechos ya que no se garantiza el empleo de los actuales trabajadores. Seguramente yo no entienda por completo lo que significa “liberalizar un sector”, pero abogar por la continuidad de los trabajadores con las condiciones monopolísticas anteriores es, desde mi punto de vista, oponerse radicalmente a las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE. Todavía no he conocido sector liberal en el cual el puesto de trabajo esté garantizado gubernamentalmente (y más con las condiciones laborales del sector de la estiba).

No me canso de leer noticias, pero no encuentro propuestas por parte del Coordinador, simplemente rechazos a cada uno de los decretos (a pesar de que se le haya planteado la opción de reconvertir el sector con ayudas públicas que ascenderían a 120 millones de euros). Si tu causa fuera justa nos harías ver a los demás que se está cometiendo una injusticia, pero sigo sin verla, me tendré que conformar con otra huelga.

Mientras tanto, más allá de buscar soluciones al conflicto, depositarán sus esfuerzos en pedir al resto de partidos políticos que rechacen el decreto redactado desde el Ministerio. “Nuestra prioridad no es la huelga, es la negociación”. Haciendo un acto de fe, me he sumergido en la RAE quién, en una de sus acepciones, nos enseña que negociar implica “tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro”; señor Antolín, si su prioridad es realmente esa, procure realmente un mejor logro.

No sé si este nuevo decreto será bien recibido en el Congreso, lo que estoy seguro es que los partidos políticos de la oposición no traerán mejores soluciones o propuestas ya que el voto negativo no exige justificación.

Juan Abascal
Ministro de Fomento de AOM